Cae la tarde en el centro de Santiago, y mientras que trabajadores y empleados de la ciudad se apresuran para llegar a casa después de una dura jornada de trabajo, un pequeño grupo de hombres cansados se reúne fuera de un antiguo edificio de la universidad.

Estos trabajadores tienen menos suerte que sus compañeros; no tienen casa, y se preparan para pasar la noche durmiendo en las calles. Actualmente hay en Chile alrededor de 12.000 personas sin hogar, o en “situación de calle”.

La mitad se encuentra en Santiago, la ciudad capital, y de esta cifra, 785 son niños.
De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Social en 2011, el 77% de la población sin hogar de Chile tiene un empleo, y luchan para poder permitirse tener un alojamiento en uno de los países económicamente más desarrollados de América del Sur.

Entre este grupo de trabajadores sin techo se encuentra Raúl Albarca, de 50 años, que explica que aunque muchos de sus compañeros sin hogar tienen un empleo, la mayoría de ellos simplemente no ganan lo suficiente para sobrevivir.

En Santiago, el costo medio de un apartamento de una habitación es de 660 dólares estadounidenses. “El salario mínimo en Chile es una vergüenza: es alrededor de 193.000 pesos (410 dólares USD) al mes. La realidad es que es imposible vivir en Chile con ese salario”, afirma con rabia.

Su amigo Gonzalo ha vivido aquí y allá en la calle durante seis años después de separarse de su familia: “En este momento tengo un trabajo con salario en una fábrica”, explica.

“Ahorro durante el verano viviendo en la calle para poder permitirme alquilar un lugar en invierno”, elabora.

Es una estrategia prudente. Cada invierno, entre junio y septiembre, decenas de personas sin techo mueren en Santiago como consecuencia de las bajas temperaturas, las cuales pueden descender hasta menos 8° C. El invierno pasado se cobró por lo menos 20 víctimas, lo que obligó al Gobierno del presidente Sebastián Piñera a hacer una declaración pública insistiendo en que haría todo lo posible por resolver el problema.

“Tenemos que trabajar muy duro en la prevención temprana [de la situación de calle de las personas]”, afirmó la entonces subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, Soledad Arellano Schmidt, antes de dar a conocer el “Plan Calle”, un proyecto de 7.000 millones de dólares anuales destinados a dar un techo a las personas que viven en la calle.

Desde entonces, se han creado en todo el país numerosos centros para personas sin hogar que, según el Gobierno, proporcionan alojamiento cuando hace frío y dan formación profesional a las personas que necesitan un empleo mejor.

Sin embargo, más de ocho meses después, y con sólo cuatro para que llegue el invierno, la impresión que prevalece en la calle es que ha sido poco lo que ha cambiado realmente. Es una opinión compartida por Ignacio Eissmann, uno de los más destacados académicos chilenos especializados en la pobreza y el desarrollo.

Eissmann es profesor en la Universidad Alberto Hurtado y director de Moviliza, una ONG que ayuda a las personas sin hogar. Afirma que el informe del Gobierno de 2011 sobre la crisis de las personas en situación de calle en Chile es engañoso: “Tiene que leerse con mucho cuidado”, señala.

“Dice que el 77% tiene un empleo, pero si realmente nos fijamos en el tipo de trabajo que hacen, nos damos cuenta de que la mayoría carece de un contrato formal y gana muy poco dinero”.

Una desigualdad muy extendida

A juicio de Eissmann, la situación de calle forma parte de un problema de pobreza más amplio que existe en un país que tiene muy poco de un Estado de bienestar. No existe un servicio nacional de salud en Chile y su sistema educativo está esencialmente privatizado.

La mitad de los alumnos del país asisten a escuelas “subvencionadas” que cuestan a los padres de familia un promedio de 400 dólares al mes: un poco menos del salario mínimo. En consecuencia, muchas familias de bajos ingresos batallan para salir adelante y se hunden en la pobreza.

Además, Eissmann critica la estrategia del Gobierno de canalizar la totalidad de su inversión para las personas sin hogar a través del Ministerio de Desarrollo Social: “Lo que necesitan las personas en situación de calle son estrategias más específicas en las que colaboren varios ministerios diferentes, como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En lugar de un proyecto único se requiere un conjunto de políticas orientadas a mejorar la situación”.

La crítica de Eissmann no es la única.

Barbara Figueroa, Presidenta de la CUT, el mayor sindicato de Chile, afirma que el fracaso del Gobierno para hacer frente a la desigualdad prevaleciente en el país ha agravado el problema.

“Es vergonzoso escuchar al Gobierno hablar de lo bien que va la economía cuando al mismo tiempo podemos ver que muchas personas batallan para pagar las cuentas al final del mes”, afirma.

“El Gobierno se muestra muy mezquino e irresponsable en su actitud hacia la creación de oportunidades para aquellos que carecen de un empleo decente a tiempo completo”, continúa.

Recientes informes revelan que Chile tiene el mayor índice de desigualdad de ingreso de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tiene un índice Gini de 0,50, mientras que la media de la OCDE es de 0,30. Al mismo tiempo, el país ha experimentado un importante crecimiento del PIB, y la tasa de desempleo descendió al 6,1% en el último trimestre de 2012, el más bajo en casi seis años.

Como era de esperarse, la actual subsecretaria de Desarrollo Social de Chile está más dispuesta a hablar de estas últimas estadísticas que de las anteriores.

Al consultarla sobre si su Gobierno considera el aumento del salario mínimo como una prioridad, Loreto Seguel no parece segura: “Tenemos una economía muy fuerte y estamos creando más y más empleos”, afirma entusiasmada.

“Más que el simple aumento del salario mínimo creo que es importante ofrecer más oportunidades a las personas en situación de calle para que puedan obtener mejores puestos de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo en nuestros centros”. Pero en la calle, son pocas las personas sin techo dispuestas a avalar su punto de vista.

Jaime, de 58 años, ha vivido en la calle en el centro de Santiago durante 20 años y ha experimentado las políticas de numerosas administraciones. Afirma que la única ayuda que ha recibido ha sido de las ONG y de las organizaciones religiosas, y que el actual Gobierno ha sido uno de los más difíciles que ha vivido.

“Recibimos mucha más ayuda de la presidenta anterior [Michelle Bachelet], pero generalmente son organizaciones benéficas como Moviliza las que están ahí para asegurarse de que no nos muramos de frío o de hambre”.

La vida nunca ha sido fácil para Jaime, quien ha sido víctima de violentas agresiones y admite que en ocasiones ha infringido la ley para sobrevivir: “Hay muchos peligros en la calle y me han asaltado varias veces. He tenido que robar en los supermercados y buscar comida en las basuras para no morirme de hambre”, afirma, sacudiendo la cabeza con tristeza.

Este invierno va a comprobar una vez más si las políticas gubernamentales pueden impedir otra oleada de muertes entre las personas en situación de calle.

Aun cuando son un bien magro consuelo para las preocupaciones más graves que afligen a Jaime y a sus compañeros, Seguel ofrece de buen grado unas palabras de optimismo: “Gracias a la labor de este Gobierno vemos cómo el número de muertes durante el invierno disminuye cada año. No tengo ninguna duda de que habrá mejores noticias este año y no pararemos hasta que hayamos creado oportunidades para todos”.