China, ante el dilema de la protección al trabajador o la flexibilidad laboral

En el hermético mundo de la política china, donde las diferencias suelen resolverse de puertas adentro, sorprendió hace unos días la crítica del ministro de Finanzas, Lou Jiwei, a la vigente Ley de Contratación Laboral, a la que responsabilizó de provocar falta de flexibilidad en el mercado laboral chino.

En un contexto tan público como una rueda de prensa convocada durante la reunión anual del órgano legislativo del país, la Asamblea Nacional Popular, Lou aseguró también que hay una relación directa entre la ley, aprobada en 2007 y en vigor desde 2008, y el aumento de los salarios en China por encima de la productividad, una situación que “no es sostenible”. “Vemos estos problemas y debemos señalarlos, porque pueden impactar en el crecimiento económico”, dijo, aunque reconoció que no entra en sus competencias el reformar la ley.

“Hay un desequilibrio entre el nivel de protección a la empresa y al trabajador. El modelo básico (de la ley) está basado en horas de trabajo fijas, que no encajan con el modelo de flexibilidad laboral”, señaló el ministro, contestando a la pregunta de un periodista taiwanés y eligiendo muy bien las palabras que empleaba en su respuesta. Para Lou, esta falta de flexibilidad laboral afecta sobre todo a las empresas orientadas a las exportaciones, motor del país desde que inició su apertura económica en 1978.

Según Lou, la ley actual también desincentiva a las empresas para formar a sus trabajadores, ya que “pueden marcharse sin dar ninguna razón, avisando con un mes de antelación”. Por el contrario, “si un trabajador no se esfuerza, es muy difícil para la empresa lidiar con él, por ejemplo, despedirle. Ese puesto sigue ocupado y eso también es discriminatorio para los nuevos empleados”.

El otro punto problemático para el ministro Lou son las subidas salariales por encima de la productividad, ligadas también en parte a la Ley de Contratación Laboral, que regula los salarios mínimos y establece la obligación de la empresa de aplicar un mecanismo de ajuste salarial en su artículo 62. El salario medio real en China aumentó un 9% en 2012, y un 7,3% en 2013, aunque el salario medio mensual aún es tres veces menor que en Estados Unidos, según el Informe mundial sobre salarios 2014/2015, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No es la primera vez que Lou expresa este tipo de opiniones, pero lo había hecho siempre en círculos académicos y no desde la posición de ministro. Además, sus palabras llegan cuando el Gobierno chino se está planteando un enorme ajuste en las plantillas de sus gigantes estatales para hacerlos más competitivos.

Para Geoff Crothall, director de comunicaciones del grupo pro derechos laborales China Labour Bulletin, la Ley de Contratación Laboral, junto con la anterior Ley Laboral de 1994, “dio a los trabajadores un nivel razonable de protección, pero desde luego no están sobreprotegidos”, ya que hay problemas a los que siguen enfrentándose, a pesar de estar regulados por la ley de 2007: “hay trabajadores a los que no se está pagando a tiempo o que no reciben el salario completo, y trabajadores que son despedidos sin la compensación correspondiente o sin las aportaciones a la seguridad social”, explica a Equal Times.

Crothall también destaca “la erosión gradual de la aplicación (de la ley) a nivel local, y el fallo de los tribunales locales de arbitraje laboral a la hora de proteger a los trabajadores. Muchos gobiernos provinciales, especialmente Cantón (una de las provincias con mayor concentración de fábricas y empresas exportadoras), se están posicionando más abiertamente a favor de las empresas en sus políticas y directivas sobre relaciones laborales”.

La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China fue una de las organizaciones que en 2007 felicitó al Gobierno por aprobar una ley que, en su opinión, estaba destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores y en la que muchos artículos se inspiraban en leyes laborales europeas. Sin embargo, ocho años después, consultada por Equal Times, considera que “los cambios en el arbitraje laboral y las normas de litigación han llevado al abuso del sistema legal por parte de algunos trabajadores. Por ejemplo, al presentar denuncias infundadas tras ser despedidos, lo que implica una larga y costosa defensa legal”.

Desde la Cámara, que engloba a los empresarios europeos con intereses y fábricas en el país, coinciden con el ministro Lou en que es necesaria una mayor flexibilidad, “incluido tener mayor libertad para acordar las razones de potenciales despidos en los contratos, más allá de los reconocidos en la ley”, de modo que “sea más fácil para las empresas aumentar su número de empleados cuando están creciendo y menos costoso rescindir el contrato cuando tienen razones justificadas para hacerlo”.

La actual ley, en su artículo 39, recoge los seis supuestos por los que la empresa puede despedir a un trabajador: probarse no cualificado durante el periodo de prueba, violar la normativa de la empresa, provocar pérdidas por negligencia o al haber buscado una ganancia personal, mantener una relación laboral con otra empresa de modo que su trabajo en la primera se vea afectado y ser investigado por un crimen. También se puede rescindir el contrato cuando ha sido firmado bajo coacción o engaño.

Además, se menciona en el siguiente artículo la posibilidad de ser despedido con 30 días de antelación o un mes de paga extra si “el empleado es incapaz de hacer su trabajo y continúa así tras recibir formación o un cambio de puesto”.

 

Una ley en el ojo del huracán desde el principio

La Ley de Contratación Laboral fue aprobada en 2007 en un escenario muy diferente al actual, en medio de una intensa campaña interna y externa a favor y en contra, y con la conmoción social de fondo que causó el descubrimiento de fábricas de ladrillo y minas donde las condiciones de los trabajadores rayaban la esclavitud.

Todo el mundo, desde grupos de presión a ONG, quiso influir en la redacción final de una ley que tenía el propósito principal de subsanar los vacíos legales de la primera ley laboral de 1994. “Se aprobó después de una campaña de grupos empresariales nacionales y extranjeros para moderar o complicar muchas de las cláusulas propuestas”, asegura Crothall.

El Gobierno del entonces presidente Hu Jintao, siempre preocupado por la armonía social necesaria para mantener el orden y la estabilidad, redactó y aprobó en 2007 la nueva ley después de consultar con cientos de organizaciones. En ella se incluía, por ejemplo, la obligación de las empresas de pagar a sus empleados en el plazo establecido y prohibía las horas extra no remuneradas. También especificaba la información que debía constar en los contratos (nombre de la empresa y empleado, horas de trabajo, etc.).

“Lo fundamental, en cualquier caso, no son las cláusulas de la ley, sino que, incluso antes de que se pusiera en práctica, empresarios y funcionarios de gobiernos locales comenzaron a conspirar para eludirla”, en especial en lo referente a las obligaciones con la seguridad social, asegura Crothall.

Desde su entrada en vigor, los salarios chinos han tenido una tendencia al alza favorecida no solo por la ley, sino también por el cambio del modelo productivo. Las consecuencias de la crisis financiera de 2008 dejaron a la vista las debilidades de un sistema basado en las exportaciones baratas cuando las compras desde Estados Unidos y la Unión Europea se desplomaron. El Gobierno decidió tender a un nuevo paradigma en el que el principal motor del país fuera el consumo interno, al tiempo que potenciaba los servicios, la tecnología y, en general, negocios con un mayor valor añadido.

Para llevar a cabo esa transición, sin embargo, avisan los expertos, es imprescindible que la población gane poder adquisitivo y estabilidad laboral. Esto ayudaría a generar una clase media más desarrollada con capacidad para aumentar su consumo (pese al muy arraigado espíritu ahorrador de las familias chinas, siempre temerosas de imprevistos).

Mientras, el tradicional sector exportador ve cómo su competitividad cae en picado frente a otros países de la región, que están tomando el relevo en las manufacturas baratas y recibiendo esa inversión extranjera ávida de costes bajos, que durante años se nutrió de trabajadores chinos. La Cámara de Comercio de la UE confirma que ya ha habido empresas que se han marchado del gigante asiático por sus altos costes laborales en sectores que requieren mano de obra poco cualificada, como la importante industria textil, paradigma del modelo de crecimiento chino de las dos últimas décadas que, ocurra lo que ocurra, no parece que pueda volver a repetirse.

Este artículo ha sido traducido del inglés.