Cien años de servidumbre en Brasil

Cien años de servidumbre en Brasil

Like their father and grandfather, the Brasão brothers work in the extraction of piassava, a palm tree fibre used to make brooms.

(Fernando Martinho)

El sexagenario Augusto Miranda Brasão lleva desde los 12 años cortando piasava para saldar sus deudas con los patronos. Esta palmera, cuya fibra sirve para fabricar escobas, ha marcado la vida de Augusto, la de su hermano, la de su padre y la de su abuelo. Desde hace un siglo, varias generaciones de la familia Brasão viven bajo el yugo de un trabajo criminal, que aprisiona a miles de extractivistas de origen indígena en el alto y medio Río Negro, en Amazonas. Los hermanos viven en la comunidad de Malalahá. Como en la novela Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, la vida de los piasaveros se repite cíclicamente y tiene dosis de realismo mágico. Están presos en una espiral de explotación donde el trabajo se confunde con el pago de las deudas.

La relación laboral se basa en un sistema de préstamos concedidos por los patronos, nombre por el que se conoce a los comerciantes que controlan la producción de la piasava. A cambio de comida suficiente para un mes, el patrón cobra casi 1.500 reales (unos 475 dólares USD, 381 euros), aunque les vende algunos productos un 300% más caro que en las ciudades. Un kilo de piasava vale unos 2 reales (0,60 céntimos de USD). El trabajador recibe lo que sobra tras deducir el “rancho” –el préstamo para comprar alimentos, para transporte y el equipo básico de trabajo–. Del total pagado a final de mes, el empleador descuenta un 20% por posibles impurezas de la piasava. En algunos casos, puede deducir otro 10% en concepto de “alquiler” de la zona de trabajo.

“El objetivo es mantener al piasavero endeudado y subordinado de por vida”, explica el investigador Márcio Meira, expresidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que ha estudiado el ciclo de la servidumbre en el Amazonas. Los habitantes de Río Negro llaman a este sistema aviamento, pero el nombre oficial que da el Código Penal Brasileño a esta forma de esclavitud contemporánea es servidumbre por deuda.

Muchos piasaveros son los primeros en negar que trabajan en condiciones de esclavitud. “¿Qué les sucedería si lo denunciaran? ¿Cómo van a volver a casa sin nada? Es una trampa”, afirma Alexandre Arbex Valadares, investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada, un foro de reflexión sobre políticas públicas con sede en Brasilia. Una vez que entran en el sistema de aviamento, el trabajador no tienen otra alternativa que sobrevivir y pagar sus deudas.

Sin embargo, los propios los piasaveros encaran con normalidad estas condiciones. Augusto, que lleva atrapado en el sistema 48 años, dice que es libre y que trabaja cuando quiere. “Aquí nadie me obliga a nada”, explica. Cuando le entrevistamos, Augusto y su hermano llevaban todo el día trabajando para saldar una “deudita” de 800 reales (253 USD) a cambio de casi una tonelada de piasava. La mitad de su jornada diaria la dedican a cortar las fibras de los árboles, a temperaturas superiores a 30° en otoño y a cargar a la espalda fardos de 60 kilos cada vez. Además, tienen que cortar, peinar, recortar y atar las fibras de piasava en rulos. “Pero no somos esclavos como dicen por ahí”, insiste.

Más de un millón de siervos

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 1,5 millones de personas en Brasil no pueden abandonar su empleo debido algún tipo de deuda.

En la comunidad Malalahá quien manda es el patrón Edson Mara Mendonça, pero hay muchos más como él. Un piasavero bahiano, de 59 años, que por miedo a las represalias prefiere no revelar su nombre, debía 400 reales (127 USD) a otro patrón de Malalahá. “Tengo producto para pagarla, pero primero tengo que comprarle aceite y gasolina para recoger las fibras”. En otras palabras, incluso para saldar su deuda el trabajador se ve obligado a pedir un nuevo préstamo.

Al piasavero de ojos tristes Alberto Neres da Silva, de 41 años, la servidumbre parece haberle robado su capacidad de reacción. “Primero fui perdiendo a mis hijos”, dice con aire tranquilo sobre una historia que debería ser contada como lo que es: una tragedia. Tres de sus seis hijos fallecieron antes de cumplir un año debido a la precariedad de sus condiciones de vida en las plantaciones de piasava. Muchos traen a toda su familia con ellos para reducir los gastos de alimentación y evitar la distancia durante tres semanas al mes. Pero las mujeres y los niños quedan a expensas de las picaduras de serpientes venenosas, de la malaria y del Chagas. Para los trabajadores, las hernias umbilicales, el dolor lumbar y el reumatismo son enfermedades ocupacionales comunes.

La economía de la deuda se implantó en las comunidades de Río Negro durante el bum del caucho, en el siglo XIX. En Malalahá la servidumbre ha creado una situación inusual, por expresarlo suavemente. Olânio dos Santos Bento, un piasavero de 28 años, dice que su padre, Olavo, de 88 años, es su patrón.

La deuda de Olânio ascendía a 800 reales (253 USD), pero cuando contrajo leishmaniasis, una enfermedad parasitaria, el dolor le impidió trabajar y la deuda se le acumuló. “Mi padre fue gran un patrón. Tenía 60 hombres trabajando para él”, dice con orgullo.

La movilidad social en la cadena de servidumbre de la deuda sólo es posible cuando el trabajador tiene medios de producción, algo que rara vez ocurre.

En todo el Amazonas, la expresión peyorativa “quienes no son indios”, que utilizan Olânio y Olavo, es común para referirse al pueblo indígena de los baré, las principales víctimas de este tipo de trabajo forzoso en la zona. Como otras muchas comunidades indígenas, los baré fueron perseguidos en las primeras décadas del siglo XX. Ocupaciones ilegales de sus tierras, masacres físicas y culturales —como la introducción forzosa del catolicismo—, encarcelamientos y esclavitud. Para sobrevivir escondieron su identidad, perdieron sus rituales y su lengua nativa. La estrategia de desaparecer funcionó tan bien que la Funai declaró extinta a esta comunidad. En 1990 comenzó la recuperación de su identidad.

“La alianza de tantos pueblos en torno a la cuestión indígena es, por encima de todo, una alianza por la supervivencia. Iniciaron este proceso para no ser diezmados”, dice la antropóloga Camila Sobral Barra, que estudia los pueblos de Río Negro para el Instituto Socioambiental (ISA), una institución que estudia los pueblos indígenas sita en Sao Paulo.

La búsqueda de la identidad se entrelazó con la búsqueda de las tierras. Algunas asociaciones indígenas, como la FOIRN (Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro), afirman que el proceso de demarcación de sus tierras aumenta la autonomía de los indígenas. “Con la demarcación, las tierras vuelven a manos indígenas y dejan de generar lucro para los patrones de la piasava, los empresarios (de los sectores agrícola y de la minería) y hasta para los políticos”, dice Barra.

En las calles y en los tribunales

En 2013, la Cooperativa de Trabajadores de la Piasava del Alto y Medio Río Negro (COOPIAÇAMARIN), conocida como la asociación de los patronos, organizó una marcha antidemarcación en la ciudad de Barcelos. Esgrimieron un informe del antropólogo Edward Luz, a pesar de que fue encargado y finalmente rechazado por la Funai porque fue realizado sin escuchar a los pueblos indígenas. Luz es evangelista de la New Tribes Mission de Brasil, una organización que fue expulsada de las comunidades indígenas en 1991, acusada de tráfico de menores, esclavitud y explotación sexual.

Cuatro piasaveros contaron a esta reportera que COOPIAÇAMARIN les había pagado su traslado río abajo para que participaran en la marcha antidemarcación. Cerca de mil personas se congregaron con pancartas y automóviles con altavoces que decían: "Soy piasavero y existo" y paralizaron Barcelos, una ciudad de 25.000 habitantes.

La intención era defender los intereses de los patronos, pero la manifestación tuvo el efecto contrario: llamó la atención del Ministerio Público del Trabajo (MPT). "Pensábamos que sólo quedaban unos pocos extractivistas y, de repente, teníamos a mil frente a nosotros", dice el fiscal del MPT, Renan Bernardi Kalil.

Contactamos varias veces con COOPIAÇAMARIN pero no pudimos localizarla para entrevistarla.

Un año más tarde, entre abril y mayo de 2014, el MPT, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía Federal, la Policía Federal de Carreteras y el Ejército, espoleados por los testimonios que escucharon en la manifestación, llevaron a cabo una redada sobre el terreno. La acción rescató a 13 piasaveros, ligados en servidumbre por deudas a un hombre llamado Luiz Claudio Morais Rocha, popularmente conocido como Carioca, dueño de la empresa Irajá Fibras Naturais da Amazônia. Uno de sus trabajadores le debía casi 20.000 reales (6.317 USD), una deuda que había acumulado durante 13 años de servidumbre.

El informe final concluyó que los trabajadores vivían en condiciones análogas a la esclavitud y detectaron 26 irregularidades laborales. Las condiciones se tipificaron como servidumbre por deudas, debido al endeudamiento ilegal y a la remuneración por debajo del salario mínimo, la misma situación a la que se enfrentan hoy los piasaveros entrevistados para este reportaje.

Se presentó con éxito una demanda civil contra Carioca por las infracciones laborales sufridas por los piasaveros. Sin embargo, el procedimiento penal tuvo otro final. En agosto de 2017, Carioca fue absuelto por falta de pruebas. La sentencia está recurrida.

El miedo a la libertad

El miedo es lo que más atormenta a quienes permanecen bajo el sistema de aviamento, según José Melgueiro de Jesús, alias Zezão, presidente de la Asociación de Comunidades de Río Negro. "Cuando era piasavero vivía mal, pero aun así no me iba, porque creía que no podría sobrevivir de otra manera". Sus ojos menudos recorren el río por el que se deslizó su pasado. "La verdad, no lo habría conseguido sin mi mujer". Laudiceia Carvalho Balbino llevaba años insistiendo en que cambiaran de vida.

El mismo agua que les aprisionaba, les liberó. Laudiceia recuerda el día en que Zezão intentaba controlar su canoa en pleno temporal. Sus dos hijos pequeños debían sujetarse solos, porque Laudiceia sostenía a su bebé recién nacido.

El viento elevó una rama que la golpeó en la cabeza. El susto y el dolor espolearon su rabia y le lanzó a su marido un ultimátum. "Lloré y juré que íbamos a vivir de otra manera", dice Laudiceia, mientras prepara harina de mandioca en un horno de barro.

"Cuando salí de la piasava pude conocer de nuevo a mi esposa y a mis hijos", dice Zezão, sobre el impacto invisible de la servidumbre, en el que el hombre, sin elección, se convierte en mero espectador de su propio futuro. Zezão y su familia se mudaron a Campinas do Rio Preto. Hicieron un curso de agricultura familiar y empezaron a plantar mandioca en un pedazo de tierra, a 20 minutos en barco de la comunidad. Su jornada laboral comienza al amanecer y termina al caer la tarde. Es un trabajo duro, pero no se arrepienten. "Quien tiene un campo no pasa hambre". Ahora ayudan a los vecinos que están intentando de salir de la esclavitud contándoles lo que han aprendido en su propia travesía y hasta dándoles comida.

Pero el costo de vencer el sistema de servidumbre por deudas ha sido alto para Zezão, quien ahora es un líder comunitario en Campinas, donde vive.

En mayo de 2017, Foirn (una organización que agrupa a 89 asociaciones y más de 35.000 pueblos indígenas) celebró un encuentro en la ciudad con líderes locales para hablar sobre las demarcaciones. En la reunión, el grupo indígena yanomami llamó enemigos a Foirn y a todos los de Campinas.

Según Zezão, los yanomami piensan que la demarcación cerrará los ríos y les impedirá trabajar. "Pero eso no se les ocurrió a ellos. Hay gente detrás de todo eso que lo único que quieren es a indios luchando contra indios", afirma el presidente de Foirn, Marivelton Barroso.

Incluso el alcalde Araildo Mendes do Nascimento, dicen los residentes, ha dado versiones contradictorias sobre las demarcaciones. En la comunidad de Campinas, el alcalde ha prometido verificar el avance de los procesos de demarcación. Sin embargo, en la comunidad de Malalahá, hizo una promesa diferente. "[El alcalde] le dijo al ministro que no firmara", dice Olânio, de Malalahá, refiriéndose a una conversación privada que dijo haber mantenido con el alcalde, que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mismo partido que el exministro de Justicia, Osmar Serraglio, y el presidente, Michel Temer. Serraglio, que tiene conexiones con la agroindustria, ha hecho innumerables declaraciones críticas con las demarcaciones. A pesar de numerosos intentos, no pudimos contactar con el alcalde Nascimento para este artículo.

Barroso, de 26 años, activista de la causa indígena desde su adolescencia, califica sin vacilar de "retroceso" la agenda ambiental del presidente Temer y acusa al Gobierno de negligencia. Con la voz decidida de alguien que ha denunciado al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha ganado una larga lista de enemigos contrarios a la demarcación, desde patrones hasta políticos. Según Barroso, la demarcación garantizará la autonomía de los pueblos indígenas en la producción y venta de la piasava.

Familias enteras del alto y medio Río Negro llevan años sometidas a la explotación del sistema de servidumbre por deudas, en la extracción de la piasava. A pesar de que muchos aún no logren entender –o admitir– las violaciones sufridas, hay un creciente movimiento ansioso por escribir, por vez primera, un nuevo comienzo en las oscuras aguas del río.

Esta es una versión editada y abreviada de un artículo publicado por primera vez por Repórter Brasil en portugués. Este artículo fue traducido al inglés por Barnaby Whiteoak.