Ciudadanía para unos pocos, derechos para ninguno: los rohingyas en Myanmar

Ciudadanía para unos pocos, derechos para ninguno: los rohingyas en Myanmar

Daw Gulban, a 53 year-old Rohingya woman who was granted citizenship in 2014, shows her ‘pink card’ at her house in Taung Paw Camp in Myebon. 13 March 2017.

(Antolín Avezuela Aristu)
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“Nada ha cambiado para mi desde que conseguí la nacionalidad”, dice Daw Gulban, una mujer rohingya de 53 años que vive en un campamento para desplazados internos en la ciudad de Myebon, estado de Rakhine, Myanmar. Daw Gulban fue confinada a este campamento tras la oleada de violencia sectaria que se desató en 2012. Al igual que la inmensa mayoría de los rohingyas, Daw Gulban fue apátrida durante décadas, pero, a diferencia de la mayoría de ellos, obtuvo hace tres años la nacionalidad en el marco de un programa piloto que se llevó a cabo en su municipio.

Para poder obtener la nacionalidad, los solicitantes rohingyas tenían que renunciar a su identidad y aceptar ser catalogados como “bengalíes” en todos los documentos oficiales. También tenían que demostrar que la presencia de su familia en Rakhine se remonta por lo menos a las tres últimas generaciones, lo cual es sumamente difícil puesto que muchos rohingyas carecían de los correspondientes documentos o los habían perdido en 2012.

Daw Gulban fue una de las afortunadas y consiguió presentar los documentos necesarios. “Siendo niña, yo había escuchado la palabra ‘rohingya’ de boca de mis padres. Sin embargo, en el departamento de inmigración esa palabra no está aceptada, y cuando la pronuncié allí en una ocasión, los funcionarios se rieron de mí y me dijeron que me marchara. Bengalí significa que somos de Bangladesh, y yo soy de Birmania. Pero estoy dispuesta a aceptar este término si con ello puedo conseguir la nacionalidad y determinados derechos”, explica.

Los musulmanes rohingyas representan 1 de los 53 millones de personas que viven en Myanmar, lo que constituye la mayor población apátrida del mundo ubicada en un solo país. Denigrados casi universalmente por la mayoría budista de Myanmar, los rohingyas se han visto oprimidos por el Gobierno desde finales de los años 1970, cuando este decidió poner en marcha una campaña para identificar a los “inmigrantes ilegales”. Se cometieron graves abusos, forzando a 250.000 refugiados rohingyas a huir a Bangladesh.

La etnia rohingya no está incluida en la lista de las 135 “razas nacionales” oficialmente reconocidas que el gobierno aprobó a finales de los años 1980. Los rohingyas son catalogados en cambio como “bengalíes”, dando a entender que son intrusos procedentes de Bangladesh, a pesar de las profundas raíces que tienen en el estado de Rakhine, donde vive la mayoría de la comunidad.

 

The Myebon River in Myanmar, on the shores of which the town of Myebon lies. 12 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

En 2012, un año después de que el Gobierno pusiera en marcha un proceso de transición democrática tras cinco décadas de dictadura militar, el estado de Rakhine se vio envuelto en sucesivas oleadas de violencia sectaria entre la mayoría budista de Rakhine y los rohingyas musulmanes. Los rohingyas sufrieron las consecuencias de la violencia y, desde entonces, 14.000 personas se han visto forzadas a vivir en unos campamentos miserables, muchos de ellos situados a orillas del río Myebon.

 

Bananda Phyabawga, abbot of the Pyanabakeman Buddhist Monastery, in Myebon, poses while surrounded by a group of local monks. Myebon, Myanmar, 12 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

Determinados políticos del estado de Rakhine y del país, influyentes monjes budistas, líderes de la sociedad civil, e incluso el propio Gobierno, han estado avivando durante décadas los temores de una posible invasión musulmana en esta nación mayoritariamente budista y profundamente religiosa, lo que ha dado lugar a brotes esporádicos de violencia sectaria y a la privación progresiva de los derechos de los rohingyas y otras poblaciones musulmanas del país. Los episodios de violencia que se produjeron en 2012 fueron de los peores registrados en los últimos años, y la situación de los rohingyas ha empeorado considerablemente desde entonces.

“Los musulmanes tratan de imponer su religión a los demás. Por eso tenemos que hacer frente a esta amenaza”, dice Bananda Phyabawga, abad de un monasterio local.

 

Maung Zaw shows the ‘pink card’ he received in 2014 in Taung Paw Camp, Myebon. 13 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

El Gobierno puso en marcha en 2014 un programa piloto para verificar la nacionalidad de los rohingyas. El proceso de verificación se llevó principalmente a cabo en el municipio de Myebon, donde casi 3.000 musulmanes habían sido obligados a vivir confinados en un campamento desde octubre de 2012.

El programa se llevó a cabo mediante la aplicación de la controvertida Ley de Ciudadanía de 1982, que establece tres niveles de ciudadanía y con arreglo a la cual la pertenencia a una de las “razas nacionales” de Myanmar es el principal criterio (aunque no el único) para la obtención de la plena ciudadanía.

Las etiquetas étnicas se aplican a veces de manera arbitraria. Maung Zaw, un hombre de 45 años internado en dicho campamento, fue registrado como “bengalí” en la tarjeta de residencia rosa que obtuvo en 2014, pero los documentos de su familia demuestran que pertenece a la minoría kaman, un grupo étnico musulmán oficialmente reconocido como una de las 135 “razas nacionales” del país.

 

Daw Khin Thein, chair of the local chapter of the Rakhine Women’s Network, in her gold shop in Myebon. 12 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

El proceso de verificación de nacionalidad levantó una fuerte oposición por parte de la población local de Rakhine. Organizaciones como la red de mujeres de Rakhine, Rakhine Women’s Network, llevaron a cabo manifestaciones en la ciudad para protestar contra esta iniciativa, y se han movilizado para impedir la prestación de servicios a los rohingya que viven en el campamento.

La líder local de la Rakhine Women’s Network, Daw Khin Thein, encabezó las manifestaciones. “Este conflicto no tiene que ver con la nacionalidad, sino con el hecho de que los musulmanes están intentando invadir nuestro territorio. Ese es el verdadero problema”, subraya.

 

Taung Paw Camp, in the outskirts of Myebon Town. 13 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

U Tin Shwe, administrador general del municipio de Myebon, era el responsable del programa piloto en 2014, que se prolongó durante varios meses. “Prácticamente todos los musulmanes solicitaron la nacionalidad, y ninguno de ellos utilizó el término ‘rohingya’. Aquí no utilizan esa palabra. Al final concedimos la plena ciudadanía a 97 personas, y la ciudadanía por naturalización a otras 969 personas”, explica a Equal Times desde su oficina.

Varios ciudadanos musulmanes entrevistados por Equal Times afirmaron que los permisos de residencia son sumamente difíciles de obtener y que para conseguirlos es preciso sobornar a la policía con sumas exorbitantes de dinero. También dicen que su vida ha cambiado muy poco desde que fueron reconocidos como ciudadanos. Los que permanecen confinados en los campamentos para desplazados internos tienen escaso acceso a los servicios de educación y sanidad. La población local se niega a otorgarles acceso a estos servicios, y las autoridades no hacen gran cosa para protegerles. Para salir del campamento se les exigen unos permisos especiales y la protección de las fuerzas de seguridad, lo que supone un gasto que pocos se pueden permitir.

 

Daw Mahlan, a Rohingya woman who was granted citizenship in 2014, with her daughter inside the hut where her family lives in Taung Paw Camp. Myebon, 13 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

“La Ley de Ciudadanía de 1982 reconocía como ciudadanos a las personas que ya estuvieran registradas como tales, independientemente de sus datos de identificación en términos de raza o religión. Pero a finales de los años 1980 y principios de los 1990, cuando el Gobierno puso en marcha un nuevo proceso de registro que venía a sustituir las antiguas tarjetas de identidad por otras nuevas, los musulmanes del estado de Rakhine no recibieron la nueva tarjeta a pesar de tener derecho a la misma”, explica Nick Cheesman, experto jurídico sobre Myanmar de la Universidad Nacional Australiana.

 

A group of Muslim women carry water at Taung Paw Camp in Myebon. 13 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

“El problema en la Birmania contemporánea es que la noción de razas nacionales supera la de nacionalidad, tanto desde el punto de vista legal como ideológico. La Ley de Ciudadanía de 1982 puede reconocer el mantenimiento de la nacionalidad de los miembros de razas no nacionales que la hubieran obtenido anteriormente, pero establece como regla de oro para la obtención de la nacionalidad ser miembro de una de las razas nacionales”, añade Cheesman.

Tin Shwe, perteneciente a la etnia bamar de Myanmar central, culpa a la población local de Rakhine de las restricciones de movimiento que se les ha impuesto a los musulmanes. “Cuando se implementó el programa, la comunidad indígena respondió con fuertes protestas. Yo intenté explicarles la ley, pero es difícil para el Gobierno, porque nos encontramos entre ambas comunidades”, explica. Más allá de las aparentes divergencias entre los nacionalistas de Rakhine y los funcionarios del Estado como Tin Shwe, todos ellos parecen estar de acuerdo en que los rohingyas no son “ciudadanos naturales” de Myanmar. Ciudadanos o no, los rohingyas siguen estando considerados extranjeros en el único territorio que han conocido jamás.

 

Daw Gulban, a 53 year-old Rohingya woman who was granted citizenship in 2014, shows her ‘pink card’ at her house in Taung Paw Camp in Myebon. 13 March 2017.

Photo: Antolín Avezuela Aristu

“Nada ha cambiado para mí desde que obtuve la nacionalidad”, dice. “Yo no sé lo que son los derechos humanos. Lo único que sé es que me gustaría tener un plato de comida en la mesa, libertad de movimiento, educación para mis hijos, acceso a la sanidad y que mi familia pueda vivir sin miedo”, añade.