Hace más de 30 años Alonso Salazar, sociólogo y político colombiano, escribió un libro titulado No nacimos pa semilla, que mostraba la realidad de los jóvenes de Medellín que hacían parte de pandillas vinculadas a la criminalidad y a la violencia del narcotráfico. Esa realidad de no futuro (expresión que popularizó el filme Rodrigo D. No Futuro) de los jóvenes de esa época trágica de nuestro país, poco se ha transformado desde entonces.

La política colombiana ha estado signada por una cultura de violencias y exterminios por parte de las elites en contra de expresiones de izquierda y movimientos sociales, como el del campesinado, movimientos cívicos, estudiantiles, indígenas y sindicales que han reclamado una redefinición y replanteamiento del rol del Estado, la economía y de las políticas sociales.

Esta política de exclusión dio origen a movimientos insurgentes a mediados de la década de los años 60, que a su vez creó una reacción de gamonales y ganaderos de los sectores rurales del país a inicios de la década de los años 80. Estos personajes, en alianzas non sanctas con la fuerza pública, mafias del narcotráfico y la extrema de derecha, dieron origen a los grupos paramilitares que agravaron el panorama humanitario en Colombia.

El modelo de economía diseñado por las elites, le ha dado forma a una estructura empresarial y a unas características en la ocupación y el empleo que a su vez determinan una visión de futuro de las nuevas generaciones bastante pesimista.

La economía colombiana tuvo un leve desarrollo en industrias livianas y en la producción agropecuaria, pero se desvaneció con la llegada, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, de la oleada neoliberal, la cual fomentó en el mundo de los negocios una mezcla de ilegalidad y especulación, al tiempo que desalentó la inversión productiva en actividades de agregación de valor basadas en el conocimiento.

Colombia no solo tiene una baja densidad empresarial sino también una estructura precaria, tanto que el 98% de ésta la conforman pequeños negocios y microempresas de baja productividad y poca agregación de valor. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), de las algo más de 1,5 millones de empresas registradas en el país, solo el 0,3% —equivalente a 3.851 empresas— corresponde a grandes compañías que concentran el 70% de la riqueza que se crea, y aportan apenas el 20% de la ocupación. De hecho, las actividades sectoriales que mueven la economía, como el sector financiero y la gran minería exportadora, solo participan con el 2% de la ocupación.

Más desempleo e informalidad laboral

Por esta razón, en el contexto de América Latina y el Caribe, Colombia ha tenido altas tasas de crecimiento de la economía, acompañada de altas tasas de desempleo y de informalidad laboral. A su vez, las tasas de desocupación e informalidad laboral de los jóvenes son superiores al promedio nacional. Por tanto, el estudio y el trabajo no han sido factores de movilidad social para los jóvenes. La única forma como algunos de ellos, de manera efímera, superan las condiciones de pobreza y marginalidad, es cediendo a las presiones de estructuras criminales que controlan el negocio de las drogas, la extorsión y la ilegalidad económica.

La pandemia del coronavirus aceleró una tendencia de creciente desempleo, precariedad laboral y pobreza en la sociedad colombiana que venía desde hace varios años, con mayor afectación en la población joven.

La tasa de desempleo de los jóvenes en el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021, de acuerdo con el DANE, se ubicó en 23,5%, lo que equivale a un aumento de 4,8 puntos porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (18,7%).

Para las mujeres la tasa de desempleo se ubicó en 31,6%, aumentando 6,6 puntos porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (25,0%). La tasa de desocupación de los hombres fue 17,5%, aumentando 3,3 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (14,2%). Las tasas de desempleo y pobreza alcanzaron niveles aterradores en el marco de la pandemia, a tal punto que la tasa de desocupación laboral superó el 20% en las cifras oficiales del mes de julio. El promedio del desempleo en 2020 fue 15,9%, mientras en 2019 fue 10,5%.

Por otra parte, la pobreza monetaria en el país, según el DANE, alcanzó a 17,5 millones de personas a finales del año 2019, esto es el 35,7% de la población, casi 5% por encima del promedio de América Latina y el Caribe. La pobreza de los jóvenes era del 43%, la de las mujeres del 38,2%, y la de hombres del 34,4%. Para las mujeres jóvenes es más grave la precariedad laboral, según se desprende del análisis de las estadísticas socio-laborales del país. A finales del año 2020 la población en pobreza monetaria (que para Colombia supone tener unos ingresos mensuales iguales o inferiores a 331.688 pesos —unos 91 dólares; 75 euros—) ascendía a un poco más de 21 millones de personas, el 42,5% de la población total. Sin embargo, analistas económicos independientes como Luis Jorge Garay Salamanca (del MIT, EEUU) y Jorge Enrique Espitia (de la UNAL, Colombia), consideran que la población en condición de pobreza y vulnerabilidad bordea el 62%.

Según datos del primer informe de inclusión laboral realizado por el DANE hace poco más de un año, la llamada población nini (jóvenes de entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan) pasó de 2,5 millones a 2,7 millones, lo que significó un aumento del 21% durante el año 2019. Tras los impactos de la pandemia en el empleo y los ingresos, es probable que los jóvenes ninis sean hoy más de 3 millones.

Políticas regresivas y violencia

En un contexto de elevado desempleo y precariedad laboral, de una creciente pobreza y desigualdad, y del hambre como una pandemia adicional a la de la covid-19, que golpean con mayor fuerza a los jóvenes, el Gobierno ha venido impulsando una serie de reformas regresivas en materia laboral, social y tributaria, las cuales crearon un profundo malestar en la población colombiana. A esta insensibilidad social se suman el mal manejo de la pandemia, que nos coloca en la décima posición a nivel mundial en número de muertes por millón de habitantes, y también en bajo desarrollo de la vacunación, que hoy, principios de mayo, apenas ha llegado al 3,5% de la población.

A su vez, el Gobierno del presidente Iván Duque ha venido incumpliendo y saboteando los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las FARC, y cerrado toda posibilidad de negociación con el ELN, lo que ha generado un ambiente de violencia creciente contra líderes sociales, indígenas y sindicales, la cual preocupa a la comunidad internacional.

Pandemia, hambre y violencia se conjugan para agravar la desesperanza y la falta de oportunidades de la población, y en especial de nuestros jóvenes, para construir un proyecto de vida en torno al trabajo y la educación. Estas condiciones llevaron al movimiento sindical y social organizado a convocar un paro nacional desde el pasado 28 de abril, con la consigna de rechazar la agresiva e indolente reforma tributaria que presentó el Gobierno, una reforma fiscalista que encarecía los alimentos y rebajaba los ingresos de los trabajadores, todo con el fin de atender la impagable deuda pública que se tiene con el sistema financiero. Fue tan contundente la movilización y la protesta social, que el Gobierno debió retirar el proyecto de esta reforma tributaria y obligó la renuncia del ministro de Hacienda, artífice de esa iniciativa legislativa.

La conducción de la protesta social fue rebasada por la población en las calles, en su mayoría jóvenes que de manera espontánea le piden al Gobierno y a las elites brindarles la posibilidad de construir un futuro a partir de garantías para el ejercicio de derechos en el presente, como una educación de calidad, un trabajo decente y un sistema de seguridad social que atienda los riesgos que hacen parte de la vida y del trabajo; un sistema con derecho a una pensión y a ser tenidos en cuenta en las definiciones de la política pública que los afecta.

La respuesta del Gobierno a las demandas sociales y al grito de angustia de una generación que se encuentra arrinconada y sin visión de futuro, ha sido la violencia, el asesinato de jóvenes, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la estigmatización.

Las elites de nuestro país han fracasado en la construcción de un proyecto nacional, de un proyecto de sociedad, ante lo cual las mayorías empobrecidas y en especial los jóvenes que hoy expresan su malestar en más de 600 ciudades del país, hacen propuestas para que, en un marco ampliamente deliberativo de diálogo social, construyamos el nuevo pacto que hoy Colombia necesita en cuanto al manejo del Estado, la economía y la política social.

Los jóvenes quieren ser escuchados, las elites políticas y empresariales deben reconocerlos y permitir que se generen condiciones para que vivan en dignidad y libertad. Colombia y su juventud reclaman diálogo y negociación, y ante estos clamores la respuesta gubernamental no puede ser la represión y el autoritarismo.