El día de paga, los estibadores o braceros tienen que acudir a la oficina de un prestamista usurero y pedir un préstamo contra la promesa de un cheque de paga, pero por mucho menos: unos 170 o 180 USD.

“Tienen que vender la paga del contratista”, denuncia Jhon Jairo Castro, presidente de los estibadores de Buenaventura en la Unión Portuaria de Colombia.

Castro fue entrevistado en San Francisco (EE.UU.), donde pidió apoyo al International Longshore and Warehouse Union (Sindicato Internacional de Estibadores y Trabajadores de Almacenes).

Para obtener dicha paga tienen que trabajar mucho más que la semana laboral máxima de 48 horas estipulada por el Gobierno. Algunos trabajan ocho horas, luego tienen ocho horas libres y después regresan para trabajar otras ocho horas. Otros tienen que sufrir “el turno del diablo”: 24 o incluso 36 horas en las dársenas, aunque solo les pagan ocho horas.

“Contratan a todos por un día y les pagan por hora sin garantías”, asegura Castro.

En 1994, la Autoridad Portuaria Colombiana fue privatizada y sustituida por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, gestionada de manera privada.

Una segunda empresa privada, TECSA S.A., gestiona las operaciones portuarias mediante contrato. Por tanto, TECSA constituye un ‘intermediario’ que contrata a una empresa de trabajo temporal.

Dicha empresa utiliza a un contratista de mano de obra que no tiene oficina y se limita a estar en la calle contratando a estibadores.

Dicho contratista no tiene recursos económicos para pagar los sueldos, por lo que obliga a los trabajadores a esperar semanas para cobrar o vender la promesa de un cheque de paga.

“Los trabajadores no pueden ganar lo suficiente como para mantenerse”, afirma Castro. “Tenemos a trabajadores que tienen que mendigar en la calle, que duermen en las aceras. Incluso después de haber trabajado durante 20 años, no tienen seguridad social ni pensiones".

La mayoría de los 370.000 habitantes de Buenaventura son afrocolombianos, es decir, descendientes de los esclavos africanos que los españoles trajeron a América Latina durante siglos.

Más del 80% de los afrocolombianos viven por debajo del umbral de pobreza y un tercio están desempleados (cuatro veces la media nacional).

Dos tercios de los hogares de Buenaventura no tienen conexión al alcantarillado y casi la mitad no tiene acceso a agua potable. La esperanza de vida aquí es de 51 años, mientras que la media nacional asciende a 62 años.

“La pobreza provoca la desintegración de las familias ", denuncia Castro. “Nuestros niños y niñas acaban inmersos en las redes de prostitución o son reclutados por bandas de delincuentes y grupos armados ilegales”.

 

El fracaso de Colombia

Las condiciones de los estibadores de Buenaventura y las severas represalias contra ellos por intentar formar sindicatos ilustran dramáticamente el fracaso del Plan de Acción Laboral de Colombia.

Negociado hace tres años como parte de su tratado de libre comercio con Estados Unidos, ha sido condenado como totalmente ineficaz en un reciente informe redactado por las federaciones sindicales del país y respaldado por la central sindical estadounidense AFL-CIO.

Tarcisio Rivera, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, describe el tratado de libre comercio y el plan de acción laboral como “inútiles y perjudiciales tanto para la economía colombiana como para los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

El informe, respaldado por varias organizaciones sindicales internacionales como el sindicato mundial IndustriALL Global Union–Américas, detalló la existencia de amplias subcontratas y contrataciones ilegales.

“El Gobierno nacional es el responsable de este sistema porque privatizó los puertos y no aplicó ninguna regulación ni normas laborales relacionadas con el empleo”, afirma Castro.

Durante el primer año del tratado de libre comercio, las exportaciones colombianas a EE.UU. disminuyeron en un 15%, mientras que las importaciones procedentes de EE.UU. aumentaron en casi el mismo porcentaje.

“El Gobierno prometió que el tratado de libre comercio aumentaría nuestros ingresos, pero en cambio nuestra miseria ha aumentado. Las empresas se han endeudado con los bancos y luego se han visto abocadas a la quiebra. Los salarios han disminuido. Todo esto ha provocado una enorme crisis social”, explica Castro.

Los defensores del tratado prometieron que el Plan de Acción Laboral pondría freno a los ataques a los sindicatos intentando oponer resistencia a los impactos. El resultado ha sido el contrario. Según la investigación llevada a cabo por el comité asesor colombiano Escuela Nacional Sindical (ENS), citado por la AFL-CIO, “en 2013, 26 sindicalistas fueron asesinados, cuatro más que en 2012”.

“Los intentos de asesinato también aumentaron, de siete a 13. Desde que se firmó el Plan de Acción Laboral, se han registrado 31 intentos de asesinato, seis desapariciones forzadas y casi 1.000 amenazas de muerte”.

Alrededor del 86, 8% de los asesinatos y el 99,9% de las amenazas a sindicalistas quedaron impunes, lo que supone una tasa total de impunidad del 96,7% de las violaciones de los derechos humanos contra sindicalistas.

Para los estibadores de Buenaventura, estas cifras no son solo números.

Castro acusa a las empresas del puerto de despidos en masa cuando los trabajadores se organizan. “Exigen que los trabajadores firmen documentos en los que deben renunciar al sindicato para que les contraten”, denuncia. “Varios de nuestros miembros han sido asesinados, pero las autoridades ‘investigan’ y luego alegan que no tiene nada que ver con las actividades sindicales”.

El resultado es un clima de miedo. “Hablar del sindicato es arriesgarse al despido. Lo llamamos terrorismo laboral. No tenemos absolutamente ninguna garantía de nuestro derecho a organizar actividades sindicales”.

Por tanto, tan solo una minoría de los 6.000 trabajadores del puerto forma parte del sindicato.

“Sobrevivimos gracias a la solidaridad de nuestros propios miembros y de otras organizaciones”, se lamenta Castro a Equal Times.

“En teoría tenemos derecho a negociar con los empleadores, pero poder ejercer este derecho es otro tema. En 2012 tuvimos una huelga en TECSA y empezamos a negociar. La empresa presentó una demanda contra nuestro sindicato, exigiendo que todos nuestros miembros fueran despedidos y que se disolviera el sindicato”.

“El Gobierno les apoya con la policía y con leyes que violan nuestros derechos, como el decreto que estipula que cualquiera que corte una calle durante una manifestación será encarcelado ".

 

Racismo

Otros trabajadores/as y sindicatos en Colombia comparten estos problemas. Pero en Buenaventura el sindicato asegura que también se le persigue debido a la discriminación contra los afrocolombianos.

Según dice, los empleadores traen a gente del interior y les dan mejores empleos que los que ofrecen a los residentes de Buenaventura. “En la comunidad afrocolombiana, los trabajos y salarios son los más bajos y desiguales”, asegura Castro. “Los cortadores de caña. Los estibadores. Los que trabajan [en el cultivo del aceite de palma]”.
De los 44 millones de colombianos, el 49,2% vive por debajo del umbral de pobreza. Pero la pobreza no está distribuida equitativamente.

El sistema sanitario colombiano, perjudicado por los recortes presupuestarios para financiar la guerra contrainsurgente del Gobierno, cubre al 40% de los colombianos blancos. Solo el 10% de los colombianos negros obtienen servicios de salud. Únicamente el 3% de los trabajadores/as afrocolombianos reciben prestaciones de la seguridad social.

La desigualdad institucionalizada se ve reforzada por el desplazamiento interno. Desde 1940 a 1990, la población urbana de Colombia aumentó del 31 al 77% a medida que la gente huía de la pobreza rural y de décadas de guerra civil.

Sin embargo, en 2009 el Tribunal Constitucional de Colombia constató que los derechos fundamentales de los afrocolombianos desplazados fueron “ignorados de manera masiva y continua” y citó a Buenaventura como un símbolo de la desigualdad.

El informe de 2014 de Human Rights Watch titulado La crisis en Buenaventura afirma que “durante los últimos tres años, Buenaventura ha liderado a todos los municipios colombianos en el número de nuevos desplazados”.

El informe registró a 22.028 residentes que huyeron en 2011, 15.191 en 2012 y 13.468 entre enero y octubre de 2013.

Según Castro, en la última década 60.000 personas han sido obligadas a huir. “Ahora, los últimos planes para ampliar el puerto afectarán a entre cinco y diez mil personas. Como casi el 99% de los desplazados son afrocolombianos, la privatización y el desplazamiento tienen un componente racista”.

Human Rights Watch denuncia que el desplazamiento es provocado por la violencia. Según la fiscalía, en su punto álgido en 2000 y 2001, la organización paramilitar derechista de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinó a más de 1.000 habitantes de Buenaventura.

Después de que las AUC se ‘desmovilizaran’ en diciembre de 2004, surgieron otros grupos paramilitares de derechas que reclutaron a antiguos miembros de las AUC.

Todos los años se registran nuevos “desaparecidos”; según revela el informe, 24 en 2006, 63 en 2008, 43 en 2010 y 38 en 2013. Numerosos cadáveres acaban siendo arrastrados a las playas después de haber sido desmembrados en las denominadas “casas de pique”.

Los paramilitares exigen permisos para celebrar reuniones, imponen toques de queda y prohíben los visitantes en las zonas que controlan. Además, cooperan con los empresarios locales.

Después de que se privatizara el agua hace varios años, el servicio se redujo a 2-3 horas al día, pero los precios subieron. Cuando los residentes protestaron y se negaron a pagar, los representantes de la empresa aparecieron en sus hogares con hombres armados con metralletas.
Según Human Rights Watch, “en Bajamar, durante los tres primeros días de noviembre hubo tiroteos tres o cuatro veces al día que duraron hasta dos horas. El tercer día, Los Urabeños sacaron a un hombre de su casa y le ejecutaron delante de varios miembros de la comunidad”.

Sin embargo, a pesar de la represión y de la extrema violencia, el sindicato de estibadores de Buenaventura sigue en pie y participa activamente en la resistencia obrera a las políticas de libre comercio de Colombia.

“Admiramos a la gente que puede resistir a la presión ejercida por las empresas y la sociedad portuaria”, concluye Castro. El sindicato organizó dos huelgas el año pasado y obtuvo contratos, aunque varios trabajadores fueron golpeados y 30 fueron despedidos.

“Hoy en día vemos más unidad en nuestra comunidad, como la reciente huelga en la zona rural que culminó en una huelga entre los estibadores y los estudiantes. Con este tipo de movilizaciones seremos capaces de detener las políticas que nos están perjudicando y de cambiar a la sociedad colombiana”.