Cómo ha contribuido el movimiento sindical de India e Indonesia a derogar leyes favorables a las empresas (y abusivas para los trabajadores)

Cómo ha contribuido el movimiento sindical de India e Indonesia a derogar leyes favorables a las empresas (y abusivas para los trabajadores)

En esta imagen del pasado 11 de diciembre de 2021, varios campesinos, exultantes, se aprestan a salir de Singhu, un pueblo del Distrito Noroeste de Delhi, fronterizo con el estado de Haryana, que se convirtió en uno de los centros neurálgicos de las protestas. Ese día, los campesinos ponían fin formalmente a un año de movilizaciones multitudinarias, tras anunciar el primer ministro Narendra Modi que daba marcha atrás a su controvertida reforma agrícola.

(AFP/Sajjad Hussain)

A finales de 2021, las movilizaciones del movimiento obrero en Asia dieron por fin sus frutos y obligaron a los Gobiernos de India e Indonesia a abandonar sus pretensiones de impulsar el crecimiento económico a expensas de los derechos de los trabajadores. En India, las protestas encabezadas por los campesinos, que durante más de un año tomaron las calles en todo el país, forzaron al Gobierno a derogar en noviembre de 2021 las leyes de su controvertida reforma agraria.

En la vecina Indonesia, el país más grande del sudeste asiático y el cuarto más poblado del mundo, una coalición de organizaciones sindicales, ecologistas y religiosas llevó ante el Tribunal Constitucional la Ley Ómnibus de Creación de Empleo, que favorecía a las empresas a costa de los trabajadores. El Tribunal Constitucional dictaminó que la mencionada ley incumplía los “principios de transparencia dispuestos por la Constitución de 1945”, ordenó la suspensión de una parte de ella y dio al Gobierno dos años de plazo para revisarla o declararla inconstitucional oficialmente.

Tras años de reveses para la sociedad civil de ambos países, estas victorias han contribuido a relanzar sus respectivos movimientos obreros. Su capacidad de mantener la presión durante mucho tiempo, de forjar coaliciones apoyadas en una amplia base social y de utilizar los cauces judiciales han resultado clave para estas conquistas, y los líderes sindicales de India e Indonesia esperan seguir presionando a sus Gobiernos para que respeten, e incluso mejoren, los derechos de los trabajadores.

“La protesta obrera se convirtió en un importante movimiento reivindicativo que forma parte de los esfuerzos de la ciudadanía por cambiar la política estatal”, afirma Elly Rosita Silaban, presidenta de la Confederación General de Sindicatos de Indonesia (KSBSI).

Modi y Widodo: liberalización a costa de los derechos laborales

India e Indonesia se encuentran entre los países asiáticos más afectados económica y socialmente por la pandemia de covid-19. Los líderes políticos pro-empresa (y a costa de los trabajadores), como el primer ministro de India, Narendra Modi y el presidente de Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, han aprovechado la pandemia para que sus respectivos Parlamentos aprueben reformas laborales apresuradamente, sin la pertinente consulta pública.

“Con la pandemia se han menoscabado los derechos fundamentales de los trabajadores”, afirma Nining Elitos, presidenta del sindicato indonesio Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Congreso de la Alianza Sindical de Indonesia, KASBI).

El Parlamento indio aprobó en septiembre de 2020 tres leyes para liberalizar la agricultura que reducían el poder de negociación de los campesinos, propiciaban la agricultura por contrato y dejaban a los productores a merced de las empresas. Un mes más tarde, el Parlamento indonesio aprobaba la Ley Omnibus, un compendio legislativo de más de 1.000 páginas que introducía la mayor enmienda legislativa en Indonesia desde hacía décadas y modificaba 79 leyes que regían el trabajo, el uso de la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, entre otros muchos aspectos.

En Indonesia, la forma en que se aprobó la Ley Ómnibus suscitó una gran controversia. El proyecto de ley se redactó en secreto y muchos diputados de la coalición gobernante ni siquiera pudieron leerlo antes de votar a favor. Preocupaba sobre todo el protagonismo del lobby empresarial en la redacción de la ley, mientras que los representantes sindicales, ecologistas, de las comunidades indígenas y de otras organizaciones sociales, apenas intervinieron.

“Desde el principio, no hubo consulta alguna”, afirma Tommy Pratama, director ejecutivo de Traction Energy Asia, una ONG contra el cambio climático con sede en Yakarta. “Se elaboró a puerta cerrada”.

La Ley Ómnibus posee varias disposiciones preocupantes para los trabajadores. Facilita el despido, reduce los plazos máximos de los contratos de duración determinada y limita las prestaciones de la seguridad social y por desempleo. Además, reduce las garantías de protección de los salarios mínimos, las indemnizaciones y las vacaciones remuneradas. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Turismo, Tabaco y Afines (UITA) denunció, al expresar su apoyo a los sindicatos indonesios, que la Ley Ómnibus “infringe varios convenios internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros convenios y recomendaciones laborales internacionales”.

La importancia de las coaliciones amplias

El Gobierno indonesio justificó la necesidad de acelerar la aprobación de la Ley Ómnibus para impulsar la flaqueante economía del país a la que, a juicio de Jokowi, le sobraban regulación y burocracia. Sin embargo, esta reforma legal aprobada a finales de 2020 fue recibida con protestas generalizadas, convocadas por grupos sindicalistas, ecologistas, de derechos sobre la tierra e indígenas, en Yakarta, la capital, entre otras ciudades del país.

En India, las protestas las iniciaron los sindicatos de campesinos de los estados de Punjab y Haryana, centros de producción agrícola del país y, paulatinamente, se fueron uniendo más sindicatos y organizaciones de trabajadores, muchas de las cuales no representaban directamente a los campesinos.

“Poco a poco nos dimos cuenta de que este movimiento era tan poderoso que, si lo derrotaban, podrían tumbar todas nuestras reivindicaciones”, afirma Chandan Kumar, miembro de la Carta Magna de la Gente Trabajadora, una coalición de organizaciones sociales y sindicales que lucha contra el trabajo informal y que apoyó las protestas de los campesinos a pesar de no representarlos directamente.

“Era necesario apoyar a este movimiento como tratamiento de choque al Gobierno y para dar ejemplo”, continúa.

El Gobierno rebatió las reivindicaciones argumentando que los campesinos que lideraban el movimiento no representaban a la mayoría de los agricultores. Algunos manifestantes fueron agredidos y otros acusados de ser antipatriotas o antiindios. “Las autoridades intentaron desacreditar a los manifestantes de muchas formas, incluso llegaron a sugerir que eran secesionistas”, afirma Meenakshi Ganguly, directora de Asia meridional de Human Rights Watch (HRW). Algo similar ocurrió en Indonesia, cuyos líderes sindicales fueron agredidos, detenidos y amenazados durante las protestas contra la Ley Omnibus.

La sucesión de apoyos al movimiento resultó clave para demostrar que la preocupación atañía no sólo a los campesinos y sindicalistas, sino al conjunto de la población india e indonesia. Una plétora de organizaciones sociales de distinto orden expresó su alarma por las disposiciones de estas reformas legislativas y condenó el uso de la violencia estatal. Numerosos aliados se unieron a las protestas y, en India, apoyaron financiera y materialmente a los campesinos para bloquear las carreteras de circunvalación de distintas ciudades. Además, la nutrida diáspora mundial de punjabíes y sijs indios (estimada en 12 millones de personas) sumó su peso a las movilizaciones convocando protestas frente a las embajadas indias de distintos países, apoyadas por numerosos aliados, indios y foráneos, y las redes sociales se hicieron eco de las noticias.

“Fue un momento de demostración de la solidaridad”, afirma Chandan. “Los campesinos también se dieron cuenta de que no pueden lograr la victoria hasta que no consigan la solidaridad de cada sector de la sociedad, incluidos los trabajadores, las feministas y los dalits”.

Impugnaciones ante los tribunales, ¿y después qué?

Tanto en India como en Indonesia, las impugnaciones ante los tribunales han sido fundamentales para conseguir la derogación o revisión de las leyes. En India, la sentencia del Tribunal Supremo que suspendió la entrada en vigor de las leyes en enero de 2021 se mantuvo hasta su retirada a finales del año.

En Indonesia, Migrant Care, una ONG representante de trabajadores migrantes, recurrió al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la Ley Ómnibus y su proceso de aprobación. Se unieron a ella representantes indígenas y sindicales. “La iniciativa de Migrant Care de impugnar la Ley Ómnibus ante el Tribunal Constitucional de Yakarta resultó crucial, porque permitió retrasar la entrada en vigor de esta abusiva ley y poner sobre la mesa las dudas sobre su constitucionalidad”, explica a Equal Times Andreas Harsono, investigador de HRW especializado en Indonesia.

También se opuso al proyecto de ley Nahdlatul Ulama, la mayor organización islámica de Indonesia, que expresó su preocupación por el proceso de deliberación de la Ley Ómnibus, que no tuvo en cuenta adecuadamente las preocupaciones de los trabajadores afectados ni de la ciudadanía. Ahora, la KSBSI y otros sindicatos reivindican poder participar activamente en el proceso de reelaboración, y están decididos a someter el asunto a los tribunales si el Gobierno, una vez más, no entabla un diálogo social genuino. “Participaremos activamente en la mejora de los artículos de la ley, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional”, afirma Silaban, de la KSBSI. “Somos optimistas y creemos que el Gobierno o el presidente cambiarán su política sobre la [Ley Ómnibus]”.

Por otra parte, la KSBSI y otros sindicatos están aprovechando la decisión del Tribunal Constitucional para reivindicar una subida salarial a nivel provincial. Incluso convocaron protestas de alcance nacional a finales de diciembre y principios de enero.

“Lo más interesante en estos momentos es que los sindicatos han aprovechado la decisión judicial para presionar a los gobernadores para que revisen la normativa sobre el salario mínimo”, explica Teri Caraway, profesora especializada en asuntos laborales de Indonesia, de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos). “Ya han tenido éxito en Yakarta [nota del editor: donde el salario mínimo provincial iba a aumentar inicialmente 37.749 rupias indonesias (unos 2,60 dólares) en 2022, pero se ha incrementado 225.667 rupias indonesias (15,70 dólares) tras las protestas de los trabajadores] y, de forma más limitada, en Java Occidental”.

En India, las leyes para la reforma agrícola fueron sólo algunas de las numerosas leyes impulsadas por el Gobierno de Modi que merman los derechos de los trabajadores. “Además de las leyes agrícolas se aprobaron otras cuatro leyes laborales durante la misma sesión parlamentaria. Ahora debemos presionar para que se deroguen, porque estas cuatro leyes también son perjudiciales para los trabajadores”, subraya Chandan. La reforma legislativa fusiona 44 leyes laborales nacionales en cuatro códigos: el Código de Relaciones Laborales, el Código de la Seguridad Social, el Código de Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo y el Código Salarial. Varios sindicatos indios han planteado objeciones a varias enmiendas de estos códigos, convencidos de que reducirán los salarios y las prestaciones y deteriorarán las condiciones laborales.

Chandan confía en que la solidaridad demostrada por el movimiento sindical, que se unió a la lucha campesina, hará que los campesinos y otros trabajadores se solidaricen y apoyen a los demás sectores afectados, y en concreto a los trabajadores informales, que llevan mucho tiempo sin ningún tipo de protección en la legislación india. “Constituyen el 90% de la mano de obra, pero nunca se han beneficiado de ley laboral alguna”, explica. “El movimiento sindical... pretende oponerse a todas las nuevas leyes laborales, pero exigimos que toda reforma tenga en cuenta a los trabajadores del sector informal. Sólo entonces lo apoyaremos”.

A pesar del considerable revés sufrido por el Gobierno en su intento de menoscabar los derechos de los trabajadores, los activistas de India e Indonesia saben que esta no será la última vez que el Estado intente impulsar una liberalización legislativa que favorezca a las empresas a expensas de los trabajadores. Al mismo tiempo, estas conquistas hacen albergar la esperanza de que, en las dos mayores democracias de Asia, que están viviendo un retroceso democrático y un mayor uso de tácticas autoritarias, sigue habiendo espacio para que la ciudadanía se alce para combatir las injusticias y defender sus derechos.

Este artículo ha sido traducido del inglés por Eva López Cabello