Según la directiva de la UE de 2019 sobre la protección de los denunciantes, cada Estado miembro de la UE debe modificar su legislación para adaptarla a las normas internacionales. Sin embargo, más de 20 ONG y sindicatos rumanos han acusado a su gobierno de haber vulnerado los derechos de los denunciantes al socavar las medidas de protección ya existentes mediante la “aplicación selectiva” de dicha directiva.

La ley rumana sobre la protección de los denunciantes se remonta a 2004. En aquella época se creía que era una de las más progresistas del continente, nos cuenta Anna Myers, directora ejecutiva de la Red Internacional de Denunciantes. “Según la ley de 2004, Rumanía iba muy bien en cuanto a lo que se refiere a la elección de canales y estaba muy avanzada comparada con otros agentes europeos”.

Más tarde, en 2019, se aprobó la directiva europea relativa a la protección de los denunciantes, es decir, para proteger a las personas que denuncian violaciones de la legislación europea. Dicha directiva exige a todos los Estados miembros de la UE la modificación de su legislación para el 17 de diciembre de 2021 con el fin de adaptarla a las nuevas normas, impulsa más mecanismos internos y externos de denuncia y exige a las empresas privadas con más de 50 empleados que pongan en marcha los canales adecuados para denunciar, entre otras medidas.

Al principio, Rumanía no aprobó ninguna ley nueva relacionada con los denunciantes. Debido a este retraso, en junio de 2022 la UE inició procedimientos por incumplimiento contra el gobierno rumano. En septiembre, la Comisión otorgó al gobierno rumano dos meses para aprobar una nueva ley, según los requisitos y recomendaciones de la directiva; de lo contrario, Rumanía se enfrentaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El 28 de junio, la Comisión Jurídica rumana modificó el primer anteproyecto de ley y al día siguiente fue aprobado rápidamente por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en lugar de reforzar la ley vigente, las enmiendas la despojaron de importantes protecciones jurídicas. Fundamentalmente, eliminó el principio de buena fe del denunciante por el interés público y prohibió a la gente que denunciara anónimamente las irregularidades dentro de una empresa o públicamente cualquier ilegalidad a menos que hubieran pasado tres meses desde la interposición de una denuncia interna formal (sin haber recibido respuesta alguna).

Obstáculos para los denunciantes y “falta de transparencia”

Cristinel Godinac, presidenta ejecutiva de la Federación Sindical FairMedia de organizaciones de la cultura y medios de comunicación, describió las modificaciones como “una bofetada en la cara a los que todavía tienen el valor de denunciar las infracciones y la corrupción”.

Aunque resulta difícil determinar la razón por la que el gobierno aprobó estas polémicas enmiendas, sus críticos le han acusado de querer poner trabas a los denunciantes y reforzar el control del Estado.

Al enterarse de las propuestas de enmienda, numerosos sindicatos, ONG y diputados de la oposición se movilizaron para luchar contra ellas. Radu Nicolae, presidente de la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible, una ONG rumana que promueve políticas públicas sostenibles, reveló que en junio de 2022 le convocaron para asistir a una comisión parlamentaria y exponer su opinión sobre las modificaciones.

“Tanto yo como mis otros colegas de diversas organizaciones hablamos y presentamos nuestros argumentos. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la máquina de votar era imbatible. Extraoficialmente, durante las pausas, la gente con la que hablamos nos dijo que aunque entendían nuestros argumentos, no podían hacer nada al respecto. La falta de transparencia se podía palpar en la sala”.

La falta de transparencia en el ámbito de la redacción de las leyes rumanas ya estaba en boca de todos después de que una filtración anónima revelase que el Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) estaba redactando una ley para conseguir más competencias y despojar al Estado de los mecanismos necesarios para investigar sus actividades. Asimismo, en junio de 2022, el Ministerio de Investigación y Desarrollo otorgó un contrato de 500 millones de euros al SRI para que desarrollara sistemas gubernamentales en la nube, sin dar ninguna explicación.

Las investigaciones publicadas en julio de 2022 por Oxford Analytica denunciaron que el giro del presidente rumano Klaus Iohannis hacia el ejército y los servicios de inteligencia suponía una erosión de la democracia en Rumanía y que, en lugar de ayudar a los que actúan en pro del bien público, la nueva ley sobre los denunciantes les desalentaría.

Al enterarse de las propuestas de enmienda, la sociedad civil solicitó ayuda al defensor del pueblo rumano, alentándole a que atacara la propuesta de ley en el Tribunal Constitucional, pero al final no se consiguió nada. En un último intento desesperado, los políticos del partido de centro-derecha USR (Unión Salvar Rumanía) recogieron suficientes firmas para denunciar el proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, pero todo fue en vano.

“El [Tribunal Constitucional] dio el visto bueno a las propuestas de enmienda porque desempeña la función de sancionar a los denunciantes”, explica Nicolae. “La mentalidad y los valores que están promoviendo son totalmente contrarios a los que quiero que tengan las instituciones del Estado. Este tipo de leyes no están en consonancia con los valores y actitudes con los que nos criamos [la mayoría de los rumanos]”, se lamenta Nicolae tras hacer referencia a los valores de la participación ciudadana y la solidaridad que pretende fomentar el sistema educativo rumano.

En el último momento, el presidente Iohannis echó para atrás la ley para una segunda ronda de modificaciones en el Parlamento, muy probablemente presionado por la posibilidad de que no se le otorgaran los fondos europeos debido a la aplicación indebida de la directiva. Así, Rumanía entró en conflicto con los principios del Estado de derecho. Por tanto, el 1 de septiembre de 2022, el Senado aprobó una nueva ley que reflejaba mejor los requisitos de la directiva. Finalmente, la ley se promulgó el 16 de diciembre de 2022.

“Una carnicería jurídica”

La nueva ley elimina el requisito de denunciar públicamente, pero al interponer una denuncia, los empleados deben proporcionar su información de contacto. Sin embargo, no es obligatorio que los denunciantes proporcionen su correo electrónico personal, así que pueden crear una cuenta de Burner para esta única finalidad. Nicolae no considera que este sea un problema específico, ya que “utilizar al departamento de informática para acosar a la gente constituye un abuso de poder. Utilizar los recursos de una institución pública constituye un abuso, casi un delito”. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta postura, ya que otras ONG que trabajan en el ámbito de los derechos de los denunciantes ya se han apresurado a condenar este nuevo requisito.

Asimismo, la nueva ley exige que las empresas privadas con más de 50 empleados establezcan canales internos de comunicación donde los denunciantes puedan compartir de forma segura la información que tienen. Además, si un denunciante se presenta ante una comisión para declarar o detallar la información que filtró, deben estar presentes en la sala un representante de los trabajadores, un miembro del sindicato o un periodista para garantizar otro nivel de protección extra ante los abusos de poder.

Sin embargo, la nueva ley también establece una clara jerarquía que deben seguir los denunciantes al informar sobre un problema, lo cual puede disuadirles de denunciar las ilegalidades institucionales. Si un denunciante no confía en los canales internos que tiene a su disposición, quizá se lo piense dos veces antes de tomar medidas. Nicolae denuncia dicha jerarquía, pues asegura que “contraviene la cláusula de no regresión [que establece que los Estados miembros no pueden socavar las leyes ya vigentes]”.

Aparte de estas modificaciones, la nueva ley suprime determinados principios que ya sentaron las bases sobre cómo el Estado gestiona el tema de los denunciantes. Según la ley anterior, el interés público y la buena fe (mediante los que se animaba a la denuncia para mejorar la calidad de las instituciones) eran fundamentales. En virtud de la nueva ley, dichos principios se eliminaron de la legislación y se desincentiva la denuncia pública, pues esta debe cumplir determinadas condiciones.

Sin embargo, a pesar de la “carnicería jurídica, seguiremos apoyando a los denunciantes, facilitándoles una herramienta en línea a través de la cual puedan denunciar los problemas de forma anónima”, asegura Godinac de FairMedia.