En noviembre de 2013, tras el sangriento atentado terrorista en el centro comercial Westgate de Nairobi, los Ministerios de Exteriores de Somalia y Kenya, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) acordaron que se facilitase la repatriación de todos los ciudadanos somalíes acogidos en Dadaab, citando la inquietud de las autoridades kenianas respecto a la seguridad nacional.

Tras el ataque perpetrado en la Universidad de Garissa en abril de 2015, en el que al-Shabab asesinó brutalmente a 148 estudiantes, el Gobierno resolvió endurecer las medidas. El Vicepresidente de Kenia, William Ruto, comparó la atrocidad con el 11-S, anunciando que todos los refugiados que aún quedaban en Dadaab deberían haber sido repatriados antes de septiembre de ese mismo año.

Aunque hace tiempo que expiró el plazo, y desde entonces el Gobierno keniano admitió que sería extremadamente difícil evacuar los campos para noviembre de 2016, como se prometería más tarde, el espectro del cierre aún se cierne sobre los cerca de 260.000 refugiados somalíes que siguen viviendo en sus cinco campos.

Abdirehman, de 28 años y estudiante de tercer año de informática en la Universidad Metodista de Kenia en Nairobi, llegó al campo con cinco años en 1991 –el año en que fuera establecido como solución temporal para acoger a 90.000 personas que huían de la guerra civil en Somalia–. Completó su escolarización en Dadaab para después pasar el examen de acceso a la universidad.

“Tengo familiares refugiados que se han establecido en el extranjero y son quienes pagan mis estudios universitarios”, comentó Abdi a Equal Times. “Mi ambición es conseguir un trabajo con una ONG en Somalia al finalizar mis estudios, para poder ayudar a mis paisanos de vuelta en mi país, porque el campo va a cerrar y el Gobierno keniano no tiene intención de concedernos permisos para poder trabajar aquí”.

Sahro es una joven de 26 años que estudia comercio en la Universidad Kenyatta en Nairobi. Su intención también es regresar a Somalia después de graduarse, teniendo en cuenta que, como indicó Mwenda Njoka, portavoz del Ministerio del Interior, “La política de Kenya respecto a los refugiados es acogerlos temporalmente y que después puedan volver a su país”.

En la práctica, ello implica que la mayoría de los refugiados únicamente pueden permanecer en el campo de refugiados, a menos que necesiten tratamiento hospitalario o para poder realizar estudios superiores. Por el momento, resulta prácticamente imposible para un refugiado obtener un permiso para trabajar en Kenya legalmente.

“Ahora que el Gobierno está insistiendo en cerrar Dadaab no nos queda otra opción que volver a Somalia”, afirma Sahro.

“La vida en Somalia es muy dura con la situación de inseguridad. Dadaab es un lugar pacífico, un hogar mejor para los refugiados que tener que volver a Somalia”. Pero al igual que Abdirehman, una vez obtenga su diploma, Sahro confía en formar parte de la generación que ayude a aportar paz y estabilidad a su país de origen.

Repatriaciones paralizadas

Según Duke Mwancha, portavoz de ACNUR Kenia, unos 25.500 refugiados han sido repatriados voluntariamente siendo reubicados en las 12 regiones de Somalia desde junio de 2016, donde el Gobierno somalí, ACNUR y otras ONG han venido brindándoles asistencia.

Aquellos que se ofrecen voluntarios para regresar a Somalia reciben transporte en autobús de regreso a un lugar previamente acordado, junto con una subvención de 400 USD. “ACNUR les proporciona además raciones de alimentos para tres meses y asistencia para que los niños puedan acudir a la escuela durante al menos seis meses”, indica Mwancha.

“El objetivo es conseguir repatriar a 150.000 refugiados para finales de año”, comenta Mwancha a Equal Times. El proceso de repatriación voluntaria, indica, debería concluir para 2018. Aquellos que no quieran volver, según ACNUR, serán reubicados en un tercer país, mientras que otros refugiados no somalíes serán acogidos en el campo de refugiados de Kakuma, en el norte del país.

Además, se estima que hay unos 40.000 ciudadanos kenianos de origen somalí viviendo en Dadaab (principalmente porque allí reciben raciones de comida gratis, según un informe del Consejo Danés para los Refugiados).

Según Mwancha se hará todo lo posible para integrar a esas personas en la comunidad local. Pero algunas ONG afirman que las repatriaciones constituyen una violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

Refugiados en Dadaab indicaron a investigadores de Human Rights Watch (HRW) que no habían recibido información alguna sobre la posibilidad de permanecer legalmente en Kenya. Algunos declararon haber sido intimidados y que les dijeron que perderían su derecho a recibir una indemnización en efectivo de la ONU si terminaban siendo deportados en lugar de acogerse a la repatriación voluntaria.

“Las autoridades kenianas no están dando a los refugiados somalíes una opción real entre quedarse o irse, y la agencia de la ONU para los refugiados no ofrece a las personas información exacta respecto a las condiciones de seguridad en Somalia”, indicó el director sobre derechos de los refugiados de HRW, Bill Frelick, en un comunicado de prensa. “De ningún modo pueden considerarse voluntarias estas repatriaciones” que van contra la legalidad internacional.

Pero el portavoz del Gobierno, Njoka, rechaza esas acusaciones, declarando a Equal Times que el informe de HRW carece de pruebas concretas para apoyar sus afirmaciones.

“Según el informe, apenas 100 de los cerca de 250.000 refugiados en Dadaab fueron entrevistados. Es una cifra demasiado baja para llegar a conclusiones definitivas”, apunta.

“Ni un solo refugiado ha sido coaccionado a volver a su país, como indica ese informe”.

Voces de Dadaab

Junto con otros jóvenes de Dadaab, Abdirehman y Sahro forman parte de un grupo denominado Dadaab Voices (voces de Dadaab), que intenta conectar a los residentes en el campamento con el mundo exterior.

“La iniciativa se inició a principios de este año. Nuestro principal objetivo es contar historias sobre Dadaab, principalmente a través de Facebook y Twitter”, comenta Abdirehman. “No se tiene noticia de gran parte de lo que está pasando de momento en Dadaab porque ni ACNUR ni otras ONG quieren que se sepa”.

Afirma que los problemas van de los malos tratos infligidos a los refugiados por parte de personal de ONG a la inseguridad general ocasionada por la considerable reducción de servicios e instalaciones en los campos de refugiados (como el agua corriente) conforme el Gobierno se prepara para cerrarlos.

Pero de manera prioritaria, Dadaab Voices intenta combatir la desinformación que circula entre los residentes en el campo respecto al proceso de repatriación.

“Por ejemplo, no todos en el campo tenían conocimiento del ejercicio de verificación de la población [N. del E.: censo donde se estableció que había 278.000 refugiados en Dadaab, de los que el 95 por ciento eran somalíes que serían reubicados en Somalia] realizado por ACNUR. A quienes no participaron en la verificación se les retiraron las tarjetas de racionamiento, con lo que ahora lo tienen muy difícil para subsistir”.

Sahro comentó que otro problema es que cuando los residentes de Dadaab deciden volver a Somalia, el ACNUR no les pregunta por qué.

Antiguos residentes indican haber recibido muy poca información sobre lo que podrían esperar de regreso a Somalia y, para Sahro, esto se debe a que el objetivo principal es aumentar el número de personas repatriadas, aunque en algunos casos la vida les resulta tan dura en Somalia que prefieren volver a Dadaab.

Pero Abdi dice que aunque la mayoría de los refugiados tienen miedo de regresar a Somalia, también tienen miedo de ser arrestados y deportados si permanecen en Kenya. Así que aceptan de mala gana ser repatriados porque consideran que no tienen otra opción.