En una causa judicial sin precedentes descrita como “un duro golpe contra los derechos humanos en Reino Unido”, un grupo de activistas contra las deportaciones está esperando para saber si les condenarán a cadena perpetua en virtud de las leyes antiterroristas por haber emprendido una acción no violenta para evitar la salida de un vuelo de deportación fletado por el Ministerio del Interior británico.
El 28 de marzo de 2017, 15 activistas de tres organizaciones (el grupo LGBT Lesbian & Gays Support the Migrants, la ONG contra las deportaciones End Deportations y la ecologista Plane Stupid) atravesaron la verja de seguridad del aeropuerto londinense de Stansted y se encadenaron a un avión chárter que tenía previsto deportar a 60 personas vulnerables a Ghana, Nigeria y Sierra Leona.
En un principio les acusaron de allanamiento con agravantes, sancionado con una pena máxima de tres meses de prisión, pero cuatro meses más tarde el fiscal general del Estado, el diputado conservador Jeremy Wright, dio el visto bueno para que la Fiscalía de la Corona Británica procesara a los activistas basándose en la Ley de Seguridad Aeronáutica y Marítima de 1990.
Tras un juicio que duró nueve semanas, en diciembre de 2018 fueron acusados de haber puesto en peligro la seguridad de un aeropuerto, un delito grave relacionado con el terrorismo que se castiga con una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que la sentencia se dicte el 6 de febrero de 2019, un día después de que medio centenar personas sean deportadas a Jamaica en un avión chárter gubernamental.
Melanie Strickland es una de los llamados 15 de Stansted. Asegura que se vio motivada por el ‘entorno cada vez más hostil’ contra los migrantes y solicitantes de asilo en Reino Unido, que se intensificó a partir de 2012 después de que la entonces ministra del Interior, Theresa May (la actual primera ministra), manifestara que uno de sus objetivos consistía en dificultar la vida tanto a los llamados ‘inmigrantes ilegales’ que se vieran obligados a abandonar el país.
Su política, directamente vinculada a la ilógica obsesión del partido conservador gobernante por reducir la migración neta a Reino Unido a únicamente unas pocas decenas de miles de extranjeros, ha tenido un impacto demoledor en diversos grupos de migrantes, incluidas las comunidades de gran arraigo procedentes de naciones de la Commonwealth, en especial de las caribeñas. Su difícil situación salió a la luz gracias al llamado escándalo de la generación Windrush, que reveló el modo en que a numerosos ciudadanos mayores se les había negado el acceso a puestos de trabajo, pensiones, asistencia médica y vivienda, y en los peores casos se les había deportado debido a negligencias administrativas.
“Cuando hice el voluntariado en el centro de migrantes de mi zona pude ver cómo [los solicitantes de asilo] reciben un trato horrible. A las personas les deniegan las solicitudes, se enfrentan a una pobreza extrema porque no pueden trabajar y tienen que vivir con 36 libras (aproximadamente 47 dólares USD) a la semana. Mucha de esta gente ha tenido que huir de zonas en conflicto, guerras, violencia sexual y unas vidas realmente duras y traumatizadas. Acuden al Reino Unido buscando seguridad”, explica a Equal Times.
Strickland nos cuenta que ella y varios amigos decidieron iniciar una acción directa contra las deportaciones forzosas porque querían “emprender una acción que ayudara concretamente a aquellos que estaban siendo inmoral e ilegalmente deportados”.
La acción de los 15 de Stansted evitó que el Boeing 767 fletado por el gobierno despegara. Gracias a diversas solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información que envió al Ministerio del Interior, Strickland descubrió que: “El Ministerio del Interior intentó deportar a las 60 personas inmediatamente, pero solo pudo fletar un avión pequeño para algo más de la mitad de los migrantes. El resto fueron deportados en grupos de dos o tres personas hasta septiembre de 2017”.
De las 60 personas que iban en el avión el 28 de marzo de 2017, 11 siguen viviendo en Reino Unido; a dos les han otorgado el derecho a permanecer en el país y a un tercer individuo le concedieron un permiso de residencia por su relación con una ciudadana del Espacio Económico Europeo.
“En el avión iba una mujer lesbiana que temía que le devolvieran a Nigeria, uno de los países más represivos del mundo para las personas LGBT. La violencia comunitaria es común y suelen darse linchamientos. La policía no hace nada al respecto. Cualquier persona a la que se considere gay puede ser encarcelada por hasta 14 años”.
El 7 de enero de 2019, los 15 de Stansted presentaron un recurso contra su condena. Compuesto por 100 páginas, incluye cuestionamientos sobre la decisión de la Fiscalía de la Corona Británica de ampliar las acusaciones contra ellos. Asimismo, el recurso pone en entredicho la decisión del juez de ordenar al jurado que ignorara la alegación de los imputados, quienes aducían que estaban actuando como consecuencia de un estado de necesidad para proteger las vidas de los que iban a bordo del avión.
Raj Chada, un socio de Hodge, Jones & Allen (el despacho de abogados que representa a los 15 de Stansted) señaló a este medio que el hecho de que a tres de los deportados les permitieran más tarde residir en Reino Unido pone en entredicho toda la condena: “Parece algo extraño que una institución del Estado acepte que tres de los individuos nunca deberían haber sido embarcados forzosamente en el avión y que sigan en el país tan solo debido a la acción de mis clientes”.
Asimismo, tildó la acusación de terrorismo de los 15 de Stansted de “sorprendente”: “Llevo 20 años en este trabajo y nunca había llevado un caso en el que empezara el primer día con una acusación por la que mis clientes se enfrentaran a una condena máxima de tres meses de prisión y luego alguien, en alguna parte y por alguna razón revisara el caso y aunque no contara con ninguna prueba nueva decidiera que el delito era digno de cadena perpetua”.
‘El entorno hostil lo impregna todo’
Los 15 de Stansted han recibido un amplio apoyo y su juicio ha provocado varias manifestaciones de solidaridad, incluida una en la que cientos de personas protestaron en el exterior del edificio del Ministerio del Interior el día después de la condena.
Chada apunta que no sabe por qué el Estado decidió ampliar la acusación de terrorismo, pero añade: “Lo que saca a la luz es cómo el entorno hostil impregna todo lo que el gobierno está intentando hacer. ¿Por qué tienen a un abogado del gobierno allí todos los días para el juicio? ¿Por qué al Ministerio del Interior le preocupaba tanto que se investigaran sus prácticas? ¿Cómo puede ser que 11 personas sigan en el país, tres de ellas con el derecho a residir en Reino Unido, y que no se admitieran a trámite los recursos de apelación que deberían haberse tramitado? El fondo del asunto es que nuestros clientes tenían razón. Lo que esto evidencia son las deficiencias y la vergonzosa naturaleza del entorno hostil”.
Aunque la postura del Reino Unido con respecto a la migración y el asilo se endureció bajo el gobierno de coalición entre los conservadores y los liberal-demócratas (2010-2015) y bajo los posteriores gobiernos conservadores, los vuelos chárter para las deportaciones forzosas de hecho se iniciaron bajo el gobierno laborista de Tony Blair. Pinar Aksu, que en su infancia fue refugiada y luego se convirtió en defensora de los refugiados, lo ha vivido todo en primera persona:
“[En 2007,] estuve en Dungavel [centro de expulsión de inmigrantes] durante una semana y luego en Yarl’s Wood [otro centro de expulsión] durante dos meses cuando tenía 15 años”, explica Aksu. Le arrestaron en Reino Unido junto a sus familiares directos, incluidos su hermano de 10 años y su hermana de cuatro, después de haber conseguido escapar de la persecución en Turquía.
“En aquella época no había límite de tiempo [en cuanto al período durante el cual podían mantenerte detenido] y tampoco lo hay ahora. No puedes salir del edificio”, dice.
“Estás allí metida y te tratan como si fueras una criminal. Es una prisión, un modo de deshumanizar a la gente para que la única opción sea abandonar el país. Hace que la gente pierda la esperanza y es tan inhumano que algunos incluso llegan a suicidarse”.
Actualmente, el derecho a solicitar asilo está sufriendo numerosos ataques en todo el mundo y la migración cada vez se está criminalizando más en una época en la que el derecho de asilo es más necesario que nunca debido a los conflictos mundiales, la persecución generalizada, la creciente desigualdad y la devastación provocada por el cambio climático. La ONU prevé que al menos 250 millones de personas serán desplazadas en todo el mundo para el año 2050 debido tan solo al cambio climático.
Actualmente, Aksu lucha para acabar con la detención de migrantes y solicitantes de asilo. Según nos explica, el trato a los migrantes ha empeorado a lo largo de los años: “Ahora está sistematizado. Las acciones inhumanas se llevan a cabo en un proceso siguiendo un estilo empresarial, en el que numerosas personas son rechazadas, se deporta a la gente e incluso pueden llegar a convertirles en indigentes”.
Los puestos de trabajo se han automatizado a la vez que se han aplicado recortes de presupuesto impuestos por las medidas de austeridad, lo que tuvo como resultado una reducción del personal que trabajaba en el ámbito de la inmigración en el Ministerio del Interior. En agosto de 2018, David Wood, antiguo director general para la aplicación de las leyes de inmigración durante el período entre 2013 y 2015, explicó al periódico The Guardian: “Cuando la austeridad afectó al Ministerio del Interior, las reducciones de personal se consideraron necesarias en el servicio de migración para reducir costes. Por tanto, se aprobaron políticas que aumentaron la automatización, por lo que se requería menos personal. Puede que las cartas que se enviaron hayan tenido poca implicación humana”.
Sin embargo, a medida que el enfoque del gobierno británico en relación con la migración se ha vuelto más extremista, también ha crecido la resistencia ciudadana al ‘entorno hostil’ y el apoyo comunitario para acoger a los refugiados y migrantes. Dungavel en Escocia y Yarl’s Wood, cerca de Londres, se han convertido en el foco de las campañas y protestas para cerrar los centros de detención.
Existen numerosos centros de apoyo al migrante por todo el país, como el ubicado en Londres donde Strickland fue voluntaria. Asimismo, hay organizaciones dirigidas por migrantes que hacen campaña y ofrecen programas de apoyo.
“Están la Glasgow Campaign to Welcome Refugees, el Unity Centre [también en Glasgow, además de las organizaciones británicas] Right to Remain y Stand Up to Racism”, enumera Aksu cuando le preguntamos por algunas de las organizaciones activas en el ámbito de la solidaridad con los migrantes. “Existen muchos grupos y plataformas diferentes, pero necesitamos que todas las organizaciones y personas de diferentes contextos se unan”.
Mientras espera que el juez dicte su sentencia, Strickland advierte que un entorno hostil para los migrantes y solicitantes de asilo es en realidad un entorno hostil para todos: “Cualquiera que intente ofrecer ayuda humanitaria es criminalizado como terrorista”.
Y añade: “Cualquiera puede ver que el Estado se está comportando de un modo autoritario al acusarnos de haber cometido ese delito. Deben haberse sentido envalentonados por la derecha. Lo que emprendimos fue una acción pacífica para frenar al terrorismo de Estado. De hecho, el gobierno está proyectando sus acciones sobre nosotros”.
Para Strickland, resistir al entorno hostil en Reino Unido, que forma parte de una dura represión mundial contra los migrantes y solicitantes de asilo, es fundamental para resistir frente al auge del fascismo. “Uno no se levanta un día y se encuentra viviendo en la Alemania nazi. Es un proceso. Primero vienen a por los migrantes, porque son vulnerables y tienen menos voz. Luego vienen a por sectores más amplios de la sociedad, como los activistas, los disidentes políticos, las personas LGBT... Las autoridades amplían su campo de acción cada vez más a medida que van ganando confianza. Tenemos que luchar contra el fascismo en sus fases más tempranas. No podemos permitir que esto ocurra".
