Continúa la represión contra los sindicatos en Zimbabue: detienen a varios dirigentes del ZCTU

Continúa la represión contra los sindicatos en Zimbabue: detienen a varios dirigentes del ZCTU

Police brutality against trade unionists has been a constant for decades.

(AP/Tsvangirayi Mukwazhi, file )

El 16 de noviembre de 2018, siete miembros del Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU), incluidos su secretario general, Japhet Moyo, y su presidente, Peter Mutasa, comparecían ante los tribunales acusados de alteración del orden público, en virtud de la draconiana Ley de Derecho Penal (Codificación y Reforma) vigente en el país.

Más adelante, otros veintiséis sindicalistas comparecerán ante los jueces en la ciudad de Masvingo, en el sudeste del país, y en la ciudad de Mutare, en el este del país.

La comparecencia del viernes en Harare se produce tras la detención de los sindicalistas el 11 de octubre, por intentar manifestarse para protestar contra las medidas fiscales introducidas unilateralmente por el Gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa, en concreto contra el impuesto del 2% a todas las transferencias electrónicas por encima de los 10 dólares USD (unos 8,8 euros) y las nuevas y estrictas normas sobre las cuentas en moneda extranjera.

Dado que Zimbabwe adoptó como moneda oficial el dólar estadounidense (además de los bonos) luego de que la hiperinflación dejara sin valor al dólar zimbabuense, los sindicatos advierten de que ambas medidas subirán los impuestos a los ciudadanos, ya sobrecargados, y erosionarán los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, aquejados ya de problemas de liquidez.

Para justificar la prohibición de la manifestación del ZCTU, las autoridades utilizaron como excusa un reciente brote de cólera en Zimbabwe; sin embargo, sí autorizaron la celebración de otras reuniones, de carácter deportivo, además de los eventos del partido Zanu-PF.

Tras una breve audiencia, el magistrado de Harare, Nyasha Vitori, fijó el 11 de diciembre de 2018 como fecha para el juicio de los dirigentes del ZCTU, que se enfrentan a penas de diez años de cárcel obligatorios.

Su abogado, Alec Muchadehama, de Zimbabwe Lawyers for Human Rights, cuya solicitud de desestimación del caso fue denegada, dice que recurrirán la sentencia del magistrado ante el Tribunal Superior. Muchadehama argumenta que el Estado carece de pruebas suficientes, ya que sus únicos testigos son los policías que procedieron al arresto.

La detención de los dirigentes y activistas del ZCTU se produjo luego del incidente del 1 de agosto de 2018, pocos días después de las elecciones del 30 de julio. Ese día, el Ejército disparó munición real contra la sede del ZCTU, en el centro de Harare, rompiendo cristales e hiriendo a un miembro del personal. Siete personas murieron ese día cuando el Ejército sofocó las protestas de los partidarios de la oposición por el retraso en anunciar los resultados de las elecciones.

Una larga historia de represión

Los recientes ataques contra el movimiento sindical de Zimbabwe forman parte de una larga historia de represión sindical en este país. El lema del ZCTU es "Zvakawoma kudaro, ndoo kubasa kwedu", que puede traducirse como "por difícil que sea, este es nuestro trabajo", y le sobran razones para esgrimirlo.

Las relaciones entre el Zanu-PF, que lleva gobernando Zimbabue desde que el país se independizó del Gobierno de los colonos blancos, en 1980, y el ZCTU empezaron con buen pie cuando se formó esta organización laboral en 1981. Pero las tornas cambiaron a finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando el ZCTU se opuso rotundamente a la adopción del Programa de Ajuste Estructural Económico por parte del partido gobernante.

A lo largo de los años, el partido gobernante, el Zanu-PF, ha sofocado, por todos los medios, los sucesivos intentos de los sindicatos de defender a los trabajadores, desde despojar al Ministerio de Trabajo de recursos, hasta ordenar a los agentes de la seguridad del Estado que repriman violentamente la labor de los sindicalistas, a menudo haciendo uso de un exceso de fuerza y violencia mortal. El poder y la influencia de los sindicatos también se han visto profundamente afectados por las décadas de turbulencias económicas que provocaron la destrucción de decenas de miles de empleos. El ZCTU ha perdido casi tres cuartas partes de sus miembros desde la década de los noventa.

Si bien la Constitución de Zimbabwe garantiza los derechos de reunión, asociación, manifestación, de petición y de libertad de expresión, el Gobierno de Zimbabwe sigue ninguneádolos y atacando a los sindicalistas y otros activistas sociales.

La situación en Zimbabwe es tan grave que el 13 de septiembre se celebra el Día de la Brutalidad Policial, en memoria de un violento asalto policial a la cúpula del ZCTU, tras una manifestación para presentar una petición al Gobierno, el 13 de septiembre de 2007.

La policía cargó violentamente contra los manifestantes en Harare, arrestó a treinta y cuatro sindicalistas y dejó al entonces secretario general, Wellington Chibebe, con secuelas permanentes; al presidente, Lovemore Matombo, con heridas en la cabeza; y a la vicepresidenta, Lucia Matibenga, con un brazo roto. El responsable regional del ZCTU, Moses Ngondo, y el activista sindical, Tonderai Nyahunzvi, acabaron falleciendo como consecuencia de las lesiones que sufrieron ese día.

En 2009, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció una Comisión de Investigación sobre los derechos sindicales en Zimbabwe, luego de la presentación por parte del ZCTU de un informe condenatorio ante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se celebra anualmente. La Comisión formuló varias recomendaciones, como la necesidad de una reforma legislativa, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el diálogo social, además del cese inmediato de las detenciones, encarcelamientos, violencia, tortura, intimidación y acoso antisindical. Hasta la fecha, el Gobierno no ha aplicado ninguna de estas medidas.

Nueva regulación, los problemas de siempre

Zakeyo Mtimtema, asesor jurídico del ZCTU, explica a Equal Times que el acoso a sindicalistas en Zimbabwe continúa a pesar de la "nueva regulación" para defender los derechos humanos prometida por el presidente Emmerson Mnangagwa (que gobierna desde noviembre de 2017, luego del derrocamiento de Mugabe por un golpe de Estado).

"No hay diferencia en la situación de los derechos laborales durante la era de Mugabe con esta llamada ’nueva regulación’, en lo que se refiere a la protección de la libertad de asociación y expresión", dice Mtimtema. "Han utilizado la fuerza bruta contra el movimiento sindical [en ambas Administraciones], en particular contra el ZCTU".

Mnangagwa considera que la inversión extranjera es la clave para poner fin a los problemas económicos de Zimbabwe y reprime a cualquier persona o cosa que considere contraria a su objetivo.

Mtimtema continúa: "El nuevo Gobierno no respeta su propia Constitución, que garantiza los mencionados derechos. Tampoco respeta el derecho internacional. Lanzamos un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos sindicales internacionales para que llamen al orden al Gobierno de Zimbabwe. Todas las empresas deben respetar los derechos humanos y laborales", añade.

Hasta ahora, más de 15 sindicatos de todo el mundo han escrito al presidente Mnangagwa para expresar su preocupación por el nivel represión, incluidas la Confederación Sindical Internacional (CSI), CSI-África y las federaciones sindicales de Argentina, Túnez, los Países Bajos y Kenia, entre otras.

El presidente del ZCTU, Peter Mutasa, comenta a Equal Times que "la represión que ejerce el Gobierno para imponer sus políticas tóxicas a las masas afecta a los sindicatos, pero también a los ciudadanos”. Por ejemplo, inmediatamente después de las elecciones de julio, la policía antidisturbios expulsó violentamente a los vendedores ambulantes de las calles de Harare, una medida que muchos consideran una venganza por el apoyo de estos al partido de oposición de Nelson Chamisa, la MDC-Alliance.

"Ellos [las élites gobernantes] necesitan este poder político a toda costa, para asegurar sus intereses económicos. Hay, por lo tanto, una clara convergencia entre las élites gobernantes y los capitalistas, que pueden diferir en otros ámbitos, pero coinciden en las políticas neoliberales", afirma.

El pasado mes de octubre, sin consultar al Parlamento, el presidente Mnangagwa presentó el Programa Transitorio de Estabilización. Su introducción está prevista en diciembre de 2020 y marcará el inicio de la privatización de las empresas estatales y paraestatales, así como el cierre de varias de ellas, lo que, según los sindicatos, provocará nuevas pérdidas de puestos de trabajo.

Además, se ha acordado recientemente un plan para liquidar los 2.200 millones de dólares que Zimbabwe adeudaba a acreedores internacionales desde finales de los años noventa. A pesar de tener una deuda interna y externa de 17.000 millones de dólares y un déficit comercial de 1.800 millones de dólares, si se confirma, este acuerdo despejará el camino para que Zimbabwe pueda pedir prestado aún más dinero a las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mutasa afirma que el régimen de Mnangagwa está utilizando las condiciones económicas impuestas por el FMI y el Banco Mundial para justificar su flagrante desprecio por la Constitución, que garantiza la participación de la ciudadanía en los asuntos económicos del Estado.

"La represión continuará mientras continúe el anhelo de la élite gobernante de proteger sus intereses, y mientras el FMI y el Banco Mundial presionen para que se devuelvan los préstamos a toda costa. Por lo tanto, los trabajadores se enfrentan a una dictadura política y a un autoritarismo económico concebido localmente y en el extranjero".

Los sentimientos de Mutasa también los comparte el secretario general del ZCTU, Japhet Moyo, quien considera que el nuevo Gobierno está siguiendo al pie de la letra el infame manual de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher.

"Ella empleó tácticas antisindicales y derogó las leyes del Trabajo para debilitar a los sindicatos, con el fin último de promover su agenda privatizadora. Aquí, en Zimbabwe, la represión de los sindicatos está directamente ligada al objetivo general de liberalizar la economía y de satisfacer las condiciones del FMI y del Banco Mundial", concluye.