La violencia contra las mujeres recorre todo el planeta de forma transversal: en Rusia pueden recibir una paliza de sus parejas (con la venia de la ley, si esa paliza no deja marca) una vez al año; en conflictos bélicos sus cuerpos son usados como campos de batalla. Añadamos las violaciones en India o los recientes feminicidios en Argentina, y éstos son sólo algunos ejemplos.

En Europa, según un informe realizado en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE, una de cada tres mujeres con más de quince años ha sufrido violencia física y/o sexual, una de cada diez mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia sexual y una de cada veinte mujeres ha sido violada en la Unión Europea.

Para revertir esta situación y promover una sociedad más igualitaria, el Convenio de Estambul, elaborado en 2011 por el Consejo de Europa, reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos.

Es el primer tratado europeo que establece un amplio conjunto de obligaciones jurídicamente vinculantes para abordar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica: penaliza delitos como la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la esterilización forzada.

“Se ha convertido en un estándar mínimo, una base sólida para la legislación estatal y el desarrollo de buenas prácticas. Además, su importancia radica en su significado simbólico. Afirma claramente que la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave en la prevención de la violencia contra la mujer y reconoce que las mujeres y las niñas están expuestas a un mayor riesgo de violencia de género que los hombres”, explican a Equal Times la consultora Tjaša Hrovat y Katja Zabukovec Kerin, presidenta de la Asociación eslovena para la Comunicación No Violenta (Društvo za nenasilno komunikacijo).

Iliana Balabanova-Stoicheva, vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres, destaca por su parte que, “entre las medidas muy positivas y firmes contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, la Convención requiere que el gobierno asegure y proporcione regularmente formación a especialistas (policías, trabajadores sociales, psicólogos, jueces, abogados, etc.)”.

Estado de las firmas y ratificaciones

De los 47 países firmantes del Convenio, a día de hoy un total de 22 Estados miembros del Consejo de Europa lo han ratificado, entre éstos, 14 países son de la Unión Europea. Otros 14 Estados firmantes y miembros de la UE están dando pasos hacia la ratificación: es el caso de Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumania y Eslovaquia, además del Reino Unido, según datos del propio Consejo.

En su Resolución del 24 de noviembre de 2016, el Parlamento Europeo pidió a estos países que ratificasen el Convenio con rapidez.

“En la Unión Europea el 43% de las mujeres ha sido víctima de violencia psicológica por parte de sus parejas. Pero no creo que sea una cuestión de cifras y hechos, sino de cultura y educación. Niñas y niños deben aprender desde una edad muy temprana que la violencia es inaceptable. Necesitamos conseguir en pocos años que esta generación crezca con esta nueva cultura que considera la violencia contra las mujeres algo intolerable”, sentencia la eurodiputada griega de SYRIZA, Konstantina Kuneva, quien fue atacada con ácido el 23 de diciembre de 2008 en Atenas por su labor como sindicalista.

Por otro lado, existen negociaciones para conseguir que el Convenio de Estambul sea firmado y ratificado por la propia Unión Europea, junto con sus Estados miembros.

“Que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul es algo bueno pero no es suficiente. La Unión Europea necesita desarrollar su propio marco legal y poner más recursos y presupuesto en la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. Es un hecho tan fundamental para la igualdad y los derechos humanos que no hacerlo, de hecho, es fallar a la mitad de la población europea”, alerta Malin Björk, eurodiputada sueca del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

Los casos de Eslovenia, Ucrania y el compromiso global

Eslovenia ratificó el Convenio de Estambul en febrero de 2015, lo que ha generado nuevas medidas que el Estado debe implementar. “La Convención impone al Estado la responsabilidad de prevenir y detener la violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado. El Estado, de acuerdo con la Convención, debería adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para ejercer las debidas diligencias para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia. Además, la Convención establece que la prestación de servicios no debe depender de la voluntad de la víctima de presentar cargos o testificar contra cualquier maltratador”, explica la presidenta de la Asociación para la Comunicación No Violenta.

Algunas de esas obligaciones que están siendo desarrolladas son: el reconocimiento de los niños como víctimas de la violencia doméstica, incluidos los testigos de esa violencia en la familia, cuyos derechos y necesidades deben tenerse en cuenta; la creación de una línea telefónica de ayuda gratuita disponible 24 horas los 365 días al año, así como centros adecuados y de fácil acceso para las víctimas de violación o violencia sexual que puedan proporcionar un examen médico y forense, apoyo en el trauma y asesoramiento; la realización de programas de prevención y estudios para medir de forma constante la situación, así como la creación de un cuerpo oficial que implemente, monitorice y evalúe la aplicación de todas las medidas.

El Convenio de Estambul supone un gran impulso para compensar algunas imperfecciones del sistema legal nacional ucraniano a la hora de proteger a las mujeres de distintas formas de violencia. “De acuerdo con la actual legislación de Ucrania, es muy difícil desalojar al perpetrador de violencia contra la mujer de la vivienda [compartida], y en algunos casos es imposible”, señala Halyna Fedkovych, abogada en la ONG Centro de Perspectivas de la Mujer (Center Women’s Perspectives).

“Los niños testigos de violencia doméstica no son reconocidos por la ley [como tales], no son considerados víctimas de violencia y no tienen derecho a recibir [ayuda de los] servicios sociales y otros servicios como víctimas de violencia doméstica de acuerdo con la legislación vigente de Ucrania. La violencia contra la madre, cometida en presencia de niños, no se toma en consideración al considerar los casos de visitas y custodia. El Convenio de Estambul mejorará la situación con la protección de los niños-víctimas y testigos de la violencia doméstica”, destaca Fedkovych.

El parlamento ucraniano debía ratificar el convenio en noviembre de 2016. “Debido a los comentarios y discursos de algunos miembros del parlamento –afirmando que las disposiciones sobre ‘género’ no son apropiadas para Ucrania; que la Convención y las enmiendas propuestas violan los ‘valores tradicionales de la familia ucraniana’, etc.–, la ratificación fue bloqueada y pospuesta para nuevas enmiendas”, recuerda Fedkovych.

Los expertos alegan, además, que los derechos de la mujer, en tanto que derechos humanos, deben defenderse desde una perspectiva sin fronteras.

“Las víctimas de la violencia deben tener la misma protección y apoyo sin importar dónde han nacido o dónde viven. Por otra parte, los marcos internacionales son importantes porque las migraciones se han convertido en una parte común de nuestras vidas, la gente se mueve de Estado a Estado mucho más frecuentemente, no sólo como migrantes sino también como refugiados o, con más suerte, como turistas. Por lo tanto, es necesario que la legislación proteja a las víctimas en todo el mundo (por ejemplo, es crucial que el orden de protección sea válido en diferentes países, no sólo en el país de residencia)”, sentencia Zabukovec Kerin.