“¿Es normal que una administración estatal como el Ministerio de Sanidad no pueda llevar a cabo un número determinado de funciones [que se entienden como propias a aquella]?”. Esta es la pregunta fundamental formulada por un senador francés durante las audiencias sobre el papel de la consultora McKinsey en la campaña de vacunación contra el coronavirus, y concluye también nuestra investigación sobre el creciente sometimiento del Estado al sector privado.

Este nuevo informe de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y sus organizaciones afiliadas, realizado conjuntamente con la Universidad de Greenwich, examina el alcance y las consecuencias de la privatización en todas sus formas –asociaciones público-privadas, externalización, delegación– en las administraciones estatales de una docena de países europeos y la Comisión Europea. Destaca, por primera vez, la dimensión europea del creciente papel de las empresas de consultoría, que se han convertido en actores cada vez más influyentes en la administración pública.

La FSESP lleva mucho tiempo investigando la mercantilización de servicios públicos como la sanidad y los servicios sociales, la administración local y regional o los centros de detención de inmigrantes. Todo ello conlleva el deterioro del empleo, los salarios, el debilitamiento de la presencia sindical y del diálogo social y, en definitiva, del servicio a los ciudadanos financiado con sus impuestos. También desvía el interés general en beneficio de la codicia empresarial y son los trabajadores peor pagados y los ciudadanos más vulnerables los que sufren las consecuencias.

Una privatización diferente

Desde hace mucho tiempo, las administraciones estatales subcontratan las llamadas funciones “auxiliares” –limpieza, recepción, seguridad– a empresas que ofrecen salarios bajos, y luego recurren cada vez más a costosas consultorías para llevar a cabo las tareas fundamentales del Estado: elaboración de políticas públicas, redacción de iniciativas legislativas, contratos públicos, planes de reestructuración del sector público... proponiendo recortes de personal, de ahí la necesidad de recurrir a más consultores.

El uso de empresas de consultoría suele pasar desapercibido porque se considera una transferencia del sector público al privado que además genera puestos de trabajo.

Estas empresas: Accenture, McKinsey, PwC, EY y Deloitte, por nombrar las más conocidas, ofrecen mucho más que asesoramiento, convirtiéndose en ‘paragobiernos’ –con su propia agenda política–, lo que plantea dudas sobre la transparencia, la responsabilidad y el coste de los servicios públicos.

En 2019-20, la consultoría organizativa para el sector público crece hasta alcanzar el 14% de la facturación global de la consultoría organizativa en Europa. Estas cifras oscilan entre el 31% de Grecia, el 22% de Dinamarca y el Reino Unido, el 17% de España, y el 9% de Alemania y Francia.

Uso de consultores bajo coacción

El motivo de la subcontratación no es una elección, sino una obligación. En informes anteriores hemos denunciado la disminución del empleo, por ejemplo, en las administraciones tributarias o en las inspecciones de trabajo. Los límites de empleo impuestos a muchos ministerios y a las Direcciones Generales de la Comisión Europea han llevado a recurrir a la subcontratación y a las empresas de consultoría para hacer lo que las autoridades públicas ya no pueden hacer.

Está claro que la austeridad ha sido un caldo de cultivo ideal para esta “cultura de la privatización” que ha privado al sector público de competencias y conocimientos internos vitales, especialmente en el ámbito de la digitalización.

Estas “lagunas” han sido cubiertas por consultores a un coste mucho mayor, que luego aplican técnicas del “sector privado”, creando una mayor demanda de servicios de consultoría. Y este gasto no se refleja en los gastos de personal. Así, el uso de consultores es una forma de eludir cualquier norma potencial sobre congelación o recorte de personal.

Esta “cultura de la consultoría” también contribuye al fenómeno de la salida del personal del sector público hacia el sector privado, para luego regresar al sector público como consultores privados. A menudo se piensa que estos consultores aportan experiencia, pero lo que ocurre es que quitan experiencia al público y, paradójicamente, aumentan la burocracia.

Un futuro público no es una quimera

La parte final de nuestro informe, basada en entrevistas con nuestros afiliados, muestra que la reinternalización no es una quimera, sino parte de la respuesta para recuperar el control de nuestras administraciones.

Con una fuerte movilización sindical y con colectivos que defienden los servicios públicos y la transparencia de las instituciones, es posible reivindicar la acción pública, como demuestran los casos de los servicios de limpieza en los Países Bajos y de los estadísticos en Suecia, entre otros ejemplos. Esta debe ser una prioridad para todo el movimiento sindical.

También hay que luchar por una mayor inversión pública para reforzar la capacidad de los Estados de luchar contra la evasión fiscal de las grandes empresas, incluidas las de las consultoras antes mencionadas (más inspectores fiscales), las violaciones de los derechos de los trabajadores (más inspectores laborales) y para mejorar los servicios a los ciudadanos.

Por último, hay que limitar el uso de consultores, algunos dirían que prohibirlo. Ejemplos como el del fondo de inversión BlackRock, inculpado por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’reilly, por haber elaborado un informe sobre la supervisión bancaria para la Comisión Europea a un coste muy bajo para, presumiblemente, influir en la decisión política del ejecutivo europeo que afecta a más de 500 millones de personas, nos muestra que estas consultoras no actúan por el interés común, sino por sus intereses privados. En Austria, la administración federal ha decidido recurrir menos a los consultores, ya que una reforma a gran escala del sector público por parte de las consultoras ha desprestigiado al sector; en Francia, tras el escándalo de McKinsey de evasión fiscal, se habla de reducir su presencia y dejar de utilizarlos automáticamente.

Los datos demuestran que el sector público, siempre que cuente con los recursos adecuados y responda a las necesidades reales de nuestra cambiante sociedad, es capaz de prestar servicios eficaces y de calidad.

Unos servicios públicos controlados democráticamente por nuestros representantes elegidos, tribunales de cuentas, periodistas; que promuevan una auténtica negociación colectiva con los sindicatos y que antepongan las personas –no los beneficios– y los intereses de los ciudadanos, ese es el futuro público que deben construir los sindicatos.

No se puede permitir que los consultores del sector privado se hagan cargo del sector público. Esto equivale a entregar las llaves de las administraciones estatales a consultorías privadas. Esto tiene un efecto devastador sobre la confianza de los ciudadanos en la integridad de las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones de interés público, sobre todo porque las consultoras sirven a varios amos a cambio de una tarifa.

Las autoridades deben abandonar estas prácticas, pues de lo contrario podrían estar financiando su propia destrucción.