Anwar al-Bunni no oculta su alegría desde que la justicia alemana condenó, el 24 de febrero de 2021, a Eyad al-Gharib, antiguo agente de los servicios de inteligencia sirios, a cuatro años y medio de prisión, por “complicidad en crímenes contra la humanidad”. “Se trata de una sentencia histórica. Me alegro, no por la condena a este individuo, sino porque el juez indicó de forma muy clara que era un engranaje de una política de Estado que recurre a la tortura de manera generalizada y sistemática. El nombre de Bashar al-Assad se mencionó cinco veces en la sentencia”, señala este abogado sirio de 62 años. Él mismo testificó ante el Tribunal Superior de Coblenza (Renania-Palatinado).

Eyad-al-Gharib fue declarado culpable de participar en la detención, en otoño de 2011, de al menos 30 manifestantes en el suburbio de Douma, en Damasco, y de su traslado a la División 251, uno de los muchos centros de detención del régimen. Eyad al-Gharib es el primero de los dos acusados que comparecen en Coblenza. El segundo, el coronel Anwar Raslan, considerado un “pez gordo”, fue hasta el otoño de 2012 responsable de investigaciones de la División 251 y conocerá su sentencia a finales de año.

Eyad al-Gharib no es el primer miembro del régimen juzgado por crímenes cometidos en Siria. En septiembre de 2017, un soldado del régimen ya fue condenado en Suecia a ocho meses de prisión por “ofender a la dignidad humana” como crimen de guerra, por haber posado orgulloso en una foto en la que se le veía con el pie sobre una pila de cadáveres. No se mantuvo la calificación de crimen contra la humanidad. En su sentencia, la jueza se remontó incluso a los años setenta –cuando Hafez al-Assad, padre de Bashar, utilizó los servicios secretos como instrumento de poder– y afirmó que “Bashar al-Assad tomó el control de estas estructuras sobre todo a partir de 2011, para intimidar y aniquilar a la oposición”.

Tribunales nacionales en lugar de un tribunal internacional

Alemania y Suecia pudieron juzgar a estos acusados en virtud del principio de jurisdicción universal, que permite el enjuiciamiento de los delitos más graves con independencia de su nacionalidad o del lugar donde se hayan cometido. Este concepto jurídico ha recibido mucha cobertura mediática desde la espectacular detención en 1998, en Londres, del ex dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de tortura.

“Este mecanismo se ha utilizado ampliamente en España y Bélgica, pero tras numerosas presiones diplomáticas ha sido desacreditado, sobre todo porque se le acusaba de esgrimirse únicamente contra actores no occidentales. La jurisdicción universal lleva varios años resurgiendo, pero de forma más controlada que en sus inicios”, afirma Wolfgang Kaleck, secretario general de la ONG del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, en inglés).

La presencia de un número muy elevado de refugiados sirios en Alemania y Suecia (unos 800.000) también ha dado legitimidad para juzgar a los sospechosos. “La presencia de muchas víctimas sirias que pueden testificar y presentar denuncias en los tribunales europeos resulta un factor de peso, que ha permitido el desarrollo de la jurisdicción universal en relación con Siria”, afirma el abogado Al-Moutassim al-Kilani, que coordina un equipo de investigadores que trabaja sobre los crímenes sirios en el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM), con sede en París.

“El impulso en Europa de la jurisdicción universal para los crímenes cometidos en Siria realmente tomó vuelo en 2013-2014, cuando quedó claro que no se crearía un tribunal internacional”, argumenta Clémence Bectarte, abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

No se pudo recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), ya que Damasco no ha ratificado el Estatuto de Roma que creó la institución de La Haya. La única solución para recurrir a la CPI es que el Consejo de Seguridad de la ONU le remita el caso. En mayo de 2014, Francia presentó una resolución en ese sentido, pero Rusia y China la vetaron.

En los últimos cuatro años se han celebrado al menos dos docenas de juicios en varios países europeos contra personas acusadas de crímenes cometidos en Siria, y hay decenas de investigaciones en curso. “Hasta ahora se ha juzgado a más miembros de grupos de la oposición. No hay muchos oficiales de alto rango que se hayan refugiado en Europa. Las deserciones se produjeron durante los tres primeros años del conflicto, cuando el régimen tenía problemas, pero no desde que el Ejército sirio recuperó la ventaja militar en 2015”, explica Nerma Jelacic, directora de Relaciones Exteriores de la Comisión por la Justicia Internacional y la Rendición de Cuentas (CIJA, en inglés) una ONG dedicada a investigar los crímenes en Siria.

Un primer paso en el largo camino para llevar ante la justicia a los máximos responsables

Sin embargo, algunos sirios expresan su frustración por el resultado del juicio de Coblenza, ya que Eyad el-Gharib sólo era un responsable de bajo rango. “Desertó y fue condenado por el testimonio que él mismo ofreció en su demanda de asilo, sin saber que luego sería detenido. Su condena es un primer paso para acabar con la impunidad, pero no sustituye a un juicio contra Bashar al-Assad u otros altos cargos del régimen. A ellos es a quien hay que juzgar”, afirma Sedra Ali Alshehabi, una joven siria de 18 años cuyo padre fue detenido en diciembre de 2012 y desde entonces no ha dado señales de vida.

Para llegar a los máximos responsables de los crímenes cometidos en Siria, las ONG sirias, apoyadas por ONG europeas como el ECCHR, también están recopilando dosieres jurídicos contra ellos, incluso si no se encuentran en territorio europeo.

La interpretación amplia de la jurisdicción universal en Alemania y Suecia permite, en efecto, el enjuiciamiento de personas que no se encuentran en el país.

En los últimos cuatro años, casi un centenar de refugiados, apoyados por el CEDH, han presentado denuncias contra altos dignatarios sirios en Alemania, Austria, Noruega, y Francia. Una estrategia que puede llevar a emitir órdenes de detención seguidas de solicitudes de extradición, como ocurrió en 2019 cuando Alemania pidió a Líbano la extradición de Jamil Hassan, jefe de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Siria, entonces presente en el país de los cedros para recibir tratamiento.

En Francia, este tipo de denuncia no se presenta en nombre de la “jurisdicción universal”, sino de la jurisdicción extraterritorial. La doble nacionalidad de una de las víctimas autoriza en este caso al tribunal francés a iniciar el procedimiento. “Francia sólo permite el uso de la jurisdicción universal si la persona reclamada reside habitualmente en el país”, explica Clémence Bectarte. Sobre esta base, en noviembre de 2018 se emitieron varias órdenes de detención contra tres altos responsables sirios en el caso Dabbagh, en el que dos franco-sirios fueron detenidos en noviembre de 2013.

Recientemente, de nuevo esgrimiendo la jurisdicción extraterritorial, tres ONG presentaron una denuncia en París, el 1 de marzo de 2021, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Apoyándose en una veintena de testimonios, la denuncia se centra en dos series de ataques con armas químicas cometidos en los suburbios de Damasco en 2013. Esa misma denuncia fue presentada unos meses antes ante la Fiscalía Federal de Karlsruhe (Alemania).

Una colosal tarea de investigación para cientos de activistas

La mayoría de las veces, estas investigaciones resultan extremadamente complejas y requieren medios de los que no disponen los tribunales nacionales, incluso los que cuentan con unidades de investigación especializadas. Un número tan elevado de juicios sería imposible sin la considerable contribución de cientos de activistas y ONG sirias, que buscan pruebas, las cotejan y recopilan los dosieres jurídicos.

Anwar al-Bunni es uno de los más conocidos “cazadores de torturadores sirios”. “Hemos recogido los testimonios de doce víctimas de Anwar Raslan cuya declaración en el tribunal alemán, fue crucial en el juicio”, dice el abogado. “Desde la apertura del juicio de Coblenza, hace un año, las familias se han animado a testificar. Mi teléfono no deja de sonar”, exclama el abogado sirio, que estuvo encarcelado durante cinco años en Siria.

La CIJA desempeña un papel fundamental en la búsqueda y el análisis de pruebas. La misión de este organismo privado consiste en reconstruir la cadena de mando que condujo a los delitos, algo que en la mayoría de los casos resulta difícil de probar ante los tribunales. Se centra en las denuncias contra altos cargos. La ONG fue a recoger una serie de documentos en el verano de 2011 a zonas que habían sido liberadas del régimen sirio. Fue creada por el canadiense Bill Wiley, un antiguo investigador de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

“Durante los últimos veinte años, muchos tribunales internacionales no han podido condenar a los máximos responsables por falta de pruebas materiales que los vinculen directamente con sus subordinados que cometieron los abusos. Queríamos subsanar esa carencia”, explica Nerma Jelacic, de la CIJA.

La ONG ha recogido 1,3 millones de documentos en Siria, gracias a una red de 26 investigadores sobre el terreno. “En 2020, recibimos 37 solicitudes de los servicios policiales de 13 países europeos, y la demanda no deja de crecer”, explica Jelacic. La CIJA también desempeñó un papel importante en Coblenza. Pudo aportar dos documentos con la firma del coronel que demuestran que se encontraba a cargo de las investigaciones en la Subdivisión 251 y 285. “También presentamos al Tribunal un documento oficial de abril de 2011 en el que se pedía a las divisiones de seguridad que utilizaran la violencia contra los manifestantes”, continúa el abogado.

Finalmente, al margen de las jurisdicciones nacionales, y ante la imposibilidad de crear una jurisdicción internacional, la Asamblea General de la ONU encontró una solución alternativa: En diciembre de 2016 votó a favor de la creación de un “Mecanismo internacional, imparcial e independiente” (MII), encargado de facilitar las investigaciones sobre los delitos graves cometidos en Siria. El mecanismo puede recopilar pruebas, realizar análisis jurídicos, construir los casos y remitirlos a las jurisdicciones nacionales en virtud de la jurisdicción universal.

“Este mecanismo quiere ser el principal archivo de pruebas sobre los crímenes cometidos en Siria. Podría resultar muy útil si algún día se crea un tribunal ad hoc”, explica Joël Hubrecht, responsable del programa de justicia penal internacional y justicia de transición del instituto de estudios jurídicos, Institut des hautes études sur la justice (IHEJ).

“Dada la gran cantidad de documentación que existe sobre el conflicto sirio, el MII evitará la dispersión de las investigaciones sobre los mismos crímenes. Además, dispone de más medios que las ONG, ya que puede recurrir a análisis realizados a través de inteligencia artificial, que permiten cotejar la inmensa masa de documentos”, continúa Joël Hubrecht.

Diez años después de la revolución siria, mientras el régimen baasista intenta reescribir el relato sobre conflicto y hacerse pasar por víctima, la justicia está ahí para recordar que los crímenes cometidos en Siria no quedarán impunes.