Cuando el agua cotiza en bolsa: el otro frente de batalla en la defensa del derecho fundamental al agua

Cuando el agua cotiza en bolsa: el otro frente de batalla en la defensa del derecho fundamental al agua

According to the United Nations, water use has increased sixfold over the past century and is rising by about 1 per cent a year. For stock market traders in the United States, water futures offer an opportunity to lock-in water prices, but human rights campaigners say, “it is a serious mistake to consider water a commodity”.

(AFP/Paul J. Richards)

En las dos últimas semanas, la volatilidad en el mercado de valores ha vuelto a generar titulares alrededor del mundo con el caso de la frenética subida de las acciones del minorista de los videojuegos estadounidense GameStop. Un ‘ejército’ de usuarios del foro digital Reddit tomó una acción coordinada contra operaciones a corto de grandes fondos de inversión para revertir la caída bursátil de GameStop por la que apostaban los expertos, logrando disparar su valoración, haciendo temblar a Wall Street —que tuvo que paralizar su cotización temporalmente—, y provocando una audiencia en el Congreso estadounidense.

Todo ello da una idea de la realidad paralela en la que opera la bolsa, y, sin embargo, a finales del año pasado, el estado de California decidió que el agua se convirtiera en un bien negociable en la bolsa de valores. El comercio de futuros permite a los especuladores apostar por el precio futuro de un instrumento financiero o mercancía, como el petróleo o el oro, y desde diciembre de 2020, el Chicago Mercantile Exchange (CME) ha hecho posible comercializar contratos para el mercado del agua de California. Tras el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres relacionados con el cambio climático, California, que es el estado más rico de Estados Unidos, se ha visto obligado a buscar formas de bloquear los futuros precios del agua. Aun cuando el comercio del agua no es nuevo (en China, por ejemplo, el Gobierno incita a las ciudades a comercializar el agua, con un contrato donde se especifica la cantidad y la calidad), el CME ha hecho del agua un producto financiero, y hay países que se interesan muy de cerca a esta situación. En la medida en que los agricultores, los municipios y los fondos especulativos participan en el mercado en igualdad de condiciones, los observadores del mercado dicen a los inversores: “en cualquier caso, si las materias primas entran en juego en 2021, el agua debería figurar en su lista”.

La comunidad que defiende los derechos humanos no se muestra tan entusiasta.

“Me parece un grave error considerar el agua como una materia prima”, advierte el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo Agudo.

En una declaración hecha días después de la salida en bolsa, el ecologista, físico, profesor de economía y exdiputado español escribió que “un mercado de futuros como este también podría incitar a especuladores tales como los fondos de cobertura y bancos a apostar por los precios y repetir la burbuja especulativa del mercado alimentario en 2008”, cuando los precios mundiales del trigo, el arroz y otros cereales alcanzaron su máximo en 30 años, provocando protestas generalizadas.

Arrojo Agudo teme particularmente que las grandes empresas agrícolas e industriales engullan los limitados recursos hídricos del mundo a expensas de los pequeños agricultores. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más de 1.200 millones de personas viven en zonas agrícolas gravemente afectadas por las restricciones o la escasez de agua. La ONU promueve el establecimiento de derechos y cuotas de agua, y Arrojo Agudo comentó a Equal Times que un enfoque basado en el mercado no es adecuado para distribuir una de las necesidades humanas más fundamentales: “En español hay un dicho que reza: ‘No pueden pedirse peras al olmo’. En este caso, es incoherente pedir al mercado que gestione adecuadamente el agua en tanto que derecho humano”.

Cuando el agua es tratada como una mercancía, no hay nada que distinga su uso en una piscina de su uso para el saneamiento básico. No obstante, en el marco de derechos humanos, este último tiene prioridad. “La lógica impuesta por la financiarización de la vida, que a menudo se presenta como inevitable, corresponde no solamente a la idea de que todo puede comprarse y venderse, sino que todo tiene que ser comprado y vendido”, señala. En California, sabiendo que los recursos hídricos serán cada vez más escasos, pero que los municipios necesitarán desesperadamente suministrar agua a sus residentes, las corporaciones financieras podrían comprar grandes cantidades de agua e inflar los precios, como ha ocurrido en el caso del mercado de la vivienda.

Financiarización en el origen

En la década de los años 1980, varias estructuras de gobernanza y donantes de la ayuda mundiales se movilizaron activamente para conseguir que el sector financiero se ocupara de la gestión y propiedad de los servicios públicos. La distinción entre los productos financieros y materiales cada vez se hizo más difusa a medida que instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) promovían la idea de que los servicios básicos tales como la infraestructura hídrica podrían mejorarse y ser más eficientes con la participación de empresas transnacionales.

Uno de los ejemplos más significativos de privatización del agua tuvo lugar en Chile, donde el Código de Aguas del general Pinochet de 1981 “estableció un modelo para la gestión del agua que fortaleció los derechos privados de este recurso, adoptó un sistema de asignación basado en el mercado y redujo la supervisión estatal”, señala el doctorando de Planificación Urbana del MIT, Daniel Gallagher, en un artículo en The Guardian. Este modelo abrió la puerta a la privatización de los servicios de agua y saneamiento en otros lugares, en particular en todo el hemisferio sur, como parte de las reformas neoliberales impulsadas por el Banco Mundial y el FMI. Estas reformas promovieron proyectos de infraestructura como instrumentos ideales para inversores y fondos de pensiones. Es lo que los expertos denominan la financiarización de la naturaleza, es decir, el empleo de recursos naturales para la acumulación de capital.

La financiarización de la distribución de agua a menudo comienza con la privatización de la infraestructura. Varios países han experimentado diferentes modelos de propiedad, siendo los más comunes las asociaciones público-privadas, aunque algunos países (como Chile y el Reino Unido) han optado por la privatización del sistema completo.

De cualquier forma, el resultado suele redundar en grandes beneficios para los inversores y en un aumento de las tarifas del agua para los ciudadanos. Uno de los ejemplos más notorios tuvo lugar en 2003, en Dar as Salam, capital de Tanzania, donde los donantes de la ayuda ejercieron una enorme presión sobre el Gobierno para transferir la responsabilidad del sistema hídrico de la ciudad a City Water, una empresa conjunta entre sociedades británicas, alemanas y tanzanas, respaldada por un préstamo de 145 millones de dólares estadounidenses del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. No hubo consulta pública y los usuarios experimentaron aumentos del costo de agua, cortes frecuentes y ninguna mejora perceptible de los servicios del agua. El Gobierno rescindió el contrato a principios de mayo de 2005 y un tribunal internacional ordenó a City Water pagar millones de indemnización.

En Europa, la Directiva marco sobre el agua de 2000 establece que: "El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. Sin embargo, la Directiva no impide que los agentes comerciales tengan voz y voto en el suministro del agua. Esta ambigüedad política creó el espacio para que la Comisión Europea participara en las iniciativas de privatización en respuesta a la crisis financiera de 2008, una medida a la que opusieron resistencia organizaciones de base y de la sociedad civil, como la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water.

Poco a poco, empieza a observarse una reversión de la tendencia a la privatización. En un informe de 2014, el Instituto Transnacional (TNI) señaló que entre 2000 y 2014, 35 países de todo el mundo registraron 180 casos de municipios que retomaron el control público de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, entre los que se encontraban las ciudades de Berlín, Budapest y París. En la mayoría de los casos, los contratos con proveedores privados resultaron tan insostenibles, que los municipios los cancelaron pese a tener que pagar una indemnización.

En 2014, la sociedad civil de Grecia frustró con éxito la privatización del suministro de agua en Atenas y Salónica. El TNI señala que lo mismo sucedió en Francia, “el país con la más larga historia de privatización del agua y sede de las principales multinacionales del agua” como Veolia y Suez, ambas a la cabeza de la exportación del modelo de privatización en todo el mundo.

Cómo gestionar la escasez para el bien común

La falta de acceso al agua puede convertirse en un problema de seguridad nacional, afirma Tom Middendorp, presidente del International Military Council on Climate and Security en La Haya. “El agua está convirtiéndose en el ’oro azul’, y resulta preocupante desde un punto de vista de seguridad”, dijo a los asistentes del Foro Europeo Alpbach 2020, una plataforma interdisciplinar para la ciencia, la política, los negocios y la cultura, al tiempo que hizo hincapié en que, cualquiera que sea la disposición sobre el terreno, la prevención de la escasez es responsabilidad de los gobiernos. Sin embargo, la desestabilización de la infraestructura de acuerdo con los sistemas financieros afecta por igual a los países ricos y pobres. “Todos los usuarios del agua deben sentarse a la mesa”, señaló al mismo auditorio la activista de derechos humanos que vive en Nigeria, Chitra Nagarajan. “Algunas personas siempre han experimentado la inseguridad hídrica, [pero] este problema no es inevitable”.

Cuando el agua se comercializa como un producto, se suma la preocupación de que los especuladores que han apostado por la escasez tendrán especial interés en limitar el acceso al agua para mantener los precios altos. “El agua es un mercado muy rentable, porque la gente la paga cada mes”, señala Pablo Sánchez Centellas, de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU). El sindicalista español, que coordinó la iniciativa Right2Water, afirma: “Es por este motivo que cuando [las empresas] tratan de comercializar un bien como el agua, se produce un rechazo. Estas empresas quieren ganar dinero, pero cuando hay un problema, un problema real, simplemente se retiran y dejan que sean las autoridades públicas las que lo resuelvan. No puede participarse solo cuando hay manera de ganar dinero”.

En la Unión Europea, la iniciativa Right2Water consiguió que el Parlamento Europeo adoptara una resolución en 2015 en la que se critica la supuesta neutralidad de la Comisión [Europea] en relación con la propiedad y gestión del agua, la cual está en contradicción con los programas de privatización impuestos a algunos Estados miembros” y pide a la Comisión que “revise la gobernanza de la política hídrica y la restablezca sobre la base de una participación activa”.

Cuando se le pregunta si las multinacionales europeas del agua, que cada vez son más cuestionadas y rechazadas en Europa acuden a los Estados Unidos y otros mercados potencialmente financiarizados, Sánchez Centellas señala que esto ya está sucediendo. La multinacional francesa de aguas y residuos Veolia, por ejemplo, fue llamada por la ciudad estadounidense de Flint, Michigan, para asesorarla sobre el uso de un río local lleno de toxinas industriales como fuente de agua potable. Modificar el suministro de agua de Flint provocó uno de los peores desastres de salud pública en la historia moderna de Estados Unidos, y desde entonces, Veolia lleva años enfrascada en una batalla legal con el estado de Michigan por esta cuestión.

Aun cuando el abastecimiento del agua es un monopolio natural y existen fuertes presiones para mantenerlo bajo control democrático, su extracción y suministro se presta a la especulación. Con control democrático o no, la extracción excesiva puede agravar la escasez de agua en los ecosistemas interconectados. Ante el número cada vez mayor de comunidades que experimentan la precariedad del agua en Estados Unidos, la activista indígena pro derechos del agua y jurista Kelsey Leonard plantea una solución que podría funcionar a escala mundial: conceder personalidad jurídica al agua. En una discusión de 2020 en NPR, indicó que la personalidad jurídica daría visibilidad al agua en un tribunal de justicia. “Si puedes dar personalidad jurídica a una empresa, ¿por qué no a los Grandes Lagos? ¿Por qué no el río Mississippi? ¿Por qué no a las muchas vías fluviales de nuestro planeta de las que todos dependemos para sobrevivir?”.

La participación de la autora en el Foro Europeo Alpbach 2020 fue patrocinada por la Fundación Thomson Reuters.