The Ukhahlamba-Drakensberg mountain range in South Africa, listed as a World Heritage Site by UNESCO, is an example of the imposition of a western concept, focused on the preservation of nature to the detriment of the interests of the indigenous populations.
En 1972, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establecería la célebre lista del patrimonio mundial, donde figuran todos aquellos sitios naturales que se considera tienen un valor universal excepcional.
Más de 1.000 sitios han sido clasificados para formar parte de la prestigiosa lista en la actualidad. El Estado parte donde hay mayor número de sitios es Italia con 53, Francia se sitúa en cuarto lugar con 43; mientras que algunos países del sur, como Rwanda o Liberia, no tienen ninguno.
El Fondo del patrimonio mundial, que gestiona estos sitios, dispone de un presupuesto de 2,6 millones de USD al año, monto sumamente modesto teniendo en cuenta que el presupuesto anual global de la UNESCO asciende a 333 millones de USD, pero el peso simbólico de la lista del patrimonio mundial es considerable.
La clasificación puede suscitar importantes tensiones geopolíticas y económicas. A la imagen de la seria sub-representación de África en la lista sobre el patrimonio mundial, con menos del 10% de los sitios, esta clasificación refleja también los desequilibrios entre norte y sur.
De hecho, tal como confiesa Mechtild Rössler, directora del Centro del patrimonio mundial de la UNESCO, “los países en desarrollo carecen a menudo de instituciones eficaces para apoyar este proceso. Ayudamos a los países africanos gracias al Fondo del patrimonio mundial, al Fondo del patrimonio mundial africano, así como a través de un programa específico”.
La Sra. D., antigua funcionaria de la UNESCO que prefiera guardar el anonimato y que trabajó para el Centro del patrimonio mundial entre 2001 y 2012, añade: “El coste de la realización de un dossier de candidatura para que un sitio sea clasificado en la lista es muy elevado; se requieren expertos para reunir un dossier y los países africanos no los tienen. Además, un sitio clasificado ha de gestionarse en función de un plan de gestión definido, y los costos de preservación le incumben al Gobierno. Pero muchos países pobres no disponen de la experiencia necesaria para elaborar un plan de gestión ni de los fondos para financiar la preservación de un sitio”.
Precisa, además que “en ocasiones, la población de un país puede oponerse a la inscripción de un sitio en la lista, dado que su prioridad es contar con hospitales, escuelas, infraestructuras”.
La UNESCO, en muchos casos, ayuda a preservar las culturas en África, contribuyendo a salvar su patrimonio. Así, tal como explica Rössler, “desde enero de 2013, la UNESCO y el Gobierno de Malí están involucrados en un amplio plan de rehabilitación del patrimonio cultural de Malí, que incluye por ejemplo la reconstrucción de mausoleos, la salvaguardia de manuscritos antiguos, y la restauración de monumentos dañados”.
No obstante, según la Sra. D., “los Estados instrumentalizan siempre la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Hay en juego cuestiones de prestigio nacional e internacional, desafíos políticos, económicos e incluso geo-políticos”.
En su estudio sobre el bosque sagrado de Osun Osogbo (Nigeria, inscrito en la lista del patrimonio mundial desde 2005), Saskia Cousin y Jean-Luc Martineau muestran la importancia de las acciones de presión, así como los retos políticos y económicos.
En este caso preciso, el objetivo político era dotar a la nueva capital del Estado de Osun de raíces históricas, de las que carecía, frente a la ciudad rival de Ife-Ife, más anclada en la historia.
Con su lista del patrimonio mundial, la UNESCO se convierte por tanto en una herramienta de legitimación, que instrumentaliza la cultura con fines políticos o económicos.
“Prolongación post-colonial de la dominación blanca hacia los africanos”
La clasificación de sitios en la lista del patrimonio mundial puede además tener consecuencias negativas para la población local. Por ejemplo, en Etiopía, la clasificación desde 1978, a petición del emperador Hailé Sélassié, del parque nacional de Simien, ha supuesto la preservación de este paisaje en detrimento de la población que vivía allí, a la que se ha prohibido practicar sus actividades tradicionales.
En los años 1980, la UNESCO llegó a preconizar el desplazamiento de la población para preservar el ecosistema. En realidad, la UNESCO estaba siendo instrumentalizada, tal como demuestra el historiador Guillaume Blanc, puesto que en el período de la dictadura de Mengistu, Simien se había convertido en tierra de refugio para los opositores al régimen.
La expulsión de la población de este macizo montañoso le venía por tanto muy bien al poder establecido. De manera general, el parque se convertiría en un ejemplo de lo que el historiador Martin Melosi denominó en 1995 el “eco-racismo”, que se manifiesta como una “prolongación post-colonial de la dominación blanca hacia los africanos”.
Otro ejemplo, en Sudáfrica, ilustra el hecho de que la inclusión en el patrimonio mundial se realiza a vece en detrimento de los habitantes y de su cultura. Es el caso de la inscripción en el patrimonio mundial del macizo de uKhahlamba-Drakensberg. Este macizo montañoso figura inscrito en la lista como bien “natural” y “cultural” desde 2000, a causa de la belleza del paisaje y del patrimonio de arte rupestre presente en estos montes.
La candidatura del sitio y el proceso de clasificación se desarrollaron paralelamente a la abolición del Apartheid en 1994. El nuevo Gobierno post-apartheid pretendía recurrir al turismo para revalorizar la población negra y luchar contra la desigualdad social.
Pero el proceso de valoración del patrimonio fue esencialmente un proceso de “arriba hacia abajo”; es decir que fue impuesto desde las altas instancias, sin asociar a la población misma.
El patrimonio de arte rupestre de la población aborigen sigue estando muy poco considerado por los turistas. De hecho, la apertura del sitio al turismo ha tenido como consecuencia su cierre a la población local, impidiéndole así poder seguir practicando una ceremonia tradicional.
La “unesquización” del sitio se tradujo en la imposición de una concepción occidental, centrada en la preservación, en detrimento de la concepción de la población autóctona.
Un último ejemplo, en 1994, sería el lanzamiento por la UNESCO de “la Ruta del Esclavo”. El circuito se inicia en Benín, en la localidad costera de Ouidah, uno de los puertos negreros más importantes de África. La UNESCO estableció un recorrido que pasaba por una serie de lugares clave de la memoria de la esclavitud, como el árbol del olvido y la plaza donde se vendían los esclavos en subastas.
Sin embargo, según el historiador Robin Law, en realidad todos estos sitios distinguidos por la UNESCO no se corresponden con la realidad histórica: por ejemplo, nunca hubo una “plaza de subastas”.
La Sra. D. añade que, del mismo modo, la isla de Gorea, en Senegal, erigida como lugar de la memoria en el programa de la Ruta del Esclavo de la UNESCO, “en realidad no fue un centro de comercio importante, de donde partiría la mayoría de los esclavos del continente. Se ha fabricado como lugar de memoria histórica”.
De hecho, para los Estados supone un importante reto contar con un sitio clasificado en la lista de la UNESCO. Las repercusiones económicas pueden ser enormes. De ahí la avidez exacerbada y la rivalidad geopolítica entre Estados para obtener la clasificación de un sitio, o para beneficiarse de los beneficios derivados de la misma.
El reducido presupuesto de la UNESCO no le permite corregir las desigualdades entre Estados en cuanto al patrimonio. La financiación de la organización resulta insuficiente: EE.UU. adeuda nada menos que 543 millones de dólares de contribuciones pendientes a la UNESCO, al no haber efectuado pago alguno desde 2011 (en represalia por la adhesión de Palestina a la organización).
En un momento en que el turismo se ha convertido en un fenómeno de masas a escala mundial (en 2015 implicó a más de mil millones de personas, generando 1,5 billones de dólares en beneficios), la noción aparentemente apolítica y consensuada de “patrimonio mundial” se enfrenta a desafíos políticos, económicos y geopolíticos de importancia capital para la imagen y el lugar que ocupen los Estados en la escena internacional.
