Cuando Volkswagen entregaba a sus trabajadores a la junta militar brasileña

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Hace poco más de un año, en septiembre de 2015, el Foro de los Trabajadores por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparación, integrado por movimientos sindicales, defensores de derechos humanos y abogados, presentó una denuncia ante el fiscal federal en contra de la empresa Volkswagen.

Sobre la base de los documentos descubiertos en los archivos públicos del estado de Sao Paulo, el fabricante de automóviles es acusado por esta organización de colaborar con la policía militar en la época de la dictadura brasileña (1964-1985), facilitando la detención de, como mínimo, doce trabajadores en su planta de Sao Bernardo do Campo.

Estos trabajadores fueron detenidos arbitrariamente y torturados por la policía del régimen. La dirección de Volkswagen de entonces también ha sido acusada de participar en la elaboración de “listas negras” espiando las actividades de sus propios empleados, para luego proporcionar dicha información a la policía secreta.

Esta es la primera vez que una empresa es denunciada formalmente por su colaboración con el régimen dictatorial, y que, por añadidura, la denuncia la hace una organización de la sociedad civil.

En los últimos meses, una comisión de investigación de la fiscalía federal, conjuntamente con la de Sao Paulo y el Ministerio del Trabajo, estudió el expediente compilado por el Foro, que contiene 70 páginas de pruebas y argumentaciones legales y testimonios recibidos de antiguos trabajadores afectados, pero también de los acusados, entre ellos, el coronel Adhemar Rudge.

Este antiguo militar de reserva fue jefe del departamento de seguridad industrial en la planta de Volkswagen en Sao Bernardo de 1967 a 1991, mucho después de terminada la dictadura. Sustituyó en este puesto a Franz Paul Stangl, excomandante de los campos de exterminio nazis de Sobibor y de Treblinka, extraditado y condenado en Alemania. El 23 de de junio de 2016, el testimonio de Rudge, ahora jubilado de 90 años, fue escuchado por los jueces de instrucción e imputó toda responsabilidad a su jerarquía de entonces.

 

Ampliar el trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad

Este proceso de búsqueda de la verdad sobre la dictadura se inició formalmente en 2012. La antigua presidenta Dilma Rousseff (quien también fue encarcelada y torturada en esa época) pidió el establecimiento de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), para investigar el destino de aquellos que opusieron resistencia al régimen militar. Tras dos años de investigación, la Comisión emitió su informe final.

Entre las personas y las entidades responsables de los crímenes, el documento dedica un capítulo a las empresas que han sido halladas culpables, directa o indirectamente, de “graves violaciones de los derechos humanos”, tales como el encarcelamiento sin ningún fundamento jurídico, las violencias sexuales, la tortura, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzosas.

Es así como en los escritos de Rosa Cardoso, abogada y miembro de la CNV, puede leerse: “durante este período, las empresas y el estado dictatorial se aliaron, dentro y fuera de las fábricas, para evitar la organización y la lucha de los trabajadores por la conquista y defensa de sus derechos”. El informe rememora así la inclusión de numerosos antiguos militares en los organigramas de las empresas, como fue el caso del fabricante alemán, pero también en Ford o Mercedes.

Entre las víctimas que han testificado ante la comisión de investigación, que continúa el trabajo iniciado por la CNV, se encuentra el antiguo troquelista Lucio Antonio Bellentani, hoy de 72 años. Afiliado en secreto al partido comunista en la época en la que trabajaba en Volkswagen, fue detenido en su lugar de trabajo en 1972 por hombres del Departamento del orden político y social (Dops), un órgano de la dictadura a cargo de la represión de los movimientos sociales.

“Me apuntaron con una ametralladora en la espalda y me esposaron delante de mis compañeros”, declaró durante la audiencia. Tras ser golpeado en las instalaciones de la planta, fue retenido en los locales del Dops durante cuarenta y seis días, lapso durante el cual no se informó a su familia de su paradero.

Cuenta que “la tortura se practicaba casi todos los días”. Durante su audiencia ulterior, el Coronel Adhemar Rudge negó que hubiesen existido las detenciones en las instalaciones de la fábrica de las que podría haber sido cómplice.

João Batista da Rocha Lemos, otro antiguo trabajador de la planta, también fue escuchado por la comisión. Lemos, que a fecha de hoy sigue siendo miembro del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), señala que fue espiado por el departamento de seguridad a raíz de las huelgas en las que participó de 1977 a 1979. Su nombre y dirección figuraron en esa época en una lista de “personas sospechosas” enviada por Volkswagen al Dops. Afirma haber sido despedido y haber experimentado enormes dificultades para encontrar trabajo durante años.

Para el coordinador del Foro de los Trabajadores, Sebastião Neto, entrevistado por Equal Times, el objetivo de este procedimiento ante el fiscal es obtener la apertura de procesos judiciales de derecho civil para que la empresa reconozca su participación y pague reparaciones colectivas. Sin embargo, cualquier condena penal se ve dificultada por la ley de amnistía, aprobada a finales de la dictadura y que protege hasta la fecha a los miembros y colaboradores del régimen.

Las reparaciones exigidas por los miembros de la organización deberán utilizarse para financiar programas educativos y de memoria. “Es necesario que el sector privado sea denunciado por su colaboración con el golpe de Estado y el régimen militar. Volkswagen es la primera empresa objeto de este proceso de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Deseamos extender nuestras acciones a otras empresas en todo Brasil”.

El fiscal Pedro Antonio Machado, a cargo del caso, ya cuenta con una gran cantidad de documentos condenatorios. Sin embargo, el pasado mes de julio, solicitó información a la sede de Volkswagen en Alemania para tratar de establecer la lista de los superiores de Adhemar Rudge y determinar el grado de participación de la sociedad matriz.

“Los directivos de Volkswagen sabían muy bien que en esa época Brasil vivía bajo las leyes de un ‘estado de excepción’, en el que se limitaban las libertades individuales y de los sindicatos”, afirma Sebastião Neto. La investigación también debe determinar los “beneficios obtenidos por Volkswagen por su complicidad con el régimen”.

A finales de 2015, el representante alemán de Volkswagen, Manfred Grieger, del departamento de Historia del grupo, viajó especialmente a Brasil para discutir este tema con el fiscal Machado. Aun cuando la empresa se cuida de hablar poco sobre el tema, parece dispuesta a disculparse.

“Volkswagen lamenta que haya habido personas que sufrieran durante la dictadura militar, posiblemente a causa de la participación de responsables de Volkswagen Brasil”, señaló entonces.

La fiscalía debe concluir sus investigaciones y proseguir, o no, un proceso judicial “para finales de 2016 y principios de 2017”, afirma Neto.

 

This story has been translated from French.