¿Cuántas muertes más? Empresas y defensores de derechos humanos: algunas reflexiones desde América Latina

La semana pasada se conmemoró el aniversario del trágico asesinato de la defensora de derechos indígenas Berta Cáceres. La galardonada y reconocida lideresa, de origen hondureño, trabajaba a favor de los derechos del pueblo lenca, pueblo que se opone al proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (financiado por FMO y Finnfund), por el impacto negativo que tendría sobre su forma de vida, así como por la ausencia de derecho a la consulta.

En una entrevista reciente, Laura Zúñiga, hija de Cáceres, subrayó que los financiadores de este tipo de proyectos deberían actuar de forma ética, “no financiando a empresas que tienen antecedentes de violaciones a los derechos humanos… escuchando a las poblaciones siempre; entendiendo los contextos y conociendo a los Estados en los cuales están invirtiendo…”.

“Tal vez”, como reflexiona Laura, “[estas] acciones contundentes… puedan salvar alguna vida.”

Y es que el asesinato de Berta Cáceres no es un caso único ni aislado, sino sintomático de cómo las comunidades que defienden su derecho a la tierra y al medio ambiente sano se enfrentan a agresiones.

Nuestra nueva base de datos documenta más de 400 casos (en los dos últimos años) de ataques contra personas defensoras que trabajan a favor de la rendición de cuentas corporativa a nivel mundial. Más del 52% del total de los ataques ocurren en América Latina: Guatemala (10%), Colombia (10%), México (9%), Brasil (9%), Perú (8%) y Honduras (6%).

Precisamente bajo este contexto de urgencia, dado el alarmante número de ataques en contra de defensores/as que se enfrentan a proyectos como la extracción de hidrocarburos, la minería, la agroindustria, las represas y los parques eólicos, es que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU plantean que financiadoras y empresas den pasos firmes hacia el reconocimiento del importante papel que tienen las personas defensoras de los derechos humanos; condenen las agresiones y actúen.

Pero aún faltan varios esfuerzos para logar lo anterior. En 2016, el CIEDH publicó un informe basado en 156 invitaciones a empresas a responder sobre supuestos ataques en contra de defensores/as en América Latina. Las respuestas de las empresas varían. En ocasiones niegan cualquier involucramiento, en otras condenan los hechos. No obstante, por lo general, no mencionan qué acciones tomarán para no ser partícipes del conflicto, para prevenir o para que esto no se repita.

Por ello, deberíamos reflexionar sobre cómo podrían actuar las empresas. Algunas ideas para incentivar la discusión son:

-  Que las empresas y financiadores realicen estudios de impacto sobre los derechos humanos y debida diligencia, y estén dispuestas a suspender o incluso cancelar proyectos cuando haya una fuerte oposición a los mismos y ataques a defensores/as.

-  Que las empresas no olviden el contexto. La mayoría de los ataques ocurren en un contexto de alta conflictividad social por la injusta distribución del ingreso y la competencia por el uso o conservación de los recursos.

-  Finalmente, que las empresas y financiadores también sean proactivos y desarrollen una política de compromiso con el respeto y apoyo a la sociedad civil, a las libertades ciudadanas y a las/los defensoras/es de derechos humanos.

Tal vez así, con acciones, logremos que disminuyan los ataques y evitemos que se repita ad infinitum el caso de Berta Cáceres.

This article has been translated from Spanish.