Cumbre de la ONU en Quito pone en el punto de mira la lucha por la tierra en Ecuador

Cumbre de la ONU en Quito pone en el punto de mira la lucha por la tierra en Ecuador

Seventy-three-year-old Luis Ninahualpa is one of the Bolaños residents fighting against plans by the Municipality of Quito to build two new bridges on their ancestral land.

(Bryan Miranda)

Todos los jueves por la tarde, los empleados que tienen que pasar por uno de los últimos barrios tradicionales de Quito para volver a sus hogares se enfrentan a un trayecto incómodo. Toparán con un mensaje ignorado por la mayoría de los periódicos locales: “Nuestra tierra no está en venta”, corea un puñado de hombres y mujeres de cierta edad plantados con pancartas a lo largo de la principal autopista que conecta Quito con sus suburbios de los valles.

Aquí los residentes del histórico barrio de Bolaños han venido manteniendo protestas semanales a lo largo del último año, en un intento desesperado por frenar un proyecto de construcción multimillonario que amenaza con destruir su forma de vida.

“Este es un barrio ancestral que heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros indígenas que lucharon por esta tierra”, afirma Lydia Achig, que forma parte de una de las tres familias fundadoras que se trasladaron a Bolaños hace más de un siglo. “Continuaremos con la lucha porque aquí vivimos bien. Cultivamos nuestro maíz, fréjol, arvejas. Aquí somos libres. ¿Dónde más podemos ir?”.

La denominada solución Vial Guayasamín, que propone la construcción de dos puentes, de 120 y 500 metros, atravesando el barrio Bolaños, ha provocado una intensa batalla entre el municiop de Quito y las 86 familias del barrio, que afirman que nunca fueron informadas ni consultadas respecto a los planes.

“Lo supimos cuando ya había maquinaria en la carretera. Entonces fue cuando empezamos a protestar”, declara a Equal Times Verónica Ninahualpa, una de las principales voceras del barrio.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha negado hasta la fecha esas alegaciones, afirmando que se han mantenido “diálogos abiertos y democráticos”. La reubicación del barrio sería no obstante inevitable, según Rodas, porque está asentado en una “zona de riesgo”.

“Veamos [la obra] como una oportunidad de reubicar en una zona segura”, manifestó el alcalde en junio, tras meses de protestas.

Pero para los residentes de Bolaños, que perdieron ya parte de sus tierras como consecuencia de anteriores proyectos de desarrollo urbano, suena a lo mismo de siempre. Afirman que en 50 años no ha habido ningún desprendimiento de tierras ni se ha cuarteado ninguna vivienda debido a desastres naturales; ni siquiera cuando Ecuador registró el terremoto más mortífero registrado en más de 20 años el pasado mes de abril.

Al no contar con ningún argumento legal en el que apoyarse, los moradores del barrio piensan que el Cabildo intenta comprarles para evitar tener que recurrir a los tribunales, lo que retrasaría los planes de construcción e inflaría los costos. Pero la oferta de 3 USD por metro cuadrado es muy inferior al precio real del mercado (que se estima en 1.000 USD por metro cuadrado) según estudios de agrimensores.

“Nos están matando, moral y físicamente”, afirma el padre de Verónica, que ha vivido en Bolaños toda su vida, hace ahora 73 años. Al igual que sus vecinos, Luis Ninahualpa comenta que sufre enormes presiones de las autoridades municipales, cuyos sobornos han provocado brechas en la comunidad.

“Nos preguntan: ‘¿Cuánto cree que valen sus tierras? ¿Cuánto quiere por ellas?’ No comprenden que aquí no hay nada en venta. Nuestro barrio no tiene precio”, comenta.

 

¿Modernización para todos?

Aquellos que están a favor del plan vial aducen que la reubicación de Bolaños es necesaria para el bien común de la ciudad. Los dos nuevos puentes, según ellos, eliminarían los atascos diarios en el túnel principal que conecta el centro financiero de Quito con las áreas cada vez más pudientes de Cumbaya y Tumbaco, al este de la ciudad.

Cada día, cerca de 34.000 automóviles cruzan el Túnel Guayasamín, previsto para que circulasen 24.000 vehículos en el momento de su construcción hace 11 años.

Sin embargo, aunque la Solución Vial Guayasamín, valorada en 131 millones de USD, aliviaría la congestión, sus beneficios sólo serán temporales. Según datos de la corporación China Road and Bridges Corp., empresa encargada del proyecto, el tráfico volvería a saturarse en 2021, apenas dos años después de la fecha estimada de terminación del proyecto.

Teniendo en cuenta que los planes iniciales de construcción no incluyeron accesos al transporte público, los activistas se cuestionan si más carreteras realmente mejorarían la vida de todos los quiteños, y no solo de unos cuantos.

Francisco Salazar, ingeniero y urbanista, considera que la nueva obra solo piensa en “la creciente clase media, que cuenta con recursos para vivir en las afueras y comprar autos”.

Quién más se beneficiaría de facilitar la movilidad entre la ciudad y el campo, no obstante, sería la élite dirigente del Ecuador, declara Salazar ante Equal Times. Miembros de esta pequeña pero poderosa minoría –que suelen ser de origen europeo o criollo, más que indígenas o afroamericanos– han adquirido grandes extensiones de tierra desde que asumieron el poder de mano de los colonizadores españoles a principios del Siglo XIX.

“Conforme la ciudad se extiende hacia los valles, el valor de sus tierras se incrementa cien veces más”, explica Salazar. “Ya que las autoridades municipales no se atreven a limitar la expansión de la ciudad, estas nuevas autopistas no sólo permitirán a los oligarcas jugar con el precio de sus tierras, sino también urbanizar áreas rurales”. Esa tendencia no sólo aumentará los desplazamientos y hará que la vivienda resulte inasequible, en detrimento de las comunidades agrarias y con bajos ingresos, sino que además destruirá la diversidad y el paisaje natural únicos de los valles.

Salazar pertenece a un grupo de ecologistas, urbanistas y residentes de otros barrios afectados que se unieron a las protestas del barrio Bolaños para llamar la atención sobre los enormes problemas de desarrollo urbano que tiene Quito. Juntos, conformaron el grupo de acción Error Vial Guayasamín, que ha venido presionando a las autoridades municipales para crear más áreas verdes y para que las nuevas carreteras sean accesibles al transporte público. Aunque estas son algunas de las victorias concretas del grupo, ahora se ha dado un giro radical sobre la manera de organizar la ciudad que anhela el grupo.

“Esta es una batalla por el derecho a usar la ciudad, que viene con la demanda de una ciudad para uso de los peatones, con espacios públicos y zonas peatonales”, afirma Salazar. En una ciudad conde el transporte público ocupa apenas el 2% del espacio pero está movilizando al 80% de las personas que viven dentro y en los alrededores de Quito, un cambio hacia lo que Salazar denomina una economía a “basada en la calle” que podría alterar de manera fundamental el uso y la organización de la ciudad.

Esta economía basada en la calle, confía Salazar, podría terminar con una ciudad de “guetos ricos y pobres” trasladando parte del comercio de los gigantescos centros comerciales para devolverlo a pequeños establecimientos locales. Tal cambio implicaría la redistribución del capital del centro de la ciudad a los barrios periféricos de Quito, desembocando en menos desplazamientos para trasladarse al trabajo, menos tráfico y, lo que es más importante, un reparto más equitativo de la riqueza de la ciudad.

 

“Revolución urbana”

El intenso debate en torno a cómo organizar la ciudad –y para quién– tiene lugar cuando Quito se prepara para acoger la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III) del 17 al 20 de octubre.

Ecuador fue elegido como país anfitrión en parte en reconocimiento a la gobernanza ‘alternativa’ del presidente Rafael Correa, el único jefe de Estado del mundo que ha lanzado un llamamiento para una “revolución urbana”. Ecuador contempla ya el “derecho a la ciudad” en su reforma constitucional de 2008.

“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural”, reza el Artículo 31 de la Constitución.

Pero para los residentes de Bolaños, que viven a apenas 30 minutos del lugar donde jefes de Estado de todo el mundo, funcionarios, representantes de la sociedad civil, académicos y otras partes interesadas establecerán una agenda global sobre desarrollo urbano para las dos próximas décadas, esa meta constitucional suena a hueco.

Mientras que Salazar piensa que el hecho de que el Municipio no haya respetado las promesas constitucionales se debe a los poderes ilimitados de la oligarquía y la falta de voluntad política para hacerle frente, para los residentes de Bolaños representa el choque de dos visiones del mundo.

“Creo que no saben apreciar las cosas simples de la vida”, comenta Verónica Ninahualpa en declaraciones a Equal Times. “La forma de vida no depende de una casa bonita, sino de la manera como uno vive. Los que nunca hemos tenido dinero, sabemos que la felicidad está en las cosas simples”

Aquí, en Bolaños, en el extremo de los tentáculos de la ciudad, en continuo crecimiento “vivimos bien, comemos fruta fresca, producimos nuestros alimentos, respiramos aire fresco, se escucha el canto de los pájaros”, indica.

“Es por eso que nuestra lucha es una lucha por el buen vivir para todos. Para que esta vez sean los seres humanos –no para el capital– quienes triunfen”.