Dada la grave inseguridad que vive Haití, el cotidiano de la población se vuelve cada día más peligroso

Dada la grave inseguridad que vive Haití, el cotidiano de la población se vuelve cada día más peligroso

Un grupo de estudiantes camina por Puerto Príncipe, capital de Haití, el 25 de enero de 2021 en protesta por el secuestro, en la mañana, de un estudiante de un colegio de primaria. El fenómeno del secuestro preocupa profundamente a todas las esferas sociales. La mayoría de los ciudadanos temen desplazarse por las calles.

(AFP/Valerie Baeriswyl)

Mes a mes, la gangrena de la inseguridad se extiende por Haití. Los asesinatos y los secuestros para obtener un rescate, perpetrados por bandas que gozan prácticamente de impunidad, se han multiplicado. El antiguo presidente de Haití, Jovenel Moïse, a quien se acusaba de no actuar frente a esta crisis y del cual desconfiaba vehementemente una buena parte de la población civil, fue víctima de la inestabilidad general del país. La noche del 7 de julio de 2021 fue asesinado por un comando aún desconocido.

En mayo de 2021, el Gobierno anunció una tregua, pero esta nunca tuvo lugar. Los secuestros de ciudadanos haitianos y extranjeros para obtener un rescate no han cesado en ningún momento e incluso se reanudaron en medio del caos provocado por el terremoto del 14 de agosto. Un mes después, más de 650.000 personas, según datos de la ONU, continúan necesitando ayuda humanitaria de urgencia.

En Thomassin, un barrio situado en la ladera de la montaña al sur de Pétion-Ville, una residente aceptó contar su historia a Equal Times en una entrevista que tuvo lugar a finales de junio. Esta mujer, que lleva un vestido blanco tradicional y proviene de una gran familia haitiana, pide permanecer en el anonimato. Esforzándose por contener las lágrimas, cuenta las atrocidades vividas a manos de los secuestradores por uno de sus hijos. Este regresaba de una fiesta en casa de un amigo una noche de junio, cuando los secuestradores bloquearon su vehículo. “Le obligaron a subirse a su coche, donde le pusieron un pasamontañas”, explica la madre del joven de 27 años, que abandonó el país tras su liberación. Los secuestradores reclamaron 1 millón de dólares estadounidenses como rescate. Después de negociar la familia entregó 800.000 dólares.

El fenómeno del secuestro preocupa profundamente a todas las esferas sociales. La mayoría de los ciudadanos temen desplazarse por las calles. Comerciantes, profesionales de todos los ámbitos, escolares y estudiantes parecen constituir blancos para los secuestradores, que demandan grandes sumas a sus familiares para su liberación.

Los rescates exigidos van desde 100.000 a 1 millón de dólares, por lo que las víctimas de estos delitos se hunden en la pobreza.

El fenómeno pasó desapercibido en las noticias internacionales hasta el 11 de abril, cuando siete religiosos católicos, dos de ellos franceses, fueron secuestrados cerca de Puerto Príncipe. La operación parece haber sido obra de los hombres de la banda 400 Mawozo. Cerca de una veintena de días más tarde, la orden de sacerdotes de Saint-Jacques, a la cual pertenecen, anunció su liberación sin precisar si se pagó un rescate.

La banda 400 Mawozo está liderada por Joseph Wimútllson, conocido como Lanmò Sanjou (“la muerte sin día”), un hombre sumamente violento al que se busca desde hace meses. Lejos de tratar de ser discreto, aparece frecuentemente en las redes sociales donde da múltiples detalles sobre los secuestros, la violencia y los delitos que ha cometido con sus hombres.

Deficiencias del Estado

En su último informe, el Centro de análisis e investigación sobre los derechos humanos (CARDH) revela que se registraron más de 150 asesinatos y cerca de 200 secuestros en el país en un mes, el de junio en concreto. Según Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red nacional de defensa de los derechos humanos (RNDDH), con sede en Puerto Príncipe, la inseguridad es fruto de la complicidad de los dirigentes: “Este poder banaliza la vida; se apoya en las bandas como única fuerza, pensando que gracias a estas puede renovarse”.

Según Marie Yolène Gilles, responsable de la Fondasyon Je Klere (FJKL), un organismo local de defensa de los derechos humanos, las bandas que llevan a cabo los secuestros están interrelacionadas. “Algunas bandas secuestran, ya sea por encargo de un tercero o para obtener información. Todos los sectores son abandonados a su suerte”.

La policía nacional de Haití (PNH), a la que se contactó al respecto a través de la dirección central de la policía judicial, responde que no puede hacer nada y que las familias deben negociar ellas mismas con los secuestradores. No obstante, la PNH recibía ayuda de la policía colombiana para reforzar su división contra los secuestros. El antiguo secretario de Estado de la Seguridad Pública, Réginald Delva, piensa que la policía también debe revisar sus métodos de intervención: “Los secuestradores actúan más rápidamente que la policía, que no puede responder en 10 minutos”.

Ante la corrupción y la decadencia del poder, las bandas luchan entre ellas y contra la policía. Poseen verdaderos arsenales, pistolas y armas automáticas.

Las primeras víctimas de estas guerras son los habitantes de los barrios desfavorecidos, que caen como consecuencia de las balas perdidas y fuegos cruzados. En junio, bandas armadas se enfrentaron en el barrio de Martissant, en el suroeste de la capital, lo que obligó a centenas de residentes a huir. En los últimos días, el jefe de una banda de Martissant ha anunciado una tregua. El objetivo es permitir que la ayuda humanitaria llegue a las personas afectadas por el último terremoto.

Martissant, donde las autoridades públicas están poco presentes, a pesar de estar situado a unos cientos de metros del palacio presidencial, está actualmente controlado en su mayor parte por bandas armadas. “He visto a personas de mi barrio morir disparadas. Los asaltantes incendiaron mi casa. Tuve que huir con mis hijos. Los hombres armados abren fuego sobre los infrecuentes vehículos privados, como los que transportan a pasajeros que se aventuran en la zona”, explica una antigua residente de Martissant 7 (cerca de la subcomisaría de Martissant).

Como consecuencia de esta guerra en Martissant, más de 1.000 personas se alojan en el gimnasio del centro deportivo de Carrefour desde principios de junio de 2021, entre ellas 446 niños y 582 mujeres y niñas, que viven en condiciones muy precarias. Las casas de la mayoría de ellas han sido incendiadas o dañadas.

Hacinados en el centro deportivo, estos refugiados internos reciben la ayuda conjunta de los responsables del ayuntamiento de Carrefour, UNICEF, la organización ADRA y la Dirección nacional de agua potable y saneamiento (DINEPA), que les proporcionan comida caliente, ropa y productos de higiene. La promiscuidad entre los desplazados constituye otro motivo de preocupación. El riesgo de delitos sexuales es muy elevado. Algunas madres de familia confiaron a Equal Times que temían que sus adolescentes fueran víctimas de agresiones. Otros desafíos son la falta de distanciamiento físico y de mascarillas y lugares donde lavarse las manos.

El representante interino del municipio no oculta su angustia. Según Jude Édouard Pierre, la situación está a punto de sobrepasar a las autoridades municipales. Precisa que tienen más de mil bocas que alimentar al menos dos veces al día, una cifra que no es insignificante. Este representante interino, visiblemente afectado, se preocupa por el peligro que corre la población ante la covid-19, ya que las vacunas tardan en llegar al país. “Esto puede crear más pánico en la sociedad; no hay hospital para tratar a los pacientes en Carrefour”, se queja el edil, antes de hacer un llamamiento a la ayuda humanitaria.

“Me gustaría volver a casa y regresar a la escuela”, declara una niña de 10 años refugiada en el centro deportivo. “Vivía en Martissant 19. Nuestra familia de cinco personas tuvo que huir del barrio. Aquí otras personas nos dijeron que nuestra casa se había incendiado. También me enteré de que mi escuela ha sido dañada o incendiada, no estoy segura”.

La sociedad civil también corre peligro

La inseguridad también preocupa a los defensores de los derechos humanos por la amenaza que representa para la democracia. Después de que el periodista y fotógrafo haitiano Dieu-Nalio Chéry, que trabajaba para Associated Press (AP), tuviese que abandonar Haití con su familia tras recibir amenazas de muerte, le llegó el turno al periodista Eloge Milfort de la radio Télé Métropole, redactor en Vant Bèf Info (VBI) y miembro de la Asociación haitiana de periodistas de investigación (AHJI, por sus siglas en francés). Milfort tuvo que huir del país el 2 de septiembre de 2021. El periodista recibió llamadas anónimas en las que le amenazaban con secuestrarlo o incluso matarlo.

Otros no tuvieron tiempo de huir. Es el caso del periodista de la radio Vision 2000 y miembro de la AHJI, Diego Charles, ejecutado delante de su casa la noche del 29 al 30 de junio de 2021 en compañía de la militante política y defensora de derechos humanos Marie Antoinette Duclair. Ambos habían recibido amenazas de muerte antes de su asesinato, ahora, según Amnistía Internacional, son sus allegados quienes reciben las amenazas.

Vista la situación humanitaria que vive el país, las autoridades haitianas pidieron esta semana a Estados Unidos que suspendiese las expulsiones de migrantes (que han llegado hasta la frontera entre México y EEUU), ya que Haití no puede ayudar a aquellos nacionales que dejaron atrás el país en busca de una vida mejor y que se encuentran, con la expulsión, en la casilla de salida.

Este artículo ha sido traducido del francés por Raquel Mora