Entre el 3 y el 5 de octubre de 2022, los ministros de Medio Ambiente se reunieron en Kinshasa (República Democrática del Congo) para preparar la COP27 que se celebrará en noviembre de este año en Sharm El-Sheikh (Egipto). La conferencia fue organizada por el Gobierno congoleño y la Presidencia egipcia de la COP27. Reunirse en Kinshasa, a orillas del río Congo, es muy diferente a encontrarse en Bonn, con vistas al Rin, o en Nueva York, junto al Hudson. Que todos estos ministros hicieran el esfuerzo de trasladarse a una de las ciudades más complicadas del mundo lanza una señal positiva. La RDC alberga, además, una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta, de importancia crucial para la protección de nuestro sistema climático.

Varios delegados de alto nivel, entre ellos John Kerry, el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el Clima, insistieron en que los países deben ser “justos y veraces” entre sí. La ministra Barbara Creecy, de Sudáfrica, expresó su voluntad de “hablar con franqueza”. Todo el mundo reconoce que no se ha avanzado lo suficiente; ni en términos de reducción de emisiones, ni en la aplicación de planes de adaptación, ni en la provisión de financiación para el clima, ni en el mecanismo para las pérdidas y daños. Los responsables de ello se encontraban en la pre-COP de Kinshasa y estarán en la COP27 de Sharm El-Sheikh. Lo único que falta es que cumplan lo que (con franqueza) dicen.

El principal resultado de la conferencia de Kinshasa fue el amplio apoyo que muchos países han dado a la inclusión de un punto oficial en el orden del día de la COP27 sobre “pérdidas y daños”.

A cualquier persona ajena a las negociaciones le parecerá increíble que aún no esté incluida en la agenda esta cuestión. Las reparaciones y ayudas adecuadas por los catastróficos daños provocados por las inundaciones, las sequías y las tormentas en lugares como Pakistán y Nigeria sigue siendo un tema controvertido en las negociaciones sobre el clima. Los países responsables de la crisis climática han evitado hasta ahora cualquier negociación seria al respecto y, sobre todo, cualquier compromiso de financiación en concepto de reparación de pérdidas y daños.
Decidir un mecanismo de financiación para afrontar el inmenso impacto humano y económico de la crisis climática en el ‘Sur Global’ es uno de los objetivos fundamentales de la COP27. En la reunión de Kinshasa previa a la COP los países lograron algunos avances sobre las formas de conseguirlo.

La violación de los derechos sindicales en Egipto y el llamamiento mundial a favor de una transición justa

El movimiento sindical mundial acude a la COP27 de Egipto profundamente alarmado por las graves violaciones sistémicas de los derechos humanos y sindicales. El Índice Global de los Derechos 2022 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) califica a Egipto como uno de los diez peores países del mundo para la gente trabajadora. En Egipto, los trabajadores y sus representantes viven bajo una constante intimidación y represión por realizar actividades sindicales. Los trabajadores se ven privados de sus derechos y libertades básicas en el trabajo. La discriminación hacia los sindicatos está muy extendida y es frecuente el despido de líderes sindicales y de trabajadores por sus actividades sindicales. La CSI hace un llamamiento al Gobierno egipcio para que cumpla sin demora las obligaciones que le imponen las normas internacionales de los derechos humanos y del trabajo y para que libere inmediatamente a todas las personas detenidas por ejercer sus libertades civiles, incluidos los periodistas y todos los sindicalistas.

Asimismo, los gobiernos y las organizaciones reconocen cada vez más la necesidad de una transición justa. Con la creciente atención que está recibiendo, están surgiendo múltiples interpretaciones sobre lo que significa una transición justa, muchas de las cuales eliminan la prioridad que los trabajadores y sus sindicatos deben tener en todo proceso de transición justa. Las garantías de la comunidad en general y los problemas de desarrollo son esenciales para la justicia climática, pero debe seguir siendo prioritario poner el foco en la mano de obra. El Acuerdo de París deja claro en su preámbulo la necesidad de tener “en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional...”.

Cada país, cada empresa, cada lugar de trabajo, cada industria necesita contar con un plan para reducir sus emisiones de carbono que contenga un plan de empleo en apoyo al trabajo decente y el respeto de los derechos laborales.

Los compromisos climáticos nacionales (CDN) presentados por muchos países carecen de medidas o de políticas de transición justa. Aquellos países que no han renovado sus compromisos nacionales CDN o que lo han hecho sin convocar procesos efectivos de diálogo social con la participación de los sindicatos y movimientos sociales deben consultar a los sindicatos sobre la aprobación e implementación de las medidas y planes.

La necesidad urgente de sistemas de protección social y financiación climática

Los sindicatos apoyan las exigencias de los países en desarrollo de poner un mayor énfasis en la adaptación. Además de las medidas de protección social para la mitigación del cambio climático, la adaptación y las pérdidas y daños, urge la necesidad de aumentar la protección social en la adaptación. Más de 4.000 millones de personas en el mundo carecen de todo tipo de protección social. Los más vulnerables del ‘Norte’ y del ‘Sur Global’ necesitan asistencia sanitaria, subsidios de desempleo, entre otras prestaciones de protección social, para hacer frente a las repercusiones de la crisis climática que ponen en peligro sus medios de vida. Las Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo a la cabeza, han creado un “Acelerador Mundial” para ayudar a procurar la financiación que permita crear 400 millones de puestos de trabajo y ampliar la protección social a 4.000 millones de personas que actualmente carecen de cobertura. La protección social universal constituye un elemento crucial e integral de una transición justa.

Las negociaciones de la COP27 deben avanzar en la financiación del clima. En concreto, se debería indicar claramente cómo se alcanzará el objetivo de 100.000 millones de dólares al año para 2020, incluido el desembolso del dinero prometido en años anteriores y que aún no se abonó. Los gobiernos también deben avanzar en un nuevo objetivo para la futura financiación del clima. Todos los estudios coinciden en que el ‘Sur Global’ va a necesitar más de 100.000 millones de dólares al año.

Ante la ausencia del flujo de fondos públicos, los países y las empresas están recurriendo a fuentes de financiación del sector privado. Aunque la financiación del sector privado es necesaria, esta tendencia suscita preocupación por las condiciones que imponen a los proyectos financiados. Los fondos para combatir el cambio climático consisten cada vez más en préstamos en lugar de subvenciones —algo que está contribuyendo a aumentar los costes de la financiación y a la utilización de métodos ineficaces, inseguros y cortoplacistas— que está contribuyendo a la crisis de endeudamiento de los países en desarrollo vulnerables.

El movimiento sindical pide a los gobiernos que avancen de buena fe en el nuevo objetivo de financiación climática e incorporen criterios de transición justa en todos los acuerdos de financiación climática.

En la COP26, los principales países donantes firmaron una declaración “Apoyando las condiciones para una transición justa internacionalmente”, que contiene criterios de transición justa. Es necesario hacer referencia a ellos en los acuerdos de financiación del clima que se decidan en la COP27.

Los negociadores sobre el clima se reunirán en noviembre en Sharm El-Sheikh, a orillas del Estrecho de Tirán, con la silueta de la isla de Tirán en la distancia. La isla tiene una historia turbulenta, carece de agua potable y se dice que muchas de sus playas están minadas. Servirá de pertinente recordatorio visual a los negociadores sobre la difícil situación que se vive ya en muchos lugares de la Tierra, y que se extenderá a muchos más si no se avanza lo suficiente durante estas dos importantes semanas en la COP27. El movimiento sindical mundial está preparado para desempeñar un papel constructivo en la búsqueda de soluciones climáticas. Una transición justa centrada en los trabajadores propiciará y desbloqueará los objetivos climáticos más ambiciosos que con tanta urgencia necesitamos.