Producen casi la mitad de las frutas y verduras que se consumen cada año en los Estados Unidos, según el Ministerio de Agricultura norteamericano. Afanosas manos invisibles de la cadena agroalimentaria, los trabajadores agrícolas mexicanos trabajan en condiciones extremadamente precarias, muy a menudo sin representación sindical ni convenios colectivos. Sus salarios rara vez superan los 13 dólares USD diarios (unos 11,4 euros) por jornadas de más de una docena de horas, doblados sobre los sembradíos de fresas, pepinos o tomates.

Durante tres años, Lorenzo Rodríguez ha estado luchando por cambiar las reglas del juego. Originario del estado de Oaxaca, en el sur de México, este trabajador agrícola indígena comenzó a trabajar en el norte del país a la edad de 15 años, en las mega explotaciones agrícolas del Valle de San Quintín que abastecen los supermercados estadounidenses. En la primavera de 2015, su vida dio un vuelco cuando decidió unirse a un movimiento de huelga de jornaleros sin precedentes que sacudió al estado de Baja California durante dos semanas.

"Después de duras negociaciones con los empleadores, logramos aumentar el salario promedio de unos 120 pesos mexicanos (6 USD) a 150 pesos (7,50 USD), y en algunos casos incluso a 180 pesos (8,9 USD), según el tamaño de la empresa", explica el joven, al margen de una conferencia internacional sobre justicia alimentaria que tuvo lugar a mediados de octubre en el Labor Center de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), y que fue organizada por la ONG Solidarity Center. "Más allá del tema de los salarios, el paso más importante para nosotros ha sido la creación de nuestra propia organización independiente, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA, que realmente nace de este movimiento de huelga", explica Lorenzo Rodríguez, hoy secretario general de la organización.

Sindicatos fantasma

Antes del nacimiento del SINDJA y del reconocimiento oficial por parte del Gobierno mexicano en mayo de 2015, habría sido casi imposible para los miles de jornaleros de Baja California en huelga hacer oír su voz en la mesa de negociaciones. Esta situación se debe en gran parte a la existencia de los sindicatos denominados "fantasma" que trabajan mano a mano con los empleadores de grandes empresas agrícolas para matar en la cuna todo brote de movimiento de protesta social.

"Al comienzo de la huelga, mientras intentábamos negociar con nuestros jefes, surgieron estos sindicatos falsos y corruptos para retomar el control de las discusiones. Estoy convencido de que fueron enviados por nuestros empleadores para romper nuestro movimiento. También aceptaron de inmediato una oferta para aumentar los salarios un 15%, cuando nosotros queríamos ir mucho más lejos", explica Lorenzo Rodríguez.

"Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era absolutamente necesario que formáramos nuestro propio sindicato independiente, legalmente reconocido por el estado para recuperar el control".

Desde su creación en Baja California en 2015, el SINDJA ha venido ganando terreno. Ahora está activo en varios otros estados mexicanos como Sonora y Sinaloa (en la región norte). Pero en un país como México, en el que apenas se hace cumplir la legislación laboral, el joven sindicato independiente a veces se siente impotente. "Desde la creación del SINDJA, nuestra labor principal ha sido movilizar a los trabajadores para que tomen conciencia de que tienen derechos. Pero todavía tenemos dificultades para obligar a algunas empresas a firmar convenios colectivos que garanticen la seguridad de los trabajadores y salarios justos", afirma Abelina Ramírez, secretaria de la igualdad de género de SINDJA, que acompaña a Lorenzo Rodríguez en Los Ángeles.

Crear alianzas a ambos lados de la frontera

California fue la primera etapa de un viaje a la costa oeste de EEUU iniciado por los dos secretarios mexicanos en otoño (y que contó con el apoyo logístico y financiero de Solidarity Center y USAID). Su objetivo era reunirse con tantos líderes sindicales como fuera posible para tratar de inspirarse en sus logros en lo que se refiere a las estrategias organizativas y de negociación colectiva. "Si pudimos extender nuestra influencia en México", fuera de Baja California, "es gracias a las alianzas que hemos forjado en todo el país con otros colectivos. Ahora que estamos aquí, en los Estados Unidos, tenemos la intención de hacer lo mismo con las organizaciones estadounidenses del sector agrícola", subraya Lorenzo Rodríguez.

"Ahora nos hemos dado cuenta de que si queremos abordar con eficacia el problema de las cadenas de suministro globalizadas que imponen salarios muy bajos a los trabajadores agrícolas, es más que nunca necesario que nos organicemos más allá de las fronteras de nuestro país", agrega Art Pulaski, secretario general de la California Labor Federation, un grupo de sindicatos de California.

En México, los recolectores de fresas de Baja California a menudo trabajan para las mismas empresas transnacionales que los trabajadores hispanoamericanos en la costa oeste de los Estados Unidos: como el gigante Driscoll’s, que produce, en ambos lados de la frontera mexicano-estadounidense, un tercio de los frutos rojos consumidos en los Estados Unidos. Al formar alianzas e ir a la huelga, los trabajadores de California y México son técnicamente capaces de paralizar una zona completa de la costa agrícola del Pacífico.

Después de Los Ángeles, el SINDJA hizo parada en Burlington, en el estado de Washington (al norte de la costa oeste) para hablar e intercambiar buenas prácticas con los líderes de la organización Familias Unidas por la Justicia. El sindicato se formó en 2013, después de que los recolectores de arándanos decidieran dejar de trabajar para protestar por el despido de uno de sus compañeros por haber exigido un aumento de salario. Después de casi cuatro años de boicots y huelgas, los trabajadores lograron una gran victoria: un contrato que les garantiza un salario de 15 USD la hora.

Movilizar al consumidor estadounidense

Sin embargo, algunas tácticas de presión que han demostrado ser efectivas en el mercado de los Estados Unidos no siempre son una garantía de éxito cuando se utilizan en México. Greg Asbed, cofundador de la Coalition of Immokalee Workers (CIW) en Florida, una organización de defensa de los derechos humanos, es reconocido en los Estados Unidos por su trabajo pionero en la lucha contra la explotación de los trabajadores agrícolas. Con la CIW, este activista galardonado con el prestigioso Premio MacArthur, ayudó a llevar ante los tribunales estadounidenses muchos casos de esclavitud y consiguió que se condenara a las empresas culpables.

Tales resultados, sin embargo, serían difíciles de obtener en México, "donde la sociedad civil está en crisis y gangrenada por la corrupción y la violencia", señala Greg Asbed. "Hay tal sensación de impunidad, que los autores de estas violencias no se sienten en lo más mínimo obligados a rendir cuentas en caso de violación de los derechos humanos".

En cambio, el cofundador de la CIW está convencido de que la solución puede provenir del consumidor. "Cada vez que un estadounidense come una fruta o verdura importada de México, existe la posibilidad de que haya sido recolectada por un niño", recuerda.

"Los principales supermercados de los Estados Unidos son los mayores clientes de la industria agrícola mexicana. El consumidor tiene la oportunidad de presionar al supermercado, amenazándolo con un boicot si no exige, por parte de sus productores, salarios justos y condiciones de trabajo decentes para todos los trabajadores.

Esta estrategia es precisamente el motor del programa de alimentos justos, Fair Food Programme (FFP) iniciado por Greg Asbed y su coalición de trabajadores de Immokalee en Florida, en 2011. Elogiado por la ONU como un modelo extremadamente prometedor, el objetivo del programa FFP es crear asociaciones con los grandes minoristas y restaurantes de comida rápida como Subway, Walmart o Burger King, para garantizar que sus cadenas de suministro sean realmente justas.

En este programa, los trabajadores tienen la oportunidad de denunciar las violaciones, sin temor a represalias (gracias en particular a la transmisión de un video en tiempo real al organismo de control). También se realizan auditorías en profundidad en el lugar de trabajo. Desarrollado en Florida en asociación con consumidores que ayudaron a presionar a los grandes grupos de distribución de EEUU, el programa FFP se extendió posteriormente a muchos otros estados de los EEUU (Georgia, Virginia, Nueva Jersey, Vermont, etc.).

Aun cuando varios reportajes publicados en la prensa estadounidense intentaron sensibilizar a la población sobre la difícil situación de los trabajadores agrícolas en el Valle de San Quintín en 2015, la condición de los trabajadores mexicanos todavía moviliza muy poco a los consumidores en los Estados Unidos. No obstante, Greg Asbed quiere mostrar confianza. "Al menos sabemos que hemos encontrado una cura para este cáncer. Queda por convencer al público para que actúe en apoyo de quienes producen gran parte de los alimentos que se encuentran todos los días en nuestra mesa”.