En 2013, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que al menos 52 millones de personas en el mundo, la mayoría mujeres, se desempeñaban como trabajadoras del hogar. Una ocupación que representaba, según la investigación, el 7,5% del empleo asalariado de las mujeres en el mundo (siendo el porcentaje mucho mayor en las regiones de Asia-Pacífico y América Latina-Caribe).
“A los trabajadores domésticos con frecuencia se les exige que trabajen más horas que los otros trabajadores, y en muchos países no disfrutan del mismo derecho al descanso semanal que otros trabajadores. Junto a la falta de derechos, la dependencia extrema de un empleador y la naturaleza aislada y desprotegida del trabajo doméstico pueden hacerlos vulnerables a la explotación y el abuso”, señalaba la OIT.
En México (país que cuenta con 4,2 millones de pobres –un 3,3% de la población–) la realidad de las trabajadoras del hogar no dista de lo que señala esta organización internacional. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México existen 2,3 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar, y nueve de cada 10 son mujeres. Este país aún no ha ratificado el convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos.
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) de México, una organización de derechos humanos, es uno de los principales impulsores de redes y organizaciones de trabajadoras del hogar en este país, sobre todo en acompañamiento, capacitaciones y talleres. A partir de 2016, el primer sindicato de trabajadores del hogar SINACTRAHO comenzó su andadura oficial en el mismo sector.
La coordinadora del área de procesos organizativos de ProDESC, Norma Cacho, señala que las trabajadoras, independientemente del estado mexicano en el que se encuentren, comparten generalidades, si bien el salario varía significativamente. Así, en estados pobres como Chiapas o Guerrero (donde es más visible la desigualdad laboral, los malos tratos y jornadas elevadas de trabajo) los salarios al día no superan los 100 pesos (4,5 euros, 5 dólares USD); mientras que en la Ciudad de México pueden percibirse entre 300 pesos a 400 pesos, por lo general por jornadas de ocho horas.
A la infravaloración (social) de su trabajo se une el “desconocimiento muy fuerte de los derechos [en tanto que trabajadoras]”, por eso no los exigen, dice Norma. En los estados con mayor precariedad “siempre habrá mujeres dispuestas a hacer la fila para trabajar en una casa”, añade, todo un reto a la hora de reclamar una mejora de las condiciones.
“Muchas de las trabajadoras en su mayoría son migrantes [internas], son de origen rural, o son indígenas, [por lo que] también hay toda una serie de estereotipos racistas, patriarcales”, asegura Norma. Por otra parte, “las trabajadoras del hogar no tienen contratos escritos [y] al no contar con un contrato, en muchas ocasiones se les despide sin ninguna indemnización [pues] no se les reconoce la relación laboral que existe”, expone.
En México, las jornadas de trabajo para la empleada doméstica dependen si esta vive en la casa de su empleador o no. En el primer caso, la jornada laboral no termina (porque están a disposición del empleador) y en el segundo, supera con frecuencia las ocho horas que marca la ley.
En Guerrero, para hacer frente a esa realidad y proporcionarse las herramientas para defender sus derechos laborales (partiendo de la pregunta: ¿tenemos derechos en tanto que trabajadoras del hogar?), un grupo de mujeres decidió organizarse y fundó en 2001 la Red Mujeres Empleadas del Hogar en Guerrero (reconocida legalmente en 2006).
Petra Hermillo Martínez, fundadora de la Red Mujeres Empleadas del Hogar en Guerrero, es trabajadora del hogar desde que tenía nueve años, ahora tiene 60.
En 2005 llevaron una propuesta al Congreso local para que se implementara como política pública un programa llamado Atención a Trabajadoras del Hogar, compilado por ellas. Entre los objetivos perseguían: poder capacitarse en derechos; adquirir autoestima; tener derecho a las guarderías; que sus hijos tuvieran becas y se abriera un fondo económico que sirviera para las compañeras que eran despedidas y no les daban ninguna prestación de ley. Fue aprobado. El problema fue que no hubo presupuesto y no se pudo implementar más que parcialmente.
En 1988 Petra conoció la organización Mujeres Guerrerenses por la Democracia, cuando ella formaba parte del Comité de Defensa Popular. Fue la primera vez que oyó hablar sobre los derechos de las mujeres, y ese día vio por primera vez un cartel sobre los derechos del trabajo doméstico.
La Red cuenta ahora con unas 247 compañeras en la capital y 667 en todo Guerrero (de las más de 67.000 mujeres que se emplean en casas particulares en ese estado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
De los salarios, Petra lamenta que algunas compañeras, ya sea por necesidad o porque son menores de edad, acepten hasta la mitad de un salario mínimo como pago por jornada laboral (que a veces supera las 8 horas marcadas por ley), es decir, unos 50 pesos mexicanos (unos 2,25 euros, 2,50 dólares). Jornal que apenas alcanza para un kilo de frijoles y uno de tortillas.
A los 15 años, Yazmín Morales Santiago comenzó a emplearse en casas de su ciudad natal, Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, para poder subsistir. Desde ese momento supo qué era la discriminación, el acoso y trabajar más de ocho horas a cambio de un bajo salario.
Yazmín tiene hoy 32 años y dos niñas a las que cuida sola. Su vida no ha sido fácil, ha tenido que combinar ser mujer, madre y trabajadora del hogar. En la primera casa en la que trabajó sólo percibía un salario –sin prestaciones como aguinaldo o pago de utilidades, ni de días festivos–, pero consideraba que su empleadora era buena porque, por ejemplo, le dejaba tener a sus dos hijas con ella en el trabajo (cuando las niñas salían del colegio o no tenían clase).
El problema surgió cuando esta empleadora cambió de ciudad. Yazmín y sus niñas no la siguieron.
A partir de ahí el camino como trabajadora del hogar no fue fácil. En sus nuevos empleos, más allá de que no le dejaran llevar a sus hijas, experimentó acoso y maltrato verbal. Además, la encerraban con llave (por supuestas razones de seguridad, es decir, por si robaba algo y se fugaba): “el señor ya sentía que yo era de su propiedad”, recuerda la mujer de cuerpo delgado, cabello largo y tez morena.
En la Casa Solidaria, que es como llaman al punto de reunión de la Red de Mujeres, Yazmín es la encargada de dar asistencia psicológica a compañeras que han padecido violaciones a sus derechos laborales.
Hace apenas dos años, cuando llegó a la Casa Solidaria para refugiarse, supo que no era la única que padecía todas esas violaciones a sus derechos como trabajadora. Su historia se repetía entre sus compañeras, por eso decidió volverse activista, capacitarse y fundar dentro de la Casa el área lúdico-psicológica, con el objeto de ayudar a las demás compañeras a enfrentar sus miedos y los problemas que viven a diario, tanto en el trabajo como fuera.
En la organización Yazmín perdió el miedo, conoció sus derechos, lo que le ha permitido participar en una campaña de sensibilización tanto para los empleadores como para las compañeras sobre los temas que competen a su profesión.
Para poder combinar empleo, activismo y vida familiar, Yazmín debe organizar su tiempo en una intensa jornada que comienza a las 7 de la mañana. Cuando recoge a sus hijas de la escuela se las lleva al trabajo. Después de su jornada laboral y tras volver a casa, se ocupa de ellas hasta que las niñas van a dormir. Entonces encuentra tiempo para ella, se arregla el cabello, las uñas y remata las labores domésticas de su casa. A medianoche Yazmín ya tiene derecho de dormir. Los domingos los tiene libres para ella y sus hijas, pero el quehacer siempre la acompaña.
