In this image, Cambodian children in Phnom Pehn play in an area confiscated by the government, on the lakeshore of the area where they once lived.
Los iroqueses, un pueblo nativo norteamericano, se rigen bajo un principio casi excepcional en el mundo: cualquier decisión tomada hoy no debe repercutir de forma negativa en las próximas siete generaciones. O lo que es lo mismo, los actos presentes deben asegurar la sostenibilidad de la generación que viva en, aproximadamente, 140 años.
En un mundo en el que la sexta extinción masiva de especies ya está en camino y donde cada vez hay menos esperanzas de que la emergencia climática no tenga consecuencias desastrosas, esa capacidad de pensar en los derechos de generaciones aún no nacidas suena una utopía. “[Esos pueblos indígenas] nos llevan la delantera en esto. La civilización occidental no ha pensado en ello de forma demasiado seria hasta hace poco”, asegura Sebastian Jodoin, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad McGill de Canadá. “Hemos desarrollado un mundo que sirve los intereses de las generaciones presentes y pone en compromiso los intereses de las generaciones futuras”, continúa.
Sin embargo, el derecho internacional ha ido incorporando de forma lenta y progresiva los principios de la justicia intergeneracional durante las últimas décadas.
Así la carta fundacional de Naciones Unidas, firmada en 1945, ya menciona a las “generaciones venideras” y la necesidad de salvarlas del “flagelo de la guerra”. La Declaración de Estocolmo de 1972 retomaría el concepto y recalcaría la “responsabilidad solemne [del ser humano] de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.
Pero sería el concepto de “desarrollo sostenible”, formulado a finales de los años 80 y consagrado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, uno de los pasos más decisivos en este sentido. “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”, decía el artículo 3 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada en la Cumbre. Un año después, el Tribunal Supremo de Filipinas dio un paso más allá y reconoció a las generaciones futuras como “sujetos legales” en un caso sobre licencias de explotación maderera. En 1997, Naciones Unidas aprobaría además una declaración sobre “responsabilidades de las generaciones presentes hacia las futuras” que mencionaba elementos como la preservación de la vida sobre la tierra, la protección del medio ambiente, la diversidad cultural o la paz, entre otros.
Sin embargo, desde inicios del siglo XXI, las declaraciones internacionales han dado paso a un número creciente de constituciones que mencionan las generaciones futuras o la justicia intergeneracional, asegura Sebastian Duyck, abogado senior del programa de Clima y Energía, del Centro para el Derecho Medioambiental Internacional (Center for International Environmental Law, CIEL). Lo que “muestra que esto realmente se está convirtiendo en algo que interesa a los legisladores”, asegura Duyck. Según el jurista, en la actualidad más de 60 países incluyen alguna referencia a las generaciones futuras en sus cartas magnas.
Además, en varios países han surgido herramientas específicas que responden a una preocupación sobre este tipo de justicia intergeneracional, asegura Duyck. Así, Hungría estableció en 2007 el Defensor del Pueblo específico para las Generaciones Futuras, una figura que informa al Parlamento sobre las vulneraciones a este derecho. Los estudios de impacto ambiental se ha convertido también en un mecanismo en auge que cada vez más países adoptan. “Es una herramienta muy procedimental. Pero es muy potente porque es algo que se tiene que hacer en serio [para que un proyecto sea aprobado]”, explica Duyck. Sin embargo, aunque el medio ambiente ha sido hasta ahora el principal campo de aplicación de estos principios, puede tener un efecto también en aspectos como la deuda o los fondos de pensiones, afirma el jurista.
A pesar de su potencial, la justicia intergeneracional se ha desarrollado de forma lenta porque no se ajusta a algunos de los principios del derecho internacional dominante. “Los sistemas legales en general no son muy buenos lidiando con daños e impactos futuros”, explica Jodoin. Así, según el experto, los sistemas legales están diseñados de forma que se debe probar que alguien ha sufrido un daño y que una persona específica ha causado ese daño, algo que es difícil cuando el daño es potencial. Además, en un daño que aún no se ha sufrido, surge la cuestión de quién puede erigirse como demandante. “Son obstáculos que no son insuperables pero que tienen riesgos”, asegura Jodoin, poniendo como ejemplo el movimiento provida. “Ha habido un intento de que se reconozcan los derechos de los niños no nacidos en términos de iniciativas antiaborto”, explica.
Un camino que se abre en los tribunales
Ciertos bosques o ríos, como la Amazonia y el Amazonas, son tan importantes para la supervivencia de millones de personas que tienen una entidad propia en el imaginario colectivo. Sin embargo, cuando la Corte Suprema de Colombia reconoció en 2018 que la Amazonia era una “entidad sujeto de derechos” se consideró el fallo histórico e inédito.
La decisión respondía a una demanda presentada por 25 niños que consideraban que el Estado de Colombia no estaba haciendo lo necesario para preservar la selva de la deforestación en aumento. Así, según el tribunal, el daño a la Amazonia supone “un perjuicio inminente y grave para todos los colombianos, para las generaciones presentes y futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico”, aseguraba el fallo. Para asegurarse de que el gobierno tomaba medidas concretas, la sentencia le obligaba a elaborar un “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC” que tuviera como objetivo reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero.
Los tribunales se han convertido así en una poderosa arma para implementar esta justicia intergeneracional y asegurarse de que no se convierte en un silo jurídico aislado, asegura Duyck. “Lo que tenemos que ver es cómo podemos utilizar [los principios de] justicia intergeneracional para conseguir resultados judiciales diferentes a los que habría si no se tienen en cuenta”, asegura el jurista de CIEL.
Jodoin coincide en que este tipo de sentencias, especialmente las relacionadas con asuntos medioambientales, vivirán un auge en un futuro próximo. “Creo que vamos a ver varios casos alrededor del mundo que van a facilitar la defensa de los derechos de las generaciones futuras”, asegura Jodoin.
Los acuerdos internacionales firmados en el marco de las cumbres contra el cambio climático organizadas por la ONU supondrán además un marco jurídico reforzado para la defensa del medio ambiente en los tribunales. Un ejemplo es el caso reciente, en el Reino Unido, en el que un tribunal ha suspendido la expansión del aeropuerto de Heathrow porque minaría la capacidad del país de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. “Es un caso más de procedimiento, no tanto sobre el impacto en generaciones futuras […], pero también era más fácil porque el Reino Unido ha sido uno de los primeros países en adoptar una ley sobre cambio climático”, explica.
No obstante, para Jodoin la defensa del medio ambiente, propiamente hablando, ha dejado de ser un asunto de justicia intergeneracional. “El derecho de las generaciones futuras [sobre medio ambiente] no es tan necesario como lo era antes, porque la emergencia ya está aquí, ¿verdad?”, dice el abogado. “No es un derecho de una generación futura. Ahora mismo es nuestro propio derecho”.
