Agotado el momento de esplendor de los progresismos, el neoliberalismo ha vuelto al poder gracias a las urnas, como sucedió en Argentina en 2015, o en ausencia de ellas, como en Brasil; en otros países, como Ecuador, Venezuela y Bolivia, se sostienen los progresismos, pero cada vez más debilitados y en medio de contradicciones internas. De algo no cabe duda: se vive un momento de transición política en el continente.

Los progresismos, a falta de un apelativo más consensuado que abarque movimientos políticos tan diversos como el lulismo, el chavismo o el kirchnerismo, surgieron como reacción a las políticas neoliberales de los años 90 (que adelgazaron el gasto social, desmantelaron el tejido industrial y privatizaron las empresas públicas).

La movilización popular, con protagonismo creciente de los indigenismos, allanó el camino a esos gobiernos: célebre fue la guerra del agua de Cochabamba, en Bolivia, o el “que se vayan todos” proferido por los argentinos tras la furibunda crisis de 2001. Los gobiernos progresistas devolvieron protagonismo al Estado y abanderaron proyectos nacionales que pretendían desmarcarse de la subordinación imperialista a los Estados Unidos, apostando por la integración regional con un impulso decidido al Mercosur y nuevas iniciativas, como la Unasur o el Banco del Sur.

No sólo hubo rupturas. También continuidades que la socióloga argentina Maristella Svampa sintetiza en sus investigaciones con la fórmula “Consenso de los Commodities”. Se refiere a cómo, en un momento de alto precio de las materias primas (commodities), todos los países latinoamericanos, tanto las derechas –agrupadas en la Alianza del Pacífico– como los progresismos, apostaron por reprimarizar sus economías, altamente dependientes de la exportación de materias primas. Y esto fue lo que terminó alejando a los movimientos indígenas o campesinos, principales afectados por los impactos socioambientales de la megaminería a cielo abierto, el monocultivo de soja y palma aceitera, la explotación petrolífera y la construcción de grandes represas, entre otros.

Svampa, consultada por Equal Times, habla de una creciente tensión entre dos narrativas en disputa: “una, la indianista, ecoterritorial y descolonizadora, centrada en el cuidado de la naturaleza; la otra, la nacionalpopular, marcada por una dimensión estatalista y centralista”.

Ecuador ejemplifica esa disputa, resuelta en favor de la segunda opción. De ahí las críticas desde la izquierda: “La criminalización de la protesta social se ha vuelto común en el correísmo. Correa es la derecha del siglo XXI: ha modernizado el Estado para modernizar el capitalismo”, concluye el economista ecuatoriano Alberto Acosta en declaraciones a Equal Times. No está de acuerdo la también economista ecuatoriana Magdalena León: “Es un error estratégico que las izquierdas se peleen con su aliado –Ecuador–”.

La nueva clase C

A diferencia del extractivismo de las elites, los gobiernos progresistas –denominados “neoextractivistas” por el uruguayo Eduardo Gudynas– utilizaron una parte de la renta capturada por las exportaciones para financiar políticas sociales que permitieron incuestionables avances en la lucha contra la pobreza y la miseria. Sólo en Brasil, 30 millones de personas salieron de la pobreza y pasaron a engrosar la nueva clase media o clase C. Da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, lo lograron con programas asistenciales como la Bolsa Familia, pero también con medidas como el aumento de las pensiones en el mundo rural y el incremento sostenido del salario mínimo, que en una década subió un 70%, descontada la inflación.

El problema es que el ciclo alcista de las materias primas concluyó y fue sucedido por una crisis económica generalizada que golpeó de lleno a Brasil y a toda la región.

Fue entonces cuando, como señala a Equal Times el activista Guilherme Boulos, miembro del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Rousseff tuvo que escoger: “Mientras acompañó el ciclo económico, los gobiernos de Lula y Dilma lograron mejorar la situación de las capas más desfavorecidas de la sociedad sin tocar los intereses de las oligarquías; llegó el momento de definirse cuando el contexto económico empeoró”. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff optó por “moderarse”, ganándose las críticas de los movimientos de base, pero eso no bastó para calmar a una oposición política y mediática que acabó por expulsar a Roussseff de la presidencia en lo que el politólogo brasileño Renato Martins describió el pasado octubre, en un seminario en la Universidad de Buenos Aires (UBA), como “interrupción del régimen democrático”. Sin embargo, las elecciones municipales en muchos puntos del país dieron después el espaldarazo en las urnas al giro a la derecha, con resultados tan contundentes como la victoria del pastor evangélico Marcelo Crivella en Rio de Janeiro.

Corrupción y manipulación

En Brasil, fue la corrupción, en especial el caso Lava Jato o trama de corrupción que golpea de lleno a la mayor estatal brasileña, Petrobras, el argumento para derrocar a Dilma Rousseff dos años después de que los votantes le concedieran un segundo mandato. Poco importó que la corrupción en Brasil sea endémica y generalizada y que, si bien salpica al PT, afecta aún más de lleno a los dos partidos opositores, PSDB y PMDB. “Eduardo Cunha, que fue una pieza clave para el impeachment, es un corrupto probado con cuentas en Suiza, y permanece libre, mientras otros están en la cárcel sin pruebas concluyentes”, apunta Martins.

La operación Lava Jato señalaba al sistema político en su conjunto, pero la que cayó fue Rousseff.

Martins lo llama “justicia selectiva”, y apunta a la complicidad de los medios de comunicación, que pregonan las corruptelas del PT mientras callan o minimizan el resto. Algo similar ocurre en Argentina, donde los medios hegemónicos, con el Grupo Clarín al frente, abren sus portadas con los casos de corrupción que envuelven al kirchnerismo, pero pasan por encima de las cuentas en Panamá vinculadas a Mauricio Macri.

La “justicia selectiva”, en opinión de Martins, ha permitido que el exvicepresidente de Rousseff, Michel Temer, asuma la presidencia con nula legitimidad, e imponga con urgencia medidas encaminadas a desmontar las políticas de redistribución de la renta. El caso más palmario es la PEC 241, que, de ser refrendada en el Senado, permitirá plasmar en la Constitución los límites al gasto social y, entre otras cosas, limitará los aumentos del salario mínimo a los ajustes inflacionarios. En la práctica, señala Martins, “esto suprime el papel clave de modificar el presupuesto” en el Congreso. Los brasileños que decidieron marchar en las calles en defensa de la democracia ya han comprobado en sus carnes el aumento de la represión policial.

Deriva “populista”

Hubo otros errores propios que precipitaron el declive del ciclo progresista. Si hubo avances en los indicadores sociales, el modelo que se siguió fue el de “inclusión por el consumo”, y no por la vía de ampliar los derechos. Además, en muchos casos el pluralismo terminó siendo más retórico que real: los “populismos” de izquierdas fueron avanzando “hacia modelos de dominación más tradicional” que tendieron a “reducir los espacios de pluralismo y legitimar la concentración del poder político en la figura presidencial”, en palabras de Svampa. Otro problema ha sido el excesivo personalismo de muchas de estas propuestas políticas, que entran en crisis cuando pierden a su líder: Nicolás Maduro no logró ocupar el lugar de Chávez, así como Cristina Fernández dejó la presidencia con un alto índice de popularidad, pero sin construir un candidato capaz de ganar la elección.

En Argentina, la llegada de Macri vino a recordar las diferencias entre los progresismos y una derecha neoliberal, aunque revestida de un discurso que el sociólogo argentino Gabriel Vommaro califica de “oenegista y new age”.

Una de las primeras medidas del macrismo fue eliminar las retenciones impositivas a las empresas mineras y disminuir las sojeras, al tiempo que aumentaban hasta un 700% las tarifas de la luz, el agua y el gas a los hogares. Otra redistribución de la renta está en marcha, y amenaza con desbaratar los logros de quince años de gobiernos de centro-izquierda. Martins prevé para Brasil un futuro sombrío: “Se viene el regreso a una barbarie social que ha caracterizado históricamente a Brasil”.

La pregunta es hasta qué punto las derechas podrán revertir los cambios en la sociedad que dejaron 15 años de gobiernos progresistas, y la respuesta, seguramente, está en la presión que la sociedad civil consiga sostener en las calles.