Nearly all the parties standing in Cambodia’s general election are allied with the ruling party (CPP) complain activists. That is not the case for the Grassroots Democratic Party (GDP), led by Yang Saing Koma (in the picture). From its head office, next door to a modest family restaurant in the north of Phnom Penh, the agronomist and prime ministerial candidate prepares his campaign and turns a deaf ear to the CNRP’s request that he should not stand as a candidate in the elections.
Todos en Phnom Penh recuerdan las anteriores elecciones generales. La ilusión, los mítines masivos, las protestas, las promesas de cambio y la actividad frenética en las redes sociales, que ganaron inercia de una forma inusitada y de improviso, como suele ocurrir en esta parte del globo. Quizás por esto el silencio se siente más ahora, antes de los comicios del próximo 29 de julio.
Entre lo que no se nombra están los 25 presos políticos, la corrupción sistemática, la desarticulación del principal partido opositor y la compra masiva de negocios y tierras por parte de ciudadanos de la República Popular de China, que nunca fue más cercana al Gobierno del primer ministro Hun Sen. Organizaciones como Global Witness han definido la democracia camboyana como un “sistema cleptocrático” en el que el poder Ejecutivo está íntimamente ligado a las élites militares y empresariales, involucradas éstas en casos de contrabando de madera, expropiación de tierras, extracción ilegal de arena y tráfico de cannabis, entre otros.
Desde el comienzo de la campaña electoral el 7 de este mes, pósteres, banderas y carteles llenan de azul celeste, el color del gobernante Partido del Pueblo de Camboya (CPP), la capital. A excepción de contadas imágenes electorales de los otros 19 partidos que acuden a las urnas, la propaganda del partido gobernante domina el espacio urbano.
En el sur de la ciudad, entre embajadas de países vecinos y cerca del Senado, un grupo de jóvenes se reúne en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Stiftung para hablar de política y problemática social. Estas reuniones semanales son uno de los últimos refugios en los que pueden debatir con relativa tranquilidad, si no el único.
“Aunque las elecciones no han empezado todavía, puedo decir con el 100% de seguridad que el CPP volverá a ganar las elecciones, no hace falta que compitan”, asegura a Equal Times Zahron Sokry, un joven de 24 años que coordina el foro de discusión Politikoffee.
La afirmación de Zahron Sokry contiene mucho más que apatía electoral. En noviembre, el Tribunal Supremo disolvió la principal formación de la oposición –el Partido para el Rescate Nacional de Camboya (CNRP)– y como alternativa a éste, multitud de pequeños partidos, la mayoría desconocidos y algunos con tan solo unos meses de existencia, disputan el lugar que ha ocupado el partido gobernante desde hace casi cuarenta años.
Noan Sereiboth, sociólogo de 28 años y prolífico tuitero, resume las posibilidades electorales de una forma parecida: “todavía pensamos si deberíamos ir a votar o no; si vamos el CPP gana, si no vamos el CPP sigue ganando”, afirma.
Elecciones: legitimidad cuestionada
Los cofundadores del CNRP, Kem Sokha y Sam Rainsy, amenazaron en 2013 la hegemonía del partido del primer ministro Hun Sen por primera vez desde la violenta década de los noventa. La campaña por el cambio cobró fuerza, impulsada por el descontento creciente de las trabajadoras de las fábricas textiles, de los afectados por la pérdida de sus tierras a causa de concesiones a empresas y por la difusión libre de información a través de las recién llegadas redes sociales.
Cinco años después, Sam Rainsy se encuentra fuera del país para evitar varios procesos judiciales abiertos en su contra, una medida que ha tomado varias veces en su carrera política, y Kem Sokha lleva desde septiembre del año pasado en prisión preventiva mientras se lleva a cabo su juicio por traición. Cerca de la mitad del comité del partido abandonó igualmente el país, mientras que muchos de sus políticos de base han desertado y engrosado las filas del partido gobernante.
De los 25 presos políticos listados por la organización local garante de los derechos humanos Licadho, 18 fueron miembros del extinto partido.
Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han cuestionado la legitimidad de las elecciones y han criticado el retroceso de la libertad expresión, asociación y prensa. El aumento de la represión y la vigilancia del Gobierno han establecido un clima de miedo y autocensura en el país, según indican varios de los entrevistados para este artículo.
A pesar de que el Comité Nacional Electoral presume de contar con cerca de 50.000 observadores para las elecciones, los participantes internacionales proviene de naciones no democráticas como China o Myanmar, además de Singapur. Otros observadores locales e internacionales reconocidos como Transparency International o el Comité para las Elecciones Libres y Justas en Camboya (Comfrel) han decidido no participar o han sido separados del proceso.
La hija de Kem Sokha y subdirectora general de Asuntos Públicos del CNRP, Kem Monovithya, cuenta desde Washington, donde presiona a la comunidad internacional para que tome medidas contra el Gobierno de Hun Sen, que el arresto de su padre ha contribuido a silenciar a activistas y disidentes. “La gente ha estado practicando autocensura y desde el arresto de mi padre han vivido con miedo constantemente, porque vieron lo que le pasó, piensan que le puede pasar a cualquiera, si continúa en prisión entonces cualquiera de ellos puede estar en prisión”, indica la opositora. Kem Monovithya asegura que todo lo que ha ocurrido en el último año preparaba “unas elecciones monopartidistas”, mientras lamenta que la salud de su padre se deteriora. “El sistema judicial está, no solo bajo el control del partido gobernante, sino bajo el control de una sola persona que es Hun Sen”, añade.
Al ser preguntada por la campaña propuesta por Sam Rainsy para boicotear las elecciones, la política camboyana indica que, para ser más precisos, lo que piden es “posponer las elecciones hasta que el ambiente mejore y el CNRP pueda formar parte”.
La vuelta del partido opositor no parece estar en los planes de Hun Sen. Durante estas elecciones el mandatario ha exhibido las cualidades que le han permitido seguir en el poder durante décadas. Mientras celebra mítines masivos con las trabajadoras del sector textil, en los que dona 5 dólares a cada una, su partido amenazaba con acciones legales a aquellos que inciten a los votantes a no participar.
“Los tribunales pueden iniciar acciones legales… de acuerdo a la ley electoral, las personas que obstruyan las elecciones pueden ser multadas y enfrentar cargos criminales”, dijo a AFP el portavoz del CPP, Sok Eysan, en junio.
Además, tres ministerios del país promulgaron en mayo una ambigua ley para monitorear el contenido en redes sociales y páginas web durante el periodo electoral, legislación que criminaliza el contenido que mine “la seguridad nacional, el interés público y el orden social” y que afecta la privacidad de los usuarios de internet, según Licadho.
Como siempre desde el fin del régimen genocida del Jemer Rojo, el mandatario recuerda que su partido es el único que puede garantizar que el país no vuelva al caos y a la guerra.
Para la directora de Licadho, Naly Pilorge, la situación “va a empeorar antes de mejorar”. Según la directora de esta ONG (organización fundada en 1992 durante la transición hacia la democracia pactada en los Acuerdos de Paz de París del año anterior), el punto de inflexión fueron las elecciones municipales de 2017. “Los comicios fueron sorprendentes porque el partido opositor en ese momento logró el 44% de los votos, y lo que esto significa es que si en las elecciones municipales consiguen tantos votos, si hubiese unas elecciones competitivas en julio de 2018 el partido de la oposición ganaría”, asegura.
Respecto a las próximas elecciones generales, Naly Pilorge lamenta que “excepto un partido muy pequeño”, todos los demás están alineados con el partido gobernante.
La formación política a la que se refiere la activista, el Partido Democrático de las Bases (GDP), tiene su sede junto a un modesto restaurante familiar del norte de Phnom Penh. Allí el agrónomo y candidato a primer ministro, Yang Saing Koma, cuenta, cerca de un pequeño jardín de plantas aromáticas, por qué ha decidido ignorar la petición del CNRP de no presentarse a las elecciones. “[La Unión Europea y los Estados Unidos] van a reconocer las elecciones de todas formas, no hay elección, y en segundo lugar pienso que no habrá sanciones económicas, nosotros tampoco queremos que pase algo así”.
“Solo a través de las elecciones podemos contribuir a llevar a este país al siguiente nivel”, añade el candidato. Contra todo pronóstico y a pesar de la escasez de recursos, Koma considera que tienen posibilidades de ganar el 29 de julio, aunque reconoce que “el espacio es limitado”.
Por su parte, el secretario general del GDP, Sam Inn, asegura que el CNRP abusó de la cultura de confrontación con el partido gobernante para ganar popularidad. “Les gustaba atacar al primer ministro respecto a los inmigrantes vietnamitas para ganar popularidad. Y hacían campañas en la frontera solo para ganar popularidad y no para traer resultados reales a la gente”, señala.
Sin embargo, el resultado de la confrontación directa con las élites también ha tocado de cerca al GDP. En julio de 2016 uno de los cofundadores del partido, el analista político Kem Ley, fue asesinado a plena luz del día en una gasolinera de la capital. Aunque Kem Ley había renunciado a la política, sus feroces críticas contra el partido gobernante, la corrupción y los conflictos relacionados con vietnamitas le habían granjeado una creciente popularidad.
Decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles cuando el cuerpo del querido comentarista fue finalmente llevado a Takeo, su provincia natal, tras dos semanas de velatorio.
Su muerte tuvo lugar dos días después de la publicación de un informe de Global Witness que reveló parte de la extensa red de empresas participadas por familiares de Hun Sen y que acusó a la familia de éste de utilizar el aparato del Estado y sus conexiones con empresarios y militares para acumular su fortuna.
Las acusaciones de corrupción no son aisladas. En su última lista publicada en 2018, Transparency International sitúa a Camboya como el país más corrupto del sudeste asiático y uno de los más corruptos del mundo, en el puesto 161 de 180 países.
Desde la despedida de Kem Ley, los camboyanos no han vuelto a salir a la calle en grandes números. El director del gabinete estratégico Future Forum, Ou Virak, considera que el Gobierno tiene una actitud “naif” y “contraproducente” con su electorado. “Los activistas no son lo más importante, es la gente, el Gobierno de Camboya puede pensar que pueden manipular la información todo lo que quieran, pero la legitimidad descansa en el pueblo”. “Incluso si cierras los medios, cómo puedes forzar a la gente a ir a votar, y evitar que sepa que están siendo forzados”, se pregunta.
En el último año, dos diarios y dos radios independientes con décadas de trayectoria han dejado de poder emitir sus programas, cerrado a causa del acoso discriminado de Hacienda, o cambiado de manos.
Por otra parte, Ou Virak, cuya organización estudia soluciones a las políticas públicas, considera que el CNRP nunca tuvo una propuesta creíble para formar Gobierno. “La obsesión de la oposición con Vietnam está pagando su precio y está empujando al Gobierno a las manos de China”, dice el camboyano, cuya familia emigró a Estados Unidos en los años ochenta como refugiada del régimen genocida del Jemer Rojo.
El mito de que los vietnamitas roban el territorio de los camboyanos y están detrás de cualquier desgracia que ocurre en el país asiático ha pervivido hasta el presente en el imaginario popular impulsado por su uso político, lo que ha provocado episodios esporádicos de violencia. Los rivales políticos de Hun Sen, no solo Sam Rainsy, han explotado este recurso debido al pasado del CPP. Vietnam ocupó Camboya durante una década tras derrocar al Jemer Rojo y Hun Sen formó parte del Gobierno colocado a dedo por Hanoi.
Acercamiento a China y deriva diplomática de Camboya
El periodista Sebastian Strangio, cuenta en su libro Hun Sen’s Cambodia (La Camboya de Hun Sen) que los discursos de Sam Rainsy a finales de los noventa “no distinguían entre inmigrantes ilegales, el Gobierno vietnamita, los intereses empresariales de Vietnam y las personas de etnia vietnamita que había vivido en Camboya durante generaciones”.
Sin embargo, junto a esta percepción, crecen ahora las tensiones con inversores y trabajadores chinos continentales.
En los últimos años Camboya se ha acercado más que nunca a China, un aliado que le dio en junio 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros) en ayudas militares y ofrece un apoyo incondicional que le han negado las potencias occidentales. Mientras Estados Unidos recortó su aporte para la cooperación y el desarrollo en febrero por “retrocesos democráticos”, el gigante asiático otorgó 237 millones de dólares (unos 202 millones de euros) en ayudas unos meses antes.
La iniciativa de investigación AidData de la universidad estadounidense College of William & Mary, señaló a Camboya como un ejemplo a la hora de utilizar “el premio del perdón de la deuda para premiar a los políticos que actúan en función de sus objetivos”, según un informe (publicado en junio) que estudia el efecto de la diplomacia china en la región.
China contribuyó a la deuda pública de Camboya con 3.010 millones de dólares (2.570 millones de euros), o el 70% de la deuda bilateral a finales del 2016, según el último análisis de sostenibilidad de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que clasifica el riesgo a corto plazo como bajo.
Según los datos del organismo, la deuda camboyana con China suponía en ese periodo el 15% del PIB de aquél país, un porcentaje que va en aumento debido a las necesidades en infraestructura de Camboya y a que, desde la crisis financiera de 2008, los préstamos bilaterales del gigante asiático son el principal impulsor del incremento de la deuda exterior.
El economista Miguel Chanco, de la firma Pantheon Macroeconomics, considera que existen “preocupaciones fundadas de que Camboya está adquiriendo demasiada deuda de China, que es gestionable ahora pero que no lo será a medio plazo si continúa a este alto nivel”.
Según la directora de Licadho, lo que diferencia la inversión y financiación de China de la de otros países es “el aumento intenso y rápido de los chinos continentales, sin preparación cultural, social, política ni económica” y añade que puede “desembocar en violencia, discriminación y racismo por ambas partes”.
El enero de este año, Yun Min, el gobernador de la provincia de Preah Sihanouk, uno de los focos de la presencia china en el país, escribió un informe interno en el que alertaba de la llegada de mafias chinas y advertía de su efecto sobre la economía. Un educador extranjero ubicado en el sur del país, que lleva décadas residiendo en Camboya y que prefiere no revelar su nombre, denuncia un “sentimiento de impotencia” por la compra masiva de negocios y terrenos y apunta a la presencia de lugares en los que todos los letreros son chinos y no se permite el acceso a personas de otra nacionalidad.
La influencia china se extiende también al espacio digital. En los últimos meses un conocido grupo de hackers ligado al Gobierno chino ha realizado una serie de ataques contra activistas, opositores, instituciones electorales y organismos del Gobierno camboyano, según una investigación de la firma de ciberseguridad estadounidense FireEye.
Entre los afectados se encuentra Kem Monovithya que recibió un correo fraudulento con un programa malicioso, según confirmó a este medio.
A pesar de la deriva diplomática de Camboya, la economía, que crece una media del 7% en los últimos años, todavía depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos, y, sobre todo, a la Unión Europea, bloque con el que goza de un acuerdo preferencial. Estas relaciones comerciales son fundamentales para el sector textil, actividad que da empleo a más de 700.000 personas, en su gran mayoría mujeres, y representa cerca del 80% de todas las exportaciones del país.
Una misión de la Unión Europea acudió a Camboya entre el 5 y el 11 de julio para evaluar el acuerdo “Todo menos armas” (que permite el acceso de productos camboyanos libre de aranceles o cuotas) debido a “la evolución preocupante de los derechos humanos y los derechos laborales en el país”, señaló un comunicado posterior a la visita. La Unión Europea recibe el 40% de las exportaciones camboyanas, que alcanzaron 5.000 millones de euros (unos 5.850 millones de dólares) en 2017. El textil representa el 75% de las exportaciones a Europa.
Como respuesta, el ministerio de Asuntos Exteriores camboyano envió este mes una delegación para prevenir la cancelación de la iniciativa, destinada a promover el desarrollo en países en vías de desarrollo.
Para Chanco, la cancelación del acuerdo tendría consecuencias desastrosas para la economía del país asiático, que en términos de PIB per capita, “tendría suerte de alcanzar el estatus de renta media en los próximos 15 años”. “Es importante recordar que hay otros países exportadores de textil en Asia con mercados laborales mucho mayores y que presumen de costes laborales mucho menores”, dijo el economista.
Muchas de las trabajadoras textiles, al igual que la mayoría de los cerca de 16 millones de habitantes de Camboya, son menores de 30 años. Para Ou Virak, la esperanza está ahora en los jóvenes, en enseñarles políticas que puedan ayudar en el futuro.
Zahron Sokry, que como muchos de sus amigos no ha conocido otro primer ministro que Hun Sen, se muestra menos optimista y argumenta que a los jóvenes no les interesa la política. “Camboya ahora mismo no es un buen lugar para expresar nuestras opiniones, incluso si lo hacemos en Facebook, probablemente seamos arrestados”, concluye el camboyano.
