Miles de troncos en barcos improvisados en el puerto de Inong, sobre el lago Mai-Ndombe, están listos para partir hacia la capital de República Democrática del Congo.

Inongo es la capital de la provincia de Mai-Ndombe, un área de 13 millones de hectáreas ubicada a unos 650 kilómetros al noreste de Kinsasa. Los troncos fueron cortados de forma ilegal de la selva que se extiende a lo largo y ancho de unos 10 millones de hectáreas y tiene árboles de entre 35 y 45 metros de altura.

“Vemos este tipo de espectáculo todos los días; toneladas y toneladas de troncos y de madera rumbo a la capital, ya sea por el río Congo o por tierra, desde donde se mandarán al extranjero o se venderán en el mercado negro”, explica a IPS el ambientalista Prosper Ngobila.

Mbock, el conductor del camión que trajo la carga, confirma: “Esta mercancía y otra que ya se fue a la capital están destinadas al extranjero. Solo los transporto, pero tengo entendido que el propietario del negocio es un hombre muy poderoso, casi intocable”.

Miles de troncos de árboles de unos 20 metros de longitud están tirados en la selva de Mai-Ndombe a la espera de ser transportados, mientras varios miles más van quedando ahí tirados, pudriéndose con el pasar de los años, añade Ngobila. “Es vergonzoso, por decir algo”, dice.

La selva de Mai-Ndombe (“agua negra”, en el idioma lingala) es rica en maderas raras y preciosas (de tola y de kambala, entre otras). Pero también es donde viven unos 7.500 bonobos, primates en peligro de extinción y los más cercanos a los seres humanos, con los que compartimos un 98% de código genético, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Además, la selva es una plataforma vital de sustento para unos 73.000 indígenas, la mayoría batwa (pigmeos), que viven junto a alrededor de 1,8 millones personas en esta provincia, muchas de las cuales no tienen derechos sobre la tierra.

Estudios recientes han revelado que la provincia –incluida la selva– tiene significativas reservas de diamantes, petróleo, níquel, cobalto y carbón, así como vastas cantidades de uranio en el fondo del lago Mai-Ndombe.

Los esfuerzos para salvar el bosque no están exentos de polémica

La organización medioambiental WWF y numerosos expertos medioambientales deploran la destrucción y degradación paulatina de esta selva debido a la tala de madera preciada y a la agricultura, y hacen un frente común para exigir su protección.

La República Democrática del Congo cuenta con el segundo mayor bosque tropical del mundo –de unos 135 millones de hectáreas–, que es, además, un poderoso aliado frente al cambio climático.

Con el fin de salvar la selva, el Banco Mundial aprobó en 2016 programas de la Red de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que procuran reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir la deforestación y la degradación, programas dotados con unos 90 millones de dólares USD (unos 75 millones de euros) al año.

Los proyectos, unas 20 iniciativas, lograron transformar la provincia en un gran terreno de pruebas para programas climáticos internacionales. En el marco de esas iniciativas, los indígenas y otros pobladores locales, que dependen de la selva, se beneficiarían de recompensas por sus esfuerzos.

No obstante, Marine Gauthier, experta con sede en París y responsable de un informe sobre el deplorable estado de la selva de Mai-Ndombe, encontró graves errores en el contenido de aquellos programas.

El documento, publicado antes del Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, por la Iniciativa Derechos y Recursos, menciona la fragilidad de los derechos a la tierra de las comunidades, y recomienda atender los prerrequisitos clave antes de invertir los fondos de la REDD+. Mientras tanto, insiste, las inversiones de REDD+ deben permanecer en suspenso.

“En RDC y especialmente en Mai-Ndombe, la historia de la gestión de los recursos naturales siempre se hizo a expensas de las comunidades locales”, explica Gauthier, luchadora infatigable para que los intentos de proteger la selva no hagan más mal que bien.

“Se otorgaron concesiones industriales en sus tierras tradicionales sin su consentimiento, y destruyeron su entorno sin ninguna forma de compensación; se crearon áreas protegidas en su tierra prohibiéndoles el acceso a la selva en la que cazan, recolectan, realizan rituales tradicionales, con lo que los separaron de su cultura, una vez más, sin su consentimiento”, añadió.

La lucha de los campesinos sin tierra

En el marco del Código de la Selva –de 2014– de la República Democrática del Congo, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen el derecho legal sobre un área selvática de unas 50.000 hectáreas.

Trece comunidades en los territorios de Mushie y Bolobo, en la provincia de Mai-Ndombe, solicitaron títulos formales para unas 65.308 hectáreas, señalan diversos informes, pero solo les reconocieron legalmente unas 300 a cada una de ellas, en total unas 3.900 hectáreas.

“Trabajo y vivo en estas tierras desde hace décadas, pero mientras no tenga un título que me dé derecho a ellas, no diré que me pertenecen”, comenta Alfred Mputu, de 56 años.

“¿Qué pasa si el gobierno decide venderlas a compañías extranjeras o a ricos y poderosos?, ¿dónde viviría?”, señala.

Para estas comunidades, vivir en o alrededor de estos bosques tropicales y no tener derechos sobre la tierra, puede tener serias consecuencias, alertan los expertos.

“Aun si les permiten quedarse en su tierra, la degradación ambiental causada por la industria podría derivar en un deterioro notable de la calidad de vida de la población del área”, elabora Zachary Donnenfeld, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad para la innovación y el futuro de África.

“Estimo que el gobierno está más interesado en vender los recursos a las multinacionales que en ver sus beneficios para las comunidades”, continúa Donnenfeld, residente en Pretoria.

“Para ser justos, el gobierno puede estar tratando de resolver intereses encontrados entre grupos locales”, precisa. “Puede haber algunos solapamientos, por ejemplo, de comunidades ofertando por la misma tierra, y el gobierno podría decidir qué es justo según su uso histórico o algo así”, apunta. “Dicho eso, no creo que las comunidades locales logren mucho, por lo menos en el sentido de derechos protegidos”, añade.

Pobreza y conflictos

Según Gauthier, este tipo de situaciones no sólo genera pobreza sino que aviva conflictos entre las comunidades y los impulsores de los proyectos; y entre las comunidades mismas.

“En cambio, cuando se garantizan los derechos a la tierra de las comunidades y se las empodera para gestionar sus propias tierras, los estudios revelan que se obtiene la mejor forma de proteger la selva –y más eficiente que las áreas protegidas–”, subraya la experta.

“REDD+ abre la puerta a más apropiaciones de tierras de actores externos atraídos por los beneficios del carbón”, alerta. “Los derechos a la tierra de las comunidades locales deben reconocerse a través de las distintas posibilidades legales existentes: como concesiones para que puedan seguir protegiendo a la selva. Con ello se lograrán los objetivos de REDD+”, expone.

Sin derechos protegidos, los pueden expulsar, como ya sucedió en este país, en Kivu Sur, en el Parque Nacional Kahuzi Biega, donde expulsaron a unos 6.000 pigmeos, recuerda Gauthier:

“Expulsar a los guardas forestales pone en riesgo al bosque mismo, mientras que permitirles vivir ahí y protegerlo tal y como lo llevan haciendo desde siempre es el mejor modo de lograr que estos bosques se mantengan vivos”.

Muchos analistas subrayan que estas situaciones tienen un impacto especialmente negativo entre los sectores más vulnerables, mujeres y niños, quienes ya soportan el gran peso de la dictadura, la mala gestión económica, la corrupción y dos décadas de conflicto armado.

Según Chouchouna Losale, vicecoordinadora de la Coalición de Mujeres para el Medioambiente y el Desarrollo Sostenible en RDC, Mai-Ndombe conoció una crisis humanitaria cuando se entregó a una compañía maderera la sabana otorgada a las mujeres. “Ahora hay casos de malnutrición en la zona”, informa a IPS.

La Coalición de Mujeres aboga por el reconocimiento de los derechos y las competencias de las mujeres, en general, y de las indígenas en particular, en las provincias congoleñas de Mai-Ndombe y Ecuador.

“Urjo al gobierno a avanzar en el proceso de reforma de la tierra para dotar al país de una clara política de tierras que proteja a las comunidades que dependen de la selva”, remacha Losale, quien subraya la necesidad de hacer una consulta adecuada con las comunidades para evitar conflictos.