Dictamen histórico en Londres contra Uber desenmascara la farsa para esquivar la definición de ‘trabajador’

La semana pasada se logró un nuevo hito histórico en el continuo combate para obligar a Uber, y a otros operadores que funcionan mediante aplicaciones, a respetar los derechos de los trabajadores. Y lo mismo que las recusaciones anteriores, esta fue iniciada por los trabajadores y sus sindicatos.

El último logro ha supuesto que el Tribunal de Empleo de Londres rechazase la apelación de Uber contra un dictamen anterior que establecía que sus conductores son trabajadores y por tanto tienen derecho a disfrutar de los derechos de los trabajadores. El caso había sido iniciado por conductores de Uber con el apoyo de su sindicato, el GMB.

Esta sentencia refuerza la necesidad de que se produzca un cambio, subrayada ya por otra decisión en la capital del Reino Unido, que retiró a Uber su licencia de taxi.

Pero estas gestiones de los sindicatos, que han sido replicadas en muchos otros países del mundo entero, no se limitan a crear problemas para la compañía. Vienen a indicar que los operadores para la contratación de transporte mediante aplicaciones –y ahora ya hay muchos otros además Uber– deben trabajar en el marco de la normativa local, nacional e internacional, desarrollada para proteger tanto a los trabajadores como a los pasajeros.

Un aspecto esencial de ello, respecto al cual los sindicatos tienen una posición única para poder contestar, es el intento de clasificar erróneamente el estatus de empleo de los trabajadores so pretexto de la economía gig (también conocida como economía del mercado informal o economía de trabajos temporales, entre otras) y una reducción de los costos para los consumidores.

La lección ineludible para Uber (y para todas las empresas que recurren a tácticas similares para socavar el estatus de los trabajadores para su propio beneficio) es que no puede permitírseles continuar con esta farsa. Su modelo de negocio con trabajadores supuestamente independientes será rebatido por nosotros, por las autoridades normativas, y por gobiernos locales y nacionales.

La ITF no está en contra del uso de nuevas tecnologías en el transporte, pero nos oponemos a tolerar que en el siglo XXI se recurra a condiciones laborales del siglo XIX.

Uber debe abandonar su modelo de negocio que socava o ignora los derechos de los trabajadores y trabajadoras y pretende eludir las regulaciones establecidas –regulaciones, por otra parte, establecidas para proteger a pasajeros y usuarios de las carreteras y promover sistemas de transporte seguros y sostenibles–. Hasta que no lo haga, tanto nosotros como el resto del movimiento sindical estaremos ahí para exigirles cuentas, ya sea ante las cortes, los tribunales de empleo, los ayuntamientos o los parlamentos.