Hace diez años, en la mañana del 24 de abril de 2013, el mundo entero se estremeció ante el trágico derrumbe del Rana Plaza, un edificio de ocho plantas que albergaba varias fábricas de ropa en Savar, a las afueras de Daca, la capital de Bangladés. Para construir el edificio se infringieron las normas de edificación, se utilizaron materiales de calidad inferior (al parecer en terrenos no aptos), se añadieron cuatro plantas sin licencia y se sobornó a funcionarios para que pasaran por alto estas cuestiones.

La catástrofe provocó la muerte de 1.134 personas y dejó a más de 2.500 heridas, lo cual produjo una enorme conmoción en la industria de la moda y desencadenó un movimiento a nivel mundial para exigir unas mejores condiciones y derechos laborales en la industria textil. Sohel Rana, el propietario del Rana Plaza, lleva casi una década en prisión, aunque a principios de abril intentó salir en libertad bajo fianza. Tiene abiertos numerosos procesos judiciales desde que ocurrió el incidente y es una de las 36 personas actualmente en juicio acusadas de asesinato debido a las muertes que provocó el derrumbe del edificio.

Aunque ya ha pasado una década desde la tragedia, para muchos de los supervivientes y las familias que perdieron a sus seres queridos (mujeres en su mayoría, por ser un sector que emplea principalmente mano de obra femenina), el dolor y el trauma siguen siendo intensos. Entre ellas se encuentra Nilufa Begum, una operadora de máquinas de coser de 40 años que trabajaba en la fábrica textil de Phantom Apparels, en la quinta planta del Rana Plaza. Milagrosamente, Nilufa sobrevivió al derrumbe, incluso después de que una viga de cemento le cayera encima. Sin embargo, su vida cambió para siempre.

“Antes del accidente tenía la mente en calma, a pesar de la pobreza. Después, todo cambió”, cuenta Nilufa a Equal Times. “Perdí todo lo que tenía. Debido a mi pierna paralizada, mi esposo me abandonó. Mi madre murió de un ictus cerebral por preocuparse tanto por mí y yo quedé incapacitada para trabajar. Ya no pude mandar a mi hijo a la escuela porque éramos pobres. Esta tragedia me ha destrozado la vida, así como el futuro de mi hijo y la familia que tenía”.

La terrible experiencia que vivió Nilufa atrapada bajo los cascotes de acero y cemento duró más de nueve horas y luego tuvo que someterse a 11 cirugías para tratar las graves lesiones que sufrió en la parte inferior derecha de su cuerpo. Los médicos coinciden en que habría que amputarle la pierna derecha, pues no es funcional y se está descomponiendo poco a poco. Actualmente vive con su hijo de 16 años en un asentamiento informal empobrecido de Savar.

Rubi Akhter tiene 55 años y perdió a su hija Morjina que trabajaba en New Wave Bottom Apparels en la cuarta planta del Rana Plaza: “Después de escuchar la noticia de que el edificio se había derrumbado, empecé a gritar como una loca y me dirigí inmediatamente al lugar de los hechos. Encontré el cadáver deformado de mi hija 17 días después del derrumbe”, nos cuenta Rubi. “Ahora vivo sola y echo muchísimo de menos a mi hija. Siempre que pienso en ella empiezo a llorar. Si todavía estuviera viva, no lo estaría pasando tan mal”.

La mayoría de los supervivientes del derrumbe viven en la más absoluta pobreza. Según un estudio reciente llevado a cabo por la ONG ActionAid Bangladesh, alrededor del 55% de los supervivientes siguen desempleados, principalmente debido a sus lesiones físicas.

“Hoy en día, algunos de los supervivientes sobreviven mendigando. Nuestra principal exigencia es que a todos los supervivientes se les conceda una indemnización por la pérdida de los ingresos de toda una vida, que ascendería a 4,8 millones de takas [aproximadamente 45.660 dólares estadounidenses] por persona”, aclara Mahmudul Hasan Hridoy, presidente de la Asociación de Supervivientes del Rana Plaza de Bangladés. Sin embargo, hasta la fecha, ni siquiera hemos oído hablar de la concesión de una indemnización justa.

“Los mismos individuos que son los propietarios de las fábricas textiles también ocupan cargos en el parlamento y el Gobierno. En el parlamento no hay ningún representante de los trabajadores. Los gobernantes nos están explotando”, denuncia.

Aunque los supervivientes y las familias de las víctimas han recibido donativos –incluidos los 30 millones de dólares que se abonaron a 5.500 demandantes gracias a una iniciativa voluntaria conocida como la Resolución del Rana Plaza, supervisada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno de Bangladés y financiada por un número reducido de marcas internacionales– los trabajadores afectados todavía no han recibido ninguna indemnización real, tal y como contempla el sistema nacional de cobertura en caso de accidentes de trabajo.

Sin embargo, tras varios años de lucha a favor de los derechos laborales y sindicales, en junio de 2022 se puso en marcha un plan piloto contra los accidentes de trabajo llamado EIS por sus siglas en inglés, de tres años de duración. Ahora, alrededor de 150.000 trabajadores textiles de 150 fábricas representativas se benefician de un programa de protección social –financiado por los gobiernos de Alemania y Holanda con aportaciones de nueve marcas internacionales como H&M y Primark– que concede indemnizaciones para los tratamientos médicos y los servicios de rehabilitación, así como para las pérdidas de ingresos derivadas de lesiones o enfermedades laborales.

“Valoramos la puesta en marcha de dicho plan y de otras iniciativas de desarrollo. El hecho de que nuestros compañeros trabajadores estén obteniendo indemnizaciones es algo bueno para nosotros. Sin embargo, queremos que se apliquen las leyes de la OIT en Bangladés. Queremos que la legislación laboral sea más respetuosa con los trabajadores en Bangladés”, afirma Hridoy.

Han mejorado las normas de seguridad, pero todavía queda mucho por hacer

Puede que el derrumbe del Rana Plaza haya sido el accidente laboral más mortífero del mundo desde el de Bhopal, pero la industria de la confección de prendas de vestir en Bangladés todavía representa más del 80% de las exportaciones anuales del país. Más de 300 marcas internacionales, como Walmart, Zara, H&M y Adidas, se abastecen de los productos textiles procedentes de este país. Según el proyecto de investigación Mapped in Bangladesh, más de 2,8 millones de personas trabajan en 3.752 fábricas de confección de ropa orientadas a la exportación, de las cuales se cree que algo más de 1.000 son fábricas subcontratadas.

Después de la tragedia del Rana Plaza, se impulsaron dos iniciativas: el Acuerdo sobre la seguridad en edificios y contra incendios en Bangladés, un acuerdo marco global, revolucionario y jurídicamente vinculante que abarca a las marcas internacionales, los minoristas, ocho sindicatos de Bangladés y las confederaciones sindicales mundiales IndustriALL y Uni Global Union; y la Alianza para la seguridad de los trabajadores de Bangladés, una alternativa liderada por el ámbito corporativo para las empresas que no firmaron el Acuerdo. Gracias a dichas iniciativas se inspeccionaron miles de fábricas para evaluar la seguridad eléctrica y contra incendios, así como los riesgos de las infraestructuras, mientras que los empleadores y los trabajadores recibieron formación sobre salud y seguridad en el trabajo y se introdujeron mejoras en el ámbito de las condiciones y los derechos laborales en las fábricas textiles de Bangladés. Asimismo, en 2021, un nuevo Acuerdo Internacional pasó a incluir también a Pakistán.

El presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladés (BGMEA), Faruque Hassan, explica a Equal Times que “después de la tragedia del Rana Plaza se inició una enorme transición”.

“Hemos llevado a cabo exhaustivas auditorías de la seguridad eléctrica, estructural y contra incendios en cada fábrica textil [miembro de nuestra asociación] y adoptado una política de tolerancia cero hacia los fallos en materia de seguridad. Asimismo, hemos clausurado numerosas fábricas que se consideraban inseguras”, garantiza.

Algunos de los grandes proveedores han invertido en fábricas más modernas y Hassan aclara a Equal Times que ahora las fábricas subcontratadas –cuyos servicios contratan los grandes fabricantes para fases concretas de la producción, como las de corte y costura, y cuyos trabajadores eran antes los menos protegidos– están también bajo el punto de mira en el nuevo marco que se aplica desde la tragedia del Rana Plaza, aunque no se incluyeron en las inspecciones de seguridad del Acuerdo y la Alianza, pues dichas fábricas no son miembros de la BGMEA ni de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Tejidos de Bangladés (BKMEA).

Sin embargo, Hassan insiste: “Garantizamos un control estricto de las fábricas subcontratadas. Hemos ordenado a los miembros de nuestra asociación que solo subcontraten a fábricas que cumplan con las normas de seguridad y que, antes de hacerlo, deben recibir la autorización del cliente minorista”, advierte.

“Nos hemos tomado el accidente del Rana Plaza como una lección y desde entonces nos hemos centrado especialmente en el tema de la seguridad. Por eso, los compradores también han recuperado la confianza en nosotros. En el ámbito de la seguridad, creemos que las fábricas de Bangladés son las mejores”, sostiene.

Amirul Haque Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles (NGWF), es más comedido en su valoración: “Admitimos que después del derrumbe del Rana Plaza se han logrado varios avances y mejoras en la seguridad de las fábricas, gracias a las inspecciones de seguridad llevadas a cabo por el Acuerdo y la Alianza. Sin embargo, dichas inspecciones de seguridad no incluyeron a todo el sector. En total, inspeccionaron alrededor de 2.500 fábricas, aunque en Bangladés hay aproximadamente 4.000 talleres de confección de prendas de vestir. Además, la supervisión de la seguridad en el trabajo es un proceso continuo. Y para garantizarlo hacen falta inspecciones frecuentes (cada 3 y 6 meses)”, nos informa.

Después de cinco años, la Alianza acabó su mandato en diciembre de 2018 y cedió su cargo a Nirapon, una organización sin ánimo de lucro, mientras que en junio de 2020, después de siete años, el Consejo de Sostenibilidad del Sector de Prendas de Vestir (RSC) se hizo cargo de las actividades del Acuerdo y empezó a operar como un organismo de supervisión de la seguridad en el sector textil de Bangladés.

Sin embargo, los sindicatos siguen exigiendo que se adopten medidas para mejorar la situación actual. Hoy en día, 194 marcas y minoristas han firmado el Acuerdo, que abarca a unos 2,4 millones de trabajadores en Bangladés, pero IndustriALL y Uni Global Union hacen un llamamiento para que se unan más marcas –en especial, marcas estadounidenses como Levi’s, Gap, Walmart y Amazon–. Mientras tanto, los sindicatos de Bangladés advierten que, como el mandato del RSC no es jurídicamente vinculante, los propietarios de las fábricas no están obligados a cumplir sus recomendaciones.

Asimismo, las organizaciones de trabajadores tienen problemas con la composición de la junta, que está formada por seis representantes de los fabricantes, seis de las marcas de ropa y seis de los sindicatos. “Los cargos de la junta directiva no están repartidos de manera equitativa”, denuncia Kalpona Akter, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Bangladés para la Solidaridad de los Trabajadores, en una entrevista grupal en línea organizada por la Campaña Ropa Limpia a principios de abril. “Consideramos que ellos tienen 12 puestos a su favor [de los empleadores]”.

“Aunque se anuncia a bombo y platillo que las decisiones se tomarán por consenso, [hasta la fecha] no hemos visto nada de eso. En el RSC hay una enorme diferencia entre qué información se comparte o no y un montón de problemas relacionados con el retraso de las inspecciones, así como con la no reducción de todos los riesgos de seguridad de los que se supone que tienen que encargarse y temas de transparencia, etc.”, explicó.

Los salarios bajos persisten

A pesar de los cambios que se están produciendo, la estructura completa de la cadena de suministro mundial –en la que las fábricas textiles de Bangladés están sometidas a una enorme presión para que produzcan moda rápida y barata para los minoristas de todo el mundo– sigue intacta y los trabajadores se encuentran en lo más bajo de la cadena alimentaria.

Los bajos salarios de los trabajadores textiles siempre han sido un problema en Bangladés. Aunque tras la tragedia los salarios se aumentaron parcialmente, los trabajadores siguen teniendo problemas para llegar a fin de mes. El Gobierno revisó por última vez estos salarios en 2018, cuando el salario mínimo de un trabajador textil principiante estaba fijado en 8.000 takas (75 dólares estadounidenses), pero los sindicatos están luchando para que se incremente dicha cantidad a 23.000 takas (215 dólares) con el objetivo de que refleje los enormes aumentos del coste de la vida que se han producido.

“Mi salario mensual es de 10.000 takas (aproximadamente 95 dólares). Y si hago horas extras, dicha cantidad sube hasta unos 13.000 o 14.000 takas (entre 123 y 133 dólares). Con este salario resulta muy difícil sobrevivir durante un mes entero. Yo y mi hija ni siquiera podemos permitirnos una habitación donde vivir solas. El precio de los productos cotidianos ha subido y, de hecho, resulta muy difícil cubrir todas las necesidades básicas con este salario”, se lamenta Rozina Begum, de 25 años, una operadora de máquinas de coser principiante que trabaja en una fábrica textil.

Los trabajadores suelen recurrir a las horas extras para ganar unos ingresos suplementarios con el objetivo de ayudar a sus familias. Sin embargo, esto hace que tengan que trabajar durante turnos muy largos en espacios reducidos que resultan perjudiciales para su salud.

“Normalmente, mi turno empieza a las 8 de la mañana y se supone que acaba a las 5 de la tarde. Pero algunos días trabajamos horas extras [para cumplir los plazos de los pedidos]. Esos días, es posible que acabemos de trabajar a las 7, 8 o incluso 10 de la noche”, se queja Rozina.

Asimismo, la mano de obra abrumadoramente femenina en el sector textil de Bangladés (se calcula que las mujeres constituyen el 85% del total) es muy vulnerable ante el acoso sexual y la discriminación y a las trabajadoras se les niega el derecho a la baja por maternidad consagrado en la legislación de Bangladés.

Se siguen violando los derechos sindicales

La creación de sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores resulta un poco más fácil desde que sucedió la tragedia, pero todavía hay que enfrentarse a muchos obstáculos para lograrlo. Aunque en teoría los trabajadores son libres para crear sindicatos, muchos dudan por la intimidación y el miedo a perder sus puestos de trabajo. El proceso de registro de los nuevos sindicatos es complicado y los rechazos son comunes.

Amin, presidente de la NGWF, explica a Equal Times: “En la práctica, el Ministerio de Trabajo tiene problemas para registrar a los nuevos sindicatos. Muchos de los obstáculos también provienen del bando del poderoso propietario”. Por ejemplo, Pioneer Casual Wear Limited, una fábrica textil ubicada en Ashulia, despidió a 64 trabajadoras después de que solicitaran al Ministerio de Trabajo el registro de un sindicato en la fábrica.

Por ley, se supone que el Ministerio de Trabajo tiene que registrar o anular el registro de los sindicatos propuestos dentro de un plazo de 55 días. Pero la solicitud de los trabajadores de Pioneer Casual Wear se rechazó después de que acabara el plazo de 55 días. Cuando varios sindicalistas volvieron a solicitarlo, se anuló la solicitud de registro. “Asimismo, incluyeron a los trabajadores despedidos en una lista negra para que no pudieran conseguir empleo en otras fábricas”, denuncia Mohammed Abdullah Al Baki, de 36 años, el presidente que propusieron para el sindicato de Pioneer Casual Wear.

La reciente pandemia de covid-19 ha aumentado aún más los retos a los que se enfrentan los trabajadores de la industria textil. Se calcula que al inicio de la pandemia se perdieron 357.000 puestos de trabajo (entre enero y septiembre de 2020), después de que las marcas occidentales anularan pedidos por un valor de más de 3.000 millones de dólares. Como las fábricas se vieron obligadas a cerrar, muchos trabajadores se quedaron sin ingresos y tuvieron problemas para mantener a sus familias.

Para abordar estos temas, el Gobierno de Bangladés y varias organizaciones internacionales han impulsado varias iniciativas para apoyar a los trabajadores del sector textil durante la pandemia. Por ejemplo, la OIT creó una iniciativa para efectuar transferencias de emergencia en efectivo a los trabajadores que perdieron sus empleos debido a la pandemia. Asimismo, el Gobierno de Bangladés prestó apoyo financiero a los trabajadores vulnerables y creó un número de atención telefónica para que denunciaran las violaciones de los derechos laborales. Sin embargo, dichas iniciativas se han enfrentado a varios obstáculos, como la escasa financiación y las dificultades para acceder a todos los trabajadores afectados.

Las marcas internacionales se abastecen en Bangladés principalmente debido a los bajos costes de producción y de la mano de obra. Sin embargo, esto suele provocar una reducción de costes por parte de los propietarios de las fábricas, lo que significa que acaban por explotar a los trabajadores, a los que pagan unos salarios ínfimos con los que tienen dificultades para llegar a fin de mes por el aumento de los precios.

El desastre del Rana Plaza siempre se recordará como una tragedia que se pudo haber evitado y que puso de manifiesto la necesidad de mejorar las normas de seguridad y los derechos de los trabajadores en la industria textil mundial. Aunque se ha progresado, los defensores de los derechos de los trabajadores advierten de que todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que se trate a los trabajadores de una manera justa y respetuosa. “Desde el incidente en el Rana Plaza, se ha progresado un poco en todo lo relacionado con las medidas de seguridad en la industria textil. Sin embargo, creemos que se necesita una mayor evolución para asegurarnos de que los trabajadores no tengan que sufrir accidentes parecidos en el futuro”, concluye Hridoy, presidente de la Asociación de Supervivientes del Rana Plaza de Bangladés.