Dos años después, los supervivientes de Grenfell siguen esperando justicia

Dos años después, los supervivientes de Grenfell siguen esperando justicia

In this file photo from 14 December 2017, people hold up photos of their loved ones, victims of the fire at Grenfell Tower in west London, as they leave the Grenfell Tower National Memorial Service at St Paul’s Cathedral in London.

(AP/PA/Gareth Fuller)

En la madrugada del 14 de junio de 2017, cuando las llamas envolvieron la torre Grenfell, al oeste de Londres, y la gente gritaba aterrorizada, casi nadie podía imaginarse el horror de lo que estaba sucediendo. Los bomberos que se presentaron allí a toda prisa, al principio creían que el incidente se reduciría a un apartamento, y no podían entender cómo es que todo el edificio se había incendiado. Aquella noche 72 vidas, entre ellas las de por lo menos 18 niños, desaparecieron en una de las peores catástrofes evitables de la historia moderna del Reino Unido.

Durante el discurso de dimisión que pronunció entre lágrimas, la primera ministra británica saliente Theresa May se refirió a la investigación pública independiente sobre la tragedia de la torre Grenfell como uno de los mayores logros de su gobierno. Sus palabras fueron recibidas con una incredulidad generalizada: dos años después del incendio, algunas de las familias afectadas todavía están esperando ser alojadas en algún sitio; la investigación sobre la tragedia está siendo desesperadamente lenta; cientos de edificios de altura por todo el país siguen teniendo el mismo tipo de revestimiento de la torre Grenfell que hizo que el fuego se propagase a toda velocidad; y la investigación criminal de la policía se encuentra en punto muerto debido a la paralización de la investigación, sin que se haya efectuado ninguna detención.

Matt Wrack, secretario general del sindicato de bomberos Fire Brigades Union (FBU), reprobó duramente a May, tachándola de “execrable” por atreverse a sugerir siquiera que “su pésima respuesta a la tragedia de Grenfell es una parte de su legado de la que se siente orgullosa”. En otra declaración del sindicato FBU, Wrack señalaba que “muchos de los problemas subyacentes de Grenfell se debieron a las condiciones poco seguras que se habían dejado enconar bajo el Gobierno tory y una alcaldía [el municipio de Kensington y Chelsea] de la que Theresa May es en última instancia responsable. La investigación que May puso en marcha ha enterrado bajo la maleza el escrutinio de los intereses gubernamentales y corporativos, negando justicia a familias y supervivientes, y dejando que todo siga igual para los ricos”.

Nabil Choucair, que perdió en el incendio a su madre Sirria, a su hermana Nadia, al marido de esta, Bassem, y a los hijos de ambos, Mierna, de 13 años, Fatima, de 11, y Zainab, de 3, declaró a Equal Times:

“No cabe duda de que [Theresa May] podría haber hecho mucho más. Dos años es mucho tiempo. Creo que May tendría que haber puesto en marcha la investigación antes... Tardó dos años en anunciar una caja de financiación de 200 millones de libras (aproximadamente 252 millones de dólares USD, 224 millones de euros) para que los propietarios particulares reemplazaran [el mes pasado] el revestimiento de los edificios. Eso se tendría que haber hecho de inmediato”.

Yvette Williams MBE, activista del grupo de campaña Justicia para Grenfell (Justice for Grenfell), afirma que el trato que han recibido las familias es “indignante”, sin apenas sensibilidad alguna hacia sus necesidades. “No se nos ha tratado como seres humanos decentes, y mucho menos como seres humanos traumatizados”, explica a este medio.

Se están distribuyendo indemnizaciones, pero el proceso está en gran medida controlado por el Gobierno. Han surgido varios puntos conflictivos, en particular respecto a la cuestión de los familiares más cercanos, cuya definición actualmente solo se extiende al cónyuge, a los hijos y a los padres. Dado que las víctimas no eran únicamente británicas sino que también había personas procedentes de otros 18 países, como Marruecos, Siria, Etiopía, Italia, Filipinas y Sierra Leona, los activistas están pidiendo que se respete la idiosincrasia cultural y que se amplíe la definición de “familiar más cercano” más allá del marco de la legislación inglesa. “Muchas de nuestras familias no funcionan así”, señala Williams. “Somo familias globales. ¿Hay alguna posibilidad de que se tengan en cuenta otros modelos de parientes más cercanos? ¿Pueden definirse las relaciones de otra manera?”.

Deficiencias tras la catástrofe y durante la investigación

En septiembre de 2017 se puso en marcha una investigación pública sobre el incendio que acabó con la vida de 72 de las 293 personas que supuestamente se encontraban aquella noche en el interior de la torre de 129 apartamentos. La publicación del informe sobre la primera fase de la investigación se esperaba para esta primavera, pero finalmente ha tenido que aplazarse hasta octubre, y de momento no se ha formulado ninguna recomendación.

Para Choucair y los demás familiares que perdieron a seres queridos, así como para los supervivientes, la investigación ha sido una experiencia dolorosa. Choucair señala que no se ha incluido debidamente a las familias afectadas, y que ha estado excesivamente controlada. “Ellos eligen a las personas que quieren que figuren en la investigación, y eso no se puede hacer”, comenta Choucair. “Si esta investigación es sobre los supervivientes y los familiares de los difuntos, entonces tenemos que ser una parte importante de la misma y poder manifestar nuestra opinión”.

Un informe basado en una serie de entrevistas realizadas a familiares de los difuntos y a supervivientes del incendio, publicado el mes pasado por Inquest, una organización benéfica que brinda asistencia jurídica, evoca la experiencia de Choucair. En este informe se relatan multitud de casos de familias que se han sentido “decepcionadas”, “indignadas” y “frustradas” después de la tragedia.

Las familias señalan que la noche del incendio, e inmediatamente después, el dispositivo de intervención para casos de emergencia estuvo mal coordinado, y que había muy pocas “figuras de autoridad que pudieran responder a sus preguntas”. Las familias buscaban noticias de los desaparecidos, y tuvieron que esperar días, semanas y, en alguno casos, meses, para obtener la confirmación de un fallecimiento, señala el informe.

Una de las personas entrevistadas explica: “Al parecer se constataron importantes desigualdades después del incendio. A los que más gritaban se les hizo caso, y a los más callados se les ignoró”. Otra persona cuenta: “Justo después de la catástrofe no hubo apoyo. Fue absolutamente demencial. Tres días deambulando por hospitales tratando de obtener alguna respuesta”.

La familia de Choucair esperó dos meses y medio agonizantes para recibir la confirmación de la muerte de sus seis familiares. “De verdad espero que nadie tenga que pasar por lo que nosotros pasamos”, nos dice. “Iba más allá del dolor. No sabíamos nada, pero albergábamos la esperanza de que pudieran estar vivos”.

Deborah Coles, directora ejecutiva de Inquest, manifestó que se habían producido “deficiencias sistémicas antes, durante y después de la catástrofe” y, en consecuencia, los supervivientes y los familiares de los difuntos “se encuentran en un limbo, sin unos marcos cronológicos claros, lo que contribuye a agravar los problemas de salud mental y física”.

Se necesitan mejores servicios de apoyo

Según el MHCLG, el Ministerio británico para la Vivienda, Comunidades y Administración Local en Inglaterra, se han dedicado más de 100 millones de libras (aproximadamente 125 millones de dólares, 112 millones de euros) de fondos públicos nacionales a la recuperación de las víctimas del incendio de Grenfell, en particular a gastos de realojamiento e inversión en la urbanización Lancaster West Estate, donde se encuentra ubicada la torre Grenfell.

No obstante, las voces críticas advierten que la mayor parte de estos fondos, en particular los destinados a apoyo psicológico, no se han distribuido de manera efectiva. El informe de Inquest señala que, si bien las familias acogieron con satisfacción la oportunidad de trabajar con psicoterapeutas, el apoyo que se les ofreció fue “irregular, y menudo durante las horas de trabajo, lo cual supuso un obstáculo”. Los relatos de las familias también apuntan a que no había suficientes especialistas en asesoramiento postraumático, cuando eso debería haber sido una de las primeras cosas ofrecidas.

Por lo general no se daban garantías de apoyo a largo plazo y había escasez de servicios para niños y jóvenes, como si se hubiesen “olvidado de ellos por completo”. Asimismo, parte de las terapias no tenían en cuenta las especificidades culturales. “Nosotros, por ejemplo, pedimos expresamente que la terapeuta fuese mujer, para que mi esposa se sintiera cómoda y pudiera quitarse el hiyab, pero, aun así, enviaron un hombre”, explica Choucair.

Choucair explica que el proceso le dejó la sensación de que las autoridades no habían entendido el trauma y la aflicción emocional de los supervivientes y los familiares de los difuntos.

La vivienda sigue siendo un problema

Una de las principales promesas de la primera ministra May fue que todo el mundo dispondría de una vivienda en un plazo máximo de tres semanas después del incendio, pero, a día de hoy, sigue habiendo supervivientes que viven en alojamientos temporales. Según ha informado el municipio de Kensington y Chelsea, a fecha del 6 de junio de 2019, 184 familias de la torre Grenfell y de la avenida Grenfell se han mudado a nuevas viviendas permanentes, pero 14 familias siguen viviendo en alojamiento temporal y 3 familias permanecen en alojamiento de emergencia.

El concejal conservador Kim Taylor-Smith, vicepresidente del ayuntamiento de Kensington y Chelsea, informó que se estaban buscando viviendas para familias “en circunstancias increíblemente complejas” y que ya casi lo habían conseguido, pero que no iban a precipitarse con las últimas familias.

En el momento de redactar este artículo, el Gobierno anunció una consulta sobre la seguridad de la construcción tras la Revisión independiente de las normas de construcción y seguridad contra incendios, que concluyó que el sistema actual para garantizar la seguridad contra incendios en edificios de gran altura no se ajusta a lo exigido, por lo que se recomendó llevar a cabo una revisión exhaustiva. El Gobierno ha aceptado las 53 recomendaciones.

El MHCLG también manifestó que estaba examinado “la mejor manera de reequilibrar la relación entre residentes y propietarios” mediante una reforma del sistema de viviendas sociales. Actualmente se están analizando las respuestas de una consulta sobre su “nuevo acuerdo para viviendas sociales”, pero las críticas indican que las propuestas no van lo suficientemente lejos.

Shelter y Joseph Rowntree Foundation, dos organizaciones benéficas de la vivienda, han declarado que las políticas no tienen ningún sentido si no se dispone de financiación para construir viviendas adicionales.

En el Reino Unido hay cerca de 1,2 millones de personas en listas de espera para acceder a una vivienda social, pero lo que se está construyendo no se aproxima en absoluto a esta cifra.

En un informe elaborado por Shelter se reclama una revisión de los derechos de los inquilinos de viviendas sociales después de que una investigación de un año dejara patente que el sistema había sido un fracaso para los residentes de la torre Grenfell. La encuesta YouGov reveló que muchos de los retos descritos por los residentes de Grenfell después del trágico incendio son los mismos que afrontan las comunidades de viviendas sociales en toda Inglaterra.

Además, si bien muchas personas han acogido con satisfacción los fondos del MHCLG de 200 millones de libras (aproximadamente 254,50 millones de dólares, unos 224 millones de euros) para reemplazar el revestimiento externo en edificios de propiedad privada de gran altura, los expertos han advertido que el protagonismo que se le está dando a la cuestión del revestimiento está restando importancia a otras características problemáticas de alumbrado y electricidad en antiguos bloques de viviendas como Grenfell.

En respuesta al anuncio del Gobierno sobre el fondo de 200 millones de libras para la cuestión del revestimiento, la empresa de alumbrado de emergencia Tamlite señaló que las normas de iluminación de emergencia, que datan de hace casi 50 años, necesitan “una revisión importante”. La empresa de iluminación señaló que, desde la tragedia, “no se ha prestado suficiente atención a la necesidad de abordar todos los aspectos de la seguridad contra incendios, en particular la detección automática de incendios y las luces de emergencia y de evacuación”.