Según los independentistas catalanes, la chispa que hizo estallar la crisis política en Cataluña fue la sentencia del Tribunal Constitucional español de 2010, que declaró inconstitucionales preceptos contenidos en 14 artículos del nuevo Estatuto catalán aprobado en 2006 en el parlamento regional.
Pese a la polémica que suscitaron muchos otros artículos, el alto tribunal dio validez a más de un centenar de artículos que también habían sido impugnados por el Partido Popular –entonces en la oposición– y varias comunidades autónomas.
Dos de las cuestiones que más malestar provocaron en Cataluña fue que se declarara nula su pretensión de que el catalán fuese la lengua “preferente” de la Administración, y que el tribunal dejara “sin eficacia jurídica” la consideración de Cataluña como nación en el preámbulo del nuevo Estatuto.
Cuestión ésta que es jurídicamente relevante, porque la Constitución española únicamente reconoce como titular de la soberanía a la nación española. El recorte del Estatuto, pese a que dicho tribunal tiene encomendada la función de velar por el sometimiento de todo el ordenamiento jurídico español a la Constitución, se vio como un ataque contra Cataluña.
Ello dio pie a una primera gran manifestación en Barcelona de un millón y medio de personas, según los convocantes. Sin embargo, una empresa española que desarrolló un sistema de conteo basado en imágenes cenitales en altísima resolución, concluyó después que la cifra real fue mucho más baja: 74.000 personas.
Ahí arrancó, probablemente, otro aspecto fundamental para entender la situación actual: la formidable maquinaria de agitación y propaganda puesta en marcha por el movimiento independentista.
Esto es, un engranaje de asociaciones civiles muy politizadas y una mayoría de medios de comunicación, tanto públicos como privados, generosamente financiados al servicio de la causa independentista. Para muchos, la correa de transmisión de la propaganda gubernamental.
“Verdades universales” que luego se demuestran falsas, inexactas o discutibles
En esas circunstancias y dado que existía un clima social convulsionado por la crisis económica, enseguida caló uno de los eslóganes en los que se ha basado el discurso independentista: “España nos roba”, que apunta al siempre espinoso tema de la solidaridad regional.
El cálculo del déficit fiscal de Cataluña en 2014, que se cifró en 16.400 millones de euros o el 8,4% de su PIB, se presentó como un “expolio” español. Cuando, tiempo después, varios economistas de prestigio desmontaron con cifras dicha falsedad, muchos catalanes se habían subido ya al tren del independentismo.
Paradójicamente, la contribución neta de Cataluña al Estado en ese año fue del 5,02% de su PIB. Madrid aportó casi el doble: un 9,8%.
Todo ese relato oficial de los supuestos agravios que sufre Cataluña en todos los ámbitos, repleto de “verdades universales” como la anterior que luego se demuestran falsas, inexactas o discutibles, ha sido la gasolina que ha espoleado el movimiento independentista, además de su radicalización.
El rol jugado por buena parte de la prensa catalana ha sido decisivo a la hora de propagar ese discurso oficial y, con ello, disparar la temperatura política y la crispación social. En la misma línea ha contribuido el adoctrinamiento político en esa dirección en las escuelas de Cataluña durante las últimas décadas. La educación es competencia exclusiva del gobierno catalán.
Madrid también ha sido cómplice. Por cálculo electoral, dejadez, ignorancia o torpeza política, históricamente los gobiernos de los dos principales partidos nacionales, tanto los conservadores como los socialistas, no han hecho otra cosa que ceder ante las exigencias de los gobiernos de Cataluña.
Ese repliegue del Estado en Cataluña quedó muy evidente el pasado fin de semana, cuando el gobierno español se vio en la obligación de enviar allí a miles de efectivos policiales del Estado ante la sospecha, luego convicción, de que la policía autonómica catalana no ejecutaría la orden judicial de impedir el referéndum ilegal del 1–O. En ese contexto, el deterioro de la situación política –y social– ha sido inevitable en los últimos cinco años.
El pulso político ha dejado una Cataluña rota socialmente en dos mitades. El bloque constitucionalista que defiende la unidad de España culpa, de entrada, a Artur Mas, expresidente de Cataluña hasta hace dos años.
En el peor momento de la crisis para España, Mas propuso un pacto fiscal para Cataluña que era inasumible entonces por el Estado puesto que la intervención financiera de España por Bruselas parecía entonces inevitable.
Por tanto, Rajoy se negó. Ante su negativa, el discurso desde Barcelona incidió –hasta hoy– en el inmovilismo de Rajoy. En Madrid, se insinuó que Mas chantajeó al presidente con la amenaza velada de la independencia. En 2014 Mas celebró una consulta ilegal para promover la independencia, razón por la que fue inhabilitado.
Por entonces, la fractura social en Cataluña era ya evidente. Porque más allá del ruido del bloque independentista, el cual cuenta con todo el apoyo institucional y mediático de la Generalidad, hay una parte quizá mayor de catalanes que no apoya la secesión.
Coincidencia o no, la mecha del independentismo se prendió justo cuando alrededor de Convergència i Unió, la coalición política regional que más años ha gobernado en Cataluña desde el restablecimiento de la democracia, florecen múltiples casos de corrupción. Escándalos que salpican a buena parte de la cúpula, incluidos el expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer y sus siete hijos, hoy todos imputados por la justicia. Se les acusa de haber amasado una fortuna de cientos de millones de euros, o quizá más, durante décadas a través de comisiones ilegales y favores políticos.
La causa catalana, ¿apoyada por “una mayoría de catalanes”?
Los independentistas han mostrado una gran capacidad de convocatoria. Pero sus movilizaciones en las calles, aunque espectaculares, son menores en número de lo que aducen sus patrocinadores y propagan los medios afines. En la ‘Diada’, o fiesta de Cataluña, de 2013, los dos millones de personas que formaron una cadena humana de 400 kilómetros quedaron reducidos, tras ser fotografiados desde el aire y ser contados uno a uno, a 793.683 personas. En la ‘Diada’ de este año, el supuesto millón de asistentes disminuyó al final a 160.000 personas.
Toda esa guerra de cifras es importante porque el argumento político esgrimido, una y otra vez, por el gobierno catalán y sus asociaciones y medios afines, es que cuentan con el respaldo mayoritario del pueblo catalán. Y, como prueba, aportan imágenes espectaculares y una cifra no menos impactante que, sin escrutinio ninguno, nunca baja del millón de personas.
De hecho, ninguno de los medios locales de mayor audiencia suele hacerse eco de unas cifras cuyo conteo está basado en un sistema informático y que, por tanto, es mucho más creíble. De hacerlo, se tambalearía la idea de que su causa es apoyada por “una mayoría de catalanes”. Este es un factor crucial, insisto, porque la creencia de que el independentismo es la opción preferida por la mayoría se traslada entonces “legítimamente” a la arena política.
Pero las elecciones autonómicas de 2015 vinieron a trastocar esos planes, porque sólo el 47% del voto popular respaldó a los partidos secesionistas pese a que el bloque independentista las convocó en clave plebiscitaria.
Fue entonces cuando vino la treta institucional. Pese a que sólo habían recibido el 47% de los votos, por las desigualdades de la ley electoral que favorece en Cataluña el voto rural y nacionalista, esos partidos que perdieron el plebiscito lograron en cambio la mayoría absoluta en el parlamento regional.
E hicieron suyo un mandato popular que las urnas no habían otorgado, para impulsar desde ese momento el proceso independentista con “el respaldo popular representado en el Parlamento catalán”. El momento álgido de esa estrategia legislativa se produjo el mes pasado con la aprobación de leyes para romper con la legislación vigente e impulsar la independencia.
Todo se hizo de espaldas al 53% de la población que no los había votado. También se desentendieron de la exigencia de tener una mayoría cualificada de dos tercios para reformar el actual Estatuto. El Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente las leyes aprobadas, por inconstitucionales, pero los representantes de dichos partidos, con el actual presidente de la Generalidad a la cabeza, Carles Puigdemont, han hecho caso omiso de las decisiones y advertencias del tribunal.
El último capítulo está más fresco en la retina: la organización, el pasado domingo, de un referéndum ilegal que obligó al Estado a tratar de frenarlo –sin éxito– con la intervención policial.
¿Derecho de autodeterminación?
El bloque independentista justifica todo el proceso con un supuesto derecho a decidir que no existe en derecho internacional, o a un derecho de autodeterminación que la ONU sólo contempla para casos de descolonización o en territorios con violaciones muy graves de derechos. Obviamente, no es el caso de España, país al que Freedom House equipara a Alemania en derechos civiles y políticos.
Como tal, la legislación española contempla una vía legal para impulsar la independencia de una parte del territorio siempre y cuando reciba el beneplácito del parlamento y el voto a favor de todos los españoles. Una vía dentro de la legalidad que los responsables políticos de Cataluña han preferido ignorar.
Que el gobierno catalán haya optado por la vía de atropellar el principio de legalidad de esta forma lleva a muchos a pensar que no se trata en absoluto de democracia, como dicen ellos, sino de un verdadero golpe de Estado en varias fases. Ningún país serio permitiría que una parte de su territorio se pudiera desgajar del resto por las bravas y al margen de la legalidad.
De hecho, que los Estados más modernos y avanzados del mundo tengan en el principio de legalidad el eje fundamental de su existencia tiene que ver, precisamente, con impedir lo que se está tratando de hacer en Cataluña desde hace cinco años: que alguien pueda atribuirse el derecho de representación de una supuesta “mayoría democrática” para tomar el control del poder al margen de las normas establecidas; las cuales, por cierto, se aprobaron de forma abrumadora en Cataluña en 1978.
Más allá de la cuestión estrictamente jurídica, es también importante resaltar que en el simulacro de referéndum del pasado domingo quedó patente la dificultad del bloque independentista para sumar adeptos a su causa. Siendo una oportunidad histórica para ellos, es lógico pensar que estaban especialmente movilizados para la votación.
El referéndum no tenía ninguna garantía, así que hay obviamente dudas acerca de la limpieza de todo el proceso. Y, sin embargo, menos de un 38% de los catalanes registrados en el censo optaron por votar a favor de la ruptura, según datos de los convocantes. Los últimos sondeos, elecciones y consultas confirman que el independentismo tiene un techo de cristal, porque ni siquiera en su apogeo lograron superar el 47% del apoyo. Con ese apoyo minoritario, no les queda ni la legitimidad moral para impulsarlo.
