Ejemplos de remunicipalización en varios países europeos galvanizan a la ciudadanía británica

Ejemplos de remunicipalización en varios países europeos galvanizan a la ciudadanía británica

Traditionally a supporter of nuclear power, German Chancellor Angela Merkel made an about-turn after Japan’s 2011 Fukushima disaster and announced an ambitious Energiewende, or “energy turnaround”, that would see renewable energy comprise 40-45 percent of Germany’s energy mix by 2025, and 55-60 percent by 2035.

(AP/Gero Breloer)

En Nottingham, Robin Hood Energy fue la primera empresa municipal de energía del Reino Unido creada por un ayuntamiento local en más de 75 años. Desde su fundación en 2015, esta empresa se ha propuesto hacer honor a su nombre proporcionando energía asequible, y ayudar a resolver el problema de la pobreza energética. Nottingham forma parte del grupo de ciudades británicas que se han unido a lo que ya es un movimiento internacional.

Ese mismo año, diversos ayuntamientos y asociaciones de viviendas de Escocia aunaron fuerzas para crear Our Power, un proveedor de energía limpia y asequible sin ánimo de lucro; y al año siguiente el Ayuntamiento de la ciudad de Bristol puso en marcha Bristol Energy, un proyecto con objetivos sociales y ecológicos similares. Sin accionistas ni ejecutivos con grandes sueldos, estas empresas pueden bajar los precios e invertir en energías renovables. Pero estas iniciativas, junto con un extenso plan para remunicipalizar el suministro energético de Londres, son solo excepciones en el Reino Unido.

“Ante la ola de privatización que hemos presenciado a lo largo de los últimos 30 años, que se ha visto recientemente acelerada con diversos servicios deficientes, acogemos con satisfacción las propuestas para devolver los servicios públicos a manos públicas”, explica Clara Paillard, presidenta del sector cultural del sindicato de servicios públicos y comerciales Public and Commercial Services Union (PCS) y activista de iniciativas relacionadas con el clima y con una transición verde.

“La pobreza energética y los elevados precios de la energía se deben a la actuación de un puñado de empresas que ostentan un monopolio. Es evidente que estas corporaciones no van a pasar de los combustibles fósiles a una economía limpia basada en energías renovables”, añade.

“El PCS preparó, junto con otros sindicatos y activistas, la propuesta One Million Climate Jobs, que trata sobre la propiedad pública de la energía, el transporte público y la vivienda, y que está vinculada al programa que [el líder del Partido Laborista Jeremy] Corbyn está planteando para que se desarrolle en el marco de una transición justa”.

John McDonnell, portavoz de Economía y Hacienda de la oposición, anunció el 8 de febrero que “el próximo gobierno laborista acabará con la austeridad y financiará convenientemente a las autoridades locales, en lugar de aplicar recortes y pasarse la pelota como están haciendo los conservadores”.

“Nosotros podemos restablecer los servicios públicos, estimular la economía y ofrecer empleos decentes, ampliar la participación y el control, y fortalecer la democracia local”, declaró McDonnell en Preston, una ciudad al norte de Inglaterra que está sirviendo de modelo y de plataforma de lanzamiento para el plan económico Community Wealth Building Unit, en el que se replantean los servicios públicos.

El Partido Laborista señala que apoyará los servicios públicos, incluido el Servicio Nacional de Salud y los ferrocarriles. Animará a las instituciones de base, como universidades y hospitales, a comprar productos locales y apoyará a las cooperativas de crédito como alternativas a los grandes bancos.

Preston ya ha hecho todo eso, lo que ha permitido que el ayuntamiento haya podido reinyectar cerca de 200 millones de libras GBP (225 millones de euros) en la economía local y garantizar 1.600 puestos de trabajo adicionales. Uno de los pilares clave de la iniciativa Community Wealth Building Unit es favorecer a las compañías municipales de energía, lo cual enlaza con un cambio a escala mundial que se aparta de la privatización.

Alemania a la vanguardia

Alemania está liderando el cambio mundial en el ámbito de la remunicipalización. El año pasado el Transnational Institute presentó 835 casos detallados de servicios públicos, como por ejemplo el tratamiento de residuos, el agua y el transporte, que están abandonando diversas formas de privatización (externalización de servicios, asociaciones público-privadas, etc.) para regresar a manos públicas, y de ciudades y regiones que están creando nuevos servicios públicos locales. Aproximadamente 347 de estos ejemplos tuvieron lugar en Alemania, 284 en el sector energético.

Hamburgo, la segunda ciudad más grande del país, recuperó su red de gas, electricidad y calefacción urbana después de que la campaña Our Hamburg, Our Grid ganara una consulta popular que se llevó a cabo en la ciudad en septiembre de 2013.

“Los movimientos sociales fueron clave. Pusieron sobre la mesa la cuestión de la democracia”, explica Sören Becker, investigador de la Universidad de Hamburgo especializado en energía municipal. “Las organizaciones dividieron sus funciones. Friends of the Earth habló de temas relacionados con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el clima y el Energiewende; el Customer Advice Centre habló de precios y servicios; y la Iglesia luterana creó una organización paraguas orientada a la sociedad, situando el debate en el centro de una sociedad basada en valores tradicionales”.

Becker explica que detrás de este movimiento está el concepto de transición a energías verdes – el Energiewende, que literalmente significa “cambio energético”–, una política que consiste básicamente en sustituir la energía nuclear y los combustibles fósiles por energías renovables. Concebido en la década de 1980, el proyecto ganó impulso en toda Alemania tras la catástrofe nuclear de Fukushima de 2011.

“Como marco discursivo, Energiewende era el núcleo, especialmente en Hamburgo, que era uno de los focos de las protestas relacionadas con la energía y contra las centrales nucleares de los años 1970, y de las posteriores protestas contra las centrales de carbón a partir de la década de 1990”.

Volviendo al Reino Unido, la tendencia a la remunicipalización se ha acelerado estos últimos años. “Yo creo que el apoyo público a favor de la propiedad pública siempre ha existido, pero Corbyn y el programa [electoral de 2017] del Partido Laborista han modificado la ventana de Overton. Ahora el debate se está llevando a cabo de manera distinta”, declara a Equal Times Cat Hobbs, directora de We Own It, un grupo de presión británico a favor de los servicios públicos.

Consideradas empresas clave de externalización del Reino Unido, Carillion se hundió en enero de 2018, y Capita está en crisis. Además existe una creciente crisis económica en la financiación de los gobiernos locales. Todo esto ha fomentado un sentimiento público en contra de la privatización.

“El sondeo del Legatum Institute que se publicó el pasado mes de septiembre concluye que el 83% de los encuestados está a favor de la gestión pública del suministro de agua, el 77% está a favor de la energía y el 76% a favor de los ferrocarriles. Este es un grupo de expertos de derechas y no estoy segura de lo que se esperaban”, dice Hobbs.

Recuerda cuando fundó We Own It hace cinco años: “En 2013 había muchas empresas de externalización que estaban haciendo las cosas mal: G4S en los Juegos Olímpicos; Serco y G4S, a las que se les pagaba por registrar a presos que, como se descubrió más tarde, estaban muertos; ATOS llevó a cabo unas evaluaciones deplorables sobre personas discapacitadas, etc. Cada uno de los escándalos recibió cobertura en los medios, pero el debate se sitúa ahora en un nuevo contexto político”.

El municipalismo impulsa la transición justa

Hobbs sugiere que la gestión pública municipal podría ayudar a impulsar la transición verde y justa. “Necesitamos una red de distribución energética que anime a las comunidades a proponer soluciones e incentivos basados en las energías renovables, y que colabore con ellas para que esto suceda lo antes posible. Pero es muy difícil de conseguirlo teniendo empresas que solo actúan en su propio interés”.

Abordar el cambio climático es una de las motivaciones clave de la nueva ola mundial de prestación de servicios municipales, según un informe del Transnational Institute titulado Reclaiming public services: how cities and citizens are turning back privatisation (Reclamar los servicios públicos: cómo las ciudades y los ciudadanos se están deshaciendo de la privatización).

Otros factores determinantes son el ahorro económico, las mejoras en la calidad del servicio, la transparencia financiera y la recuperación del control y la capacidad operativa. Becker es autor del capítulo del informe dedicado al municipalismo alemán, en el cual explica la frecuente oposición por parte de los sindicatos de Hamburgo.

“Una de las cuestiones era que los trabajadores acabarían en un sistema de negociación colectiva distinto. Otra era el tradicional vínculo con el SPD [Partido Socialdemócrata], que solía estar en contra de la municipalización”, añade.

Becker menciona el ejemplo de sindicalistas en conflicto con sus representantes y los principales partidos políticos. “Parte de los afiliados hicieron campaña a nivel de las bases a favor de la remunicipalización en Hamburgo”, apunta.

Le preguntamos a Paillard cuáles podrían ser las inquietudes clave con respecto a la expansión de las cooperativas y las energías locales en el Reino Unido, a lo que responde: “Tenemos que garantizar que las condiciones de empleo sean correctas, porque uno no puede hablar de hacer beneficios mientras contrata a personas a las que les paga el salario mínimo, con contratos de cero horas y sin derechos laborales adecuados”.

En cambio, la Community Wealth Building Unit del Partido Laborista tiene sindicatos a bordo desde el principio. Becker considera este punto crucial: “Involucrar enseguida a los sindicatos es una necesidad estratégica. […] La contradicción es que los sindicatos suelen estar ideológicamente a favor de la remunicipalización, puesto que los servicios públicos deberían ser accesibles, pero también tienen intereses institucionales para proteger los intereses de los trabajadores. Así que, llegado el momento [del cambio], surge el temor de que los intereses de los trabajadores puedan verse comprometidos”.

Para resolver este problema, Becker recomienda establecer garantías precisas y elaborar una hoja de ruta concreta. “Hay que hablar en nombre de los intereses particulares de los trabajadores y de los intereses de los trabajadores en general y del sector más amplio de la población”, afirma.

Otro obstáculo para la municipalización es la resistencia corporativa. “Sabemos que en la industria energética existen enormes intereses creados, y no les va a gustar que nos hagamos con el control de la energía”, explica Hobbs.

Esto puede observarse en Cataluña, en contra de una ola de remunicipalización del agua.

Cataluña y más allá

La ciudad de Terrassa, 30 kilómetros al noreste de Barcelona, ha estado a la vanguardia de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España. El 9 de diciembre de 2016, la alcaldía, gestionada por Terrassa en Comú (una plataforma popular que gobierna el ayuntamiento), anunció que aprovecharía que su contrato de 75 años estaba a punto de vencer, para remunicipalizar la gestión del agua. Pero el voto fue impugnado por vía judicial, y la creación de una empresa municipal de agua se ha visto postergada a finales de 2018, ya que la empresa privada de suministro de agua Mina Pública de Terrassa ha intentado recurrir en los tribunales la pérdida de su monopolio.

El Ayuntamiento de Terrassa, el igual que muchos ayuntamientos españoles, está gobernado por una coalición de grupos de base. El más conocido es el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú. Esta plataforma sometió su programa electoral a una multiconsulta que incluía la cuestión de la municipalización del sistema de suministro de agua. Justo después de las elecciones de 2015 el programa se publicó en Internet, y, una vez más, la municipalización del agua obtuvo el consentimiento popular.

Este año el ayuntamiento está solicitando a la ciudadanía que reafirme su apoyo. Este verano habrá un referéndum, y la cuestión de la municipalización del agua se incluirá en la papeleta. “Para nosotros es muy importante que se celebre una votación sobre la remunicipalización del agua, para que el llamamiento provenga del pueblo más que de nuestro partido; porque si no a la oposición le resulta más fácil reducirlo simplemente a una cuestión de partido”, señala Kate Shea Bird, que trabaja con Barcelona en Comú y ha sido elegida integrante del consejo ejecutivo del partido.

Por otra parte, el European Public Service Union (EPSU) está presionando a la Unión Europea para devolver la gestión del agua a manos públicas. A través de su campaña Right2Water, EPSU está presionando a la Comisión Europea para que se establezca un derecho humano al agua y al saneamiento. Un aspecto clave en este sentido es eliminar los servicios de suministro de agua de las normas de liberalización del mercado que favorecen la privatización.

La campaña se basa en estimular el apoyo público. En diciembre de 2013, Right2Water consiguió recopilar mediante una petición casi 1,9 millones de firmas, superando con creces el millón que se necesitaba para implementar la Iniciativa Ciudadana Europea, en la que la política de la UE es sometida a una multiconsulta. En consecuencia, en febrero de 2018, la Comisión Europea modificó la Directiva sobre agua potable.

En la práctica, esta directiva significa que la UE indicará a los gobiernos nacionales que proporcionen más fuentes públicas y que endurezcan las normas relativas a la calidad del agua.

El ESPU considera que la directiva propuesta constituye “un paso hacia adelante” pero también ha señalado que “deja pasar la oportunidad de reconocer el derecho humano al agua”.

Pablo Sánchez, responsable de campañas de ESPU y coordinador de la campaña Right2Water, explica a Equal Times que la remunicipalización es fundamental en la lucha continental por el acceso universal al agua.

“Es muy importante que se coordinen los cuatro niveles –mundial, europeo, nacional y regional–. En cierto sentido la municipalización es clave, y no solo para la gestión del agua. Los esfuerzos para municipalizar los servicios empezaron hace unos diez años, al principio en sitios pequeños, y poco a poco han ido ganando impulso”.

Volviendo a Cataluña, tanto Terrassa en Comú como Barcelona en Comú demuestran que, incluso con promesas electorales, la municipalización del agua requiere mucha presión desde abajo para romper con el control de las compañías de agua. El 22 de marzo de 2017, estas ciudades y pueblos se asociaron con cinco ayuntamientos para establecer la Asociación de Municipios por la Gestión del Agua Pública, cuyo objetivo es garantizar el acceso universal y asequible al suministro de agua. El grupo se estrenó organizando una manifestación masiva y una presentación en la que participaron representantes de ciudades, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de base.

El hecho de que Barcelona siguiera el ejemplo de Terrassa y trasladara el suministro del agua del sector privado al público, podría servir de catalizador para un proceso de municipalización a nivel europeo. “Que una ciudad de cuatro millones de habitantes pueda municipalizar la gestión del agua de una manera más económica, con mayor conciencia social y respetando el medio ambiente, demuestra que el derecho humano al agua no es una propuesta irrealista. Puede lograrse si existe la voluntad política”, concluye Sánchez.