En América Latina, el aborto clandestino, practicado en pésimas condiciones de seguridad e higiene, es responsable de, por lo menos, un 12% de las muertes maternas. Pese a los riesgos, las mujeres siguen y seguirán abortando; de ahí que los movimientos de mujeres exijan “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Por el momento, siguen topándose con el conservadurismo social, la resistencia de las Iglesias más implantadas en la región y la falta de voluntad política.

Sólo Uruguay, Cuba, Puerto Rico y la Guyana francesa disponen de leyes que permiten a las mujeres abortar libremente; el resto de los países oscilan entre la prohibición absoluta (Chile, El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam) y legislaciones más o menos restrictivas, que, en general, permiten abortar únicamente en caso de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre. El resultado es que, de los 4,4 millones de mujeres latinoamericanas que interrumpieron su embarazo en 2008, el 95% lo hicieron de forma insegura y más de un millar de ellas falleció, según el estudio Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe, del centro de investigación estadounidense Guttmacher Institute.

El de Chile es un caso extremo: la ley, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, establece que el aborto, en cualquier circunstancia, es un “delito contra el orden de la familia y la moralidad pública”.

Paraguay, por su parte, ostenta las tasas más altas de embarazos adolescentes y de mortalidad infantil. Recientemente, el caso de una niña de diez años que dio a luz tras ser presuntamente violada por su padrastro colocó el foco en una ley muy restrictiva que sólo permite abortar en caso de peligro inminente para la vida de la gestante.

Salvo en el caso de Uruguay, que durante la presidencia de Pepe Mujica aprobó una ley de plazos que permite a las mujeres abortar, ninguno de los países con Gobiernos llamados progresistas avanzó en esta materia. Así, por ejemplo, la Bolivia de Evo Morales mantiene penas de entre dos a seis años de cárcel para quienes ocasionen “la muerte de un ser humano en gestación”. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llegó a amenazar con dimitir en caso de aprobarse la despenalización del aborto.

El debate está atravesado por un profundo sesgo de clase: “No nos engañemos, las chicas que mueren por abortar clandestinamente son las pobres; las blancas de clase media pagamos por un aborto seguro, y listo”, afirma la académica y activista argentina Verónica Gago. También son las mujeres pobres, afrodescendientes e indígenas las que tienen, según ésta, más posibilidades de ir a la cárcel por practicarse un aborto ilegal.

La objeción de conciencia como obstáculo

En ocasiones, la legislación es más avanzada que la práctica social: “Pese a su marco legal, la realidad en Argentina se acerca mucho a la de contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido”, denuncia Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Argentina.

“La objeción de conciencia utilizada de manera abusiva y arbitraria ha constituido una barrera ilegítima para el acceso a las prestaciones legales de aborto”, añade. Las mujeres y niñas enfrentan otros obstáculos, como “comentarios reprobatorios del personal hospitalario, la mala fe de los proveedores de salud y funcionarios públicos, la violación del secreto profesional y la influencia de la Iglesia sobre los Gobiernos”, afirma la directora ejecutiva de AI.

En Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos al año, según datos del Ministerio de Salud. Entre 2007 y 2011, el 23% de las muertes maternas fueron la consecuencia de abortos inseguros.

Ese conservadurismo social contrasta con la fortaleza del movimiento de mujeres en Argentina. Cada año, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta ante el Congreso un proyecto de ley para sustituir la legislación actual, de 1921, que permite abortar a las mujeres en caso de peligro para la salud de la madre o de violación a una mujer “demente o idiota”. La sorprendente letra de esa ley fue matizada en 2012 por un fallo de la Corte Suprema, tras el cual se permite abortar a cualquier mujer que haya sido violada.

La influencia de las Iglesias católica y evangélica

La dificultad del movimiento feminista para lograr avances en las leyes en torno al aborto tiene mucho que ver con la presencia de la Iglesia católica en la región (y más recientemente la evangélica). “El papa Francisco ha supuesto un intento de revitalizar la Iglesia en América Latina. Hemos perdido la capacidad de articular lo laico y lo popular”, sostiene Verónica Gago. En 2016, el papa permitió a los sacerdotes absolver del pecado de aborto a sus fieles, pero siguió considerándolo como “un grave pecado, ya que pone fin a una vida inocente”.

Para el movimiento feminista, la Iglesia católica ha sido una institución clave para la opresión de las mujeres y, en particular, el control sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción. De ahí que, en Argentina, se haya convertido en una polémica costumbre que las manifestaciones feministas terminen frente a la catedral, a menudo con altercados y represión policial. Mientras la prensa conservadora define a las activistas feministas como violentas y radicales, ellas defienden que la verdadera violencia, que viola y mata, es la que se ejerce contra las mujeres.

La Iglesia católica no ha dejado de mostrar su férrea oposición a cualquier intento de suavizar las legislaciones que restringen la interrupción voluntaria del embarazo. Así, en 2009, el Estado brasileño, que autoriza el aborto en los casos de violación y riesgo para la vida de la madre, se enfrentó con la Iglesia católica cuando el arzobispo José Cardoso Sobrinho excomulgó a los médicos que interrumpieron la gestación y a la madre de una niña de nueve años violada por su padrastro.

Pero no es sólo la Iglesia católica: “Las iglesias evangélicas tienen un deseo más expreso de injerencia en la política. Me alarma profundamente la influencia que están adquiriendo en países como Colombia y Brasil”, advierte la socióloga y feminista argentina Alejandra Oberti. En Brasil, la llamada bancada evangélica es cada vez más influyente en el Congreso y ha tenido mucho que ver con el giro conservador en el país, donde se aprobó, a fines de 2015, una ley que posibilita que las Iglesias católica y evangélica puedan acudir al Tribunal Supremo para impugnar leyes “que interfieran directa o indirectamente en el sistema religioso o en el culto”.

Por su parte, las Iglesias evangélicas en Colombia ejercieron una notable influencia en el resultado del plebiscito por el cual los colombianos dijeron “no” al acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Los pastores evangélicos llegaron a pedir en el púlpito el voto por el “no”, argumentando que el acuerdo estaba teñido de una “ideología de género” que, entre otras cosas, llevaría a la legalización del aborto, a pesar de que la palabra “aborto” no figuraba en el texto del acuerdo.

Socorristas en Red

Delante de este contexto hostil, las mujeres se organizan y autogestionan. En 2012, las mujeres argentinas crearon, tomando una idea que venía de Italia, el colectivo autogestionado Socorristas en Red, que surge con el objetivo de “acompañar e informar” a las mujeres que están pensando en abortar y “desclandestinizar” esa práctica, según explica Romina, una activista de Socorristas en la ciudad de Buenos Aires. Las Socorristas facilitan una línea telefónica gratuita y se reúnen con las mujeres que están pensando en abortar para darles información y, en el caso de que decidan interrumpir su embarazo, ayudarles a conseguir el Misotropol, el medicamento más utilizado para practicar un aborto seguro.

No sólo se trata de evitar abortos inseguros, sino también de “desdramatizar” el aborto: “Está comprobado que no hay un trauma post aborto si se practica de forma segura e informada”, asegura Romina, quien además sugiere que las mujeres que toman la decisión pueden hacerlo rodeadas de amigas, subrayando “la libertad de esa decisión”. En 2015, las Socorristas acompañaron a 2.894 mujeres que decidieron abortar.

En 2011 surgió en Venezuela una iniciativa similar, la Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS). Se trata también de un servicio gratuito y autogestionado por mujeres que brindan información sobre la interrupción voluntaria del embarazo con pastillas. Como dicen las Socorristas: “Las mujeres siempre han abortado y van a seguir abortando. Se trata de que dejen de sufrir, y de morir”.