El 14 de marzo de 2018, la concejal brasileña Marielle Franco fue abatida por las balas que le dispararon desde un automóvil, en pleno centro de Río de Janeiro, cuando salía de participar en un debate con un grupo de jóvenes negras. Murió a los 38 años junto a su chofer, Anderson Pedro Gomes. Según la investigación preliminar, las balas que la alcanzaron procedían de un lote vendido a la Policía Federal que luego fueron robadas.
Franco fue una defensora de los derechos humanos que vivió la mayor parte de su vida en Maré, una favela del norte de Río de Janeiro, y una estrella fulgurante en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). En las elecciones locales de 2016 resultó elegida concejal de la Cámara Municipal de Río de Janeiro con 46.502 votos, el quinto mayor número de votos de los más de 1.500 candidatos que se presentaron.
La popularidad de Franco emanaba de su experiencia como mujer negra, lesbiana, madre soltera y producto de las favelas, todo lo cual configuró su visión política. Aunque en el momento de su asesinato acababa de comenzar su primer mandato como política, su labor contra violencia policial, su defensa de los derechos de la comunidad LGBT y su infatigable lucha contra el racismo y la pobreza ya habían dejado huella. Puso en el ojo del huracán los problemas que padecen las mujeres como ella: la falta de guarderías a disposición de las madres de la clase trabajadora, el menosprecio en el lugar de trabajo, el acoso en las calles y el maltrato en el hogar. "Yo soy porque somos" era su lema, además del marco de su compromiso político.
Como explica Célia Cunha, asesora política de Gilberto Palmares, diputado del Partido de los Trabajadores (PT) en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro: "Ser mujer es ya difícil de por sí, pero ser mujer negra lo es más aún, porque debemos enfrentarnos a los prejuicios y demostrar nuestra valía en todo momento". Para Cunha, "el asesinato de Marielle mata la esperanza de que podamos cambiar esta sociedad racista, disfrutar de los mismos derechos, llegar al poder y tener voz, y que este país nos pertenezca a todos; de que nos consideren ciudadanos a todos nosotros".
Cunha creció en circunstancias similares a las de Franco y conoce bien muchos de los problemas que ella padecía:
"Vivo en São Gonçalo, una de las mayores favelas del área metropolitana de Río, con 500.000 habitantes. Una vez, el Ejército Nacional me detuvo cinco veces en un mismo día, mientras me dirigía a casa de mi madre, que está a unos cientos de metros de mi casa, mientras que las mujeres blancas pasaban por allí sin que nadie las controlara".
Cunha explica a Equal Times que en su juventud fue testigo del impacto devastador que tuvieron las drogas en su comunidad. Además de perder amigos que sucumbieron a la drogadicción, vio cómo la policía o las bandas de narcotraficantes mataban a varios de sus compañeros. Su madre, analfabeta, crió a seis hijos y luchó por que todos terminaran la escuela secundaria.
"Mi sueño era convertirme en periodista", prosigue Cunha, "así que, cuando aprobé el examen de ingreso a la Facultad de Periodismo, pedí una beca. Yo era la única mujer negra en mi universidad. Fue difícil, pero obtuve mi licenciatura. Me especialicé en el estudio de los jóvenes asesinados por no haber logrado salir de la espiral de violencia y en proyectos para combatir el analfabetismo".
Franco también tuvo que apretar los dientes para salir adelante. A pesar de ser madre a los 19 años, se licenció en Sociología y obtuvo una maestría en administración pública. Pero nunca olvidó sus orígenes y combinó su contundente activismo político con la investigación social. De hecho, en su trabajo de fin de master analizó y criticó el papel de las Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) –la política de seguridad pública utilizada por el estado de Río para recuperar los territorios de las favelas controlados por las bandas locales de narcotraficantes–.
La violencia en Río
A pesar de su apodo de "Ciudad Maravillosa" y de sus impresionantes paisajes, Río lleva muchas décadas siendo el escenario de una cruenta guerra territorial. Según el Instituto de Seguridad Pública, el número de muertes violentas registradas en el estado de Río aumentó de 6.262 a 6.731 en el último año (un 7,5% más que en 2016). Un tercio de estos homicidios tuvo lugar en la ciudad de Río, donde la violencia de los narcotraficantes creció a la par que la corrupción policial –se alimentan mutuamente–.
El Gobierno federal del presidente Michel Temer respondió poniendo la seguridad de Río a cargo del Ejército nacional, encabezado por el general Walter Souza Braga Netto. Según una encuesta de la empresa de estudios de opinión brasileña DataFolha, la intervención militar ha sido recibida positivamente por el 76% de los habitantes de Río, aunque el 71% considera que la situación de la seguridad no ha mejorado.
El problema de la violencia en la sociedad brasileña hunde sus raíces en la historia del país, en la arraigada exclusión social que la caracteriza, emanada de la esclavitud y del colonialismo. Durante la última dictadura (1964-85), el éxodo masivo del campo a las ciudades brasileñas propició la proliferación de asentamientos informales, hoy conocidos como "favelas". Estos lugares se convirtieron en centros de narcotráfico debido a la marginación de sus habitantes y a la falta de servicios sociales básicos, de trabajo o de oportunidades educativas.
Arthur Welle, investigador en Economía de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), habla a Equal Times sobre el arraigo de la desigualdad racial en la sociedad brasileña: "En Río resulta más evidente. Según la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios Continua (PNADC), en 2017 las personas negras y mestizas ganaron, de media, un 64,3% de los salarios de los blancos. Además, aunque representan el 55% de la población del estado de Río de Janeiro, suponen el 71% de su población carcelaria", señala.
El último censo realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2010 revela que en la ciudad de Río viven 1,4 millones de personas en favelas. Es decir, más de una quinta parte de los habitantes de Río reside en lugares donde el Estado prefiere enviar tanques de la policía en lugar de suministrar agua, electricidad o servicios de saneamiento.
La situación empeoró en 2016 debido a la crisis económica, que contrajo la economía del Brasil un 3,6% ese año. La disminución de los ingresos fiscales, debido a una reducción de las regalías petroleras y a la mala gestión de los fondos públicos, llevó al entonces gobernador interino de Río, Francisco Dornelles, a declarar el estado de emergencia financiera.
Mientras el mundo entero disfrutaba de los Juegos Olímpicos de 2016, los servicios públicos en Río casi colapsan. El retraso en el pago de los salarios a los funcionarios públicos provocó varias huelgas prolongadas. Policías, bomberos y médicos sólo respondían a las emergencias más graves, mientras que los conductores de autobuses, los maestros y los recolectores de basuras paralizaban sus respectivos sectores.
El declive de la democracia brasileña
La reciente decisión de enviar al Ejército para controlar la seguridad de Río encaja en la estrategia conservadora de Temer –el vicepresidente del Gobierno de Dilma Rousseff, que llegó al poder en 2016 después de apoyar un proceso de destitución contra ella. Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aprovechó el apoyo de la opinión pública a las campañas anticorrupción, a pesar de que él también estaba imputado por cargos de corrupción. Su plan reaccionario se fue evidenciando a medida que se acercaba a los partidos de centro-derecha y nombraba solo hombres blancos en su gabinete.
Aunque la Ley Áurea abolió oficialmente la esclavitud en 1888, Brasil todavía conserva un apartheid no declarado. De hecho, a pesar de que el 52% de población es negra y mestiza, sólo representan el 20% del Congreso Nacional, según el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC). La situación es aún peor para las mujeres, sea cual sea su etnia: representan alrededor del 52% de la población del Brasil, pero sólo ocupan el 10% de los escaños del Parlamento federal.
El presidente Temer, que es popular entre las élites brasileñas a pesar de su pésimo nivel de aceptación (6%), no ceja en su empeño por anular todos los esfuerzos de los Gobiernos progresistas de Lula (2003-2011) y Rousseff (2011-2016) para reducir las desigualdades e injusticias históricas de la sociedad brasileña.
Cuando Temer lanzó su batería de políticas neoliberales, como las medidas de austeridad en los sectores de la salud y la educación, el desmantelamiento de la regulación del mercado laboral y las pensiones o la venta de las últimas empresas estatales, Brasil se convirtió en un polvorín político.
El asesinato de Marielle Franco fue recibido como una provocación que tensa aún más este clima político. Por esta razón, ha provocado una profunda indignación y protestas masivas en todo Brasil, además de la condena internacional de organizaciones como Amnistía Internacional, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Unos días antes de su ejecución, Franco denunció públicamente los asesinatos de tres hombres tras una operación de la Policía Militar. En uno de sus últimos tweets, lanzaba la pregunta: “¿Cuántos más tienen que morir para que acabe esta guerra?”.
Marielle Franco era una voz disidente de gran notoriedad en una sociedad racista y clasista, y ello la colocó en el punto de mira. Su muerte ha desencadenado una ola de movilizaciones justo cuando se inicia la campaña de unas elecciones presidenciales largas e inciertas.
Una de las principales incógnitas de la campaña es si Lula podrá presentarse como candidato. La decisión está en manos del Tribunal Supremo Federal, que en breve se pronunciará sobre su apelación. Lula ha sido sentenciado a más de 12 años de prisión por cargos falsos de corrupción y blanqueo de dinero, después de una agresiva campaña política impulsada por partidos de la derecha, sectores gubernamentales y los principales medios de comunicación.
Según las primeras encuestas, el político conservador Jair Bolsonaro –diputado federal por Río de Janeiro afiliado al Partido Social Liberal (PSL) y conocido como el "Donald Trump brasileño" por sus comentarios homófobos, sexistas y racistas– tendrá muchas más posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Brasil si Lula no se presenta a las elecciones.
Pero el asesinato de Franco ha fortalecido la determinación de los defensores de la justicia social y económica en Brasil. Podrán matar a una mujer, pero no sus ideas. La muerte de Franco no habrá sido en vano si consigue galvanizar los movimientos contra el autoritarismo y la exclusión, y ayudar a frenar el inicio de una nueva etapa política más represiva si cabe.
