El municipio de Santo Tomás, en El Salvador, absorbe el impacto de las maquilas como si de un cuerpo humano se tratara. El día a día fluye al ritmo de los horarios de la producción textil, como sangre por las venas. A las 06:00 pasa el bus 37, lleno a rebosar de mujeres de Santo Tomás que se dirigen a su trabajo en las maquilas de las zonas francas de San Marcos y Olocuilta. A las 17:30, buses nuevamente repletos llevan a las trabajadoras de regreso a casa.

El sector de las maquilas –o fábricas ubicadas en zona francas– da trabajo a más del 10% de la mano de obra del sector privado de El Salvador, porcentaje que, en 2014, equivalía a más de 74.000 personas, en su mayoría mujeres, que producen anualmente exportaciones por valor de 2.400 millones de dólares, según datos de IPS News.

Mientras las últimas estadísticas del Banco Mundial dan cuenta del impacto positivo de las maquilas sobre el desarrollo económico de El Salvador, en Santo Tomás, los cuerpos de las trabajadoras absorben otro tipo de impactos. Sonia Sánchez, una conocida ambientalista de Santo Tomás, es testigo de cómo a su hermana le fue fallando el cuerpo, poco a poco, después de veinte años repitiendo los mismos movimientos. “Primero necesitó cirugía en los hombros. Después en las manos. Más tarde tuvieron que extraerle las amígdalas, obturadas con pelusa”, explica Sánchez.

Debido a las diferencias entre sus salarios y el coste de la vida (hasta hace poco el salario medio de una trabajadora textil en El Salvador era de 211 USD al mes y el coste mensual de la vida ronda los 590 USD), las mujeres de Santo Tomás tienen que hacer uso de su creatividad para sobrevivir. Pero el histórico aumento del salario mínimo aprobado en enero podría mejorar sus vidas y las de otros 235.990 empleados de sectores cubiertos por dicho incremento.

Desde comienzos de año, los salarios del personal de las maquilas aumentaron casi un 40%, pasando de 211 USD a 295 USD al mes, mientras que los trabajadores de la industria del café y del algodón perciben hoy más del doble de lo que percibían antes: de 98 USD pasaron a cobrar 200 USD mensuales. Además, los salarios de otros trabajadores agrícolas aumentan a 124 USD al mes, mientras el personal de comercio, servicios e industria percibe ahora un salario mínimo de 300 USD mensuales.

Los nuevos salarios mínimos sectoriales —ligeramente inferiores al coste de la vida y aplicables sólo a la minoría de trabajadores en El Salvador que disfruta de empleos formales— fueron posibles gracias a años de labor de organización por parte de los sindicatos, en las empresas y en las calles, y gracias a meses de intenso debate en el Consejo Nacional de Salario Mínimo.

No obstante, el aumento salarial ha provocado una enérgica reacción desde el sector privado de El Salvador, calificado como “virulentamente antisindical”. Los grupos de presión empresariales han presentado demandas, las fábricas han despedido trabajadores y otras empresas amenazan con trasladarse a países con mano de obra más barata.

Reacción inmediata frente al nuevo salario mínimo

El salario mínimo de El Salvador es uno de los más bajos de Centroamérica y deja en la pobreza a millones de trabajadores. Las familias sólo consiguen mantenerse a flote gracias a otras fuentes de ingresos —en su mayoría las remesas que les envían los aproximadamente 2,8 millones de salvadoreños que viven y trabajan en el extranjero, un 90% de ellos en los Estados Unidos—. Según la revista Time, los trabajadores migrantes salvadoreños enviaron a su país 4.600 millones de dólares en 2016, cifra que representa el 17% del PIB y sitúa a El Salvador entre “los países con mayor nivel de remesas del mundo”.

Con algo menos de la mitad de los casi tres millones de habitantes del país viviendo por debajo del umbral de la pobreza, no es de extrañar lo extremadamente vulnerable a la explotación que es su mano de obra. Según Estela Ramírez, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sastres, Costureras y Similares (SITRASACOSI), los salarios en El Salvador se han mantenido bajos debido a que el mecanismo para modificarlos lo controlaban las mismas personas que se benefician de pagar tan poco a los trabajadores. El Consejo Nacional de Salario Mínimo lleva mucho tiempo presentando propuestas de incrementos salariales, que el Ministerio de Trabajo aprobaba o rechazaba, pero hasta hace estaba compuesto por representantes del Gobierno, de las empresas privadas y de sindicatos afines a las empresas.

Después de años reclamándolo, los sindicatos independientes lograron por fin una representación equitativa en dicho Consejo. El 1 de junio de 2016, el Consejo, encabezado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), un paraguas que representa al sector privado, remitió una recomendación de aumento salarial del 15%, fraccionado en aumentos del 5% anual durante tres años. La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, rechazó la propuesta diciendo que violaba los derechos humanos. En diciembre de 2016, gracias a la mayor representación sindical, cambió el equilibrio de poderes en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, tras las elecciones ordinarias de sus representantes. Gracias a ello, la mayoría del Consejo votó a favor de un sustancioso aumento de los salarios, por primera vez en la historia.

Los nuevos salarios mínimos sectoriales entraron en vigor el 1 de enero de 2017 y serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2017. Después de esa fecha el Consejo ha acordado revisarlos. Pero a pesar del decidido apoyo del Gobierno, la reacción del sector empresarial no se ha hecho esperar.

Según el diario digital Contrapunto, la ANEP amenazó con presentar recursos legales para paralizar el aumento salarial, mientras la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) estima que serán despedidos entre el 20% y el 30% de los trabajadores de los sectores afectados. En enero, cuatro compañías llegaron a comunicar a la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex) su intención de abandonar el país antes que absorber los costos.

Hubo empresas que fueron más allá: una de las mayores maquilas, Textiles Opico, o TexOps, despidió a más de 70 trabajadores luego del anuncio del aumento salarial. Este fabricante de ropa para grandes marcas deportivas como Adidas, Nike y Reebok redujo en la práctica los salarios al resto de sus trabajadores, privándoles de las primas salariales. En la reunión de mediación celebrada el 20 de enero de 2017 entre representantes del sindicato textil SITRASACOSI y TexOps, esta justificó los despidos diciendo que “la forma en que se aprobó el aumento deja claro que El Salvador es un riesgo [para los inversores]”.

El 9 de febrero, la ministra de Trabajo dictaminó que TexOps había cometido tres infracciones y le ordenó su cumplimiento en los siete días siguientes, si no quería ser sancionada. Pero Ramírez, de SITRASACOSI, afirma que el Ministerio aún no ha procedido a una inspección de seguimiento. No nos ha resultado posible entrevistar a ningún representante del Ministerio de Trabajo y TexOps no respondió a nuestras peticiones de entrevista. Pero, en un documento gubernamental sobre la reunión del 9 de febrero, la compañía niega las tres infracciones

Como deja clara la debacle de TexOps, una cosa es establecer un salario mínimo y otra muy distinta, implementarlo. En enero, el Ministerio de Trabajo afirmó tener conocimiento de 33 compañías, en su mayoría del sector servicios, que no están respetando el nuevo salario. Pero Ramírez duda de que se vaya hacer algo. “El Ministerio no quiere disgustar a las multinacionales”, afirma.

La batalla continúa

A fecha de 1 de mayo, cinco meses después de la entrada en vigor del aumento salarial, sólo el 20% de los gastos corporativos en el Salvador son para salarios, según la economista Saira Barrera. “Jamás deja de sorprenderme que las empresas privadas defiendan esos salarios míseros”, afirma la periodista Ileana Corado de Contrapunto.

La batalla se libra ahora en los tribunales, donde la ANEP denuncia que la elección del Consejo favorable a los trabajadores en diciembre de 2016 fue ilegal. Aunque el juez aún no pronunció su veredicto, los representantes de ANEP afirman que “llevarán las medidas a la esfera nacional e internacional para impedir que el Ministerio de Trabajo continúe manipulando e imponiendo su voluntad, recurriendo al fraude electoral en el corazón mismo del Consejo Nacional de Salario Mínimo”.

Para Claudia Liduvina Escobar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el sector privado no ha cejado en su empeño de socavar el éxito del aumento salarial. “Las empresas intentaron dar una imagen negativa del aumento. Lanzaron campañas de relaciones públicas y despidieron a personas para dar a la población la impresión de que el aumento es radical y perjudicial”, afirma.

No obstante, no puede negarse el impacto del aumento. “Una media de 80 USD más al mes es una cantidad enorme para cualquier trabajador. Se trata de un aumento sustancioso y la mayor parte de la clase trabajadora ha sido muy receptiva”, explica.

Según Ulises Rivas, un agente de mantenimiento de aeropuertos que ha colaborado en la campaña por el aumento del salario mínimo en calidad de secretario general del sindicato SITTEAIES, representante de los trabajadores aeroportuarios, la reacción contra el salario mínimo tiene que ver con algo más profundo: “En este país jamás había ocurrido un incremento de este tipo y las compañías están acostumbradas a pagar lo que les viene en gana. Esto es algo que cambia la condición social de los trabajadores”, afirma.

Un problema pendiente y obvio es la insuficiencia del aumento salarial, a pesar de que precisó creatividad y un trabajo pertinaz para su aprobación. Casi el 50% de los empleos no agrícolas en El Salvador son informales y quienes los ocupan carecen de toda protección social —de licencias por maternidad, bajas por enfermedad o salario mínimo— incluso los beneficiados por los nuevos salarios, la mayoría de los asalariados, se mantendrán en la pobreza.

Vista la feroz resistencia a que mejoren los derechos laborales, los sindicalistas independientes como Ramírez ponen sus esperanzas en los trabajadores. “La debilidad del movimiento sindical en El Salvador se debe a que carecemos de fondos para pagar abogados. Tenemos que estudiar las leyes nosotros mismos”, afirma, y añade que deben hacerlo al tiempo que trabajan durante el día para sacar adelante a sus familias y organizando a los trabajadores.

Ramírez creció durante los años de la guerra civil salvadoreña, que se prolongó entre 1980 y 1992, en una familia dividida entre militares y guerrilla. Incluso hoy no puede visitar a algunos de los miembros de su familia porque viven en zonas controladas por bandas. El sindicalismo da sentido a su vida. Cita los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como si de versos sagrados se tratara. “Me ofrece la oportunidad de ser útil“, dice de su labor sindical. “Mi vida deja una huella, mi paso por este planeta dejará una huella. Esto es algo espiritual y en la vida recoges lo que vas sembrando poco a poco”.