El pasado 27 de enero, el presidente de Argentina Mauricio Macri promulgó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Migraciones del país. Las varias reformas ordenadas por Macri incluyen una aceleración de los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos y la cancelación de residencia a extranjeros que cometan ciertos crímenes. Según el gobierno de este país, las medidas son un paso importante para combatir la inseguridad y el crimen en Argentina.

“El sistema va a funcionar así: persona que tenga antecedentes no va a poder entrar. Y toda persona extranjera que cometió un delito en la Argentina va a tener un trámite rápido de expulsión”, explicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “La concentración de extranjeros que cometieron delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país y ahí es donde queremos apuntar”.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos del país han expresado preocupación por el efecto que el decreto, que fue emitido como una acción ejecutiva sin debate del Congreso, tendrá sobre comunidades inmigrantes en Argentina.

De “ley modelo” a Estado policial

“La ley que nosotros teníamos tenía sus fallas y había unas cosas para revisar, pero era una ley modelo para la región, era una de las primeras leyes que consagró el derecho a migrar como un derecho humano”, dice Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes. “Pero con el nuevo decreto, el Estado se para en un Estado más de policía, se pierde el espíritu de la ley”.

La Ley de Migraciones original establecía que, a partir de la notificación de expulsión a un migrante, éste tendría 30 días para presentar una defensa y para que se revisase la medida. Con el decreto promulgado por Macri, este período se acorta a 3 días.

“Nadie puede preparar una defensa efectiva en tres días. Una defensa, además, necesita un abogado para presentar la demanda para una revisión. En tres días es prácticamente imposible”, dice Galoppo.

Asimismo, aunque la ley originalmente establecía medidas estrictas para crímenes como el narcotráfico, la reforma expande la expulsión a migrantes que tengan que servir cualquier tipo de condena privativa de la libertad sin importar la cantidad de tiempo en prisión. Para algunos migrantes, esta modificación podría tener importantes repercusiones.

“Todos los migrantes pueden ser expulsados por cualquier conflicto con la ley. Antes, la ley hablaba de penas mayores a tres años, ahora es cualquier tipo de delito, por ejemplo, robarse tres manzanas de un negocio”, dice Galoppo. “Siendo argentino recibiría una pena de un mes, ni siquiera iría a prisión, pero el migrante sería expulsado”.

Más allá del impacto que la reforma migratoria pueda tener sobre migrantes que cometan crímenes menores, para ciertos migrantes la mayor preocupación es la estigmatización que genera el decreto hacia ciertas comunidades.

“Eso es para los criminales, no para nosotros que trabajamos”, dice Grover Flores, quien emigró de Bolivia a Argentina hace más de una década. “Lo que sí preocupa es que desde el Gobierno se diga que sólo los bolivianos o paraguayos cometen crímenes. Hay gente que cree que porque soy boliviano estoy involucrado en el narcotráfico”.

En un comunicado firmado por más de 150 organizaciones, las asociaciones de inmigrantes y de derechos humanos mostraron su inquietud: “nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado”.

“Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga; no tanto bolivianos”, expresó la ministra Bullrich al defender el decreto. “Además, muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen como chóferes, mulas, partes de una cadena, en los temas de narcotráfico. Es un tema que tenemos que trabajar”.

Bullrich no es la única que ha utilizado este tipo de discurso. Días después de que se haya anunciado el decreto, Alfredo Olmedo, legislador de la provincia norteña de Salta, opinó que el gobierno debería mandar construir un muro en la frontera con Bolivia.

“Yo conozco la frontera, y muy bien, hay que hacer un muro”, dijo Olmedo durante una entrevista televisiva. “Si hay un delincuente que entró de Colombia, Paraguay, del lado que sea, se tendrá que volver a su casa, porque encima lo tenemos que mantener en la cárcel”.

Para defensores de migrantes, la mayor preocupación es que este tipo de discurso se extienda a la población.

“El decreto instala un sentimiento en la arena pública de molestia, de zozobra contra la migración que no es deseada en Argentina, hacia una migración de países limítrofes que históricamente no ha sido bien integrada”, dice Wanda Perozzo, de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina. “Hay un trasfondo de estigmatización, relatos de criminalización de la migración”.

Según una encuesta conducida por la consultora Poliarquía, un 88% de la población está de acuerdo con la reforma del “trámite exprés” para expulsar extranjeros, mientras que el 83% está de acuerdo con la prohibición de entrada a extranjeros con antecedentes penales.

Los migrantes conforman el 4,8% de la población en Argentina. Según un informe del Ministerio de Justicia de Argentina, el 94% de la población detenida en cárceles es de nacionalidad argentina, mientras que sólo el 5% es originaria de países limítrofes. En total, son 1,426 extranjeros detenidos por delitos vinculados con drogas, representando el 0.06% de la población extranjera en el país.

El “efecto Trump”, ¿una tendencia regional?

A pesar de que no se hayan tomado medidas concretas como en Argentina, en Chile se está prestando un discurso antinmigrante similar al de su país vecino. El pasado 15 de enero, cientos de personas marcharon en Santiago de Chile a favor de los derechos de los migrantes, y en oposición a varias propuestas surgidas en el ámbito político que asocian a la migración con un aumento de delincuencia y otros problemas sociales.

Una de estas propuestas fue presentada por Sebastián Piñera, expresidente de Chile y candidato a la presidencia para las elecciones de este año.

“Lo importante es que los chilenos tenemos que tener meridianamente claro que es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado”, expresó Piñera.

Manuel José Ossandon, senador y candidato presidencial, expresó similares ideas: “Hay que tener una política muy dura con los delincuentes que están llegando. Hay que expulsarlos inmediatamente”.

Según una encuesta del centro de investigación Cadem, el 75% de los chilenos opina que el gobierno debería adoptar políticas migratorias más estrictas, mientras que el 45% opina que la migración es algo negativo para el país.

“No es que la gente haya cambiado de parecer. Siempre ha habido posiciones antiinmigrantes en distintos ámbitos. Pero a partir de las elecciones de los Estados Unidos esta gente se ha visto alentada por la efectividad del discurso, y piensan que puede ser efectivo acá también”, dice Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.

Desde Argentina, Perozzo comparte una misma opinión: “Creo que la reforma migratoria de Argentina está inserta en una reconfiguración a nivel global, una reconfiguración política y económica donde se reactualizan los discursos nacionalistas, chauvinistas y los discursos que ponen fronteras y trabas a la profundización de las sociedades democráticas”.

A pesar de estas tendencias, los defensores de los derechos de los migrantes conservan su optimismo.

“El movimiento humano es algo que el mundo entero tiene que reconocer, es un movimiento que ni siquiera el Mar Mediterráneo puede contener”, dice Noriega. “Lo que nosotros como comunidad de inmigrantes tenemos que aprender es a buscar aliados dentro de los distintos países, y aprovechar estas alianzas. Es así como vamos a poder vencer los sentimientos antiinmigrantes”.