En las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla de Colombia tras la desmovilización de las FARC, la paz no se percibe más que como un espejismo. El cese temporal de hostilidades, una tregua de 101 días –desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 9 de enero–, no llegó a ser realmente efectiva.

Después de una decena de atentados del ELN desde que comenzara 2018, el Gobierno colombiano suspendió los diálogos iniciados hace un año y retomó el accionar militar con bombardeos. En el Frente Occidental Omar Gómez, ubicado en el departamento de Chocó, en la costa pacífica, los guerrilleros nunca bajaron las armas, como pudo comprobar Equal Times.

“Nos hemos entrenado y nos estamos preparando para seguir adelante. Porque cuando se acabe el cese, el Gobierno se va a venir con todo. Tenemos que estar dispuestos para la guerra que viene”, avanzaba Natalia (alias) a finales de año.

Una escalada del conflicto que arrancó la madrugada del 9 de enero, apenas dos horas después de culminar el cese al fuego bilateral de poco más de 3 meses. Los rebeldes emboscaron con granadas a dos infantes de marina en Arauca (en el norte, frontera con Venezuela), asesinando a uno de ellos, y detonaron varios explosivos en Casanare (centro-este del país). El presidente Juan Manuel Santos congeló entonces el inicio de la quinta ronda de negociaciones que se iba a desarrollar en Quito, Ecuador.

Dos semanas después, un triple atentado en Santa Rosa, Soledad y Barranquilla –en el centro-oeste y norte, este último el más grave, contra una estación de policía, que dejó cinco uniformados muertos y más de 40 heridos–, forzaron la decisión del Ejecutivo de suspender las conversaciones con los rebeldes.

Pese a esos ataques, miembros de la delegación del ELN en Quito han insistido en todo momento en retomar las negociaciones y aseguraron a Equal Times que ni siquiera estaban al corriente de los ataques, y más concretamente del de Barranquilla, reivindicado por una milicia urbana. Una desconexión entre las tropas y sus representantes que dinamitó la confianza del Gobierno sobre la credibilidad de sus interlocutores.

El propio Santos rechazó reanudar los diálogos “hasta no ver coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones”. La anárquica estructura de esta guerrilla propició la contradicción entre su postura oficial y sus acciones sobre el terreno.

Ayer martes, y de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 11 de marzo, esta guerrilla anunció un cese unilateral de operaciones militares ofensivas durante los días previos y posteriores a la cita con las urnas, entre el 9 y el 13.

En el frente occidental la tregua les permitió abandonar su rutina de itinerancia, a la huida de los bombardeos, para concentrarse en veredas. No obstante, aprovecharon esa calma para realizar entrenamiento físico y de maniobras militares cada mañana, además de para fabricar explosivos caseros con grandes bolas de pólvora y cilindros de gas, una muestra más del escepticismo en el proceso de este centenar de guerrilleros elenos (como se denomina a los integrantes del ELN) agrupados en la vereda de Noanamá (Chocó).

El cese “se ha tambaleado en todo momento”, pronunció Uriel (alias), comandante del campamento.

Es justo en este frente donde se ha concentrado la mayor parte de los incidentes con las Fuerzas Armadas durante el cese al fuego. Los elenos, por ejemplo, denunciaron el “hostigamiento” (o incluso “provocación”) del Ejército –con desembarcos, o despliegues con helicópteros para, entre otros, erradicar cultivos de coca– en las zonas que aquellos consideran de su influencia –durante nuestra estancia en el campamento presenciamos cómo dos helicópteros del Ejército desplegaron a un grupo de militares para fumigar manualmente una plantación a tan sólo 3 kilómetros del asentamiento guerrillero–.

Por su parte, el Gobierno había acusado a ese mismo frente de violar el cese al fuego en repetidas ocasiones. Una de las más graves se saldó con el asesinato de un líder indígena. En un suma y sigue, hasta 35 incidentes en todo el país han sido presentados por el ELN y el Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo de la ONU. El frágil cumplimiento y verificación del cese ha ahondado la suspicacia de los guerrilleros sobre un proceso de paz que partió con notables recelos y avanza con extrema lentitud. En casi un año de diálogos todavía no se ha pasado del punto uno de la agenda, el de participación de la sociedad colombiana en su conjunto, una de las más ambiciosas premisas del ELN y que el Gobierno ve como un obstáculo por la dificultad de materializarlo.

Para el analista político Víctor de Currea, el error en ambas partes es “la ausencia de una estrategia, que les hace negociar sin un fin determinado”, una dinámica que, sumado a los pocos meses que le quedan al actual Gobierno (a finales de mayo se celebran elecciones presidenciales), pone al proceso, según él, al borde del colapso. “El ELN ha pretendido que todo sea bilateral y no ha aceptado tener un gesto unilateral. Ahora el Gobierno dice que vuelven a dialogar si antes se habla sobre un nuevo cese, mientras que el ELN insiste en que primero se sienten de nuevo a negociar y luego se habla de un posible cese. Hay mucha terquedad y falta de astucia política”, explica.

El acuerdo con las FARC: un ejemplo que no convence

“La paz es una palabra que se ha ensuciado en Colombia. Paz es que no haya pobreza, [que] haya igualdad. Hasta que eso no suceda, aquí no se piensa en dejar las armas”, subrayó Estasio, uno de los subcomandantes que más recelo mostró ante nuestra presencia. “Si no se solucionan los problemas, yo dejaré mi fusil hoy, pero mañana otro lo cogerá”, sentenció lacónico el joven.

En esa línea, la mayoría de los guerrilleros considera que “las FARC se rindieron” por haber entregado las armas sin lograr “la justicia por la que luchaban”. La lenta implementación de los acuerdos de paz con las FARC multiplica el recelo del ELN sobre su propio proceso.

En un año desde la firma de la paz entre aquellas partes, apenas se ha avanzado un 18,3% de lo pactado, asegura un informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) publicado a comienzos de enero.

Las FARC critican la tardanza en la aprobación de leyes y su modificación en el Congreso respecto a lo acordado. “Si el Gobierno hubiera cumplido con las FARC, tendríamos ese ejemplo, pero hoy vemos algo diferente, por eso no podemos confiar ni bajar la guardia”, apuntó Andrés, otro de los guerrilleros.

Esa desconfianza, junto al débil cese al fuego y una desescalada del conflicto mínima, mermaron las expectativas de ambas partes ante un proceso de paz en vías de quebrarse. Pese a la tregua, el ELN mantuvo modalidades delictivas como el secuestro y las extorsiones. Uno de los subcomandantes, Yerson, reconocía estas prácticas como su principal fuente de ingresos. “Esta guerra también tiene que financiarse”, justificó. Durante el cese, los guerrilleros elenos han secuestrado a 21 civiles (19 ya liberados), según el monitoreo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

En esa misma vereda de Noanamá el ELN liberó al excongresista Odín Sánchez en febrero de 2017. Fue la principal condición del Gobierno para iniciar la fase pública de diálogos, que arrancaron a la semana siguiente de esa liberación, después de un año de dilaciones. El propio político, cautivo durante diez meses, definió esas orillas del río San Juan como “cuarto mundo”, donde la gente vivía en condiciones “infrahumanas”.

Sigue el conflicto en la región más pobre del país

Un 60% de la población sobrevive bajo el umbral de la pobreza en el Chocó, el departamento históricamente más olvidado y carente del país. En las ribereñas veredas del río San Juan muchas familias, en su gran mayoría afrodescendientes, se vieron obligadas a abandonar su hogar a comienzos del año 2000 debido a las incesantes fumigaciones que arrasaron los cultivos de coca –lo que se sumó a la inviabilidad de la agricultura por los pantanosos terrenos y la caída del precio del oro–.

Ahora, los que quedan, se sostienen por la tala de árboles. Y las barracas deshabitadas han pasado a ser ocupadas por los guerrilleros elenos, que justificaban su lucha como una necesidad para sacar a sus conterráneos de la miseria y defenderlos del despojo de sus tierras. “Mientras haya pobreza, habrá guerrilla, estaremos aquí y sobre todo en esta región por ser una población tan vulnerada en toda la historia”, apuntaba Estasio.

Asimismo, en el último año varias comunidades se han visto forzadas a desplazarse por los enfrentamientos entre el ELN y las bandas sucesoras del paramilitarismo –que tratan de ocupar el espacio dejado por las FARC tras su desmovilización–. El comandante Uriel negó de forma taxativa que hubiesen aprovechado la retirada de las FARC para ampliar sus territorios: “Venimos de un proceso de expansión desde hace cuatro años y ha coincidido con ese contexto, pero no es algo mecánico”.

La tregua se pactó con el Gobierno, pero la guerra continuó contra otros grupos. Según datos de la Defensoría del Pueblo, a los que tuvo acceso este medio, en Chocó se produjeron 19 desplazamientos masivos durante el pasado año (con un total de 5.659 desplazados), un 44% del total en todo el territorio.

A lo que se añadió que 11.314 personas quedaron en situación de confinación (sin libertad de movimiento por impedírselo algún grupo armado), un 77% del total en Colombia. En Noanamá los lugareños condescendieron entre la empatía y la resignación aquella presencia guerrillera.

Cada seis días como máximo, y por motivos de seguridad, el frente se traslada a otra vereda. En esos momentos, los rebeldes se afanan por subir las mochilas, sillas y lavadoras a las lanchas al compás del atardecer. En la región más lluviosa y húmeda del país cualquier transporte debe hacerse a través de la infinidad de caminos fluviales –con salida al mar, ventaja geográfica que convierte a este departamento en uno de los más codiciados por el narcotráfico, ya que permite esconder con facilidad el transporte de mercancías–. En medio del ajetreo, una madre corre detrás de su hija de tres años. Ha podido reencontrarse con ella gracias al cese al fuego, pero está dispuesta a separarse de nuevo. “El sacrificio es muy grande –cuenta Nayer entre sollozos–, pero yo no quiero una paz que sólo me beneficie a mí, sino a todo el pueblo”.

Doce horas después de que Santos anunciara la suspensión de los diálogos el 29 de enero, el ejército bombardeó una vereda del Litoral del río San Juan, a escasos kilómetros donde este periodista visitó el frente ‘Che Guevara’ contra el que se dirigía el ataque. Uno de los objetivos era el subcomandante Estasio. En la operación las autoridades capturaron a cuatro guerrilleros e hirieron supuestamente a una civil menor, aunque extraoficialmente se habla de varias bajas. Unos 700 indígenas de esa región han tenido que desplazarse.

“Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”, pronunciaba Santos tras el bombardeo, una práctica que el Gobierno no empleaba desde setiembre del pasado año, justo antes del cese. Se recrudece el conflicto en Colombia con la única guerrilla activa y con ello se agotan las opciones de paz.