El estreno de Bolsonaro amenaza el compromiso de Brasil con la Agenda 2030

El Gobierno de Jair Bolsonaro, elegido en las urnas en 2018, cumple sus primeros cuatro meses de mandato inmerso en una crisis interna, con un nivel de rechazo sin precedentes y acumulando una panoplia de medidas polémicas.

Con un equipo variopinto que mezcla economistas, tecnócratas e ideólogos ultraliberales, además de militares y evangélicos, todavía es difícil afirmar cuál será el rumbo de este Gobierno. Lo que sí parece evidente, en lo que toca a derechos humanos y desarrollo sostenible, es que las medidas adoptadas hasta ahora amenazan el cumplimiento, por parte del Brasil, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Durante la carrera presidencial, Jair Bolsonaro afirmó que, de ser elegido, sacaría a Brasil del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pues, según él, este no sirve para nada. A pesar de retractarse posteriormente, la postura del entonces presidenciable ya mostraba la falta de compromiso con el multilateralismo.

Hechos concretos en este sentido no tardaron en llegar: en el octavo día del Ejecutivo de Bolsonaro, Brasil comunicó su salida del Pacto Global sobre la Migración, alegando que Brasil es un país soberano para aceptar o no la entrada de inmigrantes. Según el propio presidente, el pacto fue adoptado “por terceros”, como si Brasil no hubiese estado en los debates. Negociado desde 2017 como respuesta a la crisis mundial de migración, el pacto fue aprobado por más de 160 países en la conferencia intergubernamental de la ONU en Marrakech en diciembre de 2018.

Alejándose del trabajo diplomático realizado por los Gobiernos de Lula y de Dilma, tanto en la región como a nivel global, el nuevo Gobierno promete una limpieza ideológica en las relaciones internacionales. Si los dos primeros ayudaron a fortalecer el Sur Global y se ganaron el respeto de EEUU y de la Unión Europea, Bolsonaro, en sus primeros viajes internacionales –que tuvieron como destino Argentina, EEUU y más recientemente Chile e Israel–, ha optado por retomar la agenda entreguista y de subordinación.

El desarrollo, relegado

Las medidas tomadas por este Gobierno en sus primeros meses apuntan a 4 años de descompromiso con los pactos para el desarrollo sostenible a nivel mundial, de los cuales Brasil es signatario. Es cierto, también, que por los actuales indicadores el país no alcanzará casi ninguna de las 17 metas de desarrollo. Lo que choca con los logros de hace tan solo unos años atrás: cuando este país americano era el que más avanzaba en el combate contra el hambre y la extrema pobreza en el mundo.

Según el estudio Síntesis de indicadores sociales, un análisis de las condiciones de vida de la población brasileña, publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en diciembre de 2018, en apenas un año, Brasil pasó a tener casi 2 millones de personas más viviendo en situación de pobreza.

Los indicadores muestran que en 2016 había 52,8 millones de personas en situación de pobreza en el país. En el año 2017 esa cifra pasó a 54,8 millones, un incremento de casi un 4%, lo que equivale a un 26,5% de la población total de Brasil, estimada esta en 207 millones.

Y es que no hay que olvidar que la aprobación de la Enmienda Constitucional 95 de diciembre de 2016 –que estableció límites al presupuesto público federal, incluyendo gastos sociales como salud y educación– y la Ley 13.467, de julio de 2017 –que instituyó la Reforma Laboral más regresiva de la historia del país, durante el Gobierno de Michel Temer, que asumió la presidencia luego del juicio político de Dilma Rousseff–, pueden ser consideradas las medidas más graves que ha adoptado Brasil contra su compromiso de combatir la pobreza, las desigualdades y para garantizar parámetros de trabajo decente para toda la clase trabajadora.

La tan esperada y exigida reforma de la Previsión Social, tentada por Temer y promesa de campaña de Bolsonaro, fue entregada el 20 de febrero de 2019 al Congreso Nacional. El conjunto de propuestas para la reforma es considerado por las organizaciones de trabajadores como una amenaza directa al cumplimiento de la Agenda 2030 en todos sus parámetros. ¿Por qué? porque entre otros cambios propone reducir los beneficios pagados a los jubilados en situación de miseria; aumentar la edad mínima de trabajo para las mujeres; y aumentar el número de años de contribución pagada por los trabajadores para recibir el valor integral de la jubilación.

Además, se habla también de un cambio del actual modelo de Previsión Social, que en Brasil hoy es solidario y universal y se basa en la “repartición simple” –compuesta por contribuciones de los trabajadores en activo, de los empleadores y del Estado–. El equipo económico de Bolsonaro aboga, por su parte, por el sistema de capitalización de la previsión –en el que el trabajador debe, de forma individual, realizar un ahorro individual de cara a utilizarlo cuando se jubile–. Este modelo está vigente en Chile, y ahí puede observarse que los trabajadores pagan más pero no tienen una seguridad a cuando llega la hora de la jubilación.

Siguiendo preceptos neoliberales, la reforma de la Previsión Social en discusión hoy en Brasil ataca los principios de la Seguridad Social, caracterizada por un conjunto de acciones y políticas sociales cuyo objetivo es construir una sociedad más justa e igualitaria, garantizando la distribución de la renta.

Continuando con los ataques a los derechos laborales de Temer, Bolsonaro extinguió el Ministerio de Trabajo, que pasó a tener status de secretaría dentro del llamado Superministerio de la Economía, en manos del neoliberal Paulo Guedes.

El medioambiente, bajo amenaza; conservadurismo y religiosidad

En lo que se refiere a la protección del medioambiente y a medidas contra el calentamiento global, el Gobierno de Bolsonaro tampoco ha actuado de forma positiva. La paralización de la demarcación de tierras indígenas y la retirada de la responsabilidad de esa demarcación de la Fundación Nacional del Indio (Funai), entregándola al Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento –por medio de una Medida Provisional (870/2019)– ha conmocionado a organizaciones medioambientalistas y de derechos humanos en el país.

En otra señal de ausencia de compromiso frente al cambio climático, en esta ocasión en el plano internacional, Bolsonaro llegó a amenazar con sacar a Brasil del Acuerdo de París sobre el cambio climático y no quiso que su país fuera sede, como estaba previsto, de la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas (COP25) a finales del presente año.

Importante durante su campaña, la lucha contra la corrupción y la violencia parece estar entre las principales preocupaciones de Bolsonaro en ese inicio de mandato. En contra de las metas presentadas por el Objetivo 16 de la agenda de desarrollo sostenible que trata de la Paz, Justicia e Instituciones Eficaces, el 15 de enero, Bolsonaro firmó el decreto que facilita la posesión de armas de fuego en Brasil.

El ministro de Justicia de Bolsonaro, el exjuez Sérgio Moro, presentó lo que se conoce como Paquete Anticrime (paquete anticrimen), un conjunto de propuestas de modificaciones legislativas para combatir la corrupción y organizaciones criminales, y que ha sido duramente criticado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Otra marca preocupante de este Gobierno es el conservadurismo y moralismo religioso que permea las políticas de inclusión y de derechos humanos. Al frente del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, se ha colocado la pastora Damares Alves, conocida por combatir lo que los conservadores denominan “ideología de género” (medidas para debatir la homofobia, entre otras), y condenar el feminismo. Además, Damares es una de las dos únicas mujeres en el equipo de 22 ministros de Bolsonaro –quien, por otro lado, arrastra un largo histórico de procesos por falta de respeto y amenazas a mujeres–.

This article has been translated from Spanish.