“Hacía 16 años que no se revalorizaba la prestación de invalidez” en Israel, recuerda el diputado del partido izquierdista Meretz, Ilan Gilon, que también tiene una discapacidad. Hasta ahora, las personas discapacitadas recibían una media de 2.342 shekels (en torno a 566 euros). Una cantidad que ni de lejos les garantizaba su independencia económica.

“Una persona con una discapacidad compleja, como la mía, necesita varios dispositivos de movilidad, cuya compra no cubre el seguro. Además, necesito 1.600 shekels al mes para medicamentos y otros tratamientos, como masajes”, detalla Avital, que padece el síndrome de cola de caballo, una afección neurológica grave que provoca dolores de espalda y pérdida de sensibilidad en las piernas. “Y todo esto antes de las facturas y gastos de alimentación”.

Para personas como Avital, el 29 de septiembre de 2017 marcó un antes y un después. El Gobierno israelí aceptó sentarse a la mesa de negociaciones y desbloquear fondos para reparar esta injusticia.

Prometió un total de 4.200 millones de shekels (algo más de 1.000 millones de euros) a lo largo de cuatro años y proceder a una revalorización progresiva.

En 2021, las personas con discapacidades más graves deberían recibir una asignación mensual de 4.500 shekels (en torno a 1.088 euros). Los israelíes con una discapacidad reconocida del 100%, y por lo tanto incapaces de trabajar, recibirán un aumento de 1.250 shekels, hasta alcanzar entre 3.800 shekels y 4.050 shekels. Quienes tienen una discapacidad de entre el 60% y el 70%, recibirán entre 2.100 shekels y 2.400 shekels.

Paralelamente, las personas discapacitadas que pueden trabajar podrán acumular su subsidio y un salario de hasta 4.300 shekels, frente a los 2.800 shekels autorizados hoy.

“Se trata de un acuerdo histórico que supondrá una mejora espectacular de la situación de los discapacitados en Israel”, se congratula el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Hemos hecho historia social en Israel. Hemos mejorado considerablemente la situación económica de la población discapacitada”, afirma satisfecho Avi Nissenkorm, dirigente del principal sindicato de trabajadores israelíes, Histadrut (izquierda).

Naomi Ravia, directora de la asociación “Lucha por los discapacitados”, considera que este acuerdo fue “el mejor resultado posible, teniendo en cuenta las circunstancias” económicas.

En efecto, esta reforma se adopta en el marco de una política de recortes de gastos públicos que el Gobierno israelí viene aplicando desde hace una década. El Estado hebreo dio un giro neoliberal en los años ochenta, y lleva imponiendo recortes presupuestarios desde el año 2000, tras la recesión que siguió a la segunda Intifada.

“Entre 2002 y 2004, se redujeron un 10% los gastos sociales y se limitaron las condiciones que dan derecho a distintas prestaciones”, confirma el economista Jacques Bendelac, en la revista Confluences Méditerranée, Israël : l’enfermement.

“En la discapacidad hay categorías dispares”, añade Michael Shalev, sociólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En Israel “existe una jerarquía de derechos y prestaciones: la incapacidad militar se sitúa en la cúspide, la discapacidad profesional se encuentra en segundo lugar y la discapacidad general, en lo más bajo del escalafón”. Este tercer grupo representa en torno a 243.000 personas.

Una movilización espectacular

Si el Gobierno israelí se ha decidido por fin a atajar esta desigualdad es, sobre todo, porque llevaba años prometiéndolo.

“Los miembros de la coalición [gubernamental] estaban hartos de sentir vergüenza” de tanto retrasar esta medida, concluye Ilan Gilon.

Pero las movilizaciones sucesivas de las personas discapacitadas israelíes ha sido decisiva y ha puesto entre las cuerdas al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Desde hace dos años, y con más intensidad en los meses que precedieron a la conclusión del acuerdo, las asociaciones en defensa de los derechos de los discapacitados israelíes convocaron bloqueos espectaculares como, por ejemplo, el que paralizó la importante autopista de Tel Aviv la víspera del Año Nuevo judío, el 24 de septiembre de 2017.

La imagen de estos hombres y mujeres luchando por su dignidad fue difundida ampliamente por las cadenas de televisión locales. Algunos se tumbaron sobre el asfalto para cortar el tráfico. Otros acabaron siendo desalojados por la fuerza por agentes de policía israelíes.

En junio de 2017, durante una manifestación en Jerusalén, dos discapacitados intentaron inmolarse con fuego, conmocionando a la opinión pública.

El Gobierno israelí no podía permanecer impasible ante este problema, dada la publicidad negativa que estaba recibiendo.

Paralelamente, una quincena de asociaciones israelíes de discapacitados no ha abandonado la lucha, porque consideran "insuficiente" el acuerdo prometido por el Estado israelí.

Reivindican una revalorización de la prestación económica mensual por discapacidad de hasta 5.300 shekels (en torno a 1.280 euros), el equivalente al salario medio israelí.

“Para recibir el máximo en 2021, será necesario tener reconocida una invalidez del 100% y, de aquí a entonces, el coste de la vida habrá aumentado”, explica Naor Lavie, portavoz de la asociación Los discapacitados se convierten en panteras, que encabeza la movilización.

“El Gobierno no ha precisado cómo pretende financiar el aumento económico después de 2019”, añade.

Para cumplir el objetivo de 2018, el Gobierno ha pedido al Ministerio de Economía que desbloquee una partida de 1.300 millones de shekels (en torno a 314 millones de euros). Pero le falta encontrar una cuarta parte del presupuesto.

Además, los aliados de Benjamín Netanyahu, como el ministro de Educación, Naftali Bennet (jefe del partido nacionalista HaBayit HaYehudi), el ministro del Interior (jefe del partido religioso Shas) y el ministro de Sanidad (jefe del partido Judaismo Unificado de la Tora), ya han anunciado su negativa a participar en la financiación de esta medida.

El martes 31 de octubre de 2017, la asociación Los discapacitados se convierten en panteras decidió asestar un golpe contundente. Lograron bloquear durante varios minutos la carretera que lleva al aeropuerto de Tel Aviv, protegido con medidas de seguridad extremas, antes de ser evacuados por las fuerzas del orden.

Esta movilización inédita sacó a la luz los límites del éxito de la “nación start-up” israelí: el Estado hebreo sigue siendo el país de la OCDE con el mayor índice de pobreza y las desigualdades más profundas. “Rechazamos la idea de que los discapacitados deban vivir en la miseria y la pobreza” comenta Naor Lavie.

“Lanzamos una señal al Gobierno y a su jefe, Benjamín Netanyahu: si no aceptan sentarse a negociar con nosotros de inmediato, continuaremos bloqueando lugares estratégicos como el aeropuerto”, advierte, persuadido de que tocar el bolsillo del Estado es la estrategia ganadora.