El pasado 20 de mayo Venezuela vivió unos comicios en los que Nicolás Maduro salió reelegido como jefe de Estado. Con una abstención cercana al 54% y denuncias de irregularidades por parte de la Unión Europea –que hoy, lunes, ha acordado imponer nuevas sanciones– y el G7, la incertidumbre tanto política como socioeconómica vuelve a dispararse en el otrora próspero país suramericano.

En este contexto, el flujo de venezolanos que deja su país ha crecido drástricamente desde 2014 por razones que van desde “amenazas de grupos armados, el temor a ser perseguidos por opiniones políticas –reales o percibidas–; inseguridad y violencia; falta de alimentos, medicinas y acceso a servicios sociales esenciales; y la pérdida de ingresos”, señala la agencia de naciones unidas para los Refugiados (ACNUR).

En efecto, Venezuela ha pasado de ser un país receptor de migrantes –principalmente de otros países de la región–, a convertirse en los últimos dos años en emisor de migrantes. La presencia de venezolanos en Suramérica (especialmente en Colombia –país que ya acoge a más de 700.000 venezolanos–), donde más se hace sentir, ha experimentado un incremento del 900% desde 2014.

Y es que, en los últimos cuatro años, según las “cifras conservadoras” que maneja ACNUR, más de un millón y medio de venezolanos ha dejado su país, de los cuales, más de un 60% se encuentra en situación irregular.

Situación que “hace que sean particularmente vulnerables a la explotación, extorsión, exacciones, violencia, tráfico, abuso sexual, reclutamiento y discriminación y xenofobia, especialmente en zonas fronterizas donde operan grupos armados y criminales”, señala la agencia, que asegura que el número de venezolanos “sin una forma concreta de estatus legal” seguirá aumentando, lo que impedirá que puedan acceder a servicios y beneficios de todo tipo en los países de acogida.

En una rueda de prensa en Bruselas la semana pasada, expertos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR –ambas de Naciones Unidas–, y la organización humanitaria noruega Norwegian Refugee Council (NRC), hicieron un llamamiento a los donantes del continente, concretamente a la agencia europea de ayuda humanitaria (ECHO), para que apoyen el presupuesto adicional solicitado por Naciones Unidas: 46 millones de dólares –unos 39 millones de euros–, de los cuales apenas se han recaudado hasta la fecha 3,3 millones de dólares –unos 2,8 millones de euros–, un 7% de lo solicitado. Un monto que precisan para apoyar operaciones en siete países vecinos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, además del sur del Caribe y la misma Venezuela.

Si la movilidad no está siendo un escoyo (pudiéndose aplicar diversos marcos legales para la residencia y el asilo), indicaron los ponentes, sí lo son las importantes limitaciones de recursos de estos países, concretamente en educación y sanidad (el 73% de los migrantes venezolanos no cuenta con un seguro médico) y seguridad social, que podría traducirse en un mayor número de incidentes de discriminación y violencia. También lo son los crecientes recelos de los locales hacia los migrantes por la competencia tanto en el sector formal de la economía como en el informal. Y ya en el plano político, si bien no ha ocurrido hasta la fecha –aseguraron los ponentes–, tampoco pueden descartar que algún partido político intente sacar rédito de la crisis y las tensiones en un año marcado por procesos electorales en todo el continente.

“Este es el momento de pasar a la acción. Los flujos se han convertido en algo estructural. No hay indicios de que la situación vaya a cambiar y que haya un retorno masivo de venezolanos. Lo que puede ocurrir es que haya una reunificación familiar”, advirtió Diego Beltrán, director de OIM para Suramérica.

Efectivamente, “dado que ahora concluye el año escolar, el perfil de los que cruzan la frontera puede variar –con más mujeres y niños–, añadiendo complejidad a la situación”, puntualizó Isabel Márquez, representante de ACNUR en Brasil.

A pesar de la urgencia derivada de la magnitud de los desplazamientos, algunos elementos de esta crisis son esperanzadores: la ausencia de campamentos –que permite una integración más fácil del migrante al tejido socioeconómico–, el hecho de que muchas familias son mixtas, y que muchos de los migrantes se quedan en la frontera –a la expectativa de que mejore la situación en Venezuela–.

Ana Eugenia Durán, jefe de misión de OIM en Bogotá, conversó con Equal Times sobre el caso de Colombia, actualmente el país americano más impactado por el éxodo migratorio de su vecino y la respuesta humanitaria, social y de desarrollo que plantean a los donantes.

Si comparamos la migración venezolana con otras que actualmente copan los titulares (como la siria), ¿por qué en esta crisis saldrían –inicialmente– mejor parados los migrantes venezolanos?

Tradicionalmente en Latinoamérica y, sobre todo, en Sudamérica, la existencia de políticas y normativa de apertura a la movilidad intrarregional ha sido un factor que incide favorablemente en la facilitación y aceptación de los movimientos migratorios. Por otro lado, en el caso específico de Colombia, el hecho de que hubiese habido una migración importante de sus nacionales hacia Venezuela hace unos años, permitió mantener vínculos estrechos entre los que se fueron y los parientes que se quedaron. Tomando en cuenta que hay un importante número de colombo-venezolanos que está regresando, cuyos descendientes pueden nacionalizarse, esto también es un factor que facilita el retorno y la integración de estas poblaciones a las comunidades colombianas.

Sí hay sentimientos xenofóbicos, como en todas partes. En determinadas circunstancias, dependiendo del número de migrantes y de las condiciones en que se movilizan, se pueden generar cargas para los países para las cuales no estaban preparados y los requerimientos de atención y acceso a servicios básicos que también demandan los nacionales, pueden verse comprometidos o limitados, lo que puede eventualmente generar reacciones por parte de los beneficiarios locales. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con el acceso a servicios básicos de salud, educación y vivienda.

Sin embargo, una migración ordenada conlleva factores muy positivos tanto para los migrantes como para las comunidades en origen y destino, como son la diversidad, la interculturalidad, el intercambio de conocimientos, las remesas como fuentes de desarrollo, etc.

A la hora de solicitar fondos a la comunidad internacional para esta crisis, ¿cuál es su enfoque?

Cuando tú hablas a los donantes sobre apoyar el acceso a la sanidad, por ejemplo, tienes que plantearlo como un acceso general que beneficie tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras. Este abordaje sin duda tendrá repercusiones positivas en términos de minimizar los sentimientos xenofóbicos y de impulsar el desarrollo y la integración. Eso es lo que buscamos, y, por supuesto, integración. Esa es la propuesta por la que nosotros estamos apostando.

Sobre la ayuda financiera adicional que precisan (46 millones de dólares USD, de los cuales 8,1 irían destinados a Colombia): ¿tienen una fecha límite para lograrla y qué periodo cubriría esa ayuda?

Las agencias del SNU [Sistema de Naciones Unidas] estamos transmitiendo a los donantes que la situación tiene una urgencia inmediata, pero también que en las propuestas no debe visualizarse solo la perspectiva humanitaria, sino que debemos trascender y proponer soluciones duraderas y sostenibles a mediano y largo plazo.

En ese marco, ante una situación que no pronostica resolverse en el futuro inmediato, para poder generar un verdadero impacto, las propuestas deben planificarse con una visión de resultados de entre 3 a 5 años de plazo. Algunos estudios indican que después de tres años, una persona que se ha visto obligada a dejar su país de origen y que logra asentarse reduce sus expectativas de regresar, sobre todo si ha logrado hacerlo en una sociedad similar a la suya.
 

Con un todavía frágil acuerdo de paz en Colombia después de medio siglo de conflicto armado, ¿cómo de fundados o de reales son los temores ante una posible captación de migrantes en situación desesperada –para engrosar las filas de grupos criminales o armados–? Y, ¿cómo ve que este éxodo puede impactar en el proceso?

Tratándose de poblaciones migrantes vulnerables siempre existe un riesgo de que por necesidad y por la falta de recursos sean más susceptibles de relacionarse con actividades criminales o de ser capturados por la criminalidad.

En el marco del proceso de paz los esfuerzos que viene haciendo el país, particularmente en algunos rubros, han debido reorientarse para enfrentar los retos generados por los recientes flujos migratorios. Un ejemplo de ello es la inversión en salud.

Cierto que es una preocupación de las autoridades locales y de la comunidad internacional, porque están muy pendientes y comprometidos a que el proceso de paz llegue a buen puerto. Y no se ha hecho un balance real del impacto que tiene la migración venezolana a nivel regional.

No es un tema que afecte solo a Colombia sino a toda la región y estamos trabajando en el análisis de ese impacto. Por ello, aunque existen propuestas locales, nuestros esfuerzos están mayoritariamente enfocados en las propuestas regionales.

¿Cómo valora la gestión colombiana de la crisis migratoria venezolana, especialmente en este año de elecciones? ¿Puede servir como ejemplo extrapolable a otras crisis?

Colombia ha sido tradicionalmente un país emisor de migrantes. Los flujos migratorios que se han venido desarrollando en los últimos meses han implicado tomar decisiones y formular propuestas de políticas migratorias y normativa en plazos muy cortos.

El llamado de apoyo que ha hecho el Gobierno de Colombia al Sistema de Naciones Unidas para que las agencias expertas en la temática aporten su experticia y know how (saber hacer) ha impulsado un trabajo conjunto no solo con las autoridades gubernamentales nacionales y locales, sino también el trabajo coordinado entre agencias afines a la temática, especialmente entre OIM y ACNUR. Tal es el caso de la propuesta conjunta para el Plan de Acción Regional, el apoyo al Gobierno de Colombia para la implementación del Registro de Venezolanos y la implementación del DTM [Displacement Tracking Matrix, o sistema de monitoreo de la población desplazada] que te permite perfilar y caracterizar los flujos migratorios para luego poder definir políticas de gobierno basadas en datos reales.

Por otro lado, los albergues temporales que se han implementado en la región. El Gobierno de Colombia y las agencias no están pensando en albergues/campamentos permanentes donde la gente deba vivir durante largos períodos de tiempo, porque eso genera mucha incertidumbre. Hay gente que entra y que no sabe cuándo va a salir, hay algunos que han pasado toda su vida en un campamento.

Todos estos procesos constituyen mecanismos y buenas prácticas que han permitido abordar la situación tanto local como regional buscando un balance entre el respeto a la soberanía y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

Es de obligado reconocimiento al Gobierno Colombiano y los demás en la región [su postura] contra la xenofobia y la discriminación. 

Corresponde también poner a disposición de los candidatos y sus programas de gobierno esta experiencia, así como apoyar a las nuevas autoridades para asegurar la sostenibilidad de estas acciones.