[Este artículo va acompañado de un reportaje gráfico, en Kabul, que puede visualizarse aquí]

En Barchi, una de las principales calles de Kabul, se observan pequeñas siluetas que se cuelan entre los coches: “¡10 afganis por una mascarilla contra el coronavirus!”, anuncia un niño de apenas 7 años tendiendo una caja de cartón. Un poco más allá, una niña toca las ventanas de los vehículos para pedir algunos billetes. En Afganistán, estas escenas cotidianas son muy comunes.

En 2018, el Ministerio de Trabajo afgano reconoció, en un informe elaborado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el 29% de los menores afganos de entre 5 y 17 años trabajan. Dos años antes, Human Rights Watch ya había señalado que una cuarta parte de los menores afganos de 14 años ejercían una actividad laboral, a menudo durante largas horas, en condiciones peligrosas y con ingresos irrisorios. Estas cifras siguen siendo estimaciones. Los episodios bélicos y el aislamiento de una parte de la población en las zonas rurales pueden haber dificultado las evaluaciones oficiales o de las ONG. No obstante, ya muestran el alcance y las profundas raíces de este fenómeno en la sociedad afgana, donde el 45% de la población tiene menos de 15 años.

Sin embargo, esta práctica es ilegal en Afganistán. En abril de 2010, el país ratificó dos tratados fundamentales relativos a la lucha contra el trabajo infantil: el convenio núm. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil y el convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. Según la legislación afgana, la edad mínima para trabajar es de 18 años. Los menores de entre 15 y 17 años pueden trabajar bajo determinadas condiciones, por ejemplo, si el trabajo no es pesado, si requiere menos de 35 horas semanales y si constituye una forma de formación profesional. Sin embargo, está prohibido que los niños menores de 14 años trabajen.

La legislación para combatir el trabajo infantil, así como los planes de acción, comenzaron a aplicarse bajo la República Islámica (2001-2021), promovidos principalmente por la administración bajo tutela estadounidense y por una parte de la sociedad civil afgana liberal. Sin embargo, las intenciones se vieron confrontadas a una realidad local que sigue manteniéndose muy alejada de las normas internacionales.

El elevado nivel de trabajo infantil se debe principalmente a la extrema pobreza de la población. Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Patricia Grossman, directora de Human Rights Watch para Asia, señaló a Equal Times que “algunas familias no tienen otra opción. Es preciso apoyar a la economía afgana, vapuleada por décadas de guerra. Pero es difícil decir a las poblaciones que viven en la pobreza: ‘abandonen estas prácticas’”.

Además de la pobreza, la falta de acceso a la educación en zonas alejadas y conservadoras refuerza el trabajo infantil. Según las autoridades afganas, en 2017, había 3,5 millones de niños no escolarizados, principalmente en las zonas rurales, mientras que la mitad de los niños que trabajan dejan de asistir a la escuela.

“La mayoría de los niños afganos que trabajan están empleados en el sector agrícola”, afirma a este medio Amanda Bissex, asesora regional de UNICEF para la protección de la infancia en el sur de Asia, “la sequía que azota el campo desde hace tres años ha provocado el empobrecimiento de la comunidad campesina, acentuando el fenómeno”. También se observa un gran número de niños que trabajan, entre otros lugares, en fábricas artesanales de alfombras, fábricas de ladrillos o incluso en las minas, además de los que practican la venta o la mendicidad en la calle.

Este abismo entre la legislación y la realidad también se explica por “la falta de recursos para dialogar con las comunidades sobre estas prácticas y la ausencia de sensibilización en este sentido”, destaca Emma Allen, investigadora del centro de investigación Samuel Hall, para Equal Times.

La falta de recursos no solo está relacionada con los limitados recursos del Estado afgano, cuyo número de inspectores del trabajo es muy limitado, sino también con la corrupción endémica existente en tiempos de la República Islámica. Es lo que afirma Ali [nombre ficticio], un responsable de la ONG dedicada a la protección infantil War Child Afghanistan, a Equal Times. “Algunos de los niños forzados a trabajar en el tráfico de drogas eran explotados por redes vinculadas a la policía afgana corrupta. Era imposible criminalizar a estos grupos y, por lo tanto, sacar de trabajar a estos niños”.

Lucha socavada por la grave situación política y económica y por un futuro incierto

La economía afgana ya experimentaba serios problemas antes del retorno al poder de los talibanes en 2021, pero las sanciones internacionales que supuso este retorno sumieron al país en una crisis aún más grave. Tras la caída de Kabul el pasado 15 de agosto, Washington congeló 9.500 millones de dólares de activos del banco central afgano para evitar que cayeran en manos de los talibanes. Los impagos de salarios de los funcionarios públicos, la desaceleración de la economía, el acceso limitado a los bancos y la disminución de la ayuda internacional han acarreado un empobrecimiento acelerado de la población.

Además, muchas organizaciones humanitarias que prestaban cierto apoyo a las familias pobres han cesado o reducido sus actividades en los últimos meses. Como resultado, hoy día, más del 60% de la población afgana vive en la inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el 97% de la población podría franquear la línea de pobreza para la primavera de 2022, si no se toman medidas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este contexto, el trabajo infantil no ha dejado de intensificarse.

Con sede en Herat, la ONG War Children ayuda a los niños que tras emigrar a Irán para encontrar trabajo, han sido detenidos en ese país y repatriados a Afganistán. Ali afirma que el número de niños que buscan trabajo en el país vecino ha aumentado: “Están siendo repatriados a Afganistán dos veces más niños en comparación con el mismo período del año pasado”. El mismo fenómeno existe en la frontera con Pakistán. En los últimos meses, los medios de comunicación presentes sobre el terreno han señalado que los niños afganos suelen cruzar la frontera entre Pakistán y Afganistán ilegalmente, como contrabandistas. Escondidos en los bajos de los camiones, pasan al país vecino en condiciones extremadamente peligrosas.

Además de la grave crisis económica, el retorno de los talibanes plantea interrogantes sobre las intenciones del nuevo Emirato Islámico en lo que atañe a la protección infantil.

Desde la vuelta del movimiento fundamentalista al poder, las niñas afganas ya no pueden asistir a la enseñanza secundaria en la mayor parte de las provincias del país. A partir de los 12 años, deben permanecer en su hogar. Según Emma Allen, del centro Samuel Hall, estas nuevas medidas “podrían aumentar el trabajo de las niñas en el hogar, especialmente en la realización de tareas pesadas. También puede aumentar el número de matrimonios precoces y la mendicidad”.

El trabajo infantil no afecta a niños y niñas de la misma manera. Según un informe de la Autoridad Nacional de Información y Estadísticas (NSIA) publicado en abril de 2021, trabajan en el exterior dos veces más niños que niñas. Las niñas suelen estar confinadas al trabajo en el hogar, son invisibles y, por lo tanto, más difíciles de evaluar. “Por lo general, trabajan en el tejido de alfombras”, apunta Ali, de War Child. Algunas organizaciones internacionales como UNICEF han establecido “espacios seguros” de diálogo con el fin de permitir que las niñas que trabajan en el interior se expresen sobre sus condiciones de vida. Sin embargo, los efectos de estos programas siguen siendo limitados en la sociedad afgana, donde la familia rara vez permite que las autoridades públicas o las organizaciones internacionales entren en la esfera privada.

Un futuro incierto

Desde el 15 de agosto, los talibanes no han dado a conocer públicamente una política relativa al trabajo infantil, según Emma Allen: “no ha habido mensajes claros al respecto”. Las prácticas del movimiento talibán en términos de protección de los niños son preocupantes: “ya han utilizado antes niños soldados”, asegura la investigadora. “Sus mensajes y su actuación sobre cuestiones relativas a los derechos del niño, tales como la educación y el matrimonio, nunca, ni en épocas recientes ni históricamente, se han ajustado mucho a las normas internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

En opinión de Ali, de War Child, desde el 15 de agosto, las prioridades de los talibanes siguen sin ser claras: “¿Apoyarán realmente la lucha contra el trabajo infantil? ¿Modificarán la ley? No tenemos ninguna indicación, navegamos a ciegas.

El cambio de régimen con la instauración del Emirato Islámico plantea muchas interrogantes sobre la aplicación de las leyes previamente ratificadas por la República. Al retomar el poder al cabo de veinte años de insurrección, deben demostrar su capacidad para administrar un estado. Hoy en día, su política se basa en dos pilares: la seguridad y el establecimiento de un poder “realmente” islamista basado en la ley sharía (que, por otra lado, también enuncia la prohibición de la explotación de los niños).

Por su parte, Amanda Bissex, de UNICEF, una de las pocas organizaciones que aún se encuentran sobre el terreno, se muestra ligeramente optimista: “Hemos planteado la cuestión del trabajo infantil a los talibanes y nos han manifestado sus preocupaciones. Pidieron ayuda a UNICEF en esta esfera. Sin embargo, los recursos de la agencia de la ONU siguen siendo limitados y la ayuda internacional dirigida a la población tiene lugar en el marco de una asistencia alimentaria y sanitaria que contribuye a las necesidades básicas. Los programas de defensa de los derechos humanos a largo plazo, tales como los relativos a la educación y la protección de la infancia, se encuentran actualmente pendientes del contexto diplomático y geopolítico.