El fracaso de un modelo: por qué el mundo necesita un nuevo contrato social

El fracaso de un modelo: por qué el mundo necesita un nuevo contrato social

La promesa de un mundo sin pobreza ni emisiones de carbono exigirá la reforma masiva de la gobernanza mundial y el compromiso de los gobiernos nacionales para actuar en defensa de los intereses de su población.

(Chhor Sokunthea/World Bank)

La democracia es un daño colateral en un mundo en el que el multilateralismo ha fracasado y un modelo basado en la codicia corporativa ha derrumbado las promesas del contrato social que se concibió a raíz de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión.

Este modelo mundial de crecimiento económico ha alimentado la codicia corporativa, que ha hecho pedazos el contrato social. Los ingresos globales de los trabajadores han ido disminuyendo durante las tres últimas décadas, y la desigualdad de ingresos ha crecido en el 53% de los países.

Este mismo modelo de crecimiento ha contribuido a la disminución de la participación de la renta del trabajo en todas las economías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y a que los salarios se encuentren sistemáticamente por detrás del crecimiento de la productividad en la mayoría de ellos, un modelo que priva a los trabajadores de la parte de los frutos del progreso económico que les corresponde.

El 94% de los trabajadores de las cadenas mundiales de suministro se encuentra en puestos de trabajo mal remunerados, precarios y a menudo poco seguros. El 70% de la población mundial tiene una cobertura inadecuada de protección social, o no tiene ninguna, y al menos 21 billones de dólares USD (unos 18 billones de euros) se ocultan en paraísos fiscales.

La coherencia mundial, impulsada por la cooperación en instituciones multilaterales, tiene sentido si todas las voces son iguales: si los gobiernos incluyen las voces de la población, no solo las de las grandes empresas.

Una parte de la comunidad empresarial comprende que el modelo actual de globalización está creando desigualdades enormes, genera abusos de los derechos humanos, destruye el medio ambiente y, en última instancia, destruye los mercados de los que depende. Por desgracia, la mayor parte de la comunidad empresarial no puede, o no quiere, ver más allá de sus propios beneficios.

El crecimiento incluyente es posible cuando existe un contrato social y los gobiernos respetan el papel de los interlocutores sociales en la negociación de las soluciones y se cuenta con una protección social, salarios mínimos dignos, negociación colectiva, servicios públicos esenciales, políticas sectoriales e impuestos justos. Aunque estas sociedades no son inmunes a los retos que plantean el cambio climático, la rápida digitalización, la robótica o la automatización, la responsabilidad colectiva con respecto a la negociación de transiciones justas puede darnos respuestas.

Por desgracia solo existen unos cuantos casos: los países nórdicos, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, tal vez Japón y Portugal, donde hay una esperanza renovada. El acuerdo relativo a un nuevo pilar de derechos sociales en Europa es prometedor, pero la legislación tendrá que garantizar la aplicación.

La dura realidad es que la mayor parte de la economía mundial está inmersa en un modelo de autodestrucción, y las vidas y los medios de subsistencia de las familias trabajadoras se encuentran en el centro del mismo.

Cuando los gobiernos no establecen normativas para que el trabajo decente proteja a su población de la explotación, para garantizar el pago de los impuestos sobre sociedades –con el fin de permitirles proporcionar educación y atención de salud a todas las personas– y para invertir en infraestructura o servicios esenciales para crear empleo, generan desconfianza. Y cuando la población no ve los dividendos de la democracia, esa desconfianza se extiende a las instituciones democráticas.

El multilateralismo actual debe terminar

Según la Encuesta Mundial 2017 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 85% de la población mundial quiere que se redefinan las reglas de la economía mundial y la población coincide unánimemente en que el mundo sería un lugar mejor si los gobiernos estuvieran más comprometidos con la creación de empleo y el trabajo decente; el cuidado de los niños, las personas ancianas y los enfermos; los derechos humanos y sindicales; los derechos y libertades democráticos; la prosperidad compartida; y las medidas con respecto al cambio climático.

No bastará con dar una nueva capa de pintura al modelo antiguo y presentar argumentos de venta más ingeniosos. El libre comercio que permite la esclavitud, incluye el trabajo informal bajo el pretexto de la existencia de empresarios independientes, depende de salarios de pobreza, no garantiza ni la libertad sindical ni los derechos de negociación colectiva, no asume la responsabilidad de la seguridad laboral y fomenta la evasión fiscal, es un modelo inmoral.

Si este es el multilateralismo actual, entonces se debe acabar con él.

Del mismo modo, las instituciones de Bretton Woods deben reformarse. Pedimos a los gobiernos del G20 que organicen consultas amplias con los sindicatos, las empresas y la sociedad civil para desarrollar una nueva arquitectura mundial.

Esta arquitectura debe impulsar la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un compromiso con las medidas para una transición justa que son necesarias para proteger a los trabajadores y las comunidades de los cambios mundiales generados por el clima y las innovaciones tecnológicas.

Las políticas que respaldan la privatización, las limitaciones de los salarios mínimos y la negociación colectiva; los recortes de las pensiones y de otras medidas de protección social, todo esto lo único que consigue es finiquitar la esperanza y la seguridad de las personas. La estabilidad y el desarrollo de los que deben ocuparse de estas instituciones brillan por su ausencia.

Además, aunque las Naciones Unidas deben reformarse, no se puede hacer a expensas del mandato fundamental basado en derechos que constituyó la base del contrato social durante el último siglo y la esperanza de paz y prosperidad.

El multilateralismo es una condición previa para cumplir las promesas de los ODS y el Acuerdo de País sobre el cambio climático –la promesa de un mundo sin pobreza ni emisiones de carbono–, pero exigirá la reforma masiva de la gobernanza mundial y el compromiso de los gobiernos nacionales para actuar en defensa de los intereses de su población.

El diálogo social es un elemento clave del nuevo contrato social

La OCDE acaba de alcanzar un acuerdo sobre las orientaciones generales para la debida diligencia, por lo que un buen punto de partida sería seguir el ejemplo del Gobierno francés y pedir a nuestras mayores empresas que apliquen la debida diligencia, y por consiguiente transparencia y responsabilidad. Además, se debería hacer de conformidad con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y, en el marco de la OCDE, las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales.

La iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE respaldada por el Gobierno sueco, the Global Deal, puede ayudar a reconstruir alianzas que impulsen una comunidad que genere cambios, pero debe incluir un diálogo social que dé lugar a un nuevo contrato social.

Es una formula sencilla que configura un entorno de competición leal y trabajo decente mediante:

• La aplicación de la libertad sindical y las normas fundamentales del trabajo y de salud y seguridad en el trabajo de la OIT, con un cumplimiento obligatorio en todas las formas de trabajo;

• La garantía de salarios mínimos vitales y negociación colectiva;

• Disposiciones de protección social y maternidad universales.

Estos son los cimientos de un nuevo contrato social que es necesario para restablecer la confianza en la globalización. Cuando todo esto se ponga en marcha, con un marco normativo que garantice que todas las empresas cuentan con una “licencia social para operar” –y que también prevea la debida diligencia, los mecanismos de queja y las reparaciones con respecto a los derechos humanos y laborales y garantice que los impuestos se paguen donde se generen los ingresos– podremos empezar a reconstruir un entorno de competencia leal en el que afrontar los retos del futuro del trabajo.

El diálogo social debe ser respetado en todos los entornos de trabajo; la aplicación del pilar europeo de derechos sociales podría constituir una base para el progreso si se garantizan los fundamentos jurídicos y se proporciona una hoja de ruta para configurar el futuro del trabajo en todo el mundo.

Se deben cambiar radicalmente las políticas macroeconómicas para centrarlas en estas medidas de crecimiento incluyente, empleo pleno y trabajo decente. Esto exige la reforma fundamental de las instituciones multilaterales y la gobernanza a nivel nacional e internacional, ya que la paz y la justicia social y económica deben ser elementos clave de un nuevo mandato para todas las instituciones.

El marco para un crecimiento incluyente que la OCDE está elaborando puede aportar la respuesta política adecuada a los retos a los que nos enfrentamos. Para ello, este marco y la OCDE en su conjunto deben insistir en la importancia del diálogo social, la negociación colectiva y una transición justa para los trabajadores en las economías actuales y futuras, que cada vez están más digitalizadas y tienen menos emisiones de carbono.

Este artículo ha sido traducido del inglés.

Este artículo de opinión fue publicado por primera vez en el sitio web del Foro de la OCDE.