El freno a la evasión fiscal corporativa y a los paraísos fiscales, más real y cercano que nunca, según los activistas

El freno a la evasión fiscal corporativa y a los paraísos fiscales, más real y cercano que nunca, según los activistas

Pictured above, yachts moored in the port of Saint Helier, capital of the island of Jersey (a British dependency in the English Channel), a territory considered to be one of Europe’s primary tax havens.

(AFP/Oli Scarff)
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This article has been translated from Spanish.

Mientras la humanidad padece una pandemia que ya acumula 3,3 millones de víctimas mortales; que ha generado, además, una disrupción completa de la ‘normalidad’ conocida; mientras el desempleo, la pobreza y el hambre aumentan entre la población vulnerable en todo el mundo, algunas de las corporaciones multinacionales más poderosas acrecientan sus utilidades. No sólo eso: abusan de manera inmoral, aunque a menudo legal, de esquemas fiscales que les permiten evadir impuestos por montos que equivalen al salario anual de 34 millones de enfermeras, según los cálculos de activistas. Ese abuso, sin embargo, podría ser pronto limitado.

Campañas de organismos civiles, sindicatos, académicos y economistas han presionado a los líderes de las economías más grandes del mundo a forjar un acuerdo preliminar para impedir que las corporaciones continúen evadiendo impuestos mediante los llamados paraísos fiscales: jurisdicciones que cobran tasas impositivas mínimas a las ganancias generadas en el exterior. Esa clase de evasión, que afecta de manera desproporcionada a las naciones de menores ingresos, asciende a miles de millones de dólares anuales.

Avances en un contexto de pandemia

Desde finales de 2020, “probablemente hemos logrado mayores avances que en una década de trabajo en estos temas”, declaró a Equal Times Paul Monaghan, director ejecutivo de Fair Tax Mark, organismo civil con sede en el Reino Unido que extiende certificados a empresas fiscalmente responsables. “Están ocurriendo cambios fundamentales”.

La transformación a la que se refiere Monaghan podría ser consolidada en la reunión del 8 de julio de los ministros de Finanzas del G20, un club cuyos miembros representan, en conjunto, alrededor del 90% del PIB mundial, el 80% del comercio global y dos tercios de la población del planeta. El plan del encuentro, auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es pactar nuevas normas para gravar el comercio transfronterizo, así como establecer una tasa impositiva corporativa mínima global, lo que disminuiría el incentivo de declarar ganancias en otras jurisdicciones. “Hoy se cumplen todas las condiciones para encontrar una solución basada en el consenso”, indicó la OCDE en febrero pasado.

Y es que, a la publicación de nuevos datos —de las cantidades que pierden las arcas públicas—, a los múltiples llamados de expertos y activistas por una justicia fiscal, y a una mayor concienciación ciudadana, ha venido a unirse una crisis sanitaria que ha puesto de relieve las deficiencias de los sistemas sanitarios de todo el planeta, necesitados todos ellos de una mejor financiación —amén de la constatación de las ingentes cantidades que dinero que serán necesarias para reactivar las economías nacionales—.

Ante la inminencia de los cambios, “por primera vez, inversionistas tradicionales están viendo a la evasión fiscal no como una buena práctica que generará más dinero para sus accionistas, sino como una práctica con enormes riesgos”, señaló Monaghan. “Ni siquiera necesitamos que todos los países acuerden seguir las normas para que éstas funcionen. Basta con que los países del G20 decidan seguirlas para lograr el cambio”.

La propuesta de una tasa impositiva corporativa mínima global para las corporaciones multinacionales obtuvo un fuerte impulso luego de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reiterara a principios de abril el apoyo total de este país a la medida. Una semana más tarde, los líderes financieros del G20 reafirmaron también su compromiso de llegar a un acuerdo internacional a mediados de 2021.

Una encuesta conducida en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Holanda y el Reino Unido, publicada en septiembre pasado por el centro de pensamiento More in Common, muestra que una abrumadora mayoría de los ciudadanos de esos países (del 87% al 95%) apoya que los gobiernos castiguen a las corporaciones que evaden impuestos.

“Ha habido un movimiento para justicia fiscal global durante 20 años, aunque ahora estamos viendo logros que nadie pensó que fueran posibles incluso hace apenas 10 años”, declaró Sara Burke, analista senior de la Fundación Friedrich Ebert (FES), organismo de análisis con sede en Berlín. “Los países en desarrollo también quieren saber si las corporaciones multinacionales se comportan como buenos ciudadanos globales y si están pagando los montos de impuestos justos y en los lugares que les corresponde”.

Un informe del Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (FACTI) emitió en febrero recomendaciones para evitar que el abuso fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, así como los flujos financieros ilícitos, “roben a miles de millones de la posibilidad de un futuro mejor”. Sería necesario, acotó el panel, una “transformación del sistema financiero global”.

Para ello, se precisaba primero medir la dimensión del abuso fiscal corporativo. Hace apenas un año, se tenían sólo estimaciones.

En julio de 2020, la OCDE publicó un informe sin precedentes con base en normas calificadas como “utópicas y poco realistas” cuando en 2003 fueron propuestas por Tax Justice Network, una coalición de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. Los países están perdiendo, según el informe, 427.000 millones de dólares (352.000 millones de euros) cada año ante paraísos fiscales, tanto por el abuso corporativo como por la evasión de inversionistas particulares.

Los países de menores ingresos pierden poco más del 10% de ese monto, aunque eso equivale a casi el 52% de sus presupuestos combinados de salud pública. Para los países de ingresos altos, las pérdidas fiscales equivalen, por su parte, al 8% de sus inversiones en salud.

“Ha sido posible observar por primera vez cuántos impuestos pierde cada país por la evasión y el abuso fiscal”, declaró Marc Bou Mansour, coordinador de comunicación de Tax Justice Network. “Ese es dinero que pudo haber sido dirigido a sistemas de salud, a los doctores y enfermeras que están en la línea de batalla tratando de salvar vidas en medio de la pandemia”.

Al contrario de lo que podría creerse, los paraísos fiscales no son pequeñas naciones en el Mar Caribe. Los países de ingresos más altos son responsables del 98% de las pérdidas fiscales. Las cinco jurisdicciones con mayor responsabilidad: el territorio británico de ultramar Islas Caimán, el Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y Estados Unidos.

“La cifra de 427.000 millones es sólo la punta del iceberg. Es sólo lo que podemos observar. Hay informes que estiman que los países están perdiendo mucho más”, señaló Mansour.

Soluciones a la vista

El nuevo gobierno de Estados Unidos ha anunciado un ambicioso programa de gasto en infraestructura de 2,25 billones de dólares (1,86 billones de euros) a fin de construir y renovar carreteras, puentes, líneas ferroviarias y servicios públicos nacionales. Esta inversión se suma al plan de estímulo económico de 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros) que el presidente norteamericano Joe Biden promulgó en marzo. Este impulso del gasto público sería financiado con un aumento sustancial en los impuestos corporativos.

Como parte de estos planes, el gobierno de estadounidense también impulsa una actualización del sistema fiscal internacional. En febrero pasado, por ejemplo, este país retiró su exigencia ante la OCDE para que las corporaciones estadounidenses se ciñeran sólo de manera voluntaria a un marco de impuestos globales para los servicios digitales.

La decisión es “increíblemente importante”, indicó Monaghan. Según los observadores, la nueva posición norteamericana incrementa sustancialmente la posibilidad de un acuerdo fiscal internacional que detenga “la carrera hacia el fondo”, en la que los paraísos fiscales compiten por ofrecer tasas impositivas cada vez menores a fin de atraer capitales.

El Congreso estadounidense, además, contempla elevar el impuesto corporativo del 21% al 28%, así como el impuesto mínimo a ganancias en el extranjero. Las iniciativas frenarían la tendencia iniciada hace 40 años de reducir sistemáticamente impuestos a las corporaciones, lo que despojaba a los gobiernos de recursos clave para gasto social. De una tasa corporativa global de 40% en promedio en 1980, la tasa promedio actual es de 23,8%.

“Vemos resistencia”, aceptó Burke. “Y las grandes empresas van a oponerse tanto como puedan”. Sin embargo, explicó, el costo en imagen para una corporación que se niegue a pagar tasas de impuestos más equitativas sería eventualmente insostenible.

De hecho, una implementación diluida del plan fiscal impulsado por Estados Unidos para establecer un impuesto mínimo corporativo en el mundo se está discutiendo en la OCDE.

Este plan propone que cerca del 75% de los impuestos recuperados sean absorbidos por los Estados miembros más ricos de este organismo. Un grupo de economistas internacionales encabezados por Tax Justice Network propone, con base en el plan estadounidense, una distribución global más equitativa de los impuestos recuperados.

El plan de largo plazo es crear un registro de la riqueza financiera en el mundo, que determine quién posee qué acciones y bonos. Detallado en el libro del economista francés Gabriel Zucman, La riqueza oculta de las naciones (2013), el objetivo sería consolidar la información de todos los bancos del mundo y compartirla con las autoridades tributarias nacionales. Tal registro, según Zucman, sería “un golpe fatal” para el llamado secreto financiero: una argucia que hasta ahora ha permitido ocultar riquezas amasadas de manera ilícita.

En los próximos meses, la aspiración se limita a alcanzar un acuerdo global que fije impuestos corporativos mínimos, lo que restaría atractivo de manera dramática a los paraísos fiscales. El logro sería mayúsculo.

En los últimos 13 meses, millones de personas han perdido sus trabajos, salud y patrimonio. Mientras tanto, la riqueza total de los multimillonarios, tan sólo en Estados Unidos, aumentó en 1,6 billones de dólares, un alza del 44%, según el Institute for Policy Studies, un centro de análisis progresista estadunidense Estados Unidos. En paralelo, la constatación es obvia: los miles de millones de dólares que las corporaciones más poderosas del mundo han evitado pagar en impuestos podrían ser cruciales para una recuperación económica global sobre bases más justas en la era de la pospandemia.

“Ahora que los países y la gente buscan reconstruir, una de las cosas que escuchamos con frecuencia es que necesitamos reconstruir mejor. Pero no podemos hacer eso sobre la trampa de los paraísos fiscales”, dijo Mansour. “Necesitamos volver a tomar el control de nuestro sistema fiscal”.