El Índice Global de los Derechos de la CSI desvela la escandalosa agenda antitrabajadores (mientras estos servían en primera línea en plena pandemia)

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2021 muestra hasta dónde han llegado algunos Gobiernos y empleadores para atacar los derechos de los trabajadores utilizando la pandemia de covid-19 como pretexto. Nuestro cometido es denunciar estas violaciones por medio del Índice de 2021 a fin de ejercer presión junto con los trabajadores para lograr un nuevo contrato social basado en empleos, derechos, protección social, igualdad e inclusión.

Esta octava edición del Índice clasifica 149 países en función de su respeto de los derechos de los trabajadores. Por primera vez, contiene una plataforma interactiva donde se pueden visualizar los casos de violaciones de derechos y las clasificaciones nacionales por país y región. Se trata de un examen exhaustivo de los derechos de los trabajadores en la legislación y constituye la única base de datos de este tipo.

El relato es estremecedor.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2021 revela una lista vergonzosa de Gobiernos y empresas que adoptaron un programa en contra de los trabajadores mientras que estos estaban en primera línea de la crisis sanitaria prestando servicios esenciales para mantener las economías y las comunidades en funcionamiento. Se atacó incluso a los trabajadores por sacar a la luz información vital sobre el virus y sus condiciones.

En Sudáfrica, Volkswagen Sudáfrica (VWSA) despidió a delegados sindicales por “incitar” a los trabajadores a dejar de trabajar después de haber revelado que había un gran número de trabajadores que habían dado positivo en las pruebas de la covid-19. Falabella, una minorista multinacional de productos para el hogar, despidió a 22 trabajadores de su almacén en Perú que habían reclamado medidas de protección sanitaria y de seguridad frente al virus. En Camboya, la negociación colectiva fue interrumpida por el Servicio Camboyano de Gestión de Aeropuertos debido a la pandemia, lo que permitió a la empresa imponer unilateralmente paros laborales sin consultar al sindicato.

Se ha registrado un acusado aumento del número de países donde las autoridades han impedido el registro de sindicatos (de 89 países en 2020 a 109 en 2021); además, se ha observado represión de las actividades sindicales por parte del Estado en Bielorrusia, Egipto, El Salvador, Jordania, Hong Kong, Kirguistán e Irak. Privar a los trabajadores del derecho de representación en medio de una pandemia mundial es aberrante.

Los diez peores países para los trabajadores según el Índice de 2021 son Bangladés, Brasil, Colombia, Egipto, Honduras, Filipinas, Turquía, Zimbabue, y, por primera vez, Bielorrusia y Birmania (Myanmar).

La puntuación de nueve países ha empeorado: Bélgica, Canadá, El Salvador, Haití, Hungría, Jordania, Malasia, Birmania y Eslovaquia.

En 2021 se ha puntuado a cinco países por primera vez: Armenia, Gabón, Guinea, Kirguistán y Níger. Arabia Saudita no ha sido puntuada, ya que todavía se está evaluando el alcance de su nueva iniciativa de reforma laboral.

Deterioro general de los derechos y algunos casos esperanzadores

El Índice Global de los Derechos 2021 pone de manifiesto que los derechos de los trabajadores se han deteriorado en numerosos indicadores clave.

El 87% de los países han violado el derecho de huelga. Las huelgas en Bielorrusia, Indonesia y Filipinas para oponerse a regímenes autoritarios y en Birmania para oponerse a la junta militar han sido reprimidas con brutalidad.

El 79% de los países han violado el derecho de negociación colectiva. En todas las regiones se está socavando la negociación colectiva y está siendo utilizada por regímenes autoritarios en Bielorrusia, Brasil, Honduras, Hungría y Hong Kong para destruir un principio fundamental de la democracia en el trabajo.

El 74% de los países privaron a los trabajadores del derecho a formar y afiliarse a un sindicato.

Los trabajadores fueron víctimas de violencia en 45 países y se asesinaron a sindicalistas en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Birmania, Nigeria y Filipinas. Las Américas es la región más peligrosa para los trabajadores: tan solo en Colombia fueron asesinados 22 sindicalistas.

El número de países donde se negó o restringió la libertad de expresión y de reunión aumentó de 56 en 2020 a 64 en 2021; se denunciaron casos extremos en Hong Kong y Birmania.

Los trabajadores no tuvieron acceso a la justicia o este fue restringido en el 65% de los países y sufrieron detenciones y arrestos arbitrarios en 68 países. Los dirigentes sindicales de Camboya, Hong Kong y Birmania fueron algunas de las personas detenidas de alto nivel en 2021.

Una nueva tendencia preocupante es el incremento de la vigilancia de los trabajadores y la vulneración al derecho a la privacidad. En los Estados Unidos, se ha denunciado que Facebook y Google llevan a cabo actividades de vigilancia encubierta o ilegal. La vigilancia de los trabajadores por parte de Amazon en Europa y los Estados Unidos se ha convertido en un escándalo internacional.

Sin embargo, existe esperanza. Se ha demostrado que el deterioro de los derechos de los trabajadores no es inevitable, sino una elección. Las puntuaciones de seis países han mejorado: Bolivia, Grecia, México, Panamá, Sudán y Togo.

Entre los cambios legislativos positivos cabe mencionar la Ley de protección del derecho de sindicación en los Estados Unidos y la legislación relativa a la diligencia debida en la Unión Europea para pedir a las empresas que rindan cuentas.

Sin embargo, para restablecer la confianza destruida por Gobiernos represivos y empresas abusivas será necesario introducir mejoras adicionales. Se necesita un nuevo contrato social con buenos empleos, derechos, protección social, igualdad e inclusión.

Visite www.globalrightsindex.org. Utilice el informe como una herramienta de campaña para mostrar el trabajo que queda por hacer para construir una economía al servicio de todo el mundo y las consecuencias para todo el mundo que tiene ignorar o vulnerar los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores han mantenido unidas a las comunidades durante la pandemia mundial. Cuando se les ataca y se les niegan derechos y protecciones, no pueden cuidar de la economía y los Gobiernos no pueden ignorar el riesgo que esto supone y el daño que genera a nuestras democracias y economías.