Una multitud se aglutina ante las puertas del tribunal de Sidi M’Hamed, situado en pleno centro de Argel. Este lunes 11 de noviembre, 42 personas deben comparecer en el marco del juicio más importante celebrado en Argelia estos últimos meses. La justicia reprocha a la mayoría de los acusados el hecho de ondear la bandera amazigh (bereber) durante una de las manifestaciones del hirak (nombre dado al movimiento de protesta que sacude al país desde febrero de 2019).

Un juicio que reviste una significación aún mayor en la medida en que se celebra un mes antes de las elecciones presidenciales de mañana, 12 de diciembre, impuestas a marchas forzadas el mes de marzo por el jefe de gabinete del ejército Ahmed Gaid Salah, y unos días después de una huelga sin precedentes de los magistrados, que paralizó a los tribunales del país. Estos últimos protestaban contra el amplio movimiento de cambio del cuerpo judicial realizado por el ministro de justicia Belkacem Zeghmati, que afectó a casi 3.000 profesionales. El SNM (sindicato nacional de magistrados), al que se debe la convocatoria de huelga, denunció la interferencia del ejecutivo en el poder judicial y pidió el respeto de la independencia de la justicia, inscrita en el preámbulo de la Constitución.

Durante el juicio, los aproximadamente cuarenta abogados que integran el Colectivo de defensa de los reclusos [creado durante el movimiento del hirak por abogados conocidos por su compromiso con la defensa de los derechos humanos] denunciaron “la ausencia de garantías de un juicio justo e imparcial”.

Aun cuando la sociedad civil esperaba una señal de flexibilidad del régimen, 22 manifestantes fueron condenados a un año de prisión, de los que seis meses son de prisión incondicional, y una multa de 30.000 dinares (248 dólares USD, al tipo de cambio oficial) por “socavar la unidad nacional”. De los otros 20 acusados, que fueron juzgados el lunes 25 de noviembre, 19 fueron condenados a seis meses de prisión, incluida la joven estudiante de derecho Nour El Houda Yasmine Dahmani, que se ha convertido en uno de los rostros de quienes se conocen como “presos de conciencia”.

Contra la “justicia de teléfono”

Los abogados y las familias, sin embargo, se mostraron optimistas después de las absoluciones emitidas en días anteriores por varios tribunales del país en casos similares.

Los activistas de derechos humanos cuestionan las diferencias de trato después de las condenas dictadas por el tribunal de Sidi M’Hamed. “[Esta sentencia] alimenta todas las dudas sobre la independencia de este tribunal, que ha sido noticia no solo por el caso de los portadores de la bandera, sino también por recurrir abusivamente a la detención preventiva”, señaló Sahi Salhi, vicepresidente de la Liga de Argelia para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH). En los últimos meses, el auto de prisión se ha vuelto casi sistemático, cuando el artículo 123 del código de procedimiento penal lo define como “una medida excepcional”.

Los manifestantes, por su lado, denuncian todos los viernes la “justicia de teléfono”, que también es criticada por los abogados, y que hace referencia a las instrucciones que algunos jueces recibirían por teléfono antes de pronunciar su veredicto. A ello se suman las asignaciones de cargos judiciales orientadas a “seleccionar y nombrar a los funcionarios que no muestran obediencia a zonas lejanas, pueblos pequeños o tribunales que no se ocupan de asuntos políticos. Se les niega la oportunidad de administrar justicia y se les circunscribe a desempeñar cargos menores. En cambio, los funcionarios obedientes son asignados a puestos [políticamente] sensibles”, aseguraba a Equal Times Kaddour Chouicha, sindicalista y responsable de la sección de Orán de la LADDH, unos días antes de su condena expeditiva a un año de prisión –el martes 10 de diciembre–, por un tribunal de Orán.

Para el abogado Mustapha Bouchachi, activista de derechos humanos que se ha convertido en una figura emblemática del movimiento hirak, se están socavando todos los derechos democráticos y las libertades individuales y colectivas: “El espacio audiovisual y de los medios es un coto vedado para los opositores o para aquellos que tienen una visión contraria al sistema político actual. Se impide a los argelinos entrar a la capital cada viernes, y la justicia, que es, en principio, una institución que debe proteger los derechos humanos y las libertades, se ha convertido en una herramienta en manos del poder”, denuncia a Equal Times.

En 2019, Argelia ocupó el puesto 134º (sobre 167 países) en lo que se refiere al respeto de las libertades individuales en un informe sobre prosperidad y bienestar en el mundo del grupo de expertos británico Legatum Institute.

Hassina Oussedik, directora de Amnistía Internacional Argelia recuerda que “las violaciones de la libertad sindical, la libertad de reunión o de manifestación no son nuevas”.

En la capital, las manifestaciones están oficialmente prohibidas desde el 18 de junio de 2001, luego de una decisión tomada bajo el Gobierno de Ali Benflis, ahora candidato a la presidencia. La libertad para manifestarse y reagruparse sigue limitada como siempre por la concesión de autorizaciones que, en la práctica, rara vez son concedidas por las autoridades. Y cuando los organizadores intentan pasar por alto esta autorización, los manifestantes son reprimidos severamente por las fuerzas de seguridad. Algo que ocurrió, por ejemplo, en 2011 durante las protestas que siguieron al aumento de los precios de los alimentos; en 2014, cuando se opusieron, ya desde entonces, al cuarto mandato del expresidente Abdelaziz Bouteflika; y, recientemente, en 2018, durante las protestas de los médicos residentes (internos en medicina), que exigían mejores condiciones de trabajo.

Un año después, los manifestantes del viernes 22 de febrero hicieron saltar el cerrojo al recuperar las calles gracias a su imponente número y su pacifismo. Sin embargo, después de meses de titubeos, las autoridades recuperan gradualmente el control de los espacios públicos, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, acometiendo contra activistas, sindicalistas y periodistas.

Para las ONG, es difícil evaluar la situación “debido a la opacidad de las instituciones argelinas”, precisa Oussedik. Todavía se desconoce el número exacto de personas arrestadas o heridas durante las manifestaciones, pero según los datos recopilados entre familiares de detenidos y abogados, Amnistía Argelia estima que entre 100 y 150 personas han sido arrestadas en los meses que precedieron el inicio de la campaña para las elecciones.

Acoso e intimidación de sindicalistas y activistas de la comunidad

En junio de 2019, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló el desempeño de Argelia y observó deficiencias en las libertades sindicales en el país. “Se ha demostrado que el Gobierno es arbitrario en sus decisiones relativas al registro de los sindicatos. Por ejemplo, a algunas confederaciones se les niega el registro porque tienen afiliados en varios sectores, mientras que otras en la misma situación son efectivamente registradas”, afirmó esta organización internacional. La OIT también hizo hincapié en los métodos utilizados por las autoridades, incluida la clonación o la creación de un sindicato “ficticio”, que consiste en crear una organización cuyo nombre sea idéntico o similar al sindicato autónomo en cuestión, pero integrado por trabajadores próximos al Gobierno.

Desde que el hirak dio comienzo, varios sindicalistas y activistas han sido arrestados. En el oeste del país, Kaddour Chouicha fue detenido por primera vez el jueves 24 de octubre, en una concentración en apoyo de los detenidos. Fue llevado a la estación de policía, donde su teléfono fue confiscado, para luego ser liberado sin ningún cargo en su contra. “Esperan encontrar en mi teléfono argumentos para fundamentar una denuncia. Como las acusaciones no son sólidas, intentan encontrar algo en las páginas de Facebook, en escritos o en el teléfono que les den elementos para incriminarme”, explicó a Equal Times, para añadir que su teléfono todavía no le había sido devuelto. Posteriormente, tras la recepción de una llamada telefónica para recuperar su teléfono, el domingo 10 de diciembre, fue arrestado e inmediatamente presentado delante de un procurador y de un juez, indicaron personas de su círculo.

El viernes 22 de noviembre, el sindicalista fue arrestado nuevamente. Su esposa, la periodista Jamila Loukil, también fue detenida mientras cubría una manifestación hostil a las elecciones presidenciales. Ambos fueron liberados más tarde durante el día. En los últimos años, Kaddour Chouicha ya perdió la cuenta del número de veces que le han arrestado los servicios de seguridad, a veces incluso con sus hijos, uno de ellos menor de edad en ese momento. “Vivo normalmente porque estoy un poco acostumbrado. Esta situación viene durando ya mucho tiempo”, relató, asegurando que no le desanimaban “estos métodos de intimidación y acoso”, cuyo objetivo es “infundir miedo en la población”.

“La represión sigue siendo la misma. La situación no ha mejorado en los últimos meses, desde que la población salió a la calle a exigir sus derechos, y las autoridades se han visto obligadas a revivir sus antiguos reflejos de arbitrariedad, represión y detenciones. En un momento dado, el número de activistas era muy reducido, ahora sale a la calle gran parte de la población”. Lo cual, a su juicio, le da más visibilidad a la represión.

La organización que reúne a la juventud, Rassemblement action jeunesse (RAJ), creada el 4 de diciembre de 1992, un año después de la anulación del proceso electoral por parte de las autoridades (tras la victoria de los islamistas del Frente islámico de salvación en la primera vuelta de las elecciones legislativas), siempre ha estado en el punto de mira de las autoridades. “La asociación pudo reunir a muchos jóvenes en todo el territorio nacional. Empezaron a hacer una labor de sensibilización y movilización sobre ciudadanía, derechos humanos, igualdad de género... Nuestro carácter es reivindicativo y trabajamos por las libertades y la democracia”, explica Fouad Ouicher, secretario general de la organización al margen de una conferencia sobre “el derecho en Argelia”, organizada el sábado 16 de noviembre por la RAJ. El activista, de 34 años, rememoró las restricciones sufridas por las asociaciones autónomas bajo el régimen del expresidente Abdelaziz Bouteflika, en particular para obtener las autorizaciones necesarias a la organización de reuniones y conferencias.

En las últimas semanas, han sido encarcelados diez miembros de RAJ, indicó Ouicher. “Este es un mensaje para mostrar que nuestra asociación sigue en pie a pesar de la intimidación y la detención de nuestros activistas”, comentó a los asistentes reunidos el sábado 16 de noviembre. Una semana después de este evento, también fue arrestado y puesto en prisión preventiva.

Abdelouahab Fersaoui, presidente de RAJ, fue arrestado el 10 de octubre por agentes policiales vestidos de civil tras una sentada en apoyo de los presos de conciencia en Argel. Unos días antes, el 6 de octubre, ya habían sido arrestados y mantenidos en detención cinco miembros de la asociación. Se les acusa de “instigación al tumulto” y de “socavar la integridad y la unidad del territorio”. Entre ellos estaba Hakim Addad, fundador de RAJ.

“El poder se está dejando llevar por el pánico. Esta es la primera vez que tiene que lidiar con un movimiento de este tipo y no sabe qué hacer”, opina el sociólogo Nacer Djabi, al tiempo que agrega que “la imputación de estos delitos ya fue utilizada en las décadas de los años 60 y 70”, contra los oponentes. El sociólogo cree que los dirigentes actuales no han entendido los cambios sociológicos en Argelia. “No saben cómo gobernar esta sociedad. No son conscientes de que las mentalidades han cambiado, por lo que continúan funcionando como antes. Es una política de denegación, de autismo... Tienen una hoja de ruta arbitraria, y quieren imponerla”.

El espectro de la “mano extranjera”

La actual crisis sociopolítica ha vuelto a sacar a la luz el papel político del Ejército, oculto estos últimos años bajo la tutela del Estado. La institución que siempre ha pesado, directa o indirectamente, sobre las orientaciones políticas, económicas y estratégicas del país todavía se basa en la legitimidad histórica heredada de la independencia, adquirida durante la sangrienta guerra contra el colonialismo francés entre 1954 y 1962.

En los últimos meses, Ahmed Gaid Salah, jefe del gabinete y también viceministro de la defensa nacional, se ha convertido en el hombre fuerte del país. En sus numerosos discursos, ha pedido la unidad contra los “partidos extranjeros” que manipularían a los manifestantes para “desestabilizar el país”. Con el fin de convencer a la población de participar en el escrutinio del 12 de diciembre, en septiembre aseguró que “la era de los dictados y de la fabricación de presidentes pertenece definitivamente al pasado”.

Encarcelado desde finales de junio, Lakhdar Bouregaa, excomandante del ALN durante la guerra de independencia contra el colonialismo, está siendo procesado por “injurias contra órganos constituidos y atentar contra la moral del ejército” tras haber criticado al poder. Asimismo, la cadena de televisión pública cuestionó su pasado revolucionario.

Un “revisionismo” que indigna a Redouane Boudjema, profesor de Ciencias de la Información y Comunicación. Este antiguo periodista recuerda que estos métodos de propaganda no carecen de precedentes. “En la década de los años 1990 [en plena guerra civil], hubo campañas de desprestigio a través de la radio, la televisión, la prensa pública y privada que atacaron a los opositores de la estrategia de erradicación y la solución de seguridad a ultranza en cuanto a la gestión del islamismo por parte de las fuerzas políticas argelinas”, recuerda Boudjema.

“En las cadenas de televisión pública, osaron denigrar símbolos de la revolución argelina como Hocine Ait Ahmed, Ahmed Ben Bella y Ali Yahia Abdenour [este último abogado y activista de derechos humanos], acusándoles de ser agentes del exterior y tratar de desestabilizar el país”, agrega.

Medios de comunicación amordazados

Ya en marzo de 2019, periodistas de medios públicos y privados denunciaron las presiones ejercidas sobre las redacciones y la falta de cobertura de las marchas populares. Docenas de ellos celebraron sentadas en la capital y frente a la sede de la televisión nacional, lo que trajo un cierto viento de libertad a las salas de redacción. Pero al cabo de algunas semanas de transparencia y pluralismo en los discursos, los medios públicos y la mayoría de los medios privados nuevamente se encuentran bajo el control del poder.

Desde este verano, la televisión nacional ha dejado de cubrir las marchas que se producen en todo el país, multiplicando en su lugar la difusión de testimonios a favor de las elecciones y del jefe del gabinete. En la radio nacional, el canal III, antena francófona, es objeto de censura y varios periodistas, que se rebelaron contra estas prácticas, fueron sancionados.

Según Nacer Djabi, la justicia y la prensa siguen siendo las “herramientas de trabajo” del Estado. “Lo que es peligroso para este sistema es que estas ’manos’ políticas e ideológicas de las que se ha servido hasta ahora, empiezan a agitarse o a hacer preguntas, como ocurre, por ejemplo, en el canal de radio III o con algunos magistrados”, señala el sociólogo.

Ante el amordazamiento de la profesión, el sábado 9 de noviembre, más de 200 periodistas emitieron un comunicado conjunto llamando a rescatar la prensa argelina. También denunciaron el arresto de tres de sus compañeros, que todavía se encuentran en prisión. Entre ellos, Said Boudour, activista de derechos humanos en Orán, detenido desde el 15 de octubre. Aún no se ha fijado una fecha para su juicio, señalaba Kaddour Chouicha antes de su condena.

Dependencia económica de los medios, opacidad y burocracia

Más allá de la cobertura del hirak, la situación general de los medios de comunicación argelinos es preocupante. “Las autoridades a menudo hablan de la prensa argelina como la más libre del mundo árabe, pero la realidad niega esta afirmación, ya que es un sistema construido en base a la dependencia económica de las autoridades”, subraya Boudjema.

En la prensa, esta dependencia empieza por las imprentas públicas, que imprimen la mayor parte de las cabeceras públicas y privadas. “Se toleran las deudas de los periódicos, pero si estos se atreven a cambiar de tono, se les exige su pago. Los medios dependen de la renta publicitaria que se maneja mediante decisiones opacas y no existe una ley que administre el sector publicitario”, afirma el profesor de Ciencias de la Información y la Comunicación. Una situación que ha llevado a la desaparición de varios rotativos y a un descenso importante de las tiradas estos últimos años.

En cuanto a los canales de televisión privados, “se toleran, pero no se autorizan oficialmente. No tienen estatus jurídico porque son cadenas extranjeras. Han sido utilizadas para desacreditar a la oposición e imponer el cuarto mandato, y luego la idea del quinto mandato, de Bouteflika”, añade Boudjema.

Con el fin de dificultar el trabajo de los medios de comunicación, las autoridades también utilizan métodos diversos y variados. El acceso a las fuentes de información es difícil y se alientan los medios sensacionalistas. Entre estos últimos, hay grupos mediáticos privados, considerados cercanos al poder, y que no dudan en difundir rumores y desinformación, lo que favorece la ruptura de credibilidad en la opinión pública.

Por último, el burocratismo también complica el trabajo de los periodistas extranjeros, quienes obtienen difícilmente un visado, y el de los periodistas argelinos que, si “desean convertirse en corresponsales para medios extranjeros están sujetos a procedimientos administrativos muy complicados para obtener una acreditación que les permita trabajar”, explica Boudjema. Lo que provoca una especie de apagón en los medios internacionales.

Esta sucesión de problemas estructurales y coyunturales ha llevado al país a descender en la clasificación mundial de la libertad de prensa establecido en 2019 por Reporteros sin fronteras: ocupa el puesto 141º entre 180 países. La ONG considera que “en medio de una situación política muy inestable, la libertad de información se encuentra fuertemente amenazada”.