El modelo y estándares laborales de China traspasan fronteras gracias a los proyectos de extracción y construcción que financia

El modelo y estándares laborales de China traspasan fronteras gracias a los proyectos de extracción y construcción que financia

A freight train leaves a newly opened container port in Kenya (2017) on tracks built by Chinese funding.

(AP/Khalil Senosi )

[Este artículo fue publicado originalmente el 13 de julio de 2020.]

Visto desde la perspectiva actual, con una China modernizándose a pasos agigantados, liderando los sectores del futuro y confiada en sus propias fuerzas, se entiende que el desarrollo experimentado por el país asiático durante los últimos 40 años se etiquete, con frecuencia, como el cambio más drástico acontecido en menos tiempo en la historia reciente de la Humanidad. Exagerado o no, lo cierto es que, al morir Mao Zedong en 1976 China era un país agrario anclado en la pobreza y aislado internacionalmente, hasta el punto de que, en 1978, su economía suponía el 1,8% del PIB mundial y su renta per cápita apenas superaba los 156 dólares USD (142 euros). El maoísmo dejaba además un legado de al menos 45 millones de muertos en tiempos de paz, como consecuencia de las hambrunas y la represión del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

Enfrentado a la encrucijada de su propia supervivencia, el Partido Comunista chino (PCCh) tomó la decisión de transitar de una economía planificada a lo que hoy conocemos como el capitalismo rojo. A lo largo de las cuatro décadas siguientes, China ha acabado convirtiéndose en la segunda potencia económica del planeta: su economía supone ya el 20% del PIB mundial y su renta per cápita roza los 10.000 dólares (9.080 euros) anuales. ¿Cómo lo logró? El arquitecto del cambio fue Deng Xiao Ping, el máximo líder chino de la época, quien emprendió a partir de 1980 las reformas que impulsaron la llamada “modernización socialista” que implicaba –además– el desmantelamiento del maoísmo. Una de las llaves del nuevo modelo la tenía la inversión extranjera, así que Deng empezó por idear un puñado de Zonas Económicas Especiales donde regía la excepcionalidad y se experimentaba, en pequeñas dosis, con el capitalismo.

Pekín ofreció entonces exenciones fiscales y una inagotable cantera de mano de obra barata, entre otros incentivos, para atraer inversión foránea. Y ésta empezó a fluir: primero de Taiwán y de la diáspora china en el exterior, a continuación la de otros países.

Los atractivos costes laborales y el entorno estable que China ofrecía, además de un mercado potencial de cientos de millones de consumidores, pusieron los cimientos de lo que luego fue la fábrica del mundo. La consolidación del modelo aconteció con la entrada del país comunista en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2001, lo que provocó una drástica reducción arancelaria y puso a China en el epicentro de la globalización. Si en el año de su adhesión a la OMC el flujo comercial de China con el resto del mundo ascendió a 509.000 millones de dólares, en 2018 se disparó hasta los 4,62 billones de dólares (unos 451.000 millones y 4,09 billones de euros, respectivamente). El sector exportador se convirtió así en uno de los motores de su economía.

Otro factor económico clave fue la urbanización del país, consecuencia de que en las cuatro últimas décadas cientos de millones de chinos se desplazaron del campo a las ciudades, con transformaciones espectaculares. Una migración que hoy continúa, pues Pekín pretende que 900 millones de personas residan en entornos urbanos en 2025.

Justamente porque tanto la fábrica del mundo como la urbanización de China son muy dependientes de las materias primas, el gigante asiático impulsó en 2002 la estrategia conocida como “Salir Afuera”. Aunque alivió la sobrecapacidad de las grandes empresas estatales y permitió a éstas convertirse en jugadores globales, la razón estratégica detrás de su internacionalización fue, en verdad, garantizar su suministro futuro de recursos naturales.

Al ir directamente a la fuente, China minimiza el riesgo de interrupciones en el suministro, evitando con ello el estrangulamiento de dos de sus motores económicos que han permitido al PIB chino crecer a un ritmo anual del 9% de media durante más de 30 años.

La internacionalización de China ha sido desde entonces imparable. Desde 2005 el país asiático ha invertido más de dos billones de dólares en el resto del mundo, según el China Global Investment Tracker que elabora el American Enterprise Institute. También participa en la construcción de infraestructuras fuera de sus fronteras en proyectos que suman 1,1 billones de dólares (cerca de 1 billón de euros), apunta el informe China’s Involvement in Global Infrastructure de 2019, de Research and Markets. Un informe que también señala que China ha comprometido, a través del Exim Bank, el China Development Bank y el Asian Infrastructure Development Bank, entre otras instituciones y fondos, 600.000 millones de dólares (532.000 millones de euros) desde 2013 para el proyecto Una Franja, Una Ruta (o nuevas ‘Rutas de la Seda’), que prevé el acondicionamiento de infraestructuras en seis corredores económico-comerciales por todo el mundo. Dicha cantidad supera los 490.000 millones de dólares (434.000 millones de euros) que el Banco Mundial y sus instituciones financieras afines habrían comprometido en el mismo periodo.

Muchos proyectos que China desarrolla actualmente en el extranjero están vinculados a la extracción energética y de otros recursos naturales, así como a la construcción de infraestructuras: desde vías de ferrocarril, viviendas y estadios de fútbol a carreteras, aeropuertos y presas. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2014 el país asiático construyó unas 350 presas en 74 países, según International Rivers. Pekín calca en el extranjero el mismo modelo de desarrollo que, apoyado en las fortalezas de su capitalismo de Estado, sirve para modernizar China. Su ofensiva internacional, impulsada por sus gigantes estatales con la financiación de sus bancos de desarrollo, ha tenido indudables beneficios. De entrada, para los inversores estatales del régimen chino y –paralelamente– para el sector privado que le da servicio. Pero también para los países receptores, en especial en el mundo en desarrollo, ya que ahora disfrutan infraestructuras que no habrían podido costear por sí mismos, tienen acceso a fuentes de financiación alternativas a las tradicionales y reciben inversiones que generan empleo local, entre otros. Así, las inversiones y proyectos de infraestructuras chinos habrían creado 600.000 empleos sólo en América Latina, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Extracción e infraestructuras: sectores controvertidos

Pero, como ha ocurrido a nivel doméstico durante cuatro décadas de milagro chino, una cosa es que el gigante asiático sea fuente de oportunidades, que lo es, y otra que dichas oportunidades vengan con efectos secundarios. De hecho, muchos proyectos internacionales de China son polémicos por su impacto medioambiental o social, pues las directrices de buenas prácticas y la responsabilidad corporativa de sus gigantes empresariales están poco arraigadas y difícilmente sirven para filtrar proyectos en la práctica. Pero más allá de lo anterior, el factor individual que más daña la reputación de China en el extranjero es, sin duda, el trato laboral que dispensa a los trabajadores en sus proyectos de inversión. En África, una de las regiones con mayor inversión china en infraestructuras, es donde más visibles son las malas condiciones laborales.

“En general, son condiciones duras y difíciles. Los empleados africanos son discriminados con respecto a los chinos en cuanto a salarios, prestaciones y contratación, además de que las compañías chinas se resisten a la sindicalización de los trabajadores chinos en sus proyectos africanos”, apunta Joel Odigie, vicesecretario de la Oficina de la Confederación Sindical Internacional para África, quien también advierte de la necesidad de abordar otros ámbitos como la seguridad y la sanidad laborales. Su diagnóstico coincide con el de otros observadores que han estudiado el fenómeno en África y en otras regiones, aunque requiere de un análisis más fino para completar la foto de la realidad. Por lo pronto, no en todos los países donde las empresas chinas invierten y tienen proyectos se comportan igual. Como norma general, en los países donde impera el principio de legalidad, hay instituciones fuertes y existe una sociedad civil influyente, China tiende a cumplir con la legalidad y estándares laborales. Es el caso de Australia o Canadá, donde hay una fuerte presencia de inversores chinos en los sectores extractivos, pero no el de gran parte del mundo en desarrollo.

Por otro lado, es necesario discriminar también por sectores. Coincide que, en África y en otras regiones con abundantes recursos naturales, es donde China tiene buena parte de sus proyectos de extracción y de infraestructuras, justamente los dos sectores –minero y construcción– más controvertidos laboralmente. Además, por la fragilidad institucional en muchos de esos países, es donde más difícil es el escrutinio. Odigie asegura que “la debilidad de los regímenes de inspección laboral africanos son también parcialmente responsables de que el ritmo de los cambios sea tan lento”. Y, por tanto, “el débil régimen de sanciones es otro ‘incentivo’ para que las compañías extranjeras, especialmente las chinas, violen los derechos laborales y medioambientales”, continúa. A todo ello hay que sumar la corrupción, otro factor habitualmente presente en la relación de Pekín con las élites locales. En los proyectos chinos “están dispuestos a corromper a los funcionarios gubernamentales encargados de la supervisión, para continuar así con sus prácticas anti laborales”, remata Odigie.

Para entender el clima de cierta impunidad laboral que se respira en África en los proyectos chinos es también menester abordar el fenómeno desde la perspectiva de los gobiernos de los países receptores. Muchos de ellos, en especial después de los efectos que la crisis de 2008 tuvo en muchos países occidentales en relación a sus inversiones foráneas, ven a China no sólo como la tabla de salvación para sus problemas más acuciantes, sino también como su principal fuente de oportunidades y financiación.

Que la mayoría mantenga déficits comerciales cada vez mayores con China y que se encomienden a ésta para atraer inversiones o para conseguir préstamos y créditos, mete a los gobiernos receptores en un círculo vicioso que tiene tácitas –aunque inevitables– implicaciones políticas.

Ese contexto hace “menos probable que los gobiernos africanos requieran a las compañías chinas que cumplan las leyes nacionales”, asegura Odigie.

Por todo lo anterior, un factor tan relevante como el laboral en el desarrollo de las sociedades donde China invierte queda condenado a ser un fenómeno silencioso, ya que únicamente sale a la superficie de la opinión pública por las ocasionales denuncias de sindicatos o periodistas locales que, casi siempre con mínimos recursos, dan la voz de alarma. Son éstas denuncias de escaso recorrido, como demuestra la situación en la mina de hierro en el remoto San Juan de Marcona, en Perú, donde la minera china Shougang lleva desde 1992 soportando estoicamente, como un coste más de su inversión, una situación de conflicto a largo plazo por las huelgas y la violencia que periódicamente estallan allí por las precarias condiciones laborales y de seguridad que sufren los trabajadores. Pese a que es una de las inversiones históricas de China en el país latinoamericano, además de una de las más polémicas, los abusos laborales nunca han recibido la debida atención mediática ni han provocado la intervención de las autoridades para zanjar los agravios.

Paradójicamente, ni siquiera cuando las denuncias sindicales o mediáticas documentan la conflictividad intermitente que se desata en la problemática región de Copperbelt, que acoge en Zambia el yacimiento de cobre y cobalto más importante de África y donde existe una fuerte tradición sindical que se remonta a la época colonial británica, tampoco sirven para reparar o mejorar la situación laboral existente. Uno de los escasos trabajos periodísticos con alcance global sobre el impacto de las inversiones chinas en el mundo en desarrollo, publicado en 2013, narra la situación laboral en el Copperbelt así como en la presa de Merowe en Sudán, en la mina de Shougang en Perú y en la construcción del estadio nacional de Maputo, en Mozambique, entre otros. En él se documenta que las malas prácticas chinas no son la excepción, sino la regla.

“Los salarios y las condiciones laborales se han estancado, pese a que trabajamos más horas. Antes las huelgas y los disturbios eran mínimos, ahora son habituales. Y sólo en la era de los inversores chinos hemos visto tiroteos”, advierte en dicha obra Boyd Chibale, vinculado entonces al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Afines de Zambia.

Se refería a la violencia que estalló contra los inversores chinos en 2007, que dejó el saldo de un muerto y un considerable revuelo diplomático, así como a otro episodio que, en 2010, dejó 11 heridos de bala después de que dos capataces chinos dispararan indiscriminadamente contra una multitud de mineros que se manifestaban en demanda de mejoras laborales. Otro estudio de la época reconocía que las condiciones laborales en las empresas chinas en África difieren entre países y sectores, pero describía unas preocupantes tendencias comunes: “relaciones laborales tensas, actitud hostil de los empleadores chinos hacia los sindicatos, violaciones de los derechos de los trabajadores, malas condiciones de trabajo y prácticas laborales injustas”, rezaba el estudio Chinese Investments in Africa: A Labour Perspective. El mes pasado, los disparos de dos trabajadores zimbabuenses a manos de un jefe chino en una operación minera en Gweru fueron descritos por una organización de protección de derechos como parte de “un patrón y un sistema” de abuso, violencia y discriminación a la cadena CNN.

Prácticas neocolonialistas de China en África y otras regiones

Al ser cuestionado por la evolución experimentada en el entorno laboral de los proyectos chinos en África durante la última década, Joel Odigie señala que “las compañías chinas han hecho muy poco esfuerzo para mejorar el entorno laboral”, pero admite que la lucha sindical ha permitido mejorar el antiguo contexto de inexistencia habitual de contratos de trabajo y de empleadores chinos que determinaban unilateralmente los salarios y los beneficios de los trabajadores. En cualquier caso, las condiciones chinas siguen siendo comparativamente peores que las de otros inversores internacionales, advierte Odigie, sin que ello “sugiera necesariamente que los otros inversores internacionales no violan las leyes laborales, medioambientales y fiscales”, remata. Otra queja habitual que acompaña a la presencia de China en el continente africano es el escaso incentivo de las compañías a transferir conocimientos y know-how, lo que sirve a los críticos para presentarlo como evidencia de la actitud y prácticas neocolonialistas de China en África y en otras regiones.

La prueba de que China despliega sus tentáculos económicos por el resto del mundo de la mano de su modelo de desarrollo es que la discriminación laboral no afecta sólo a los trabajadores de los países donde invierte, sino también a los propios obreros chinos.

Según la consultora McKinsey, aunque el 89% de la mano de obra de las compañías chinas en África es contratada localmente, en muchas de las grandes infraestructuras que China construye por medio mundo recluta a trabajadores chinos. Al ser habitual que Pekín es también quién financia esos proyectos, establece las condiciones. Y, entre éstas, muchas veces se exige que la fuerza laboral sea originaria del país asiático, no sólo porque ello facilita la comunicación, sino porque, en la percepción de los empleadores chinos, es una mano de obra más productiva y disciplinada que la local. Un porcentaje indeterminado de esos trabajadores chinos goza en esos proyectos de mejores condiciones y de salarios más altos que los que tendrían en China, razón por la que se aventuran, en un contexto de creciente competencia laboral en el país asiático, a emigrar al extranjero. Pero no todos corren la misma suerte.

Según la OIT, más de 14 millones de trabajadores de todo el planeta sufren explotación laboral forzosa, muchos de ellos son trabajadores migrantes que contrajeron deudas para poder emigrar y están en una situación especialmente vulnerable. Entre éstos hay que incluir al millón de trabajadores migrantes chinos que, en 2018, se estimaba que partieron a otros países por razones laborales (sin contar un alto número de emigrantes indocumentados). Con frecuencia, “son demonizados en esos países por ser una infantería invasora que ‘roba’ empleos a los locales, pero en realidad son extremadamente vulnerables a ser explotados por sus empleadores”, escribieron Aaron Halegua y Jerome A. Cohen en el Washington Post, dos expertos en temas laborales de la Universidad de Nueva York. Como abogado en ejercicio, Halegua siguió de cerca un caso de explotación sufrida por miles de trabajadores chinos en Saipan –la más grande de las Islas Marianas del Norte– a manos de cuatro constructoras del país asiático que levantaban en esa isla del Pacífico un casino.

Los trabajadores describieron las condiciones laborales como “peores que en China”. Según las autoridades federales de Estados Unidos, los trabajadores trabajaban 13 horas diarias sin derecho a días de descanso, ni fines de semana ni vacaciones, sus pasaportes fueron retenidos al llegar a Saipan por sus empleadores y tenían deudas con agencias de reclutamiento laboral, a la que pagaron 6.000 dólares (5.300 euros) cada uno de media. En 2018, las autoridades estadounidenses condenaron a las constructoras a pagar 14 millones de dólares (12,4 millones de euros) a sus 2.400 empleados en concepto de sueldos impagados. El caso en Saipan es sólo la punta del iceberg de un fenómeno dramático, aunque relativamente silencioso, que se repite (sin visos de erradicación) en muchos otros países a lo largo y ancho del planeta y que sólo llega a conocimiento de la opinión pública de la mano de una tragedia o si el caso se abre paso judicialmente.

Según Halegua y Cohen, Pekín es consciente de la gravedad del asunto y ha aprobado políticas y regulaciones que prohíben las comisiones por reclutamiento laboral, las fianzas (destinadas a garantizar que el trabajador cumple sus obligaciones contractuales) o que las compañías chinas en el extranjero contraten a emigrantes chinos con visados turísticos. “Pero esas políticas y estándares regulatorios son habitualmente vagos y no obligan legalmente, mientras las provisiones legales vigentes son violadas de forma rutinaria”, expresaron los expertos de la Universidad de Nueva York. Por otro lado, muchas compañías chinas abdican de su obligación de adaptar sus prácticas a las leyes locales, a veces en un contexto en el que las autoridades locales son incapaces de asegurar dichos estándares y los sindicatos no tienen la fuerza para hacer contrapeso. En un escenario futuro de incertidumbre y tensiones económicas por la crisis de la COVID-19, con Pekín proyectando infraestructuras hacia el exterior a través de Una Franja, Una Ruta, no es difícil intuir que es poco probable que la situación pueda mejorar a medio plazo.

De hecho, más que avanzar hacia un modelo laboral más justo que no implique el sacrificio de los más débiles, un caso en Groenlandia demostró en 2012, en pleno impacto de la crisis de 2008, la tentación en la que pueden caer los gobiernos de adaptarse a los estándares laborales de las corporaciones chinas, y no al revés.

La minera británica London Mining propuso la construcción de una instalación minera en un glaciar situado a 160 kilómetros de Nuuk, la capital, en un territorio sin carreteras ni infraestructuras más allá de los núcleos habitados. El llamado Proyecto Isua, que estaba destinado a cambiar el rumbo y el futuro de Groenlandia en tanto que era un proyecto minero jamás concebido allí a esa escala, tenía un presupuesto de 2.350 millones de dólares (2.083 millones de euros) y su objetivo era extraer 15 millones de toneladas de mineral de hierro anuales. Pekín, a través del China Development Bank y de sus empresas de construcción e ingeniería, se encargarían de la obra civil.

Sin embargo, para hacer económicamente viable el proyecto, las constructoras chinas exigieron que los 3.000 obreros necesarios para dicha obra civil fueran originarios de China y, más aún, que pudieran cobrar salarios por debajo del mínimo legal en Groenlandia, que es uno de los más altos del mundo. Aunque dicha exigencia chocaba con la legislación laboral local, se salvó la contingencia en una polémica votación en el Parlamento de Groenlandia que autorizó, por un solo voto, la reducción del salario mínimo para trabajadores extranjeros en grandes proyectos mineros. Una concesión, por la vía indirecta de permitir deducciones en el salario por alojamiento, manutención y seguros, que sirvió para acomodar las necesidades planteadas por las empresas chinas y que implicó, por primera vez, que un territorio con sacrosantos estándares laborales los pusiera sobre la mesa como moneda de cambio. El Proyecto Isua acabó por no prosperar, porque la minera británica fue a la bancarrota en 2014, pero quedó el rastro. La evidencia de que los gobiernos de muchos países están dispuestos a adaptarse a las necesidades de China, cuando debería ser ésta, como potencia en ciernes, la que se adaptara a los estándares que mejor garantizan el bienestar y la prosperidad de las poblaciones locales.

This article has been translated from Spanish.