El 7 de febrero de 2023 se cumplió el 37º aniversario del derrocamiento de la dictadura duvalierista (1957-1986), así como el segundo año sin gobierno legítimo en Haití. Tras concluir su mandato, el expresidente Jovenel Moïse se había negado a dimitir, pretendiendo gobernar un año más para organizar elecciones y un referéndum sobre la Constitución. Fue asesinado el 7 de julio de 2021 y, desde entonces, el primer ministro Ariel Henry es quien gobierna (o finge gobernar) el país. En estos momentos, desde los municipios hasta la cúpula del Estado, ya no hay en Haití ni un solo cargo electo.

El panorama perfilado en enero por el último informe de las Naciones Unidas es apocalíptico: la inflación se dispara, la inseguridad alimentaria crece, el cólera se extiende y reina la impunidad. Por su parte, la violencia asociada a las bandas organizadas ha alcanzado dimensiones sin precedentes “desde hace décadas”: entre 2021 y 2022 los homicidios y los secuestros han aumentado más de un 35% y un 100%, respectivamente, y las violaciones (sistemáticas) continúan siendo “un arma estratégica para aterrorizar a la población”.

Al seguir las noticias, leer los informes y escuchar a las organizaciones humanitarias, el país entero parece derrumbarse en estos cuatro últimos años. De hecho, “abismo” y “caos” son términos que aparecen con frecuencia en las declaraciones de los haitianos y las haitianas que intervinieron en el congreso sindical internacional celebrado en Ouanaminthe, en la frontera dominico-haitiana, los días 25 y 26 de enero de 2023.

Pero, a diferencia del discurso mediático y diplomático internacional, teñido de neocolonialismo y complacencia fatalista, todos ellos insistieron en el carácter fabricado y organizado de este caos, e incluso en su dimensión “funcional”, y en la parte de responsabilidad de la comunidad internacional en la aparición y el recrudecimiento de la crisis actual.

A instancias de la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH) y de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), ambas afiliadas a la Confederación Sindical Internacional (CSI), el congreso tenía un doble objetivo: (re)lanzar una campaña de solidaridad internacional con Haití, basada en los análisis y reivindicaciones de las organizaciones haitianas, en general, y en la “hoja de ruta” de la CTH y la CTSP, en particular; y reafirmar el arraigo de los sindicatos en el movimiento social haitiano, así como su apoyo al proyecto presentado por este: una “transición de ruptura”.

Un país secuestrado

Thamara Étienne es una joven veinteañera, viuda y madre de un niño de tres años, que vive con su madre, a la que mantiene económicamente. Al preguntarle por sus sueños, esta trabajadora sindicada, empleada en una fábrica de subcontratación textil, responde: “Terminar mis estudios y encontrar un trabajo normal, un trabajo decente”*. Pero, ¿cómo hablar de empleo, de trabajo decente, cuando más del 90% de los trabajadores se encuentran en el sector de la economía informal, cuando la producción se concentra en las zonas francas y cuando la economía, dominada por un puñado de familias, se reduce prácticamente a un mostrador de importación-exportación?

El anuncio realizado a principios de febrero de 2023 por la multinacional surcoreana Sae-A respecto al despido de 3.500 trabajadores constituye (hasta la fecha) el culmen de la reciente ola de despidos que vapulea al sector textil haitiano. A través de un simple comunicado de prensa, Sae-A, el principal empleador del Parc Industriel de Caracol (PIC) –referencia emblemática del “Haití está abierto a los negocios”– deja patente el fracaso de la estrategia de desarrollo seguida durante las últimas décadas.

Aunque la idea era anterior al terremoto de 2010, la reconstrucción del país le dio un nuevo impulso. A diferencia de tantos proyectos mal concebidos, descoordinados e inacabados, el PIC iba a encarnar el éxito de la colaboración público-privada, a la que se había sumado la ayuda internacional. Caracol fue el principal proyecto de la cooperación estadounidense para reconstruir Haití, supuestamente “para mejor”.

Símbolo del nuevo Haití, el PIC iba a crear 65.000 puestos de trabajo y convertir el país en el “Taiwán del Caribe”. En su mejor momento, la mayor zona franca del territorio haitiano empleaba a 20.000 personas con salarios muy bajos; y el sector de la subcontratación textil empleaba en su conjunto a casi 60.000 trabajadores y (sobre todo) trabajadoras. Pero más que favorecer la industrialización y el desarrollo de Haití, el PIC lo hundió aún más al fondo de la división internacional del trabajo, con una dependencia absoluta de Estados Unidos, que es quien fija las condiciones y absorbe la totalidad de sus exportaciones textiles.

“El movimiento sindical señala que estos despidos no hacen sino agravar el círculo vicioso de la pobreza en un país donde la protección social es casi inexistente”, denuncian los sindicalistas haitianos.

Al mismo tiempo, la miseria, la falta de políticas públicas y la ausencia de perspectivas para los jóvenes constituyen un caldo de cultivo para las bandas. “A un haitiano le resulta más sencillo conseguir un arma que conseguir pan”, lamenta amargamente el presidente de la CTSP, Jean Bonald G. Fatal. “Los haitianos y la economía han sido secuestrados”.

Sin embargo, de momento, el Gobierno haitiano, indiferente y pasivo en lo que respecta al destino de la población, no ha reaccionado al anuncio de Sae-A. Tampoco lo han hecho Washington ni las instituciones financieras internacionales, que no han parado de alabar, apoyar y financiar al PIC y, sobre todo, la estrategia basada en las zonas francas. Lejos de estas preocupaciones triviales, las embajadas occidentales y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, comulgaban con la creación de un nuevo Consejo Superior de Transición, enésimo intento de ir por la fuerza, bajo la apariencia de “consenso nacional”, evacuando toda idea de transición y, más aún, de ruptura, para organizar elecciones lo antes posible.

“Estamos a favor de las elecciones”, afirma Jacques Belzin, presidente de la CTH. “Pero no unas elecciones cualesquiera, sino unas elecciones que se celebren en condiciones adecuadas, donde el pueblo pueda expresar libremente su voluntad. Ahora mismo sería imposible organizar elecciones en Haití. Hay demasiados problemas: más del 60% del territorio está ocupado por bandidos armados, financiados por políticos y por el sector económico corrupto. Si organizamos elecciones en estas condiciones, tendremos un parlamento repleto de delincuentes legítimos que, además, nombrarán a los ministros y a un presidente”.

Al igual que la apuesta por las zonas francas, la última maniobra del Gobierno haitiano está condenada al fracaso. Volcados hacia el exterior, controlados por lo internacional, ignorando la situación local y haciendo caso omiso de las reivindicaciones del movimiento social, crean las condiciones económicas y políticas del statu quo que los haitianos y las haitianas ya no quieren.

Por desgracia, resulta aún más tentador ignorar su catastrófico historial y no aprender de sus fracasos, para no sufrir las consecuencias, y que el pueblo haitiano es el que paga el precio más alto.

Construir el nuevo Haití

La fuerza de las cosas, de la que hablaba el revolucionario francés Saint-Just, empuja a los sindicatos haitianos a sobrepasar el marco tradicional de su lucha. ¿Cómo promover la protección social cuando los servicios sociales, prácticamente inaccesibles, han sido subcontratados a ONG internacionales, privatizados o simplemente sacrificados a intereses creados? ¿Cómo promover el diálogo social con un Estado corrupto en manos de una oligarquía que controla la mayor parte de los intercambios comerciales? ¿Cómo defender, en definitiva, el trabajo decente en el país con el mayor índice de desigualdad del continente y del mundo?

Resulta imposible plantear estas cuestiones sin una revisión a fondo del modelo económico y un replanteamiento de las instituciones públicas bajo el prisma de la soberanía popular. Todos los problemas a los que se enfrentan los sindicatos haitianos tienen su origen en una serie de golpes, a saber: la ocupación militar norteamericana (1915-1934), la dictadura duvalierista, la liberalización de la economía a partir de 1983 y la llegada al poder en 2011 de Michel Martelly (actualmente en el punto de mira de las sanciones canadienses por su apoyo a las bandas armadas), del que Jovenel Moïse fue sucesor. El actual estallido de violencia es el último golpe de esta serie que remata la captura del Estado y la dependencia del país respecto de la comunidad internacional, en general, y de Washington, en particular.

Los sindicatos fueron partícipes de la revuelta popular de 2018-2019 y de la convergencia de los actores de la sociedad civil en el marco del Acuerdo de Montana, firmado el 30 de agosto de 2021, consagrando el consenso en torno a las bases de la soberanía nacional y del proyecto de una transición de ruptura.

La Declaración de Ouanaminthe, que clausuró el congreso sindical internacional de los días 25 y 26 de enero de 2023, reafirma esta convergencia y este proyecto, definiendo su vertiente social: aplicación del programa de trabajo decente, medidas de justicia social y políticas públicas, prestando especial atención a los derechos de las mujeres y garantizando el acceso a los servicios sociales.

Luchar contra la inseguridad y la corrupción implica deshacer toda la cadena del caos, desde los miembros de las bandas armadas hasta la oligarquía que las finanza y las explota, pasando por el Estado, que está en vías de gangsterizarse a marchas forzadas, y los actores internacionales que imponen sus “soluciones”.

La crisis de Haití es estructural. Su resolución requiere necesariamente una transición y una ruptura “del ciclo histórico de crisis, golpes e injerencia”. Y también requiere la solidaridad internacional para revertir las políticas de la ONU y de Occidente que están atrapando a los haitianos en una crisis sin salida, hipotecando, como dice la declaración, “la construcción del nuevo Haití al que aspira el pueblo”.