El periodismo independiente cada vez más amenazado en Hungría

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Aunque el guardián de la democracia Freedom House considera que la prensa de Hungría solamente es parcialmente libre, a los periodistas del país la situación les parece mucho peor.

Desde la introducción de una nueva ley de medios de comunicación en 2010, los medios de comunicación húngaros han sido sometidos a los requisitos legales de ‘presentar información equilibrada’.

El no respetar la interpretación del gobierno de algo que es un principio básico del periodismo tiene como consecuencia multas considerables, proporcionales a la popularidad del medio.

Curiosamente, desde 2013, la mitad de las quejas por información no equilibrada fueron presentadas por el partido ultraderechista Jobbik y la mayoría de ellas se ha aceptado a trámite. Por otra parte, todas las quejas por una supuesta cobertura en contra de la población romaní fueron desestimadas.

La ley de medios de comunicación también obliga a los nuevos medios de comunicación a registrarse ante las autoridades en un plazo de 60 días desde su lanzamiento.

Además, este año las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación independientes que operan bajo esta categoría, son objeto de examen por parte del gobierno por sus lazos a donantes extranjeros.

Sin embargo, Fidesz, el partido nacionalista y conservador del primer ministro Viktor Orbán, que fue reelegido por segunda vez en abril de 2014 con el 44,87 por ciento de los votos, continúa gozando de un apoyo generalizado en casa.

Además, la situación en otros países de la región tiende a oscurecer el empeoramiento de la situación para los críticos del gobierno en Hungría.

“Cuando me reúno con compañeros ucranianos, me preguntan si se ha asesinado a algún periodista en los últimos 10 años y les tengo que decir que no”, explica Attila Bátorfy, editor de la revista Kreativ.

Sin embargo, sólo porque no se haya asesinado a ningún periodista mientras realizaba su trabajo no quiere decir que los periodistas no se enfrenten a otras amenazas.

Una encuesta realizada por el instituto de investigación sobre políticas de medios de comunicación Nézőpont Intézet reveló que el 48 por ciento de los periodistas húngaros dice haber sido obligado a actuar en contra de sus convicciones profesionales por lo menos una vez durante los últimos 12 meses.

“Nuestra situación es mala, pero no puede estar en la mente de los responsables de la toma de decisiones de la UE cada día”, dice el periodista y activista Attila Mong, que se fue de Hungría y finalmente se instaló en Berlín después de la legislación de 2010.

Aunque una decisión del Tribunal Constitucional de 2011 ordenaba al gobierno modificar las disposiciones más polémicas de la ley de medios de comunicación (como el requisito de que los periodistas revelen sus fuentes), todavía existen otros elementos de índole política, como los poderes del Consejo de Medios de Comunicación.

Según Open Society Foundations (OSF), el Consejo tiene el mandato de interferir en la toma de decisiones editoriales.

El informe de OSF afirma que el poder de la Autoridad Nacional para los Medios e Infocomunicaciones, la sección de medios de radiodifusión del Consejo de Medios de Comunicación, es “absoluto” y “sin precedentes en otras democracias europeas”.

László M. Lengyel, presidente del Sindicato húngaro de periodistas, añade que la legislación laboral reciente, aprobada hace cuatro años, ha socavado todavía más el poder de negociación del sindicato de periodistas.

“No es a causa de la crisis económica, sino de la legislación y las políticas del gobierno”, explicó a Equal Times.

El gobierno de Orban introdujo recientemente un nuevo impuesto sobre la publicidad con el fin de restringir los beneficios de los medios de comunicación de propiedad privada.

El impuesto fue anunciado tras una declaración hecha por la Comisión Europea en junio, que instaba a Hungría a eliminar progresivamente los impuestos específicos para los sectores.

Judit Acsay, vicepresidenta de la Asociación de periodistas húngaros, cuenta que el grupo alemán RTL se ve particularmente amenazado por el impuesto progresivo y éste es uno de los motivos por los que el grupo orientado hacia las noticias sensacionalistas de repente adoptó una función de vigilante contra el gobierno.

EU Observer dijo que incluso los medios tradicionalmente partidarios del gobierno habían manifestado su preocupación por el impuesto. La televisión y la prensa reciben la mayor parte de los ingresos generados por publicidad.

Sin embargo, las empresas multinacionales cada vez están menos dispuestas a tener problemas con el gobierno.

Origo, el mayor sitio de noticias, propiedad de Deutsche Telekom, se vio afectado cuando el redactor jefe fue despedido y 20 periodistas se marcharon tras la publicación de un artículo que criticaba los gastos de funcionarios del gobierno.

Según Mong, que trabajó como editor en Origo hasta 2012, muchos inversores extranjeros están abandonando el país, lo que lleva a una mayor concentración de propiedad entre la élite empresarial húngara.

 

Se eliminan los últimos salvavidas

Durante un tiempo, las organizaciones de la sociedad civil pudieron dar un cierto ‘respiro’ a los periodistas independientes, presionados por el gobierno y los inversores volcados en los beneficios.

Sin embargo, estas organizaciones ya no están a salvo.

En junio, la Oficina de Control del Gobierno Húngaro inició una investigación en contra de ONG que reciben ayuda financiera a través de las Subvenciones del Espacio Económico Europeo y de Noruega, un mecanismo financiero cuyo objetivo es ayudar a la sociedad civil de economías europeas menos prósperas.

La lista de beneficiarios se etiquetó públicamente como políticamente sesgada debido a la inclusión de un partido verde y liberal entre los beneficiarios de las subvenciones. El portal de periodismo de investigación atlatszo.hu también fue atacado como beneficiario de las subvenciones.

Esta medida ha sido criticada por Transparency International, Human Rights Watch y otros órganos internacionales.

Según el sitio web de la Oficina de Control del Gobierno, harán una auditoría de datos a partir de 2010 motivada por la transparencia, aunque el fondo del EEE cuente con su propia Junta de Auditores.

Mientras tanto, los medios afines al gobierno continúan disfrutando de generosos ingresos procedentes de la publicidad.

El gobierno gasta más de 16 millones de euros en publicidad, según las estimaciones citadas por el New York Times el año pasado, mucho de ello de proyectos de desarrollo financiados por la UE, distorsionando así el mercado mediático.

Mientras que hasta 2010 la mayoría de periódicos y revistas era de izquierdas, desde entonces ha aparecido un grupo mediático conservador que incluye a los diarios Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, los semanales Heti Válasz y Magyar Demokrata, la estación de radio Lánchíd Rádió y los canales de noticias de televisión por cable Hír TV y Echo TV.

En 2010 el partido en el poder enmendó la constitución y suprimió la obligación del gobierno de prevenir monopolios mediáticos.

Por lo tanto, no es una sorpresa que Freedom House anunciara recientemente que los beneficios de cuatro individuos afines al gobierno, que son dueños de 15 medios de comunicación, se han multiplicado por siete de 2009 a 2011.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés

Este artículo ha sido traducido del inglés.