Tres letras cambiaron la historia del condado de Warren (Carolina del Norte) en 1982: PCB. Son las siglas que agrupan a los bifenilos policlorados, una familia de peligrosas sustancias químicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden causar problemas de reproducción, afectar al sistema inmunitario, provocar cáncer.

A finales de los años 70, un vertido derramó 100.000 litros de este material tóxico en medio de una carretera en Carolina del Norte. El gobierno decidió entonces sepultarlo todo en algún lugar bajo tierra.

Eligió Warren. Una comunidad que, curiosamente, tenía el porcentaje más alto de residentes negros de todo el estado.

No fue casualidad, fue racismo.

Los habitantes de Warren fueron los primeros en denunciar que habían sido víctimas de “racismo ambiental”, una forma de discriminación que, en realidad, se extendía por todo Estados Unidos, donde más de 15 millones de afroamericanos y 8 millones de hispanos vivían junto a fábricas contaminantes, donde la sangre de los niños negros contenía más plomo que la de los niños blancos, donde tener distinto color suponía vivir una media de 8 años menos.

“Si usted quiere saber dónde tiene más posibilidades de ser sepultado por un depósito de desechos, pregúntese dónde viven los negros, los hispanos, los amerindios y otras minorías raciales”, advertía el sociólogo europeo Razmig Keucheyan en su ensayo La naturaleza es un campo de batalla.

Hoy la discriminación ambiental no solo afecta a las poblaciones negras. También se extiende a los hispanos, los indígenas, los migrantes, los gitanos, los pobres. Según el último estudio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) norteamericana, aquellos que viven bajo el umbral de la pobreza respiran un 35% más de polución que el resto.

La contaminación nunca es ecuánime porque los que deciden dónde poner las fábricas, las incineradoras y los cementerios nucleares tampoco lo son.

“Cuando las empresas o las instituciones tienen que instalar estructuras contaminantes buscan los suelos más baratos y es aquí donde suelen vivir los más vulnerables: personas racializadas, pobres, migrantes, mujeres mayoritariamente”, explica Yayo Herrero, antropóloga y directora de la fundación Fuhem.

Por esa razón, una de cada cuatro personas gitanas en Europa vive en entornos contaminados, sucios o con problemas ambientales. Sobre todo en países como Chequia o España.

Es el reverso más injusto del progreso. Todos contaminamos: generamos toneladas de basura, alimentamos con miles de kilovatios todo ese aparataje tecnológico que sustenta nuestras vidas. Pero, al final, solo unos se envenenan con sus tóxicas consecuencias.

“Cuando pones todas las infraestructuras en una zona y dejas las otras liberadas estás creando desigualdad”, critica Alodia Pérez, responsable de residuos de la ONG Amigos de la Tierra. Según ella, en este reparto injusto existe una premeditación clara: “las industrias eligen zonas empobrecidas porque saben que la respuesta social va a ser menor, que va a haber menos contestación”.

Una amenaza silenciosa

Entre 3.000 y 4.000 toneladas de basura entran cada día en la planta incineradora de Valdemingómez, en Madrid. En medio de ese amasijo de desechos, hay una parte que no se puede reciclar y acaba en un horno donde arde a unos 850 grados. La combustión genera electricidad, pero también toxinas, metales pesados, ceniza.

“Día a día no es perceptible. Las emisiones no huelen, no sale una fumata de la chimenea, pero todos los estudios científicos dicen que respirar el aire de una incineradora provoca distintos tipos de cáncer”, cuenta Enrique Villalobos. Él es uno de los vecinos que llevan años movilizándose para exigir el cierre de la planta, sobre todo ahora que el contrato está a punto de expirar en 2020.

Aunque no existen informes específicos sobre los efectos en la salud de Valdemingómez, un estudio del Instituto de Salud Carlos III de Madrid confirmó en 2012 que las incineradoras matan. En concreto, se ha demostrado que en algunos tipos de cáncer, como el de pleura o vesícula, aumenta la mortalidad entre las personas que viven a cinco kilómetros o menos de uno de estos monumentales crematorios. “Es una especie de muerte silenciosa”, insiste Villalobos.

Aquí, como en el condado de Warren, la ubicación tampoco es casualidad.

“En Madrid, las fábricas se concentran en el sureste de la capital, tanto fábricas como incineradoras o vertederos. No coinciden precisamente con un barrio noble, sino con los sectores más empobrecidos, y con más migración”, explica Pérez.

Precisamente, en la primera línea de contención de Valdemingómez viven las 800 familias de la Cañada Real Sector 6, el asentamiento irregular más grande de Europa. Sus habitantes: personas excluidas, población gitana, familias migrantes de Marruecos y Rumanía.

“Algunos discursos buenistas dicen que la contaminación y la calidad del aire nos afecta a todos por igual. No se dan cuenta de que hay un sesgo de clase y de procedencia muy intenso”, denuncia Herrero.

Muchas empresas juegan además con las necesidades de estas clases populares, obligándoles a elegir entre un medio ambiente sano y la posibilidad de tener un empleo. Algunos lo llaman “el chantaje ambiental”: prometo darle trabajo a tus hijos a cambio de que aceptes un cementerio nuclear en la puerta de tu casa.

“Hemos interiorizado como cultura que las personas lo que necesitan es dinero, por encima de respirar aire limpio, que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Es perverso”, lamenta Herrero.

Las resistencias

En 1982 los habitantes de Warren se concentraron en los accesos al condado y se tumbaron en el suelo para impedir el paso de los camiones cargados con PCB. Más de quinientos fueron detenidos. Fue el inicio de un movimiento popular, inspirado en la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King, para reclamar su derecho a no ser intoxicados. Tal fue entonces la presión que el gobierno de Estados Unidos llegó a crear la primera oficina de justicia ambiental (una institución que precisamente ahora está amenazada por los recortes de la Administración Trump).

“Lo importante de este movimiento es que está protagonizado por las personas directamente afectadas, por las personas empobrecidas”, celebra la directora de FUHEM, “en Europa todavía las movilizaciones están restringidas al movimiento ecologista. Como si las mayorías no se hubieran dado cuenta de que esto nos acabará afectando a todos”.

Respirar un aire que no nos envenene, beber un agua sin plomo o vivir en territorios sin miedo a padecer a cáncer constituyen un derecho reconocido por Naciones Unidas. El problema, como explica el abogado ambientalista Xabier Ezeizabarrena, es que “el medio ambiente no se incluye dentro de los derechos fundamentales de primera generación. Todavía se necesita un desarrollo legislativo para que pueda protegerse adecuadamente y, sobre todo, vigilar que se cumpla”.

Treinta y seis años después de Warren, el movimiento por la justicia ambiental se extiende hoy por todo el mundo. En 2014 se creó un atlas online donde aparecen documentadas cerca de 2.500 resistencias activas.

Pelean contra proyectos extractivos, plantaciones de palma o pozos ilegales que aún siguen afectando a las comunidades más vulnerables. Un mapamundi del racismo ambiental cuyo peso se desplaza cada vez más a los países del sur, a lugares como la Amazonia de Perú o el delta de Níger, continuamente contaminados y esquilmados por las necesidades del norte.

“Cada vez nuestro consumo es mayor, cada vez hay más residuos”, insisten desde Amigos de la Tierra, “este un problema que va a seguir creciendo”. Y mientras no se redistribuyan las fábricas, mientras no se repartan los malos humos, unos sufrirán ese crecimiento antes que otros.

Según los últimos cálculos de la OMS, siete millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación ambiental. Más del 90% de esas muertes se registran en países de ingresos bajos y medios. Y eso tampoco es casualidad.