El número de migrantes en Japón vuelve a aumentar a medida que el país abre progresivamente sus puertas a una nueva oleada de trabajadores del sudeste asiático. El año pasado, el número de trabajadores extranjeros en Japón rebasó por primera vez el millón. No obstante, la falta de aplicación de la legislación laboral, el uso de intermediarios y los limitados esfuerzos para educar e integrar a los migrantes, están planteando considerables retos en un país conocido desde siempre por su homogeneidad cultural.

“Ahora mismo hay escasez de mano de obra, como consecuencia de lo cual el número de trabajadores extranjeros en Japón ha aumentado”, explica Saichi Kurematsu, presidente de la Aichi Federation of Trade Unions, una organización regional afiliada a la central sindical Zenroren.

Los trabajadores migrantes son importantes para la federación Aichi porque la prefectura de Aichi, que abarca la región metropolitana de Nagoya, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales puntos de acceso de los trabajadores migrantes debido al gran número de fábricas que se encuentran ubicadas en la zona, muchas de la cuales están vinculadas al gigante de los automóviles: Toyota.

La necesidad de mano de obra extranjera en Japón se está volviendo acuciante, sobre todo en sectores como la construcción, donde la oferta laboral se ha disparado a consecuencia de los masivos esfuerzos de reconstrucción requeridos tras el devastador terremoto de 2011.

Un estudio reciente concluye que en Japón hay aproximadamente 143 puestos de trabajo por cada 100 solicitantes de empleo. Al mismo tiempo, los extranjeros no representan más que el 2% de la población japonesa.

Otro factor que repercute en la necesidad que tiene Japón de contar con más trabajadores es el rápido envejecimiento de su población. Tras registrar durante décadas unas tasas de natalidad cada vez menores, entre 2010 y 2015 la población de Japón se redujo en casi un millón de habitantes, convirtiéndose en el primer país del mundo en experimentar una contracción demográfica debido principalmente al envejecimiento de su población –en lugar de deberse, por ejemplo, a un conflicto o a la emigración–.

Esta situación seguirá empeorando a menos que los niveles de inmigración aumenten. Así pues, según algunas estimaciones, si se mantienen las tendencias actuales, en 2060 la población de Japón se habrá reducido en una tercera parte.

“Japón necesita gente”

“¿Por qué tenemos que cambiar? Porque no tenemos gente”, dice Haruka Nagao, fundador de Viva Okazaki. “Desde 2016, casi el 40% de nuestra población tiene más de 60 años –son demasiado mayores para trabajar–. Japón necesita gente, pero no tenemos unas normas claras, ni apoyo, para los residentes extranjeros”.

La organización de Nagao está basada en la prefectura de Aichi, donde se registra el mayor porcentaje de residentes nacidos en el extranjero de todo Japón. Viva Okazaki trata de desarrollar una percepción multicultural, abordando lo que considera como barreras culturales para una integración genuina.

“Tenemos ciertos estereotipos y prejuicios. Además, los japoneses no tenemos mucha experiencia a la hora de comunicarnos con extranjeros. No conocemos las barreras culturales que experimentan otras personas, ni conocemos otras formas de pensar”, explica Nagao a Equal Times.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la mayoría de los migrantes que llegaron a Japón procedían de extensas comunidades de origen japonés ubicadas en Perú y Brasil. Tras el estancamiento de la economía japonesa en los años 1990, el Estado propició la emigración, ofreciendo a muchos de ellos una determinada suma de dinero para que regresaran a Suramérica. A principios de la década de 2000, cuando la economía se recuperó, llegó una nueva oleada de trabajadores, en su mayoría de países vecinos, como Corea del Sur y China.

Muchos de estos trabajadores vinieron como “aprendices” con un visado de corta duración, de manera que cuando se desencadenó la crisis financiera mundial de 2008-2009 y estos “aprendices” perdieron sus empleos, no tuvieron más remedio que marcharse de Japón tan pronto como sus visados expiraron.

Aunque el mismo sistema se aplica al actual acopio de trabajadores migrantes que están llegando a Japón, muchos de ellos proceden ahora de Vietnam debido a la creciente importancia de este país del sudeste asiático como base para las fábricas japonesas.

“El número de trabajadores migrantes chinos ha disminuido porque las empresas japonesas que tenían plantas en China han trasladado sus plantas a Vietnam y a otras zonas del sureste asiático”, señala Kurematsu. “El número de trabajadores migrantes vietnamitas en el país podría ser ya superior al de chinos”.

El hecho de que muchos de estos trabajadores lleguen oficialmente como aprendices –y estén sujetos a trabajar para una empresa específica– les hace vulnerables a la explotación. Según Kurematsu, su sindicato recibe casi todos los días quejas de trabajadores vietnamitas relativas a problemas en el trabajo.

En 2010, Japón enmendó su legislación laboral para otorgar a los aprendices y trabajadores migrantes los mismos derechos de los que disfrutan los trabajadores nipones, algo que, según Kurematsu, constituye un progreso notable.

“En el pasado, la legislación laboral no se aplicaba a los aprendices, y por eso se veían obligados a trabajar horas extraordinarias por un sueldo de entre 300 y 400 yenes (entre 2,50 y 3,75 dólares USD, aproximadamente) por hora. A partir de 2010, el número de casos de bajos salarios disminuyó”.

Robo de salarios e intermediarios laborales

No obstante, el pago de sueldos bajos está volviendo a extenderse a medida que el número de nuevos migrantes continúa aumentando. A pesar de que Japón garantiza a los migrantes el mismo salario mínimo que el de los ciudadanos japoneses, el año pasado la federación Aichi recibió numerosas quejas por casos de robo de salarios, incluyendo el impago de horas extraordinarias y el recurso a intermediarios laborales que cobran unas comisiones exorbitantes para facilitar el proceso de migración. Este es uno de los problemas específicos de la industria de la ropa.

“Desde junio del año pasado, 30 personas que trabajan en la industria de la costura en las prefecturas de Gifu y Aichi, han acudido a nosotros para consultarnos”, dice Kurematsu. “Todas ellas declararon estar trabajando 100 horas extraordinarias por tan solo 400 o 500 yenes (aproximadamente 3,75 o 4,50 dólares USD) por hora, sin tener ni un sólo día de descanso, ni siquiera los sábados o los domingos”.

Otros estudios han constatado que este problema es sistémico, señala Kurematsu. El salario mínimo legal en la prefectura de Gifu es de 940 yenes (8 dólares USD); la suma de todas las horas de trabajo mal pagado que se deben a los trabajadores migrantes daría como resultado una cantidad enorme. “Calculamos que unas 3.000 personas se han visto afectadas por esta situación”, dice Kurematsu.

La federación Aichi espera que el reciente anuncio del Ministerio de Comercio Internacional e Industria de investigar la situación en la industria textil, dé lugar a una nueva política para abordar los casos de robo de salarios.

Otro cambio que la federación Aichi anhela es que se empiece a prescindir de los agentes laborales como intermediarios entre los trabajadores migrantes y las empresas japonesas.

“Los trabajadores vietnamitas vienen a Japón y trabajan por 400 yenes por hora, pero previamente han tenido que pagar a los intermediarios entre 1 y 1,5 millones de yenes (entre 9.000 y 13.500 dólares USD)”, dice Kurematsu.

Otro de los retos que se plantea es garantizar que las agencias japonesas dispongan de traductores que puedan proporcionar asistencia lingüística a los migrantes. De lo contrario, los aprendices y trabajadores migrantes seguirán teniendo dificultades para acceder a los servicios de asistencia letrada. Además, a medida que vayan llegando más trabajadores y trabajadoras de otros países de la región –como por ejemplo Filipinas, Indonesia y Tailandia–, la necesidad de contar con asistencia multilingüe será más importante aún.

Lo cierto es que, a menos que las tasas de natalidad aumenten radicalmente, los trabajadores extranjeros y sus familias tendrán que ser efectivamente parte del futuro de Japón, de lo contrario el país no podrá seguir siendo una de las principales economías mundiales. Si el Gobierno no toma medidas concretas para proteger a estos trabajadores, en el futuro podría suceder que, en lugar de que los migrantes no puedan venir a Japón, simplemente renuncien a hacerlo.